Escribe Claudio Funes

Un informe de la revista Forbes publicado este año indica que, desde que comenzó la pandemia, al menos nueve empresarios se transformaron en nuevos multimillonarios como consecuencia del fenomenal aumento de las ganancias en la producción de las vacunas contra el Covid-19, sobre todo las de Moderna, BioNTech y la china CanSino.

Juntos, estos multimillonarios, ya suman 19.300 millones de dólares, un monto equivalente al necesario para vacunar a 780 millones de personas.

Entre ellos se destacan Stéfane Bancel, CEO de Moderna, con 4.300 millones de dólares; Ugur Shin, CEO y fundador de BioNTech, con 4.000 millones de dólares, y Timothy Springer, inmunólogo y unos de los primeros inversores de Moderna, con 2.200 millones de dólares.

 Además de los nueve multimillonarios nuevos, hay otros ocho que ya lo eran y que, de conjunto, incrementaron su riqueza en 32.000 millones de dólares solo por tener acciones en las compañías que fabrican estas vacunas.

El desarrollo de esta trágica pandemia, para los capitalistas, no es más que una oportunidad de negocios. Las acciones de Moderna aumentaron más de 700% desde febrero de 2020, las de BioNTech 600% y las de la china CanSino Biologics 440 por ciento.

Estas enormes ganancias son la explicación de la férrea oposición de los laboratorios y los gobiernos que los representan al clamor mundial por la liberación inmediata de las patentes para que haya vacunas para todas y todos. “Estas vacunas fueron financiadas con fondos públicos y deberían ser, ante todo, un bien público mundial”, dijo Sandra Lhote-Fernandes, de Oxfam Francia.

Esto también explica el porqué de la negativa de Alberto Fernández a incautar los antivirales que produce el sexto empresario más rico de la Argentina, Hugo Sigman, en Garín.

Estas nuevas fortunas contrastan cruelmente con los 150 millones de nuevos pobres extremos que habrá en 2021. El capitalismo es pura irracionalidad y barbarie.

Con más de 167 millones de contagios y 3.5 millones de muertes, los grupos farmacéuticos obtienen ganancias descomunales al mantener el monopolio de la producción de las vacunas contra el Covid-19 especulando con la muerte.

Desde Izquierda Socialista seguimos impulsando la campaña mundial por la inmediata liberación de las patentes, mientras le continuamos exigiendo al gobierno peronista de Alberto Fernández que se incauten las 24 millones de dosis que se producen por mes en Garín.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

Nuestro país está hoy entre los primeros del mundo en cantidad de contagios y muertes. El sistema sanitario está saturado y faltan camas en varias provincias. Una verdadera catástrofe que va a continuar mientras no se avance con una campaña de vacunación masiva. Mientras, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguimos en la primera línea de combate al virus y luchando desde el inicio de la pandemia por salario, condiciones de trabajo y presupuesto.

Todos los días, desde el inicio de la pandemia, en los medios se habla del nivel de ocupación de camas y el peligro de colapso del sistema sanitario. Ahora se insiste con el número de vacunados y los plazos para la llegada de nuevas partidas. Datos estadísticos que solo muestran la punta del iceberg de la crisis del sistema porque, de fondo, no reflejan el principal problema que existe en los hospitales y las clínicas privadas, que es el total abandono del recurso más importante, las trabajadoras y los trabajadores. A más de un año de iniciada la pandemia, seguimos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, recurriendo al pluriempleo para llegar a fin de mes, sobreexigidos por la falta de personal e impedidos de gozar un mínimo descanso. Más los despidos por los cierres de clínicas, la persecución gremial y las presiones para terminar con las licencias de los grupos de riesgo. Así no se puede seguir.

Por eso, en medio de la segunda ola, en dieciocho provincias hay conflictos en el sector de la salud por reclamos salariales y se multiplican las luchas en todo el país. La política sistemática de desinversión y ataque a la salud pública, por un lado, y la voracidad de los dueños de clínicas y sanatorios privados, por el otro, continúan y se profundizan mientras luchamos contra el Covid. Y la única respuesta de Alberto Fernández es un bono de 6.500 pesos que aún no se cobró. Al igual que Larreta, de Cambiemos, y todos los gobernadores de distinto signo político que insisten en amedrentar al personal de la salud cuando sale a reclamar. Así fue el caso de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que metió presos a enfermeros que acampaban frente a la casa de gobierno, una barbaridad. En Córdoba, Schiaretti despidió a setenta compañeras y compañeros que trabajaban precarizados. El reclamo por su reincorporación continúa. Mientras, los sueldos de enfermeros y médicos de esa provincia rondan los 35.000 pesos, una locura. En el Larcade siguen de paro y enfrentando la persecución, una lucha heroica. En La Matanza se mantienen las medidas contra el acuerdo salarial de los municipales. En Neuquén, luego del triunfo de la histórica huelga de sesenta días y la conquista del 53% de aumento salarial, rechazan los sumarios del gobernador Omar Gutiérrez, del MPN, y exigen que les paguen los días caídos. ¡Enfrentamos al virus y a los gobiernos!

El acuerdo entre el gobierno nacional y la burocracia de ATE y UPCN, de cerrar una paritaria de 35% en cuotas, es un nuevo capítulo del ataque que venimos sufriendo. Intentan usarlo como caso testigo para imponerlo en todas las provincias, consolidando salarios de pobreza. A pesar de estar transcurriendo la segunda ola de contagios, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguiremos luchando por una verdadera recomposición salarial y en defensa del sistema público de salud. En estos días, en Cicop, estamos convocando asambleas en todos los hospitales y centros de salud de cara a un nuevo congreso de delegados. El acuerdo salarial del año pasado ya se licuó por la tremenda inflación y debemos salir nuevamente a las calles. Así como lo impusieron los elefantes neuquinos, la organización y la lucha son el único camino.

