Escriben Nicolás Núñez, dirigente nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad y Daniel Vázquez, Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)     

El 50 aniversario del último golpe cívico-militar va a contar con la importante y positiva novedad de una convocatoria unitaria entre el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) (el espacio independiente de los gobiernos que sostiene las convocatorias desde 1996 a la fecha) y la Mesa de Organismos que nuclea a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras organizaciones. Lamentablemente, PO y PTS están rechazando la unidad por distintas vías. Ya desarrollamos una primera discusión respecto de este tema (Debate con PO y PTS / El EMVJ va correctamente hacia un histórico acto unitario este 24 de marzo), y ahora queremos responder a lo que las y los compañeros de PO y PTS escribieron en rechazo a nuestra política.
 
PO-PTS: un insulto para esconder la soledad

Lo primero que es necesario aclarar es que tanto PO como PTS insultan con sus textos a las y los integrantes del EMVJ. A raíz de que el EMVJ haya publicado un texto acordado por la inmensa mayoría de la última plenaria anunciando la definición de avanzar hacia una convocatoria unitaria, acusan a Izquierda Socialista y al MST de “apropiarse del Encuentro”, como forma de tratar de tapar el sol con la mano y ocultar lo evidente: ningún organismo de derechos humanos del EMVJ (con excepción del Ceprodh -PTS- y APEL -PO-) intervino para defender su política de rechazar la unidad.

No somos Izquierda Socialista y el MST, sino la inmensa mayoría del Encuentro, con organizaciones como Correpi, Cadep, Asociación de ex-detenidos desaparecidos, el Serpaj de Pérez Esquivel, Encuentro Militante Cachito Fukman, Hermanxs y Nietxs de detenidxs desaparecidxs, H.I.J.O.S Zona Oeste, entre decenas y decenas de organizaciones que en un mes de debate y tras horas y horas de reuniones, ratificamos una y otra vez esta política. Lo ocultan, porque si no la acusación del intento de “apropiación” sería inversa: PO y PTS creen que tienen en soledad la potestad de definir lo que hace o deja de hacer el EMVJ. Es ese autoproclamado poder para vetar las posiciones absolutamente mayoritarias lo que la Plenaria del Encuentro definió rechazar.

 Porque si bien es la búsqueda del consenso lo que efectivamente sostuvo en pie al Encuentro estos 30 años, siempre, año a año, discusión a discusión, existen posiciones que quedan en minoría y el método, justamente, es que se acepta el marco de construcción en común del EMVJ y se avanza. A todas las organizaciones nos ha tocado estar en minoría en debates y aceptar el consenso mayoritario. Es un cuento de ficción lo que hace PO de querer lograr que alguien crea que en 30 años de funcionamiento, con todos los vaivenes de la política de nuestro país, en el Encuentro siempre se consensuó al 100% todo.

Por eso, en vez de lanzar acusaciones falsas, sería bueno que PO y PTS no oculten y tomen real dimensión de la soledad que tiene su política en el seno del movimiento de derechos humanos.
 
Un “detalle”: gobierna la ultraderecha

Por lo que dejan sentado en sus artículos, para PO y PTS el EMVJ tiene que tener la exacta y misma política gobierne el peronismo o la ultraderecha, haya posibilidad de acuerdo con otros espacios o no, porque para ellos lo central del 24 de marzo es la delimitación política. Pareciera que todos los otros 364 días del año la unidad de acción incluso en convocatorias en común con la burocracia sindical (como correctamente está haciendo el Sutna hoy en día) o con sectores del peronismo para pelear por liberar las y los detenidos de las movilizaciones, o convocando el viernes pasado el PTS a una audiencia pública junto al Movimiento Evita, Patria Grande y el ARI por la Ley de Glaciares, todo eso es válido, pero el 24 de marzo no.

