Escribe José Castillo

Mientras el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán recorren Europa en el marco de la negociación con el FMI, la vicepresidenta Cristina y varios líderes kirchneristas hacen declaraciones y gestos que podrían leerse como en contra de tal acuerdo. Sin embargo, más allá de matices, el conjunto del gobierno del Frente de Todos está por cumplir con los pulpos acreedores.

En estos días arreciaron los análisis de distintos periodistas acerca de si hay dos posiciones distintas en el gobierno, la de Martín Guzmán, apoyada por Alberto Fernández, de negociar a toda costa el acuerdo con el FMI. Y la de la vicepresidenta y el kirchnerismo, que estarían planteando “romper” con el organismo. La realidad es que no existen tales discusiones más allá de que sí hay disputas por espacios de poder entre los integrantes del Frente de Todos.

En estos días Alberto Fernández y Martín Guzmán están otra vez en Europa negociando, casi contra reloj, no caer en default con el Club de París y buscando que los países europeos sean “lo más suaves posibles” con el durísimo ajuste que, sin lugar a dudas, el FMI le exigirá a nuestro país una vez que se firme el nuevo acuerdo. En ningún plan, A, B, ni C, se le cruza por la cabeza al gobierno repudiar al organismo y dejar de pagar. Esto es, sin lugar a dudas, la posición oficial.

¿Y el kirchnerismo? Desde fines del año pasado se escuchan declaraciones, e incluso algunas acciones de Cristina y sus dirigentes más cercanos, que podrían hacer creer que este sector del gobierno presiona por romper con el Fondo o dejar de pagar la deuda.

Veamos. En noviembre pasado, el bloque del Frente de Todos en el Senado, con hegemonía kirchnerista, le envió una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, solicitándole al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. El 24 de marzo pasado,  la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, afirmó que “no podemos pagar la deuda, no tenemos plata”. Ahora, el senador kirchnerista Oscar Parrilli presentó un proyecto para que el dinero que el FMI girará a la Argentina como parte del monto total que el organismo envía a los países miembros en el marco del Covid-19 (aproximadamente 4.300 millones de dólares), se destine a la atención sanitaria o social de la pandemia y no, como había esbozado Martín Guzmán, a compensar con ello parte de los vencimientos de deuda de este año. A esto le podemos sumar declaraciones retóricas anti-FMI del diputado kirchnerista Leopoldo Moureau.

Sin embargo, cuando hilamos un poco más fino, las cosas son diferentes. En aquel discurso del 24 de marzo la frase siguiente de Cristina Fernández, que completó el párrafo, fue: “No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el que pagó las deudas de otros gobiernos [...] Deberíamos insistir para que nos den menor tasa de interés”. En el caso de lo presentado por Parrilli, como han reconocido los propios autores de la propuesta, se trata de apenas un “proyecto de declaración” que no obliga a nada al ministro de Economía. Si hubieran querido de verdad que ese monto se destine a los perjudicados por el coronavirus hubieran propuesto una ley de cumplimiento forzoso, lo que no fue el caso.

¿Entonces, hay realmente diferencias con respecto a negociar o no un plan de ajuste para pagarle la deuda al FMI? Es evidente que existen internas y luchas de poder en el interior del Frente de Todos y las tensiones entre Alberto y Cristina expresan de alguna forma esos roces. Sin embargo, como hemos citado, en ambos hay un punto en común, continuar pagando la deuda y pactando ajustes con el FMI. Tanto es así que el mismo día en que más arreciaban los comentarios periodísticos sobre las diferencias entre Cristina y Alberto y que incluso se ponía en duda la continuidad del ministro Guzmán, fue promovida una “foto de la unidad” entre el presidente y su vice, inmediatamente previa a la actual gira europea.

Por eso le decimos a las compañeras y los compañeros que, con ciertas expectativas e ilusiones siguen las idas y venidas de los tironeos entre Cristina y Alberto, no se confundan. En ambos, lamentablemente, hay un acuerdo profundo, cumplir con los pagos de la deuda, como siempre lo han hecho, incluyendo el vergonzoso préstamo con el FMI. 

