Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández escribió el 28S: “La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI”. Una vez más, el presidente apela a su doble discurso, esta vez con un nivel de hipocresía y cinismo nunca antes visto. Parece olvidarse que él es el presidente y es el responsable número uno de que, a casi diez meses del inicio de su mandato, el aborto siga siendo ilegal en nuestro país. 

Lo que omite en su tuit el presidente, y no creemos que sea por falta de caracteres, es que en el Congreso ya está presentado el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que tiene estado parlamentario y que lleva la firma de legisladorxs de todos los bloques políticos. Si de verdad le preocupara al presidente la salud y la vida de las mujeres, debería acompañar ese proyecto y, a la vez, hacer que se apruebe ya mismo. Pero no, él decidió ir por otro camino, el mismo que ya transitaron los gobiernos anteriores, la postergación del debate y la dilación del derecho al aborto.

Se cumplieron treinta años de aquella histórica Declaración de San Bernardo, en la que feministas de la región propusieron que el 28 de septiembre sea el día de lucha por la legalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe. Desde 1990, el 28S se transformó en una fecha muy importante dentro del calendario feminista, en la que salimos a reclamar por nuestro derecho a decidir. Este año, con una particularidad, ya que por la pandemia se recrudecieron las restricciones en el acceso a los servicios de salud sexual y (no) reproductiva, lo que hace que nuestro reclamo por la legalización sea más urgente que nunca. Así es que se convocaron acciones callejeras y virtuales en todo el país para exigir que se apruebe el proyecto de la Campaña y el #AbortoLegal2020.

No es un dilema, es un derecho

En una nota publicada el 24/9/2020 en Página/12, la periodista Mariana Carvajal entrevistó a la dirigenta de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña, Marta Alanis. En el reportaje, que se titula “El conteo de los votos en el horizonte del proyecto por el aborto”, se advierte que si no se aprueba en 2020 no saldría por años. En la nota aparecen dos argumentos que no compartimos para nada. Uno sostiene que el año próximo, al ser electoral, no es conveniente que se debata en el Congreso el derecho al aborto porque divide a los frentes electorales de los partidos patronales. Y el otro afirma que se debe acompañar el proyecto del Ejecutivo, aunque nadie lo conozca hasta ahora, porque supuestamente atraería los votos del bloque oficialista en ambas Cámaras.

Desde Isadora e Izquierda Socialista nos parecen equivocados ambos argumentos porque apuntan a la desmovilización. Es decir, da la idea de que está todo cocinado, que solo es una cuestión de poroteo y que no nos quedaría más nada por hacer. Salvo esperar a que pase la pandemia, a que se pongan todxs de acuerdo y acompañen el proyecto de Alberto Fernández, a que no sea un año electoral, etcétera. Para nosotras es lo opuesto, porque jamás la conquista de un derecho se logró esperando, sino al revés, empujando desde abajo y presionando con la movilización. 

Por eso insistimos en que el derecho al aborto lo vamos a conquistar con la movilización feminista, independiente de los gobiernos de turno. Impulsamos el proyecto de la Campaña, que es el de la #MareaVerde, el que ganó el debate y las calles en 2018. No vamos a permitir que negocien con nuestros derechos. Y menos que se interpongan las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres. Así como lo hicimos el pasado 28S  vamos a seguir movilizadas hasta que el aborto #SeaLey.

Escribe Fernanda Giribone

Este miércoles 30 de septiembre, familiares y amigos de Iara Rueda y Gabriela Cruz vuelven a manifestarse por justicia para Iara y por la aparición con vida de Gabriela. La cita será en Plaza Belgrano, de la capital. Esta acción se inscribe en el marco de la conmoción que generó el femicidio de Iara y la gran movilización en la ciudad de Palpalá que lo repudió. Al calor de la indignación surgen nuevas convocatorias, y en distintas ciudades, que prometen no cesar hasta alcanzar sus reclamos.