 Nosotrxs compartimos que el 24 no es un día más, ni una pelea más, menos en esta ocasión del 50 aniversario del golpe, donde está planteado tener una política para que cientos de miles, sino millones salgan a las calles en todo el país y que ese despliegue de organización y energía moralice y potencie todas las luchas en curso. Pero la tarea central del 24 de marzo, como jornada histórica de lucha democrática de la clase trabajadora y los sectores populares, es reivindicar a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos y fortalecer la lucha contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy, dar un fuerte revés al negacionismo y bloquear los intentos de indultos, como se comenta podría intentar el gobierno. Más que nunca en un contexto donde Carlos Presti, el milico hijo de genocidas que Milei puso al frente del Ministerio de Defensa, acaba de comprometerse en Estados Unidos tanto en avanzar en la reinstalación del rol de represión interna de las fuerzas armadas en el continente, como en mandar tropas a responder las directivas de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

Para nosotrxs llamaba la atención sobre un punto correcto Myriam Bregman cuando señaló en el Congreso respecto del negacionismo del gobierno que “discuten la cifra de los 30.000 porque están dispuestos a hacer lo mismo”. Creemos que efectivamente anida en este gobierno no solo el Protocolo Bullrich y la creciente represión a la protesta, no solo el avance (ya legislado) contra el derecho a huelga, no solo un discurso racista, misógino, contra las disidencias, que promueve el odio y la violencia contra todo colectivo oprimido, sino también la amenaza de un salto cualitativo contra las libertades democráticas conquistadas. El alineamiento absoluto de Milei con el genocida Benjamín Netanyahu, los bombardeos de Donald Trump, el fascista Orban de Hungría, y el golpista Jair Bolsonaro, no es solo una búsqueda de flashes y financiamiento externo, sino sobre todo una declaración de principios respecto de su posición ante los derechos humanos más elementales.

Por todo lo señalado, fue muy correcto que en 2006 el EMVJ haya resistido como espacio independiente y desde ese lugar sostenido las convocatorias de los 24 de marzo cuando una parte importante de los organismos de derechos humanos pasó a priorizar la defensa del gobierno de turno del peronismo kirchnerista. Fue la presión de aquellos gobiernos la que dividió al movimiento de derechos humanos. Y fue correcto también, durante el gobierno de Mauricio Macri, rechazar la instrumentalización de estas jornadas al servicio de un “vamos a volver”, que ya sabemos cómo culminó hundido en la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. Hoy la situación es otra. 

Primero y principalmente, porque gobierna la ultraderecha negacionista y es necesario impulsar una política concreta para frenarla. Pero así mismo, porque tras el camino descrito, existe también desde la Mesa de Organismos un cambio positivo y la decisión de poner en pie una convocatoria y acto en común con el EMVJ definiendo cada aspecto de forma equivalente entre ambos espacios. Un llamado a movilizar con consignas discutidas en común, y un escenario en el que solo suban representantes de los organismos de derechos humanos (no la CGT o el PJ como mienten el PO y PTS), y que lo hagan en la misma proporción el EMVJ y la Mesa de Organismos. Un acto unitario que responde a las necesidades objetivas, inmediatas y dramáticas del movimiento de lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas de la Argentina en combate contra los fachos de la Casa Rosada y sus cómplices.

Basta de maniobras: no dividan la movilización

La forma en que el EMVJ llegó a la definición de avanzar en una convocatoria unitaria ha sido todo lo contrario a los “golpes de mando y ocultamiento de debates” que proclama PO. Todo un mes entero de debates, horas y horas de reuniones, donde cada ronda de palabra ratificaba lo mismo: la soledad de la posición de PO y PTS. Siendo conscientes de esa realidad, optaron por la maniobra: primero en distintas plenarias sosteniendo que no había ninguna posibilidad de nada en común (con documento único, dos o sin documento, ninguna posibilidad) y buscando dilatar la toma de una resolución de forma de no dejar tiempo para la construcción del acto con la Mesa de Organismos.

El PO, hay que reconocerlo, se sostuvo y se sostiene con claridad en esa posición divisionista: “es imprescindible que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia organice una marcha independiente, con su propio planteo y su propia perspectiva” (nota de APEL del 6/3/26 en Prensa obrera). El PTS, en cambio, ha tenido que retroceder parcialmente pero únicamente de forma discursiva. Quizás, el reacomodo responda a que es muy difícil explicar que ante la proscripción de Cristina Fernández haya estado bien que sus diputadas y diputados se reúnan personalmente en la casa de quien puso al genocida César Milani al frente del ejército, pero que está mal hacer un acto en común con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo contra el negacionismo y el peligro del indulto de la ultraderecha en el poder.

