Escribe Diego Martínez

El amplio abanico de fuerzas políticas que apoyaron el acuerdo entre los bonistas y el gobierno abarcó desde el propio Mauricio Macri y toda la cúpula de Cambiemos hasta los sectores que se autodenominan “ala izquierda del gobierno”, entre quienes se encuentran Patria Grande y el PCR, pasando por el peronismo en su conjunto.

El diputado del Frente Patria Grande Itaí Hagman, hizo una encendida defensa del acuerdo con los bonistas, que fue festejado por Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

Hagman, quien hasta hace muy poco proponía la suspensión e investigación de la deuda contraída por Macri, y antes directamente el “no pago”, dijo que el acuerdo era una “muy buena noticia para la Argentina”, pese a que sostuvo a la vez que la deuda fue “tomada de manera irresponsable y usada para pagar la fuga de capitales”. El diputado del Frente Patria Grande también sostuvo que defendía una “deuda sustentable que se pueda pagar”. Se trata de una completa utopía. Como lo venimos explicando, la deuda externa es un mecanismo de sujeción que utiliza el imperialismo para imponer políticas de ajuste, con la colaboración de los gobiernos de turno, en países oprimidos como el nuestro. El negocio es que la deuda nunca llegue a pagarse en su totalidad, para así mantener los lazos de sujeción.

Lo de “la deuda que se pueda pagar” se asemeja al discurso del peronismo kirchnerista que afirmaba que “nos estábamos desendeudando”, mientras la realidad demostraba lo contrario. Cristina terminó su mandato en 2015 con una deuda superior a la que existía cuando asumió Néstor Kirchner en 2003. Esto, pese a que la propia Cristina definió a los gobiernos kirchneristas como “pagadores seriales”. En su discurso, Hagman intentó mostrar una marcada diferencia entre la política que tuvieron Cristina y Macri con respecto a la deuda, pero lo cierto es que el peronismo kirchnerista favoreció la fuga de capitales y utilizó dinero de las reservas del Banco Central para pagar deuda, como sucedió con Macri.

Hagman también declaró que los sectores que más se benefician con el acuerdo con los bonistas “son los que van a tener que hacer el esfuerzo para pagar la deuda interna con el pueblo”, pero la política del actual gobierno peronista que él defiende es exactamente la contraria. Fernández beneficia a esas mismas patronales con el ajuste al salario, las paritarias a la baja, deja pasar despidos y suspensiones, se reúne con la Sociedad Rural y lo más granado del empresariado local, al que favorece con moratorias, mientras la pobreza avanza entre los trabajadores y los sectores populares, situación a la que el gobierno no da respuestas.

Hagman, como esperando a los reyes magos, sigue teniendo expectativas en que el gobierno implemente el impuesto a las grandes riquezas, pero dice que “no cambia nada si se sanciona hoy, en dos semanas o dentro de un mes” (Infobae, 9/8/2020). Declara esto en el peor momento de la pandemia, cuando se evidencia la falta de presupuesto en el sistema de salud y la pobreza trepa casi al 50 por ciento. Mientras tanto, el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que presentó el FIT Unidad en el Congreso, ni siquiera llegó a tratarse debido al rechazo de la mayoría de los bloques, incluidos los del oficialismo y su “ala izquierda”.

El PCR y Lozano, furgones de cola del gobierno

Igual de lamentable fue la posición del PCR/CCC. Juan Carlos Alderete, diputado de este partido y del Frente de Todos, dijo que “el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán forcejearon muy duro con grupos muy poderosos” (Télam, 9/8/2020). Esto en el marco de que el gobierno mejoró cinco veces la oferta inicial. Tal fue la entrega de parte del gobierno que un economista del establishment como Martín Redrado, que fue funcionario de gobiernos de todo tipo y color, dijo: “Soy de los que creen que en las negociaciones hay que ser duro en el contenido y diplomático en las formas, y acá fue más bien al revés, se terminó cediendo 16.500 millones de dólares para llegar a un acuerdo” (Clarín, 9/8/2020).