Desde principios de mes, trabajadores de la UPA 12 y el Hospital Modular 5 vienen reclamando, con cortes en la ruta 24, ollas populares y asambleas, que les paguen sus salarios. Son más de cien trabajadores contratados de manera muy precaria. Están trabajando desde enero sin saber siquiera cuál es su salario (beca). En esta condición están todos, enfermeras y enfermeros, trabajadores de limpieza, administración, cocina y camilleros.

Fruto de la lucha, y de sacar el conflicto a la calle, lograron que las autoridades de salud se comprometieron a pagar el 19 de mayo, pero ese día solo depositaron parte de lo adeudado a la mitad de los trabajadores. Ante el incumplimiento del pago a todos los trabajadores, el jueves 20 se realizó una asamblea y se resolvió un nuevo corte. En esas circunstancias, los trabajadores fueron convocados a una reunión con el director del hospital Luciano y Mariano de la Vega, del cual dependen, donde les informaron que iban a cobrar mediante “ticketeras” que ya estaban disponibles.

Aun así, los trabajadores expusieron otros reclamos, especialmente el pase a planta permanente, por los cuales seguirán luchando.

Desde Izquierda Socialista y Salud en Marcha seguiremos acompañando y solidarizándonos con los trabajadores para que triunfen en sus reclamos.

Corresponsal

Escribe Guido Poletti

Ya es un secreto a voces. El gobierno de Alberto Fernández está reduciendo en términos reales el gasto público por debajo, no solo de 2020, sino incluso de 2019, cuando aún gobernaba el macrismo. Esta es una de las exigencias básicas del FMI para firmar el acuerdo que busca el Frente de Todos. De hecho, esa reducción del gasto, y del déficit fiscal, es mostrada orgullosamente en cuanta reunión se hace con funcionarios del organismo.

Esta es la forma concreta con que el gobierno está cumpliendo el reclamo principal del FMI apenas se iniciaron las negociaciones en septiembre del año pasado, reducir el déficit fiscal desde 8% a 4,5% tal como se votó en el presupuesto 2020.

De hecho, en los primeros cuatro meses de 2021 el gasto solo subió 14% con respecto a igual período del año pasado. Solo para compensar la inflación tenía que haberse incrementado 42 por ciento. Con respecto al gasto social, los números apenas reflejan una parte del ajuste, ya que el gasto en subsidios a empresas privatizadas siguió creciendo, lo mismo que el pago de intereses de deuda. Por lo tanto, todo el peso de la reducción real del gasto se debe al ajuste que se ha realizado sobre las jubilaciones, con incrementos bien por debajo de la inflación, y con la directa desaparición de programas para atender las consecuencias sociales de la pandemia, como el IFE y el ATP.

Esta tendencia no se modifica con los nuevos anuncios del gobierno, que contemplan la suba de los montos de la tarjeta Alimentar, en las asignaciones universales por hijo (AUH) y en los montos de los Repro, que en realidad es un subsidio a empresas, ya que abonan una parte del salario de los trabajadores de las empresas involucradas. El gobierno miente cuando dice que con todo esto se aumentará el gasto en ayuda social al Covid en 480.000, 1,3% del PBI. Incluye en ese monto partidas anteriores, e incluso los costos de compra de vacunas.

La realidad del ajuste es visible. En lo que va de 2021, los alimentos básicos subieron 20% más que los salarios del sector público y las jubilaciones, que ya venían perdiendo desaforadamente contra la inflación en períodos previos. El gobierno incluso demoró todo lo que pudo la reglamentación de la ya votada ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150.000 pesos (y así hacer que menos trabajadores lo paguen). Y cuando lo hizo, informó que la devolución de lo ya retenido este año será devuelto en cinco cuotas mensuales, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. ¡Así el ministro Guzmán logra sumar números del ajuste a su favor y hacer méritos ante el FMI!

Hoy, en medio de la segunda ola de la pandemia, es urgente terminar con este ajuste y revertirlo. Hay que poner todos los recursos necesarios para atender la pandemia sanitaria y también la social. Hay que otorgar un aumento de salarios y jubilaciones de emergencia, otorgar un IFE de 40.000 pesos para el que lo necesite y ayuda para los pequeños comerciantes. ¡Plata para atender la pandemia, no para el FMI!

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández viene insistiendo con que el acuerdo que se está negociando con el FMI terminará siendo “progresista” y que “nos permitirá crecer y redistribuir la riqueza”.

Nada más alejado de la realidad. Ya el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, tuvo que reconocer que firmar un acuerdo a veinte años, que era lo que planteaban los sectores cercanos al kirchnerismo, será imposible, porque el Fondo no habilita acuerdos a más de diez años. Por lo tanto, ya en 2025 se deberán empezar a pagar montos cercanos a los 10.000 millones de dólares anuales.

En su reciente visita a Europa, el presidente Fernández dejó trascender que el FMI sí aceptaría bajar la sobretasa de interés que pagaba la Argentina por haber pedido un préstamo de tamaño gigante en los años del macrismo. Así, dijo el gobierno la semana pasada, al menos nos ahorraríamos 960 millones de dólares.

Pero ni eso sucederá. El que se encargó de desmentirlo fue Gerry Rice, director de Comunicaciones del Fondo: “La sobretasa es una parte importante de la administración de los préstamos del organismo”. Traducido, a pagar, y hasta el último centavo.

Lo dijimos una y mil veces y lo volvemos a repetir, todo acuerdo con el FMI es más ajuste, hambre y entrega. Hay que romper ya mismo los lazos políticos y económicos con ese organismo y dejar inmediatamente de pagar la deuda externa para volcar todos esos recursos a atender las más urgentes necesidades populares.