Solo el Frente de Izquierda Unidad dice las cosas sin dobleces, no hay salida si no dejamos inmediatamente de pagar la deuda externa, rompemos todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y ponemos todos los recursos que hoy y siempre se llevaron los pulpos acreedores al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, que, en la emergencia, pasan por atender las dos pandemias que nos azotan, la sanitaria y la social.

Escribe Lautaro, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista procesado 

Sigue la avanzada contra la lucha estudiantil. El juez Hugo Vaca Narvaja elevó a juicio oral y público la causa contra veintisiete estudiantes. Es un ataque sin precedentes que debemos repudiar masivamente.

Finalmente, a Vaca Narvaja se le cayó la careta de “progre”, defensor de los derechos humanos. Quiere sentar un nefasto precedente contra la organización y la lucha estudiantil. La causa de “usurpación por despojo” iniciada en 2018 pretende disciplinar al estudiantado que en el año del centenario de la Reforma del ’18 desató una enorme lucha en defensa del salario docente y por aumento presupuestario. Fue una rebelión nacional que abarcó a las cincuenta y siete universidades del país con movilizaciones, asambleas, clases públicas y decenas de ocupaciones. La del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue una de ellas y es por la que se nos acusa de “delincuentes”.

En ese momento, el gobierno de Macri declaraba el Año del Centenario de la Reforma Universitaria al tiempo que ejecutaba un brutal ajuste que también afectaba a la educación superior. En esa misma sintonía, el rectorado en la UNC, de Juri y Yanzi, acompañaba esa política. Mientras “homenajeaban” a lxs reformistas del ’18 entregaban a la Justicia los nombres de veintisiete estudiantes por luchar.

Hoy, con el gobierno peronista de los Fernández, las deficiencias educativas se siguen agravando y la causa avanza a gran velocidad. El objetivo es disciplinar al movimiento estudiantil para que no salga a luchar ante los nuevos ataques a las condiciones de vida y de estudio de la juventud. Por eso la pelea por la absolución es parte inseparable de la lucha por el derecho a la educación gratuita y de calidad.

Unidad de acción en las calles hasta derrotar esta causa represora

Tal como propusimos en la asamblea interfacultades, estamos desarrollando una amplia campaña nacional y preparando la cuarta marcha contra la criminalización de la protesta para el jueves 13. Ya hay adhesiones de diversos sectores estudiantiles, políticos y sindicales plasmados en declaraciones, petitorios y en la audiencia pública que impulsamos desde Izquierda Socialista con nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano.

Todos son aportes valiosos, pero es necesario transformarlos en acciones. Por ello el eje central de la campaña es movilizar masivamente en las calles con todos los cuidados sanitarios, tanto en Córdoba como en distintos puntos del país. Los centros de estudiantes y las federaciones, como la FUA y FUC, deben abandonar su silencio cómplice y sumarse a la campaña. En Córdoba logramos que La Bisagra (kirchnerista, que conduce ocho centros de estudiantes) llame a asambleas en las facultades de Artes y Filosofía y que den su apoyo, pero esto no puede quedar en la formalidad, esos pronunciamientos tienen que convertirse en acciones concretas. Tienen la responsabilidad de jugar un rol activo llamando al estudiantado a participar y darle continuidad con un plan de lucha sostenido hasta tirar abajo esta causa bochornosa. La máxima unidad de acción y una lucha consecuente en las calles permitirán ganar esta pelea.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista

Desde la banca del Frente de Izquierda, e impulsada por la asamblea interfacultades de la Universidad de Córdoba, se realizó el martes 11 la audiencia pública por la absolución de les estudiantes que en 2018 se plantaron para defender la educación pública y hoy están siendo llevados a juicio.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los diputados Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás Del Caño (PTS). Hubo además una adhesión del diputado cordobés del FDT Pablo Carro, firmante junto a los mencionados legisladores del proyecto de ley presentado en el Congreso que exige la absolución. Estuvieron presentes, además de estudiantes y docentes procesades de Córdoba y Río Negro, personalidades reconocidas de los derechos humanos como la nieta recuperada e hija de desaparecidos Victoria Montenegro, y María Del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Nora Cortiñas participó a través de un video y envió un saludo y criticó el inminente juicio. También intervinieron Blanca Barreiro, por La Gremial de Abogados, y Claudio Castro por la Coordinadora contra la Impunidad Policial.

