Cien alcaldes de todo el mundo se dieron cita en estas horas en la ciudad de Buenos Aires para discutir junto al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta una estrategia para llegar a la neutralidad de carbono en 2050. Sí, así planteado suena a un sketch humorístico, pero es real.

El gobierno de Juntos por el Cambio de CABA completamente cementada; de las megatorres sobre los humedales; de la demolición del patrimonio histórico; el gobierno que no invierte un centavo en la ampliación de la red de subterráneos para disminuir el caudal de vehículos particulares que circulan por la ciudad; ese gobierno va a hablar de combatir el calentamiento global.

Pero no solo Larreta va a hablar por estas horas, sino que también, por ejemplo, hizo uso de la palabra en el marco de la cumbre Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón (el partido que engloba a la ciudad de Mar del Plata), que recientemente acaba de dar su aval a la instalación de las petroleras off shore frente a sus costas que impulsa el gobierno peronista del Frente de Todos.

¡Verdaderos paladines de la lucha por la descarbonización!

Por “greenwashing” (algo así como lavado de cara verde) se hace referencia desde el movimiento socioambiental a las puestas en escena por parte de los gobiernos y las empresas para disfrazarse de ecológicas cuando la realidad de sus actos da cuenta de una lógica completamente contraria. De hecho, en buena medida, el movimiento juvenil que se organiza en todo el planeta a partir de las acciones que viene impulsando Greta Thunberg se pone de pie como reacción contra el “greenwashing” de las distintas cumbres mundiales en las que los gobernantes se reúnen a mostrar caras de compungidos mientras siguen dándole luz verde a los combustibles fósiles, el extractivismo, y todas las formas de depredación de la naturaleza.

Por eso, el viernes 21 de octubre nos hicimos presentes junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones al momento del cierre del C40 para llevar nuestros reclamos y denuncias y denunciar el carácter cínico de este evento.

Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Participamos de la audiencia pública sobre las petroleras en el mar, una de las que habrá por la segmentación que se hace en el debate según cada municipio, con nuestro compañero de Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista FIT-U, Nicolás Núñez.

También hicieron oír sus reclamos diversas organizaciones ambientalistas y, en forma personal, el artista Pedro Aznar. A continuación están las dos intervenciones.

Hace trece años que los vecinos autoconvocados contra Klaukol del barrio Las Mercedes de Virrey del Pino, La Matanza, encabezados por Susana Aranda, vienen denunciando la contaminación que provoca esta multinacional, que ya se llevó la vida de 150 vecinas y vecinos. La planta, enclavada en el barrio, fue catalogada con grado de contaminación tres por lo que se establece  que debe ubicarse por lo menos a ocho kilómetros de cualquier asentamiento urbano. En estos años se enfrentaron a la empresa, al gobierno del peronista Espinoza y a la justicia patronal, cómplice de la multinacional suiza.
Como un reflejo del avance de la tenaz lucha de los vecinos, hace algunas semanas se dio a conocer un informe del Centro de Investigación Ambiental del Conicet a cargo del bioquímico Andrés Porta, dirigido a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) en el que sostiene que las doce tolvas de la planta de Klaukol y que funcionan las 24 horas del día son responsables del 60% de las partículas contaminantes de sílice, aluminio y hierro que están depositadas en el área donde viven los vecinos.  

 El informe también señala que las partículas emitidas al medio ambiente están por encima de los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la propia provincia de Buenos Aires. De manera contundente el doctor Porta afirmó que: “no se está cumpliendo ningún tipo de reglamentación y “hay una ausencia del poder del estado de controlar que se cumpla la ley. Es una palabra fuerte, pero acá hay impunidad”. (Entrevista a Barricada TV, 24/9/2022).

Seguimos acompañando incondicionalmente el reclamo de los vecinos y decimos una vez más: ¡Fuera Klaukol de Virrey del Pino!

Ambiente en Lucha La Matanza                  

Escribe Daniel López Gauna

Las y los vecinos de La Reja Grande, San Enrique, Lomas Verdes y otros barrios aledaños al predio, están luchando para que esta planta no se instale frente a sus casas. Las instalaciones nos cumplen con las normas de zonificación, que están desactualizadas. Producirá un gran saldo negativo para la población, así lo señala el informe de impacto ambiental, en lo que refiere al aire, al agua y la modificación de la naturaleza y alrededores. El lugar pasaría a recibir una enorme cantidad de camiones con 600  toneladas de basura por día durante las 24 horas, para ser luego trasladada al colapsado Ceamse.  Como se trata de una planta de compactación de basura, sin ningún tipo de clasificación ni reciclado alguno de los residuos, la emanación de gases, olores nauseabundos y la producción de lixiviados  (sustancias líquidas entre residuos) serían inevitables.

