Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández, ya desde la campaña electoral de 2019 y aun en su discurso de inauguración de las sesiones legislativas de este año, viene batiendo el parche acerca de que el préstamo concedido por el FMI fue ilegal y solo sirvió para financiar la fuga de capitales.
Pero sucede que, a pesar de toda esta catarata de palabras, desde el primer día se comprometió a pagarlo. No es un valor menor; se trata de un número récord, 44.000 millones de dólares, que con los intereses acumulados llega a 49.000.
Para esto el ministro Guzmán se comprometió a llevar adelante un plan de ajuste, ofrecido como prueba de buena voluntad a los propios funcionarios del Fondo mientras se avanza con las negociaciones. Este ajuste es el que hace que este año no haya IFE, y que todas las medidas para atender la segunda ola de la pandemia sean sustancialmente menores que en 2020. O que los jubilados hayan sido robados con un “reajuste” absolutamente por detrás de la inflación.

Pero lo peor es que, mientras sigue la negociación, el gobierno viene cumpliendo a rajatabla todo el cronograma de pago de intereses con el Fondo. Así, en febrero pasado, ya pagó 300 millones de dólares. Ahora, el 2 de mayo procedió a abonar otros 300 millones. Precisemos, 600 millones de dólares son 90.000 millones de pesos: ¡una cuota de IFE entera a los 9 millones de personas que las recibían el año pasado! Acá está el secreto de porqué Alberto Fernández insiste en que no se pagará un nuevo IFE. Ya se pagó, sólo que al FMI.
Si a todo esto le sumamos otros pagos de deuda, en lo que va de 2021, ya llevamos acumulados 1.100 millones. Que, agregados a los 6.000 millones de dólares que se abonó en 2020, suman 7.100 millones. ¡Un billón de pesos! Más de todo lo que se puso para atender en Covid-19 el año pasado. Un ejemplo concreto de por qué planteamos que no hay salida sino dejamos de pagar la deuda y rompemos con el FMI.

Finalmente, la Corte Suprema dio su fallo sobre la potestad del gobierno de la ciudad para rechazar el DNU de Fernández sobre la virtualidad educativa en el AMBA. Es un claro respaldo a la política criminal “aperturista” de Cambiemos, su sumisión a los mercaderes de la educación privada y la Iglesia, y al ataque a la docencia porteña.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

No se podía esperar otra cosa de una Corte Suprema que siempre está al servicio de los poderosos y de los gobiernos patronales, cuando atacan a los trabajadores y al pueblo. Más allá del debate sobre el grado de “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires, lo que todos esperaban era su pronunciamiento sobre el DNU de la virtualidad educativa en el AMBA, epicentro del pico del contagio de Covid-19. Si se “ilegalizaba” el reclamo de la docencia para sostener los descuentos extorsivos de Larreta contra los paros.
La Corte avaló a Larreta, que ahora tiene “las manos libres” para seguir atacando a la docencia y a las familias que luchan en defensa de la salud y la vida. No importan los 3000 contagios y 100 muertes diarias en CABA. No importa que el índice epidemiológico en la ciudad (contagios diarios cada 100.000 personas) esté 400% por encima de lo que se recomienda para cerrar las escuelas. La Corte respaldó a esa política criminal.

El gobierno y el kirchnerismo peronista, sin ponerse colorados, salieron a denunciar que este fallo es “un golpe de estado” y un aval a la “peligrosa e insensible” política sanitaria de Cambiemos. Lo que no dijeron es que hasta hace sólo dos semanas, esa criminal política de Larreta era la misma de Fernández, Kicillof y Trotta. Que sólo dieron el DNU de la “virtualidad educativa” en el AMBA, el 14/04, donde un enorme paro de los Suteba Multicolores y de Ademys, lo reclamaba. Ese mismo día los ministros Trotta y Vizzotti dijeron “las escuelas será lo último que se cierre”. ¿Les suena?
Además, los gobernadores peronistas y de Cambiemos, como Schiaretti (Córdoba), o Cornejo (Mendoza), pese al índice epidemiológico altísimo, se niegan a la virtualidad educativa. Y no repartieron aun computadoras para millones de estudiantes pobres ni decretado la gratuidad de conectividad. ¿A quién le quieren hacer creer que “se preocupan por la educación”?

Ni hablar de la vacunación, en la docencia del AMBA es insignificante la cantidad de docentes y auxiliares vacunados. ¿Dónde está la preocupación por la salud? Ambos, Larreta, Cambiemos, Fernández y el peronismo, priorizan las ganancias empresariales, los pagos de la deuda externa y su demagogia electoralista.
Contra esta política y estos fallos que la avalan, los docentes de Ademys siguen en lucha exigiendo la virtualidad, conectividad gratuita y computadoras para garantizar la continuidad pedagógica y la vacunación masiva, incautando las vacunas del laboratorio de Garín, mAbxience.

Nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano del Bloque Izquierda Socialista en el FIT Unidad presentó el pasado 29 de abril un proyecto de ley disponiendo la nulidad de la concesión de la Hidrovía del Paraná y su inmediata reestatización bajo control y administración de sus trabajadores y poblaciones ribereñas. Lo hizo antes de que venciera la misma y en momentos en que el gobierno la prorrogó, desoyendo el reclamo de miles que levantaron la voz reclamando que no siguiera el saqueo privatizador. El proyecto, que a continuación transcribimos, es el único que plantea terminar con esa entrega y empezar a recuperar el patrimonio nacional vía la reestatización.

Artículo 1°: Procédase a declarar la nulidad absoluta e insanable de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos que permitieron la privatización de la Hidrovía del Paraná, la cual vence el próximo 30 de abril de 2021 […]
Artículo 2°: La actual concesionaria Hidrovía S.A. pasará a manos del Estado Nacional, quien a partir de la presente ley reasume como único titular de la administración, explotación y funcionamiento de la misma. A tal fin créase la “Empresa Hidrovía Nacional”, cien por ciento estatal, con representación de los estados provinciales involucrados, la cual pasará a ser controlada y administrada por sus trabajadores y poblaciones ribereñas.
Artículo 3°: A los actuales trabajadores se les garantizará en la nueva empresa estatal la estabilidad de todos sus puestos de trabajo, salarios, condiciones laborales y convenio colectivo, respetándose las mayores conquistas que tenían en 1995 antes de la concesión […].

Fundamentos

[…] Al filo del vencimiento de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay este 30 de abril de 2021 el gobierno la acaba de prorrogar por 90 días -Resolución 129/2021- la cual luego licitará internacionalmente. Eso significa darle continuidad a la privatización del río Paraná llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem en 1995 (Decreto 253/95) y prorrogada por el kirchnerismo en 2010 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Decreto 113/10). Con coimas y escándalo mediante (hay una de las causas de los “cuadernos” donde uno de los privatizadores, Gabriel Romero, declaró haber pagado millones para quedarse con este negocio).
La hidrovía (Cuenca del Paraná) incluye todas las actividades de dragado y balizamiento del río Paraná. Con la actual concesión en manos de la empresa Hidrovía S.A (una asociación entre la belga Jan de Nul N.V. y Emepa S.A., propiedad del mencionado Romero, dueño también de Ferrovías), nuestro país viene entregando su soberanía sobre un espacio vital.
La llamada hidrovía conecta a Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil. Es el segundo corredor natural en Sudamérica y uno de los más extensos del planeta, con más de 3.400 kilómetros de largo que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay. Por la Hidrovía Paraná sale el 80% de nuestras exportaciones e ingresa el 95% de las importaciones, con un tráfico de seis mil barcos al año, además de ser parte estratégica de una de las reservas de agua más grandes del planeta, el Acuífero Guaraní. El saqueo y la privatización del Paraná no se limita a la hidrovía. A ello hay que sumarle las veintinueve terminales portuarias en manos de los grandes grupos transnacionales de la agroexportación: ADM, Dreyfuss, Cargill, Cofco, entre otras, y el hecho de que también se ha destruido nuestra marina mercante, por lo que el 95% de los embarques se hace con buques que pertenecen a empresas extranjeras.
[…] La privatizada hidrovía es campo fértil para todo tipo de maniobras de saqueo, que incluye la fuga de divisas (20.000 millones de dólares al año) y el contrabando de granos (como se vio con Vicentin). Además, el Corredor Litoral también ha sido utilizado a lo largo de su historia para maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas.
[…] El presidente Alberto Fernández ha dicho: “Muchos me dicen que el Estado se haga cargo, pero el trabajo del dragado es un trabajo que hacen muy pocas empresas en el mundo” (Clarín, 11/04/2021). No es cierto. Es un falso argumento para justificar el negocio capitalista privado y donde las beneficiarias seguirán siendo las multinacionales Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco, AGD, Molinos, etcétera.
Según datos oficiales, en 2019 facturaron 25.600 millones de dólares, y en 2020, con pandemia y recesión, la friolera de 51.300 millones de dólares.
[…] En la zona se observan profundos cambios en los territorios tras la concesión, los ecosistemas, pérdida y degradación de los humedales, la biodiversidad, deterioro de la calidad de agua, deforestación de bosques nativos, grandes sequías e inundaciones; extinción de especies autóctonas de flora y fauna, entre otros males.
“Entregar el Paraná es como entregar Malvinas”, dice el periodista Mempo Giardinelli. Y reclama: “Presidente, no lo haga. No entregue la soberanía”. Miles de voces se levantan con este reclamo. Pero el gobierno sigue adelante. Una decisión que solo se podrá torcer con lucha y movilización.
Para terminar con todo esto hay que tomar una medida de fondo. La única salida pasa por la reestatización de todas las actividades de dragado, balizamiento y control del transporte marítimo sobre el río Paraná, que debe pasar a ser controlado y administrado por un ente con control de los trabajadores de las actividades involucradas y de las poblaciones ribereñas. “El Río, las vías navegables y los puertos son estratégicos y deben estar en manos del Estado sacándole el negocio a las multinacionales privadas”, señala el Colectivo de Trabajadores por la Ventana de Entre Ríos.
[…] La presente ley debe ser parte de un plan económico integral, obrero y popular, que incluya el monopolio del comercio exterior (reponiendo las juntas nacionales de granos y de carnes), la nacionalización de la banca, reimponiendo una empresa estatal de marina mercante cien por ciento estatal, como la vieja ELMA, la reestatización de los puertos y de todas las empresas privatizadas en los años ´90.
 