Claudio Lozano, economista ligado a la CTA y actual miembro del directorio del Banco Nación, dijo en marzo de este año que “hay que suspender el pago de la deuda para reactivar la economía” y que “las deudas se pagan, las estafas no, es una consigna a aplicar” (RadioGráfica, 21/3/2020). Ahora destaca que en el acuerdo con los bonistas “el gobierno logró despejar los vencimientos que tenía en los próximos años con los acreedores privados” (Ámbito Financiero, 8/8/2020).

Construyamos una auténtica alternativa de izquierda

El apoyo del “ala izquierda” del gobierno al acuerdo con los fondos buitres se suma al voto a favor de la entrada de tropas yanquis en el país a principios de año, la defensa del ajuste jubilatorio y la tregua que organizaciones sociales, como la CCC y la CTEP (cuyo referente, Juan Grabois, es parte del Frente Patria Grande) junto a Barrios de Pie (el llamado triunvirato piquetero), vienen manteniendo desde 2018, cuando gobernaba Macri, en consonancia con la política del peronismo kirchnerista que en aquel entonces, con la consigna “hay 2019”, abandonó las calles y dejó pasar el ajuste.

La política de hacer alianzas con partidos patronales “contra la derecha” solo sirve para lavarle la cara a esos sectores y ser cómplices de los ajustes que los gobiernos, que se dicen “nacionales y populares”, también aplican. Esta política de la centroizquierda, que lamentablemente ahora, con el gobierno de Fernández, también llevan adelante sectores de la izquierda como el PCR, ya fracasó con la Alianza de De la Rúa en 2001 y durante los doce años del kirchnerismo. 

Llamamos a seguir construyendo una alternativa de izquierda, independiente de todos los partidos y gobiernos patronales, como lo venimos haciendo desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, el único bloque político que rechazó el acuerdo con los fondos buitres y que se opone tajantemente al pago de la deuda externa.

Escribe Pablo Almeida, delegado general ATE Ministerio de Economía

El pasado 28 de julio el Senado sancionó una ley que regula el teletrabajo. La iniciativa, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados con los votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, generó polémicas con las cámaras empresarias porque la consideran muy restrictiva. ¿Es efectivamente una ley a favor de las y los trabajadores?

Como ya hemos dicho en un número anterior de El Socialista, la ley presentada en conjunto por el oficialismo peronista y el conjunto de la oposición patronal en la Cámara de Diputados tiene una enorme mancha de origen. Establece una serie de reglamentaciones al teletrabajo que recién entrarán en vigencia noventa días después de la finalización de la pandemia del Covid-19. No es una ley para detener los atropellos que están cometiendo las patronales aprovechándose de la coyuntura de la cuarentena, que obligó a que centenares de miles trabajen en forma remota, sino que establece principios para que el teletrabajo quede instalado como una modalidad masiva y permanente en múltiples actividades.

Así y todo, la aprobación de la ley despertó rechazo en importantes sectores empresarios que alegan que si se tiene que respetar lo que establece podría ser “el fin de un régimen, que hasta el momento, viene funcionando bien” (La Nación, 31 de julio de 2020). ¿Pero a qué se deben estas protestas de las principales patronales frente a esta ley? En primer lugar tenemos que, detrás de la estrategia de establecer el teletrabajo como modalidad masiva, se esconde un intento de avanzar con la flexibilización laboral en gran escala. Este objetivo, que aparecía semioculto detrás de eufemismos como la “modernización del trabajo”, comenzó a emerger con fuerza luego de la sanción de la ley. Uno de los voceros más brutales fue el empresario de espectáculos y medios y conductor radial Mario Pergolini. Con el desparpajo que hace años lo llevó a irrumpir en los grandes medios, el actual vicepresidente de Boca Juniors dejó en claro por qué la nueva ley no satisface las expectativas del empresariado. Declaró muy suelto de cuerpo: “Le doy trabajo a un montón de gente, pero si me hacen poner a todo el mundo en relación de dependencia, si alguien que hace teletrabajo te puede decir ´no, ahora me tenés que dar un lugar”... No lo estamos pensando bien” (Infobae, 6/8/2020). Con claridad, una declaración de principios de que el teletrabajo tiene que servir para avanzar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores durante décadas.

