Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional Electo Izquierda Socialista/Frente de Izquierda Unidad
Hoy 30 de mayo fue detenido en Uruguay Sebastián Romero, militante del PSTU y uno de los participantes de la masiva movilización al Congreso en diciembre de 2017 cuando el gobierno de Macri votó con el aval del peronismo la ley de reforma jubilatoria. Una ley que ajustó a millones de jubiladas y jubilados por orden del FMI. Más de 100 mil personas repudiaron la ley, desatándose una feroz represión contra los manifestantes.
Romero es perseguido por hacerse público el hecho de tirar una bomba de estruendo, sin cometer delito alguno. Por ello existía un pedido de captura internacional y había una recompensa millonaria para atraparlo, que este gobierno a través de la ministra Friederic mantuvo.
Romero es un chivo expiatorio por parte del entonces gobierno de Macri y Patricia Bullrich para decir que fue una “movilización violenta” intentando encubrir de esa manera que se atacaba los ingresos de millones de jubilados. Como antes había hecho con el pueblo mapuche tildándolo de “terrorista”, en este caso Macri-Bullrich tildaban de “violentos” a quienes se manifestaban contra su plan de ajuste al servicio de los grandes capitalistas.
A Romero se le imputan una ristra de delitos como “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado”. En paralelo y a meses de este hecho se detuvo a Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero y militante también del PSTU, quien estuvo varios meses preso desde septiembre de 2018 por ser parte también de las jornadas del 14 y 18 de diciembre de aquel año, como forma de extorsión para lograr el encarcelamiento de Romero. Ruiz fue posteriormente liberado tras una amplia campaña exigiendo su libertad, por parte de organismos de derechos humanos, personalidades y la izquierda, entre ellos nuestro partido Izquierda Socialista.
Repudiamos la campaña contra los que luchan y exigimos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia el traslado de Sebastián Romero a Argentina y su inmediata libertad y el cierre de la causa que permitió su persecución. Los delincuentes eran los Ceos de Macri que gobernaban para los bancos y las multinacionales, no los trabajadores y luchadores. Ayer, como hoy, defendemos el derecho a la protesta contra los planes de ajuste y repudiamos la represión contra los que reclaman.
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