Iara y Gabriela faltaron de sus hogares casi al mismo tiempo y en la misma ciudad. Sus familias lidiaron con las trabas burocráticas y la indiferencia del gobierno de Morales, de Cambiemos, que no las buscaba. Durante el fin de semana pasado sus familias, con vecinos, amigos y organizaciones sociales comenzaron por cuenta propia un rastrillaje. El lunes 28, cuando este grupo autoconvocado realizaba un corte en la ruta 66, la brigada de investigaciones encontró el cuerpo de una joven, que horas después sus familiares confirmaron que era el de Iara Rueda.

Esa misma tarde cientos de personas se convocaron para sostener el corte de ruta, que era amenazado por la policía, y luego, junto con otros miles marcharon por la ciudad copando las calles de Palpalá con canciones, ruidos y bocinazos. Al paso de la marcha los vecinos salían de sus casas y los comerciantes dejaban sus negocios para sumarse a la larga columna, en un hecho histórico de la lucha contra la violencia de género en esta ciudad. Pese a que la jornada culminó con represión, la organización y movilización de las mujeres y los palpaleños no cesan y se suman día a día, ciudad a ciudad, nuevas convocatorias para exigir justicia. 

Los reclamos ahora apuntan contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, a cargo de Alejandra Martínez –que ha mantenido total silencio–, el Ministerio de Seguridad, la policía y la fiscalía como responsables políticos, siendo que la policía no se puso a disposición para la búsqueda de Iara, aunque no faltó para reprimir. Ahora exigen además celeridad en la búsqueda de Gabriela Cruz, la joven de 24 años y madre de dos niños, que continúa desaparecida.

En Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas

En lo que va del año, en Jujuy ya hubo ocho femicidios. En los últimos veinte días mataron a dos mujeres y falta Gabriela Cruz. El pasado 8 de septiembre encontraron asesinada en la ciudad puneña de Abra Pampa a Cesia Nicole Reinaga. Los números de este año en la provincia ya están cerca de triplicar los casos de femicidios de todo 2019, lo que no hace más que demostrar que en esta pandemia los problemas que sufrimos las mujeres se agudizaron y que las políticas públicas, provinciales y nacionales, son realmente insuficientes. Es así que uno de los lemas de esta movilización afirma que “en Jujuy el Estado llega cuando estamos muertas”, demostrando que no logra actuar a tiempo para evitar los hechos de violencia machista, encontrar a nuestras compañeras, prevenir los abusos, etcétera. Es por esto que insistimos en que, frente a cada femicidio, el gobierno es responsable. 

Desde Isadora exigimos mayor presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género sobre la base del no pago de la deuda externa, de un verdadero impuesto a la riqueza y el retiro de subsidios a las iglesias, enemigas declaradas de los derechos de las mujeres.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La convocatoria realizada por los sectores de la juventud que vienen levantándose contra el calentamiento global fue nuevamente un éxito. En más de 3.500 ciudades se salió a protestar atendiendo a las condiciones sanitarias de cada lugar.

En nuestro país, el llamamiento a salir a la calle partía de la dificultad de que la propia organización argentina que participó de la conferencia de prensa latinoamericana de convocatoria a la Huelga Mundial salió a boicotear la iniciativa. Lamentablemente, Jóvenes por el Clima viene privilegiando sus acuerdos con el gobierno del Frente de Todos. En ese marco, copió el discurso de la burocracia sindical peronista que, alegando “ser empáticos” con la situación sanitaria y la realidad de las y los trabajadores de la salud, vienen dejando pasar el brutal ajuste que se está descargando sobre la clase trabajadora sin mover un dedo. Jóvenes por el Clima venía criticando las convocatorias previas, y ahora, la salida a hacer en la Argentina lo mismo que se hizo en todo el mundo el viernes pasado, expresarse en la calle porque la crisis ambiental es ahora, es urgente y exige una intervención política contundente.

El llamado a limitarse a una acción por redes sociales fue rechazado por la enorme mayoría de las organizaciones socioambientales que son parte del nuevo movimiento de lucha que se levantó al compás de las cinco huelgas mundiales previas. Se reafirma de esta manera algo que para Izquierda Socialista y la agrupación Ambiente en Lucha es estratégico, avanzar en una coordinación unitaria que sostenga el principio de la independencia política de todos los gobiernos y que no limite su agenda a las presiones y necesidades de los responsables políticos de la devastación ambiental en que estamos inmersos.