Alguien podrá decir que Pergolini no es hoy por hoy un vocero de los grandes grupos empresarios que actúan en nuestro país. Pero los dichos del dueño de Vorterix no fueron otra cosa que una versión descarnada de lo que fueron a plantear a las comisiones del Senado los principales voceros de las patronales, como es el caso de Brenda Puig, abogada de IDEA, objetando todos los artículos donde se establecen límites a su accionar. El sector empresario dejó en claro que el teletrabajo es el caballo de Troya detrás del cual intenta avanzar con la reforma laboral.  

Entendemos a muchos trabajadores que ven una alternativa en el teletrabajo frente a las pésimas condiciones que tienen que afrontar con el trabajo presencial. Pero volvemos a plantear que, a la atomización que nos plantean las patronales para avasallar nuestros derechos, le tenemos que oponer mayor organización desde cada sector de trabajo para frenar cualquier avance en la precarización y flexibilización laboral.

Desde Izquierda Socialista, junto al sindicalismo combativo, rechazamos esta ley y llamamos a enfrentar esta ofensiva patronal.

Escribe Martín Fú

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, está desaparecido desde el 30 abril. La última vez que se lo vio con vida quedó reflejado en una foto que la misma policía bonaerense que lo detuvo, en cercanías de la localidad de Mayor Buratovich, al sur de la provincia de Buenos Aires, le sacó frente a un móvil policial.

Nuevamente una fuerza represiva del Estado está vinculada con la desaparición de un joven. Y nuevamente un gobierno peronista busca hacer malabares para tratar de despegarse de la responsabilidad que le toca. El gobierno y la policía son los responsables de que Facundo no haya vuelto a su casa, son responsables de otro desaparecido en democracia.

Julio López, Luciano Arruga, el trabajador golondrina Daniel Solano, o recientemente Luis Espinoza, desaparecido y asesinado por la policía tucumana, solo a manera de ejemplos, forman parte de una lista interminable de víctimas de la violencia y represión estatal, donde gobiernos y fuerzas represivas son las responsables de la desaparición de personas. Los hubo con Cristina Fernández, con Mauricio Macri y los hay ahora con Alberto Fernández.

El gobernador Kicillof prometió “no encubrir a nadie” pero pidió “no prejuzgar”, en referencia al rol de la bonaerense. El ministro Berni desligó la responsabilidad de la policía y la ministra Sabina Frederic, en una entrevista del diario Perfil, reconoció que si lo de Facundo le pasaba a Macri hubiese sido un escándalo y aseguró tener confianza en las fuerzas de seguridad.

A más de cien días de su desaparición no hay doble discurso que se sostenga, a Facundo lo buscan su madre, sus amigos y quienes nos movilizamos y repudiamos su desaparición. El gobierno, la Justicia y la policía vienen plantando pruebas falsas, buscando desacreditar a la víctima, inventando testigos, entorpeciendo la causa y la investigación. Hasta el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, se sumó a embarrar la cancha pidiendo que se investigue la “pista del narcotráfico”.

En la comisaría de Mayor Buratovich se encontró un efecto personal de Facundo en un viejo calabozo donde se acumula basura, una artesanía con forma de sandía fue reconocida por la madre como un amuleto que siempre llevaba su hijo. Una prueba demoledora de que, o bien Facundo estuvo en esa comisaría, o los policías que lo desaparecieron descartaron ahí parte de sus pertenencias. Anteriormente, un perro adiestrado por Marcos Herrero y contratado por la familia, reconoció un rastro de Facundo en un patrullero. Todos los caminos conducen a la bonaerense, por más que el ministro Berni, su responsable político directo, se esfuerce en repetir que es “prematuro” acusar a la policía, que el gobernador Kicillof prometa “colaborar” para encontrar a Facundo y que tanto el fiscal como la policía intenten desviar el rumbo de la investigación.

El fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, conocido defensor de genocidas, ha sido denunciado por la familia y la Comisión Provincial por la Memoria, querellante institucional en la causa. Niega darle trámite al pedido de detención de la familia sobre los policías Sosa y Curruhinca, quienes detuvieron a Facundo y lo fotografiaron, a pesar de que el mismo fiscal a fines de julio cursó este pedido al juzgado, que fue rechazado.

Cristina Castro continúa buscando a su hijo, mientras tiene que sufrir también el accionar de la policía. “Recibimos amenazas de la policía, nos dijeron que cuando esto termine ya saben qué hacer. Esta gente cambió los Falcon por las Hilux” (Perfil, 5/8/2020).

El caso Facundo ha tomado una dimensión nacional e internacional, a pesar de que muchos medios no lo levanten o que lamentablemente organizaciones de derechos humanos cercanas al gobierno peronista prefieran un perfil bajo, o directamente guardar silencio. Se han realizado varias movilizaciones por Facundo, con Izquierda Socialista hemos participado y lo seguiremos haciendo, tal como lo hacemos en los plenarios del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia donde, con el eje de exigir la aparición con vida de Facundo, definiremos las actividades y convocatorias a seguir.

Porque la lucha por los derechos humanos y contra la represión estatal sigue con los gobiernos “democráticos”, es criminal intentar despegar a este gobierno de semejante responsabilidad, es traicionar y buscar quebrar una lucha que lleva décadas y que todavía tiene muchísimas tareas pendientes.

Como lo ha dicho Cristina Castro: “Somos muchísimos los que estamos buscando desaparecidos. Hasta que me tocó a mí no me había dado cuenta”.

Seguiremos movilizados y reclamando la aparición con vida de Facundo.

Escribe Joel Rojo

En febrero de 2017 Franco Amaya, de 18 años, fue asesinado casi a quemarropa por trasponer en Carlos Paz un control policial que efectuaban dos policías que, según los peritajes, estaban alcoholizados. En el juicio, que finalizó en 2018, los informes de los peritajes “se perdieron”. A Bustos, el policía que lo asesinó, le dieron doce años de prisión porque la Justicia negó que fuera un caso de gatillo fácil. La madre de Franco apeló la sentencia que está, desde hace dos años, en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, siempre sospechado de responder al gobierno de turno. A raíz de este crimen alevoso se elaboró un protocolo que prohíbe a la policía disparar en caso de evasión de un control si no hay riesgo de vida.

Sin embargo, el pasado 6 de agosto Valentino Blas Correa, de 17 años, fue asesinado de la misma forma cuando el conductor del auto, en el que iba junto con otros cuatro adolescentes, se asustó y evadió un control y dos de los policías allí apostados dispararon en cinco oportunidades contra el vehículo. Dos balas perforaron la luneta, una penetró el omóplato de Blas y la otra quemó el buzo de un amigo que estaba a su lado y se incrustó en el apoyacabezas del que conducía. Blas murió, y pudo haber sido una masacre.

Luego, como de costumbre, la policía inventó toda una historia para demostrar que los pibes estaban armados, para lo cual plantaron un arma que ellos habían arrojado en un descampado y que descubrieron “gracias a un llamado anónimo”. Como siempre, la institución policial actúa en forma corporativa para lograr impunidad.

Movilizarnos contra la impunidad

Intentando calmar la indignación que causó este nuevo asesinato, Schiaretti y el secretario de Seguridad, Mosquera, el Berni cordobés, reemplazaron a la cúpula policial de capital y pusieron al comando de la fuerza a una mujer. Como siempre, intentan cambiar algo para que nada cambie.

