La aerolínea Latan Argentina anunció que cierra la filial local y deja de operar en los vuelos de cabotaje y de carga aunque mantendrá las operaciones internacionales. Alega la brutal decisión por “el impacto de la pandemia” y ha presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación para lograr prebendas y legalizar los despidos.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Latam despide de esta forma a 1.700 trabajadores y está estafando a quienes ya compraron y pagaron pasajes a futuro. Latam tiene una flota de 3 aviones Airbus 320 y 8 Boeing 767. Ahora cierra y deja en la calle a cientos de trabajadores y quiere seguir sacando pasajeros al exterior con una completa impunidad”.

Giordano señaló: “Latam es parte de la impunidad de la que gozan y se manejan estas compañías. Se debe obligar a que la empresa retroceda con esta decisión, garantice la continuidad y pago de los salarios de sus 1.700 trabajadores y en caso de que se niegue se la debe estatizar para que todos sus activos nacionales e internacionales pasen a manos del Estado y junto a Aerolíneas Argentinas se conforme una aerolínea de bandera para recuperar un servicio esencial al servicio de los usuarios y no de empresarios inescrupulosos, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores”.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.

La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales que luego de ser beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente en cesación de pagos después de ser líder en exportación por varios años, con empresas de acopio y puerto propio.

Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron créditos ilegales e irregulares violando las propias disposiciones del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría “la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que hizo una película sobre el Papa.

Estatización al 100% bajo control de trabajadores y pequeños productores

Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus trabajadores? Esta es la cuestión.

Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido intervenida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un proyecto al Congreso que podrá salir o no.

Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: “Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores y en particular a la banca internacional” (Héctor Huergo, 9/6).

Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segundo lugar, hay que avanzar en una completa estatización para que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.

Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionalizaciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patrimonio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo y el gas.

¿Y la soberanía alimentaria?

El gobierno dice que esta medida va a garantizar la soberanía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones.

Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de las exportaciones para el país.

Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobierno se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para sus casas matrices.

Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los males capitalistas que nos llevaron a la postración.

El presidente acaba de emitir un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. -que estaba en concurso preventivo- y el envío de una ley para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.
En los fundamentos se señala que el principal acreedor es el Banco Nación, entre otros, a quien la empresa pidió un préstamo millonario y no devolvió. Un nuevo robo y estafa a las que nos tienen acostumbrados las empresas privadas.
Vicentin es una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales (venta de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales) y dependen de ella más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno ha decidido intervenir la empresa, según dice, para “evitar una mayor disminución de los activos de la sociedad y proteger los puestos de trabajo”. Es necesario que en situaciones de emergencia se tomen medidas que tiendan a ir en ese sentido. Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin, pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonarle la deuda. No puede haber ningún “rescate” para empresarios mafiosos, entre ellos la multinacional suiza Glencore que siendo parte de dicha empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. Y en segundo lugar, lo que se necesita es avanzar en una completa estatización para que en un 100 por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y técnicos, no a través de una empresa mixta que siempre sabemos termina beneficiando al sector privado y no los trabajadores y al país”.

Giordano finalizó: “El gobierno también dice que esta medida va en función de garantizar “la soberanía alimentaria”. Pero la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones. Y lo que se exporte beneficie a los trabajadores y al pueblo, no a las multinacionales del agronegocio. Eso se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y no con un mercado como el actual controlado por multinacionales y grandes empresas como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones”.

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La concentración será en el Obelisco y luego marchará a la Casa de Comercio de EE.UU en calle Viamonte 1133.
Las consignas de la convocatoria del Frente de Izquierda Unidad son: “Viva la lucha popular en EEUU. Justicia para George Floyd y todas las víctimas. Derrotemos a Trump y al estado racista, represor e imperialista.”
Estarán presentes referentes nacionales del FIT, entre ellos el diputado nacional electo por Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano.

Giordano señaló: "Vamos a reclamar justicia por George Floyd, exigimos cárcel a sus asesinos, diremos No a Trump por racista, represor e imperialista y llamamos a seguir impulsando la campaña mundial en apoyo a esta gran lucha del pueblo de Estados Unidos".

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Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional Electo Izquierda Socialista/Frente de Izquierda Unidad

Hoy 30 de mayo fue detenido en Uruguay Sebastián Romero, militante del PSTU y uno de los participantes de la masiva movilización al Congreso en diciembre de 2017 cuando el gobierno de Macri votó con el aval del peronismo la ley de reforma jubilatoria. Una ley que ajustó a millones de jubiladas y jubilados por orden del FMI. Más de 100 mil personas repudiaron la ley, desatándose una feroz represión contra los manifestantes.
Romero es perseguido por hacerse público el hecho de tirar una bomba de estruendo, sin cometer delito alguno. Por ello existía un pedido de captura internacional y había una recompensa millonaria para atraparlo, que este gobierno a través de la ministra Friederic mantuvo.
Romero es un chivo expiatorio por parte del entonces gobierno de Macri y Patricia Bullrich para decir que fue una “movilización violenta” intentando encubrir de esa manera que se atacaba los ingresos de millones de jubilados. Como antes había hecho con el pueblo mapuche tildándolo de “terrorista”, en este caso Macri-Bullrich tildaban de “violentos” a quienes se manifestaban contra su plan de ajuste al servicio de los grandes capitalistas.
A Romero se le imputan una ristra de delitos como “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado”. En paralelo y a meses de este hecho se detuvo a Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y militante también del PSTU, quien estuvo varios meses preso desde septiembre de 2018 por ser parte también de las jornadas del 14 y 18 de diciembre de aquel año, como forma de extorsión para lograr el encarcelamiento de Romero. Ruiz fue posteriormente liberado tras una amplia campaña exigiendo su libertad, por parte de organismos de derechos humanos, personalidades y la izquierda, entre ellos nuestro partido Izquierda Socialista.
Repudiamos la campaña contra los que luchan y exigimos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia el traslado de Sebastián Romero a Argentina y su inmediata libertad y el cierre de la causa que permitió su persecución. Los delincuentes eran los Ceos de Macri que gobernaban para los bancos y las multinacionales, no los trabajadores y luchadores. Ayer, como hoy, defendemos el derecho a la protesta contra los planes de ajuste y repudiamos la represión contra los que reclaman.

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