Apr 20, 2024 Last Updated 6:17 PM, Apr 19, 2024
En el marco de la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia, los y las vecinas del Barrio Acampe se manifestaron pacíficamente con carteles por el derecho a la vivienda. La policía de Melella actuó rápidamente montando un gran operativo para sacar del lugar a las familias que se manifestaban como lo vienen haciendo desde el año pasado. Es así como detienen a Juan Barrientos, vocero y miembro del Polo Obrero y del Partido Obrero, junto a la compañera Rita Sakuray.

Debemos decir que la crisis habitacional en Ushuaia y toda Tierra del Fuego es enorme y que los alquileres alcanzan costos exorbitantes que llegan a los $200.000 por mes. Inaccesible para cualquier familia trabajadora. La salida es un gran plan de obras públicas que garantice la vivienda y que se financie dejando de pagar la fraudulenta deuda externa al FMI.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda nos solidarizamos con la justa lucha de las familias ushuaienses; repudiamos el accionar represivo de la policía y del gobierno; y exigimos la inmediata libertad de la y el compañero.

 

Escribe Rodolfo Sánchez

Luego del desalojo violento de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, que terminó con varias mujeres presas, se comenzó a desarrollar una instancia de negociación en medio de la causa judicial. En Bariloche, el pasado viernes 10 participé como veedor designado por Izquierda Socialista, en la segunda reunión de la Mesa de Diálogo convocada por el juzgado que lleva el juicio contra el pueblo mapuche. De la reunión participaron el lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi), acompañados por voceros y representantes de otras comunidades de la región. También diversos organismos del Estado, Secretaría de Derechos Humanos, Parques Nacionales, Inadi y Seguridad. Además varios veedores, invitados por las partes. Izquierda Socialista fue invitada como veedora y acompañamos a la comunidad mapuche para fortalecer sus reclamos. En la primera reunión estuvo presente nuestra compañera Laura Marrone. En esta instancia entre los veedores estuvo la infatigable luchadora Norita de Cortiñas. Entre las dos reuniones de mesa, los representantes de las comunidades avanzaron y hasta participaron de una reunión con Alberto Fernández. El día anterior se conoció que la justicia prorrogó por noventa días el juicio oral a las cuatro mujeres de la comunidad.

Los puntos discutidos y supuestamente acordados (seguiremos peleando para que se cumplan) son: el regreso de la machi al Rewe (territorio de seis hectáreas recuperado por la Lof Lafken Winkul Mapu para fines de sanación), actualmente desalojado judicialmente. En el Rewe habrá tres espacios ceremoniales de construcciones (rucas). El Estado quiere hacer una construcción en la Ruta 40 para tener presencia estatal. El gobierno se comprometió a encaminar el reclamo de personería jurídica para la cesión de tierras a la comunidad. Por último, un punto difuso es que al principio la comunidad aceptó asentarse en otro predio, o sea que la Machi y sus acompañantes estarán en el Rewe y el resto en unos terrenos, a determinar lugar y extensión. El reclamo de cierre de la causa y la inmediata libertad de las presas sigue abierto.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad además de la pelea por estas reivindicaciones, seguiremos bregando para que se reconozcan territorios a las comunidades para que puedan desarrollar su modo de vida sin la persecución. Y no como ocurre hoy día a lo largo del país que es una constante pelea para que se aplique el relevamiento de tierras legislado, mientras que a magnates como Joe Lewis se le conceden cientos de miles de hectáreas boscosas y el control del Lago Escondido, o se deja avanzar a los representantes de la monarquía qatarí con la apropiación de las nacientes del Río Chubut contra la resistencia de la comunidad mapuche local.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos las gravísimas declaraciones de José Luis Espert pidiendo “cárcel o bala” contra Eduardo Belliboni. El mismo es un llamado abierto a atentar contra la vida de nuestro compañero. Se trata de un ataque fascista sin atenuantes.

La afirmación de José Luis Espert “cárcel o bala para vos, Belliboni” en la red social twitter es una amenaza de muerte y al mismo tiempo, una instigación a cometer un atentado político de características fascistas.
Espert instiga a un asesinato en el marco de una nueva serie de ataques contra el movimiento piquetero combativo, alimentada desde el Ministerio de Desarrollo Social para eludir su responsabilidad por las 160.000 bajas contra el programa potenciar trabajo en un cuadro de pobreza en aumento.

Esta ofensiva que se refuerza con causas penales y persecución en todo el país, no apunta solamente contra los desocupados, sino que busca allanar al camino a nuevos golpes al salario, los derechos laborales y las jubilaciones.
Llamamos a rodear de solidaridad la lucha piquetera y a derrotar la ofensiva de ajuste promoviendo la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados.