Hicieron uso de la palabra, además de los partidos integrantes del FIT-Unidad (PTS, PO, IS y MST), referentes de distintas agrupaciones sociales y políticas como Marabunta, NMAS, Amaranto, Fogoneros y del espacio Tosco Vive, del Sindicato de Luz y Fuerza. Saludaron a la audiencia referentes de distintos centros de estudiantes y organizaciones docentes, como las integrantes de la comisión directiva de ATEN Capital, de los combativos Suteba multicolores, Ademys, AGD UBA, entre otros.

El arco de las organizaciones que intervinieron en la audiencia muestra que la campaña por la absolución de les estudiantes y docentes que defienden la educación pública es amplia y que tiene mucha fuerza para seguir impulsando todas las acciones que sean necesarias para tirar abajo el juicio que pretenden llevar adelante para aleccionar a quienes salen a luchar. Por eso decimos en unidad basta de criminalizar a quienes salen a luchar.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Este miércoles 12 los sindicatos docentes combativos realizaremos una nueva jornada nacional de lucha. Será con paros, movilizaciones, apagones virtuales, actos y diferentes modalidades. Ademys, Adosac Santa Cruz, Sute Mendoza, los Suteba multicolores, Amsafe Rosario, MPL Misiones, de Chaco, Sutef de Tierra del Fuego, autoconvocados de La Rioja, Jujuy, GDA Formosa, la oposición en Córdoba, entre otros, seremos parte de esta jornada.

Es que, aunque nacionalmente la atención está en nuestra lucha en CABA contra la política criminal de Larreta, la situación educativa y económica es grave en todo el país.

Por las cifras de la pandemia en todas las provincias habría que pasar a la virtualidad, pero muy pocas la implementan.

En provincia de Buenos Aires, donde Fernández y el Frente de Todos se muestran como la antítesis de Larreta, esta misma semana, con récord de contagios y muertes, Kicillof decretó el regreso a la semi presencialidad escolar. Y en la mayor parte de la provincia nunca se pasó a la virtualidad. Argumentando que muchos chicos no tienen computadoras ni conectividad, el gobierno decide que docentes y estudiantes vayan a la escuela a usar computadoras y recibir clases y trabajos prácticos. ¡En vez de garantizar la conectividad gratuita y repartir computadoras! Y lo mismo quieren hacer con las escuelas especiales. Por eso los Suteba Multicolores paran y se movilizan en caravana a La Plata. 

Esta política la llaman “presencialidad administrada”, pero lo único que administran es el regreso a las escuelas y el avance de los contagios. En Santa Fe, Peroti, que había adherido al DNU presidencial, dio marcha atrás. En Córdoba, la tercera provincia en contagios, Schiaretti se niega a pasar a la virtualidad, como el radical Suárez en Mendoza. Los gobernadores de Cambiemos y del Frente de Todos tienen la misma política, más allá de lo que digan.

Grave también es lo de Santa Cruz donde Alicia Kirchner sigue negando un verdadero aumento salarial, interviene gubernamentalmente en las Junta de Clasificaciones y sanciona a Adosac por negarse a aceptar la “conciliación obligatoria” en 2017. ¡Le pone una multa de 12 millones! Kirchner ataca el derecho de huelga y a la sindicalización. ¡Toda nuestra solidaridad con la docencia santacruceña!

Y en las provincias retoman con fuerza los reclamos salariales. Como La Rioja, donde los autoconvocados están parando y movilizándose a las rutas. La ficción “del aumento por encima de la inflación” que firmaron Alesso, Baradel y la Ctera en paritaria, no aguantó ni un trimestre y ya estamos por debajo. ¡Hace falta un inmediato aumento salarial!

Pero los dirigentes de Ctera siguen priorizando su apoyo al gobierno y su política de no luchar y dejar a cada provincia aislada, en vez de llamar a un plan de lucha nacional.