De hecho, la jornada del 25S se produjo horas después de que el Congreso ratificó que la Argentina se convertía en el décimo de los once países de Latinoamérica y el Caribe requeridos para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú en la región. Se trata de un convenio con una batería de definiciones de protección del ambiente y los derechos de quienes luchan en defensa de la naturaleza que, en general, pueden ser correctas, pero que guardan el suficiente grado de abstracción como para que pueda ser votado por los ecocidas en regla del PJ y Cambiemos.

En el Congreso tuvimos que escuchar a la diputada Sapag, del MPN, que hizo votar en su provincia el pacto secreto con Chevron sobre la base de una feroz represión, y ahora celebraba la “participación popular” que abriría este nuevo convenio. O a una referente del peronismo kirchnerista hablando de “ampliación de derechos”, mientras sus doce años de gobierno previos, y los diez meses de Alberto Fernández, dan cuenta de un inequívoco rumbo de depredación ambiental con el fracking y la megaminería, pisoteo de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos fumigados y una clara política de continuidad del saqueo en mano de las multinacionales, que abrió el menemismo en los ’90. La jornada del viernes fue también una respuesta al circo de cinismo que envolvió la aprobación de Escazú, y una ratificación de que no hay implementación progresiva de legislación alguna sin movilización popular en las calles.

Siguen incendiando el país, sigue la pelea y se lanza Ambiente en Lucha

Pos-25S, volvieron los incendios en el delta del Paraná y las sierras de Córdoba. El propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego reconoce que el 95% de los incendios que abarcaron ya a catorce provincias y más de medio millón de hectáreas son producto de la intervención humana. No se trata solo de “prácticas arcaicas”, como dice el ministro Cabandié, sino de las muy modernas perspectivas de ganancias ante las que las patronales del agronegocio se relamen y queman para renovar terrenos.

En este contexto es que seguiremos apostando a la unidad y a coordinar nuevas medidas para mantenernos tanto en las calles como en las redes sociales interviniendo con la agenda urgente del movimiento socioambiental de nuestro país.

Pero además, desde Izquierda Socialista nos hemos propuesto, junto a compañeras y compañeros independientes, impulsar Ambiente en Lucha como una agrupación abierta a la cual sumarse a debatir y organizarse en pos de construir una alternativa que vaya a fondo para frenar el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos. Este sábado 3 de octubre, a las 17, haremos a través de Zoom un conversatorio nacional en el que participarán representantes del conjunto de las peleas que se están dando en nuestro país, así como también de algunas de las más históricas de las últimas décadas. Pedinos el link para sumarte.

Escribe Alfredo Leytes, concejal electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Esta es la alerta más temida en las sierras cordobesas. Según la Universidad Nacional de Córdoba, en diecinueve años (1999-2017) se produjeron 5.358 incendios forestales que afectaron 700.376 hectáreas. Equivalen a doce ciudades de Córdoba. Ya van seis meses sin lluvia y se han quemado 70.000 hectáreas y esto no terminó. A la incalculable pérdida de flora y fauna, se suman decenas de casas y la vida de dos lugareños. El gobierno de Schiaretti es el responsable de que esta catástrofe se repita todos los años.

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Al respecto, Luis Tuninetti, coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María, dijo: “Esta situación evidencia la necesidad de políticas de alerta temprana más preventivas que paliativas. Un siniestro de esta magnitud era previsible, por las sequías y los incendios en el Amazonas que modificaron el régimen de lluvias”. Y sobre el origen señala: “Estos incendios son intencionales, no son cosas de algún pirómano. Existen intereses urbanísticos y productivos para sacarse de encima al bosque nativo”. Y aclara que las entidades rurales ejercen presión para avasallar la Ley de Bosques debido a su proyecto productivista e irracional hacia los ecosistemas.