 A última hora, entonces, pegaron un leve giro al plantear que podía aceptar “una marcha, dos documentos”, pero que antes de avanzar en nada con la Mesa de Organismos el EMVJ debía discutir su propio documento. ¿Cómo funciona la maniobra? Pretenden que se escriba un texto del EMVJ que ellos puedan leer luego en un acto propio, por separado, el mismo 24 de marzo. De hecho, en sus recientes artículos, ya convocan a movilizar a quienes coincidan con su política por fuera del EMVJ y la convocatoria unitaria. En un texto redactado por Guillo Pistonesi plantean que su objetivo es hacer lo mismo que “hemos hecho durante veinte años de forma ininterrumpida” (La Izquierda Diario 6/3/26). Es decir, la existencia de un gobierno de fachos es un dato superfluo para el PTS que no amerita una política específica.

La Plenaria del EMVJ ya discutió y rechazó esa propuesta, entendiendo que primero está la definición política: se va o no al acto unitario. A partir de ahí empieza el trabajo en el documento y las consignas. Vamos a dar, junto a todas las organizaciones del EMVJ que definieron avanzar en la unidad, una importante pelea política para que el documento que va a ser leído en Plaza de Mayo incluya lo más acabadamente el conjunto de reivindicaciones históricas que son propias del Encuentro, desde el castigo a los crímenes de la Triple A, hasta la solidaridad con la causa Palestina, incluyendo la denuncia de la complicidad política y sindical con el gobierno de Milei cabalmente expresada en la aprobación de la Reforma Laboral,  entre otras. Y así mismo, dejamos planteada la posibilidad de avanzar también con un texto propio de convocatoria que refuerce esos planteos. Nadie va a censurar al EMVJ. No pasó cuando se cumplieron los 20 años del golpe y se creó el EMVJ, no pasó a los 30 años cuando se sostuvo firmemente el Encuentro a pesar de los organismos que se fueron, y no va a pasar en los 50 años. Nadie va a bajar ninguna bandera el 24 como dicen PO y PTS. Y en particular Izquierda Socialista se va a movilizar, como siempre lo hizo, con sus propias banderas, desde una perspectiva de independencia de clase y homenajeando a nuestras compañeras y compañeros del PST.

Así las cosas, si no media una reflexión profunda de PO y PTS, en las semanas que nos quedan hasta el 24 de marzo, mientras el EMVJ se encuentre dando una pelea junto a todo el movimiento de derechos humanos para convencer en cada lugar de trabajo, estudio, en los barrios, que hay que salir a movilizar para rechazar el negacionismo y sostener la pelea por juicio y castigo, e invitando al acto en el que van a estar las y los protagonistas de estos 50 años de historia, PO y PTS van a estar llamando a convocar a un acto propio (no sabemos si de los dos en común o por separado).
Nuevamente, los llamamos a la reflexión: el 24 de marzo es un día de lucha unitario, no de autoproclamación. 

CABA
Sábado 14 a las 16
Conversatorio con compañeras y compañeros del PST. De la experiencia contra la dictadura a la lucha contra el facho de Milei.
México 1230

La Matanza
Viernes 20 a las 19
Miguel Sorans, fue dirigente del PST y actualmente de Izquierda Socialista.
Entre Ríos 3293, San Justo

Norte
Viernes 20 a las 16.30
Juan Carlos Giordano. diputado nacional de Izquierda Socialista
Sindicato de Trabajadores
Municipales de Vicente López.
Juan Bautista Alberdi 1550 – Olivos

Viernes 20 a las 18
Laura Marrone, fue militante del PST y actual dirigenta de Izquierda Socialista.
Gaspar Campos N°6685, José C Paz, a 3 cuadras de la estación.