En CABA, encabezados por Ademys y junto a UTE y Camyp, seguimos en un duro plan de lucha, en otra semana de paros, movilizaciones y grandes acciones organizadas desde las escuelas. Las nuevas muertes de docentes y auxiliares nos generan una fuerte indignación en toda la docencia. Muertes lamentables y evitables que siguen reafirmando la justeza de nuestra lucha y el cinismo cruel y criminal de Larreta y Acuña, para quienes sólo somos porcentajes numéricos descartables. Además, su política antisindical se ratifica con los brutales e ilegales descuentos a los días de paro, que lleva a que miles de docentes suframos un recorte enorme a nuestro ya pobre salario.

Pese a estos ataques, la docencia y Ademys seguimos firmes en la lucha, aunque debemos combinar días de paro con acciones distritales y centralizadas. No es correcta la visión de algunas agrupaciones, que la lucha sirve sólo si es “con el paro por tiempo indeterminado”. Es una posición infantil, que no toma ni la realidad de la docencia ni la importancia de la masividad en las medidas a adoptar como sindicato. Es mucho más contundente un paro masivo, que muchos días de paros divididos y minoritarios. Fue un parazo el 14 de abril, un paro coordinado con los Suteba Multicolores y que arrastró a UTE, como le arrancamos a Fernández el DNU de la virtualidad, que Larreta incumplió después. Y con asambleas masivas de Ademys, con mil docentes, sostuvimos dos semanas de paros. El aval a Larreta de la Corte Suprema, las amenazas de sanciones, la prohibición de clases virtuales y, sobre todo, los fuertes descuentos, llevaron a que muchos docentes volvieran a la presencialidad, pero con el ánimo de lucha firme. Por eso las asambleas de Ademys dieron continuidad a la lucha con paros de 24 o 48 semanales, volviendo a las escuelas a hacer asambleas y organizar medidas distritales. Y fueron justamente estas acciones, semáforazos, cacerolazos, bocinazos, caravanas, las más participativas e importantes.

Pegados a la base, organizándonos desde cada escuela y unificando la lucha los días de paro, ganando el apoyo de la comunidad, como vamos a terminar torciéndole el brazo a Larreta y Acuña.

Sumemos a la jornada de lucha nacional de la docencia combativa. Exijamos a Ctera y las burocracias provinciales asambleas y un plan de lucha nacional.

Escribe Martín Fú

La clínica San Andrés, situada en Caseros, está cerrada. La muerte de su dueño y la sucesión de los herederos dejó a ciento cuarenta y cuatro trabajadores en la calle. En plena pandemia, una clínica de la provincia de Buenos Aires, en donde más casos diarios se registran, está tomada por médicos, enfermeros, radiólogos, instrumentadores y técnicos, es decir, sus trabajadores, que reclaman a las autoridades sanitarias su reapertura. La clínica es el lugar donde se atienden miles de afiliados del IOMA y de PAMI.

Los cierres, hace algunos meses, de la clínica Sagrado Corazón en Hurlingham, con ciento veinte camas, y de la clínica Mariano Pelliza de Munro, con ciento cuarenta camas, alertan una vez más sobre un sistema de salud privado vaciado y al borde del colapso.

La clínica San Andrés cuenta con noventa camas de internación y doce unidades de terapia intensiva (UTI) con sus respectivos respiradores. Para los trabajadores resulta insólito que, en plena segunda ola del coronavirus, se prescinda de infraestructura sanitaria y personal capaz de dar atención especial a los adultos mayores.

“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”. “No es solamente la fuente laboral, te hablo de poder ayudar a salvar vidas, que es lo que aprendimos y fuimos formados”, declaró Alicia Rey, jefa del servicio de cirugía de la clínica (Chicago Tribune, 7/5/2021). Desde el gobierno de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, se excusó diciendo: “No nos podemos meter porque es un asunto entre privados”. Los intereses económicos de los empresarios no pueden preponderar en medio de una pandemia sobre las necesidades de miles de enfermos y trabajadores que prestan un servicio esencial a toda la comunidad. 

Los trabajadores continúan con la ocupación, turnándose y manteniendo la clínica para que pueda estar operativa. Izquierda Socialista viene solidarizándose con esta lucha acompañando el reclamo, como dicen ellos, de que se estatice bajo control y administración de sus trabajadores para seguir combatiendo la pandemia y mantener la fuente de trabajo de todo el personal de salud que hoy se expone al avance del Covid-19.