Los incendios comenzaron el 14 de agosto. “Prenden para desmontar”, denunciaron vecinos y organizaciones ambientales, y el gobierno respondió que reprimiría a los vecinos que, desesperados, intervienen para salvar las casas, porque a pesar de su heroico esfuerzo los bomberos no logran dominar las llamas. Los incendios forestales arrasaron todo a su paso, quemando 70.000 hectáreas de bosques nativos y tierra productiva. Pero no hay quemada una sola hectárea de soja, o el campo de algún gran establecimiento ganadero. Se quema la rica biodiversidad, la casa del lugareño, sus animales y hasta la vida de dos de ellos.

Si esto se puede prever, ¿por qué no lo hacen? Porque gran parte de este fuego es intencional, no se investigan sus orígenes, y cuando lo hacen culpan al desprevenido que le encontraron dos encendedores. Pero si encuentran incendiando al propietario de un campo, como en Villa Albertina, no pasa a mayores.

Si en la época de sequía se invirtiera en puestos de vigía permanente diseminados en el territorio para la detección temprana del fuego, tal como lo exige la ley de control del fuego, el 80% de este desastre se evitaría, según los expertos. Nos ahorraríamos los 17 millones de pesos diarios que cuesta apagar incendios forestales, según afirma el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien también acepta que en su mayoría son intencionales.

Si no se invierte en la prevención es porque hay quienes se benefician con estos incendios y todos saben quiénes son, los grandes emprendimientos inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, violan la prohibición de cambiar la utilización del suelo del lugar que se quemó. Así aparecen campos de soja, o de cría de ganado, porque la incineración del suelo le otorga la dureza suficiente para la producción ganadera y renueva la vegetación de una forma más rápida que la natural. O aparecen countries y barrios cerrados, como en el camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, donde hace años fue quemado el bosque nativo.

Con el tiempo, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque hay grandes superficies arrasadas y un ecosistema quemado que impacta sobre la vegetación que protege a las cuencas hídricas, a la fauna, al monte nativo y a la retención de las precipitaciones en el suelo.

Apoyados en la más amplia unidad de acción y la movilización popular, debemos lograr la emergencia ambiental y la formación de una comisión de ambiente con profesionales expertos en la materia, miembros de organizaciones sociales de cada localidad y representantes de los trabajadores que tenga a su cargo elaborar un plan de reparación ambiental, así como también una nueva ley de ambiente provincial integral. Mientras tanto, hay que exigirle al gobierno que haga cumplir la limitada ley de manejo del fuego invirtiendo en la prevención, incorporando equipos de guardaparques y guardaambientes en cada región de bosque nativo, dotados de equipos de comunicación y prevención, y la reposición de todos sus bienes a los sectores populares damnificados.

Para todo esto se necesitan millones de pesos, que deben salir del no pago de la deuda externa provincial y de un impuesto a las grandes fortunas de la provincia, a los bancos, las grandes empresas y los terratenientes.

Para reclamar contra los incendios, este viernes nos concentramos a las 11 en el Patio Olmos como agrupación Ambiente en Lucha.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Nadie puede desconocer que la pandemia del coronavirus generó crisis en todos los órdenes de la vida. La escuela no es, para nada, la excepción. No queremos que nuestros hijos pierdan el año educativo, queremos que sepan y adopten los conocimientos necesarios para seguir avanzando en su formación. Que no pierdan el ritmo educativo, porque todo parate puede significar un retraso difícil de retomar, sobre todo con la enorme presión social, por la miseria, y la deserción escolar que viene de años.

También queremos que no repitan o que no pierdan la posibilidad de terminar la escuela primaria o secundaria, que puedan avanzar en estudios terciarios o universitarios, o ingresar a trabajar con el título secundario, ¡título básico para poder conseguir algún trabajo en blanco! O los que están en la universidad o en institutos terciarios no sean aún “más castigados”, impidiendo que puedan rendir y avanzar o culminar sus carreras.