Sábado 14 a las 17
Cine-Debate. Documental
Memorias Militantes
Mónica Schlotthauer, fue militante del PST, actualmente diputada de Izquierda Socialista y delegada ferroviaria
Biblioteca Popular Jean Jaures,
San Martin 325, Campana

Oeste
Viernes 20 a las 15
Edgardo Reynoso, fue militante del PST y actualmente dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista.
Entre Ríos 1388, Morón.

Sábado 14 a las 20
Evento cultural
Independencia y Bouchard, Moreno
Invita: Juventud de Izquierda Socialista (JIS)

Sábado 21 a las 18
Jornada político-cultural.
Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista
Merlo Norte: Güemes 2497, esquina Solanet. A dos cuadras de la estación.

Córdoba
Jueves 19 a las 12
Visita guiada al Campo de la Ribera-Ex Centro de detención y tortura. Desde Barrio Centro.
Invita: Juventud de Izquierda Socialista (JIS).

Neuquén
Sábado 21 a las 17
Mariano Barba, fue dirigente del PST y actual dirigente de Izquierda Socialista.
Alcorta 175 - Neuquén Capital

Rosario
Sábado 14 a las 10.30
¿Cómo era la militancia juvenil en los ‘70 contra la dictadura militar genocida? Conversatorio con protagonistas.
Tucumán 1349.

Escribe Adolfo Santos

El cierre de FATE expone la alianza entre el gobierno nacional y las patronales para avanzar con despidos y precarización. Mientras la empresa incumple acuerdos firmados con el Estado, las y los trabajadores resisten y reclaman la continuidad productiva de la fábrica.

Apoyada en la política de desempleo y precarización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la empresa FATE insiste en su decisión de cerrar la fábrica y se niega a avanzar en una negociación con el Sutna. El miércoles 4 fracasó una nueva audiencia de conciliación y el gobierno desató una furiosa represión contra quienes se habían movilizado a la Secretaría de Trabajo.

Este caso es un emblema del momento político actual. A pesar de los roces circunstanciales entre el gobierno nacional y las patronales, ambos se unen contra las y los trabajadores. El Grupo Madanes Quintanilla, que amasó fortunas extraordinarias vendiendo neumáticos a costa del esfuerzo obrero, aprovecha la postura antiobrera del gobierno ultraderechista para avanzar con despidos y redireccionar inversiones hacia sectores más rentables. Lejos de evitar el cierre, el gobierno y sus aliados en el Congreso avalan un modelo económico que profundiza la precarización laboral y la exclusión social.

Por eso, la audiencia del miércoles 4 frente a la Secretaría de Trabajo contó con una importante presencia de organizaciones sindicales, políticas y sociales junto a los trabajadores de la empresa. Incluso la CGT y las dos CTA se vieron obligadas a participar, junto a organizaciones del sindicalismo combativo y la izquierda, para decir “no al cierre” y tratar de poner un freno a esta catástrofe social. Fue una convocatoria en unidad de acción para apoyar los reclamos por la reapertura de la fábrica, la reincorporación de los despedidos y la condena a la decisión unilateral de la empresa.
Ni la patronal ni el gobierno demostraron ningún interés en resolver el conflicto. La audiencia, que se realizó de manera virtual, duró apenas treinta minutos, sin que se alcanzara ningún acuerdo. Sin embargo, la firmeza de la lucha obligó al Ministerio de Capital Humano a multar a la empresa y prorrogar por 5 días la conciliación obligatoria que vencía este miércoles 11.

No hay dudas de que el gobierno ultraderechista acompaña la decisión del Grupo Madanes Quintanilla de cerrar la fábrica, dejando en la calle a miles de familias entre empleos directos e indirectos generados por prestadores de servicios. Además, la empresa está incumpliendo un convenio firmado en mayo de 2025, homologado por la Secretaría de Trabajo y por ARCA (ex AFIP), que la obligaba a no efectuar despidos hasta julio de 2026 a cambio de beneficios impositivos. El incumplimiento de ese acuerdo constituye una estafa al Estado, ya que la empresa rompió unilateralmente el pacto después de haber recibido esos beneficios económicos.