 El único argumento de la intendenta peronista del Frente de Todos Mariel Fernández es abaratar costos al municipio, o sea que es parte del ajuste para seguir pagando deuda externa, además de ser un proyecto financiado con un préstamo del BID.

Los vecinos han cortado la ruta 25, hicieron asambleas, pintadas y la semana pasada se realizó un acampe impidiendo que entren camiones al Parque Industrial Ruta 25 parando la obra. Dicha medida fue reprimida con cientos de policías que amedrentaron a las y los vecinos que estaban  luchando. Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha además de acompañar y ser parte de las demandas en las calles, lleva el reclamo, una vez más, al Concejo Deliberante para que se trate el proyecto de relocalización presentado por Ángel Guerrero concejal de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Llamamos a seguir peleando en unidad contra este proyecto contaminante.

Escribe Sue Ceballos, Ambiente en Lucha Rosario (Izquierda Socialista e independientes)

Una masiva movilización se había llevado la semana pasada la promesa de que este jueves 29 habría dictamen por la Ley de Humedales. Pero el lobby de los empresarios y gobernadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio volteó el avance del proyecto que defienden las asambleas ambientales.

El pasado jueves 22 se llevó a cabo el Plenario de Comisiones en la Cámara Baja para discutir los proyectos Ley de Humedales. Una multitud de organizaciones socioambientales, políticas, autoconvocados e incluso delegaciones de otras localidades (como los que venimos de protagonizar el corte del puente Rosario – Victoria con más 10.000 personas) viajaron para defender el proyecto consensuado por más de 500 organizaciones de todo el país.

Como parte de esa movilización estuvimos también desde Ambiente en Lucha junto a nuestro diputado nacional electo, Juan Carlos Giordano, y también la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones.
El funcionamiento del Plenario de Comisiones  (Recursos Naturales, Economía, Agricultura y Ganadería) mostró una mayoría de intervenciones a favor de la Ley de Humedales, pero la firma del dictamen para que el proyecto pueda tratarse en la cámara de diputados fue frenada ante el pedido de Ricardo Buryaile (de la UCR y la Sociedad Rural Argentina) de “tiempo” para reflexionar sobre las propuestas en debate. Leonardo Grosso (Movimiento Evita - Frente de Todos), como presidente de la comisión de Recursos Naturales, accedió a dicha propuesta, y luego ante el activismo que se había movilizado esbozó la explicación de que si bien “los votos estaban”, con una semana más se conseguiría un dictamen favorable con más peso.

La realidad fue que los días siguientes fueron utilizados por la Mesa de Enlace y las corporaciones mineras para realizar un lobby furioso contra la ley. Los gobernadores (peronistas y macristas) impulsaron en sus legislaturas provinciales pronunciamientos contra el proyecto, como hizo Juan Schiaretti en Córdoba. Y la frutilla que coronó todo fue la suspensión de la nueva sesión que había sido convocada para este 29/9.

La Red Nacional por los Humedales definió esta maniobra como una traición. Está claro que el avance de esta ley sólo podrá venir como fruto de la movilización y la organización, no por regalo de ningún gobierno. No descansaremos hasta que sea ley.

Queremos la ley de humedales consensuada, no cualquier ley

El proyecto de Ley de humedales pretende defender un ecosistema que abarca el 21,5% del territorio argentino, el 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos y además son importantes reservorios de agua dulce. También cumplen la función de “esponja” nivelando el nivel del río previniendo inundaciones y almacenando más gases de efecto invernadero que ningún otro ecosistema, mitigando los efectos de la crisis climática producida por la depredación capitalista favoreciendo a las multinacionales del agronegocio, las mineras y el negocio inmobiliario. A su vez tenemos que considerar que, en nuestro país una buena parte de la reserva de litio se encuentra en humedales, en territorios donde habitan comunidades originarias o en zonas periglaciares.

Alrededor de diez proyectos están puestos en debate, entre ellos el que impulsa el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) de la mano del ministro Juan Cabandié y el gobierno peronista del Frente de Todos, también uno presentado por la oposición de Juntos por el Cambio. Estos proyectos están al servicio del lobby extractivista, eliminando muchos artículos y consideraciones del proyecto consensuado, modificando gravemente la definición de humedal, reduciendo el ámbito de la aplicación de la ley y los ecosistemas que protege, suprimen las expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “evaluación de impacto estratégica”, y “evaluación de impacto ambiental”, “preservación” y “enfoque ecohidro geomórfico”.

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, insistimos además con que deberían ser considerados la inclusión de los castigos penales para quienes comenten los crímenes ecocidas de los incendios sistemáticos, y garantizar la aplicación de la ley de la mano de organismos de consulta democráticos.