Escribe Nicolás Núñez, dirigente de Izquierda Socialista/FIT-U

Los últimos días tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación la detención en El Bolsón del lonko Facundo Jones Huala, y las celebraciones al respecto en las que no hubo grietas entre el peronismo del Frente de Todos, la oposición patronal de Juntos por el Cambio, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Sobre Jones Huala no pesaba pedido de detención alguno, y los cargos por los que fue retenido resultan excarcelables. Pero a pesar de ello, hoy continúa privado de su libertad y se enfrenta a la posibilidad de una extradición que lo lleve nuevamente a las cárceles chilenas. Algo que es posible gracias a que el gobierno del supuesto “izquierdista”, Gabriel Boric, intercedió para que Interpol dictamine una “Alerta Roja” sobre Huala, e inició los trámites legales para que sea trasladado del otro lado de la cordillera.

Hay que recordar que Facundo Jones Huala fue imputado por la justicia chilena en una causa donde se lo involucra en sucesos acontecidos en 2013 sin haber sido probada su presencia en el lugar de los hechos. Habiendo sido detenido en 2017 en Argentina, la lucha del Pu Lof Resistencia Cushamen por su liberación dio lugar a una serie de protestas y cortes de ruta, duramente reprimidos por el gobierno macrista, y en los que el accionar de la gendarmería terminó con la vida de Santiago Maldonado.

Su actual detención hay que vincularla con la feroz campaña de estigmatización, criminalización y violencia contra las comunidades mapuche que se desataron a ambos lados de la cordillera, tanto con gobiernos de centro derecha o “progres”, con Piñera y Boric, con Macri y los Fernández (Alberto y Cristina). Y que además de la reciente detención de Jones Huala, también incluye la privación de la libertad de las presas políticas mapuche que se encuentran detenidas desde octubre del año pasado.

El discurso y la política xenófoba que vemos desplegarse en nombre de “defender la Patagonia de la apropiación mapuche” resulta, tanto una negación de la historia real de territorios constituidos en base al despojo y el genocidio de los pueblos originarios, como una impostura completa en la boca de quienes nada dicen de la apropiación del británico Joe Lewis de Lago Escondido, o las tierras que están cercando ilegalmente representantes de la dictadura qatarí en las nacientes del Río Chubut. En este último caso, son justamente representantes del Lof Cayunao quienes alertan sobre esta apropiación de bienes comunes que afectaría al conjunto de las comunidades locales cuyo acceso al agua depende de dicho río.

En nombre de Izquierda Socialista/FIT Unidad, los diputados nacionales electos Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer rechazaron la extradición y reclamaron la liberación de Facundo Jones Huala y del conjunto de las y los presos políticos del pueblo mapuche, así como también el fin de la criminalización y los discursos de odio xenófobos. Es urgente el cumplimiento de la Ley 26.610 de Emergencia Territorial Indígena y la reparación histórica de las comunidades que hoy son avasalladas para entregarle sus tierras al capital extranjero, los negociados inmobiliarios, mineros y del agronegocio.

 

 

Nahuel y Aaron eran primos. Tenían catorce y quince años respectivamente y vivían en el barrio Los Ceibos, en González Catán. El lunes 15 de enero fueron acribillados por policías de la Comisaría de Villa Dorrego.

Según los testigos, fueron a buscar un cargador de celular a lo de su tía, a una cuadra y media de su casa. Después se escuchan siete disparos, y uno de los amigos de Nahuel gritó: ‘María, le pegaron a Nahuel’. Los testigos cuentan que eran policías en un auto gris; uno se bajó, le disparó primero a uno y luego al otro.

La causa está en manos del Juzgado de Menores de San Justo, pero la familia de las víctimas denuncia que no avanza. Por eso el miércoles pasado se realizó una movilización en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 32, para exigir que la investigación se acelere. “La policía siempre pasaba y le decía cosas a los pibes que estaban sentados en la esquina. A mi sobrino, cuando caminaba por la calle, le decían `subite a la vereda, negro de mierda´. Así tratan a todos los pibitos”, cuenta María, que define a su hijo como “un chico bueno, sin maldad, al que le gustaba jugar a la pelota, salir y juntarse con los amigos”. “Estamos todos devastados, es algo que no puedo explicar. Cuando cortamos la ruta se sumaron muchos vecinos, en el barrio hay muchos chicos de la misma edad y tenemos miedo de que esto vuelva a pasar”, finaliza. Exigimos justicia por Aaron, por Nahuel. Basta de gatillo fácil. El gobierno nacional, el provincial de Kicillof y el intendente de La Matanza Fernándo Espinoza son responsables.     

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