Estos hechos son la expresión más brutal del sistemático accionar policial, que ha dado un salto durante esta cuarentena, y que se suma a las detenciones ilegales, el hostigamiento en los barrios populares y a la represión que desató en los últimos conflictos contra los trabajadores de las aplicaciones, los municipales y los de la UTA. Esta política de mano dura es la respuesta de los gobiernos a la creciente resistencia a los planes de ajuste.

Quienes luchamos contra la impunidad, la violencia policial y la represión de ayer y de hoy llamamos a la más amplia unidad de acción para enfrentarlas en las calles. Desde el FIT-Unidad estamos convocando a esta coordinación.

El jueves 13, a las 18, los familiares de Blas llaman a marchar desde Colón y General Paz. Allí estaremos reclamando justicia por Blas Correa, cadena perpetua para sus asesinos. Que la policía no se autoinvestigue y que tampoco lo haga la Justicia cómplice. Por la formación de una comisión popular independiente para investigar el accionar policial en este y todos los casos de gatillo fácil.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos años del rechazo del Senado a la interrupción legal del embarazo, seguimos exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para 2021 con la excusa del Covid-19. “Si no hubiéramos tenido la pandemia se iba a debatir este año”, explicó el funcionario al diario Perfil en una nota del 11 de agosto. El día anterior, Infobae tituló “Los motivos por los cuales el presidente no enviará el proyecto de ley de aborto legal al Congreso este año” y en esa nota, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo: “Estamos con 7.500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Estas declaraciones se suman a las del presidente, quien ya había expresado que tenía otras urgencias.

No es cierto lo que dicen lxs funcionarixs, que si se legaliza el aborto se presiona aún más al sistema de salud. Es al revés de lo que dice Vilma Ibarra, porque la presión sobre el sistema de salud se está produciendo ahora por la clandestinidad, ya que son las complicaciones de los abortos inseguros las que ocupan unas 53.000 camas al año. Están ocultando que existen tratamientos ambulatorios con medicamentos para interrumpir los embarazos que no requieren de la ocupación de camas. Si el aborto fuera legal se podrían hacer los acompañamientos y las consultas en las áreas de ginecología u obstetricia sin ningún tipo de dificultad.

Ya está todo discutido

En la nota de Infobae se explica que la razón por la que acordaron postergar el debate es porque el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, están solo dedicados a la pandemia y no podrían sumarse al debate del aborto en este contexto. Pero recordemos que en 2018 hubo más de setecientos expositores en el Congreso, entre los que participó el actual ministro de Salud. Aquello duró meses, fue seguido por miles cada martes y jueves por las redes y medios de comunicación antes de la votación final. Y ese mismo debate se ganó con multitudes en las calles, logrando la despenalización social. Luego de la media sanción en Diputados, las cúpulas eclesiásticas y los sectores antiderechos acordaron con todos los partidos patronales, es decir PRO, los radicales y los peronistas para que finalmente no salga la ley. Por lo tanto, no faltó debate sino voluntad política para terminar con la clandestinidad del aborto.

Por otro lado, no debería sorprendernos que la decisión gubernamental de no tratar la legalización del aborto se dé luego de los agradecimientos públicos que Alberto Fernández hizo al papa Francisco por su acompañamiento y apoyo al acuerdo logrado con los bonistas en el pago de la deuda externa. Denunciamos ese acuerdo miserable de entrega de nuestros recursos porque cada peso que se va al pago de la deuda no se queda en el país para mejorar el sistema de salud ni para combatir la violencia de género, que sí son urgentes.

Basta de dilatar, que se apruebe el proyecto de la campaña

Hasta el momento, el único proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde, este es nuestro proyecto, el que está en las calles y que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Así lo expresamos el pasado 8A con el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso, a dos años del voto negativo del Senado. En una acción callejera, unitaria y con todos con los cuidados necesarios de distanciamiento social, exigimos a lxs legisladorxs que se apruebe el proyecto de la campaña y así tener #AbortoLegal2020.