Otra grave problemática es la emocional. Niños de primaria, y mucho más los adolescentes, están sufriendo mucho este aislamiento social, no pueden ir a la escuela, al encuentro cotidiano con amigos y compañeros, ni juntarse socialmente en clubes, calles, plazas, recitales o fiestas.

Ni hablar de la situación de la docencia. De un día para otro, improvisando, hubo que aprender a manejar tecnología y programas virtuales, tener metodologías para “dar clases” a alumnos de todas las edades, tantear qué se podía enviar y en qué cantidades. Nos desesperamos, inútilmente, por “no perder” la conexión con todos los alumnos. Perdimos horarios, quedamos desbordados, superexplotados, en muchos casos trabajando mientras cuidamos y ayudamos a nuestros propios hijos. Tenemos que pagar los gastos de tecnología, conectividad, luz, servicios. Y decenas de miles ni siquiera pudieron tomar cargos u horas y se quedaron en la miseria salarial, peor que en 2019.

Las familias están saturadas por tratar de que sus hijos tomen el celular o la computadora para hacer tareas escolares. Tienen que pagar, sin ningún tipo de subsidios, más luz, gas, celular, datos, internet, por la educación virtual y por estar con los chicos en casa. Y, ante el regreso de millones a sus puestos de trabajo, también se complica la atención de chicos que quedan sin sus padres o madres.

Si bien esta terrible pandemia no surgió por responsabilidad del gobierno nacional ni los gobernadores, sí son responsabilidad de ellos las políticas para atacarla. Y la realidad es que Trotta y Fernández, Larreta y su ministra Acuña, o los gobernadores de cualquier color político, no hicieron nada para resolver seriamente las inquietudes de las familias trabajadoras. Solo mienten para generar expectativas de soluciones mágicas que generen “apoyos” políticos a sus propuestas, que nunca serán realidad.

Larreta pasó por las clases semipresenciales, escuelas ciber, clases en plazas o canchas de fútbol, clases de diez alumnos dos horas por día y otras propuestas absurdas que nunca se implementaron. Ahora dice que antes de fin de año habrá clases presenciales y, en enero, los sábados y con docentes contratados. Después, cuando nada de eso se implementa, responsabilizan a Trotta o a los “sindicatos de izquierda” como Ademys y no se hacen cargo de haber mentido a las familias y los estudiantes.

Trotta no está en contra de la “presencialidad”. Arrancó con el famoso “protocolo burbuja”, tan absurdo que nunca lo pudo implementar. Hizo una prueba criminal en San Juan que a los pocos días la anuló porque estallaron casos de coronavirus en ciudades que no tenían contagios. Ahora quiere hacerlo en La Pampa, Jujuy y Santa Cruz. Como en todo el mundo,  donde minimizaron el problema sanitario de juntar alumnos y docentes en escuelas, los contagios se potenciaron y debieron retroceder, como pasó en Israel.

La realidad es que hoy el virus no está controlado. Que hasta que haya una vacuna las clases presenciales no serán posibles sin graves riesgos. Los que dicen “aunque sea juntar a los pibes, a algunos, dos horas un día por semana” están proponiendo cualquier cosa, menos volver a clases y educar. Generar falsas expectativas a las familias y estudiantes solo lleva a mayores decepciones y más crisis emocionales.

Hasta que se garantice la educación presencial, lo que deben hacer los gobiernos, de la Nación y provinciales, es invertir todo lo necesario para sostener la educación virtual. Garantizar conectividad, internet gratuita, subsidios para pagar la luz y los servicios de las familias donde hay alumnos o docentes. Repartir computadoras a todos. Coordinar con docentes, alumnos y especialistas un verdadero plan de estudio, coherente con la capacidad de interacción diaria frente a la computadora de estudiantes y de docentes. Que los alumnos puedan rendir exámenes de manera virtual, no perder el año y preparar, para cuando sea posible, exámenes presenciales.

Para eso hace falta presupuesto, dejar de pagar la deuda externa y de subsidiar escuelas privadas. Otro plan económico, como proponemos desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad. Y un fuerte plan de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores para imponerlo.