Ver versión completa en: https://bit.ly/3nRcZEP

 

Giordano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución acordado con el Cuerpo de Delegados del sector. El mismo expresa el “apoyo a la lucha que están llevando adelante el cuerpo de delegados junto a los trabajadores autoconvocados de la Terminal 5 del puerto de Buenos Aires, quienes se encuentran defendiendo sus 600 puestos de trabajo y las condiciones laborales frente al cese de la concesión a la multinacional Bactssa el próximo 15 de mayo de este año”.
A su vez repudia “el violento operativo represivo ejecutado por fuerzas conjuntas de la Policía Federal, Prefectura y policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los mencionados trabajadores” cuando estaban en plena pelea por sus reclamos; reclama “que se archiven de inmediato las causas judiciales en su contra” y exige al gobierno nacional “arbitre todos los medios para asegurar la continuidad de sus puestos de trabajo en las condiciones laborales actuales de todo el personal convencionado y no convencionado, bajo apercibimiento de ser el responsable de permitir semejante atropello”.

En sus fundamentos el proyecto señala que el próximo 15 de mayo se termina la concesión de la empresa Bactssa -una multinacional cuyo principal accionista es Ck Hutchison Holdings Limited, con operaciones en 52 puertos de 27 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa, América y Australasia-. Y que mediante el “acta acuerdo de la entrega” firmada el día 11 de diciembre de 2020 entre la Administración General de Puertos S.E. (Gobierno) y la burocracia sindical de Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempyra), liderada por Juan Carlos Schmid (ex triunvirato de la CGT), -ratificada por medio de una nueva firmada la semana pasada-, se sella el traspaso de los trabajadores de la Terminal 5 a las otras con enormes pérdidas salariales, jornalización (modificación de la jornada laboral), precarización y tercerización.                       

Corresponsal

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) venimos construyendo un polo unitario de coordinación de sindicatos, dirigentes y agrupaciones combativas, para enfrentar los ajustes patronales y las burocracias traidoras. Lamentablemente, una vez más debemos remarcar actitudes políticas y métodos muy equivocados de algunas corrientes que integran el PSC, que jerarquizan la división, la disputa y hasta el enfrentamiento a las nuevas conducciones combativas, en medio de las luchas.
El PTS/MAC y el MST/Ancla otra vez rompieron los acuerdos del PSC el 27/04 en el Consejo del Salario, que convocó a un acto junto a luchadores al ministerio a las 11 horas y otro posterior junto a Unidad Piquetera. El MST y el PTS, desde las 8 horas, cortaron la calle para aparecer en TV, ayudando a desdibujar la jornada unitaria del PSC y generando críticas de trabajadores de gremios del PSC por no tener los cuidados sanitarios.
Mucho más grave es la división que agrupaciones del PSC están realizando en el sindicato combativo Ademys y la política que tienen de romper con el respeto a la democracia sindical.

Ademys es dirigido por la lista Multicolor, encabezado por Mariana Scayola y Jorge Adaro, de Izquierda Socialista y de la Mesa del PSC. Ganó prestigio y peso en sus medidas, avanzando sobre el sindicato burocrático de Ctera, UTE, pro gobierno nacional. Porque todas las acciones Ademys las decide en asambleas democráticas abiertas a la docencia y, lo que votan, cumplen. Hicieron dos semanas durísimas de paro continuo, que el gobierno logró empezar a quebrar por los descuentos, amenazas de sanciones y fuerte campaña mediática contra la docencia. Por eso la asamblea del sábado, reflexiva, resolvió seguir la lucha, parando el lunes y el jueves, volviendo a las escuelas martes y miércoles para debatir qué medidas adoptar.
La burocracia de UTE, que en toda la lucha fue cola de Ademys y no llamó a una sola asamblea, decidió parar el martes y el miércoles, con el argumento de rechazar el fallo de la Corte y en apoyo al DNU de Fernández, queriendo usar a la docencia en la pelea electoral FdT-Cambiemos. El paro fue inexistente en la base (adhirió un 7%). ¡Lo increíble fue que agrupaciones de la directiva como Rompiendo Cadenas, PTS o PO, salieron a reclamar que Ademys fuera furgón de cola del kirchnerismo, que llamara a parar martes y miércoles con UTE, desconociendo las votaciones explícitas de la asamblea democrática!

Ante la negativa de nuestra agrupación de violentar una decisión de asamblea, estas agrupaciones llamaron por su cuenta a parar martes y miércoles con la burocracia de UTE. ¡Un ataque traicionero a la directiva combativa de Ademys! ¡Y ni en sus escuelas existió el paro!
Llamamos a estas agrupaciones, que integran el PSC, a que terminen con esa política divisionista, infantil, sectaria y antidemocrática, que sólo debilita a las nuevas conducciones clasistas y combativas y a la unidad del PSC.