La lucha continúa

Las y los trabajadores de FATE no están dispuestos a bajar los brazos y continúan luchando en busca de una solución. El Sutna acaba de presentar una propuesta a todos los bloques de la Legislatura bonaerense. Convoca a aprobar un proyecto de ley que asegure la continuidad productiva de la empresa, única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, para resguardar el transporte público y de mercaderías. Desde la banca de la diputada provincial Mónica Schlotthauer, Izquierda Socialista y el bloque del FIT Unidad vamos a impulsar ese debate en la Legislatura. 
Este 9 de marzo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la decisión de desalojar la planta, lo que constituye un golpe para la patronal. Es el fruto de la firmeza demostrada por las y los trabajadores que ocupan pacíficamente la fábrica. Además, el viernes 13 a las 16 se realizará una audiencia pública “En defensa de los trabajadores de FATE” en la sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, junto al sindicalismo combativo, continuaremos apoyando la lucha contra el cierre de FATE y los despidos. Rechazamos esta medida unilateral del Grupo Madanes Quintanilla, que deja a miles de familias sin sustento con el único objetivo de redireccionar sus inversiones para aumentar sus ganancias.

La CGT debe romper cualquier negociación con el gobierno, como las que sostuvo durante el debate de la reforma laboral esclavista para salvar sus propias cajas. Necesitamos que la central sindical, junto con los sindicatos de base, impulse un plan de lucha nacional para frenar los despidos y suspensiones, reabrir FATE y exigir un aumento general de salarios y jubilaciones.

Escribe Adolfo Santos

La complicidad del gobierno con los dueños de FATE quedó clara en la represión desatada el miércoles 4 contra quienes acompañaban la audiencia frente a la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem al 600. Con la justificación de supuestos “incidentes y enfrentamientos”, que nadie vio, la Policía de la Ciudad, apoyada por fuerzas federales, reprimió a trabajadores de FATE, dirigentes y activistas sindicales, sociales y políticos presentes en el lugar.

Fue una señal de apoyo del gobierno a la decisión de los dueños de FATE de cerrar la planta. Con equipos de combate y escudos, arremetieron golpeando con bastones y disparando gas pimienta y balas de goma contra una manifestación pacífica. Luego persiguieron a los manifestantes por varias cuadras, circulando con motos en contramano por la avenida Córdoba e incluso ingresando por la peatonal Florida, causando pánico entre transeúntes.

La persecución continuó por la Plaza San Martín hasta la Plaza Británica, mientras seguían disparando gas pimienta. Buscan disuadir a quienes resisten las medidas económicas del gobierno incluidas en el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. Sin embargo, el gas no logra impedir que amplios sectores continúen desafiando al gobierno con movilizaciones, protestas e incluso con un paro general masivo, como ocurrió el 19F.

La diputada bonaerense Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista/FIT Unidad) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para prohibir los despidos y suspensiones en la provincia de Buenos Aires, en medio de la crisis laboral agravada por la motosierra del gobierno nacional.
La iniciativa se presenta tras el cierre de 22 mil empresas en el país y miles de despidos. En territorio bonaerense, durante los últimos, años cerraron 5.800 empresas y se estiman más de 62 mil despidos, con conflictos en fábricas y servicios como SFK en Tortuguitas, FATE en San Fernando y Whirlpool en Fátima. A esto se suman luchas en Granja Tres Arroyos, Lustramax, Dr. Ahorro, Línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva, Acerías Berisso y la láctea Verónica.

El proyecto plantea medidas de emergencia para frenar esta situación. En su artículo 1° establece que “se prohíben los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador de la provincia […] sean registrados o no” y que, en caso de producirse, serán declarados nulos, obligando a la reincorporación inmediata del trabajador.
El artículo 2° dispone que toda empresa que cierre o despida pase a la órbita del Estado provincial, bajo control de sus trabajadores, para garantizar la continuidad de la producción y las fuentes laborales.
El artículo 3º plantea el reparto de las horas de trabajo entre la mano de obra disponible, con reducción de la jornada laboral y salario equivalente a la canasta familiar.
El proyecto busca frenar las arbitrariedades patronales y apoyar las luchas obreras frente a la ola de despidos y cierres de empresas que golpea a la provincia.

* Ver texto completo del Proyecto aquí