A través de un comunicado, la CGT, con la firma de sus cosecretarios generales Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, señaló: “Nuestro gobierno mantuvo con firmeza el compromiso de defender las políticas sociales, laborales y de seguridad social de nuestro país, y por ello expresamos nuestro apoyo al acuerdo”. Y agregó: “El peronismo vuelve a demostrar que es posible superar las peores crisis, sin resignar derechos sociales, sin ajustes ni devaluaciones, defendiendo el interés nacional pero por sobre todo cobijando a los que menos tienen”.

Por su parte, la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, aseguró que el acuerdo alcanzado con el FMI evitó que “el país cayese en default y quedara a expensas de una corrida cambiaria y de presiones económicas y financieras de los sectores dominantes, que el campo popular difícilmente hubiese podido neutralizar”.

Vergonzoso por donde se lo mire.

El diputado provincial derechista y antiobrero José Luis Espert, después de venir reclamando que era una locura que no se haya acordado aún con el FMI, quejándose hace semanas de por qué todavía el gobierno no había mandado la ley para votarla en el Congreso, ahora manifestó su oposición porque no impone “cambios en la legislación laboral, sin reducción de impuestos, sin baja drástica del gasto público populista”. Y por si no quedara claro a quién defiende, dijo: “No digan más que Macri hizo un mal arreglo”, o sea, defensor a ultranza del empréstito mafioso Macri-FMI de 2018. A este dinosaurio no le alcanza con el ajuste actual, pide más.

Por su parte, el libertario ultracapitalista Javier Milei, después de venir diciendo previo a las elecciones que “apoyaría un acuerdo con el FMI”, ahora adelantó que no está dispuesto a convalidarlo. “El anuncio de programa de Guzmán está en perfecta línea con la defensa de la casta política. Pretenden que el despelote central de Argentina, el déficit fiscal, se arregle vía crecimiento para que no tenga que haber ajuste en la política ni siquiera en términos reales”.

Estos personajes quieren arreglar el déficit fiscal atacando a los trabajadores y dando más ganancias a los capitalistas. No te confundas si los ves hablar en contra.

Alberto Fernández recibió el apoyo de ex presidentes del supuesto progresismo y del Grupo de Puebla a su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A fines de enero, diez ex presidentes de América Latina, entre ellos Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Evo Morales, entre otros, firmaron una carta pública en la que solicitaban al Fondo Monetario Internacional que “asuma la responsabilidad” por haber otorgado en 2018 “el crédito récord” bajo el gobierno de Mauricio Macri. Luego Lula escribió en su Twitter tras la firma del acuerdo: “Me alegro mucho que el gobierno argentino lograra negociar un acuerdo que preserve la soberanía, el desarrollo y la justicia social”. O sea, Lula se suma a la campaña mundial de que había que pagar y que el pacto con el FMI traerá bondades.

El Grupo Puebla, por su parte, conformado por ex presidentes y dirigentes del falso progresismo, denominados del progresismo o de centroizquierda, celebró el acuerdo. En un comunicado dijo: “El Grupo de Puebla celebra el acuerdo alcanzado por el Presidente Alberto Fernández, el Ministro Martín Guzmán y todo el gobierno progresista de la Argentina con el Fondo Monetario sin políticas de ajuste”. Y sigue: “Este acuerdo permitirá que la Argentina pueda implementar sus políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social en favor de su pueblo”.

El beneplácito fue firmado por veinte personalidades: entre ellos Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (Estado Español), Martín Torrijos (Panamá), Fernando Lugo (Paraguay), Daniel Martínez (Uruguay), Esperanza Martínez (Paraguay), Aloizio Mercadante (Brasil), Gabriela Rivadeneira (Ecuador), Celso Amorim (Brasil), Ricardo Patiño (Ecuador), Marco Enríquez-Ominami (Chile), Rafael Michelini (Uruguay), Iván Cepeda (Colombia), José Miguel Insulza (Chile) y Camilo Lagos (Chile).

Con deseos explícitos de que el socialismo vuelva al poder en la región, el Grupo de Puebla va por la vía del diálogo con el Fondo al que, por ejemplo, le pidió revisión de la política de sobretasas.

Lula, los ex presidentes latinoamericanos y el Grupo de Puebla se suman al coro para lavarle la cara al gobierno ajustador de Alberto Fernández y al FMI. Su discurso es una consciente contradicción. Bajo la tutela del FMI no hay ninguna posibilidad de resolver siquiera alguno de los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos. Por el contrario, se profundizarán. El FMI es un organismo al servicio de los intereses del imperialismo y las grandes multinacionales saqueadoras y ecocidas. Esto prueba que estos personajes no solo no tienen nada que ver con la izquierda, sino que, llegados al poder, seguirán aplicando planes de ajuste para servir al imperialismo.

Nelso Bigo

En la inauguración de sesiones de la legislatura de Córdoba, nuestra legisladora y docente Noelia Agüero (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) exhibió un cartel con las consignas: “No al acuerdo con el FMI - No a los pagos de la deuda externa”. Noelia denunció al gobernador peronista no K, Juan Schiaretti, por defender una política que “garantiza mayores ganancias a los grandes grupos empresarios para quienes pidió eliminarles las retenciones”.  Y señaló que “no dijo una palabra del reciente acuerdo mafioso con el FMI”, mostrando un silencio cómplice. Y que el gobernador mantiene en el “presupuesto anual el robo a los jubilados que continúan sin el 82% móvil, la toma escandalosa de deuda para obras faraónicas mientras, miles de ciudadanos padecen la falta de agua y los centros de salud carecen del personal en medio de la tercera ola del Covid”. En Córdoba se volvió a aumentar el boleto de transporte urbano y los impuestos que tanto Schiaretti como Llaryora hicieron aprobar en la Legislatura y Concejo Deliberante, respectivamente.

Este 8 de febrero también se ganaron las calles en esa provincia, en contra del acuerdo con el FMI y el pago de la deuda. “Porque Córdoba no es una isla”, sentenció Agüero, presentando a su vez un proyecto de declaración en la legislatura rechazándolo de plano.

Escribe Guillermo Sánchez Porta  Izquierda Socialista/FIT Unidad

El 4 de febrero decenas de personas llegaron a distintos hospitales del Gran Buenos Aires envenenados por cocaína adulterada. Esta semana ya hay fallecidos e internados en Rosario. Hace falta investigar a fondo y juzgar a todos los responsables de esta nueva masacre narco.

En menos de 24 horas habían fallecido más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que fue porque se estaba vendiendo cocaína adulterada, que causaba parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de ocho municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis se repartieron ni hasta dónde llegó. Esta semana aparecieron heridos y muertos por la cocaína adulterada en Rosario. Y no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni dijo en TV que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten unas 200.000 dosis de cocaína, lo que generarían unos 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería, en su máxima expresión, representada por el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), intentando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras! El “Paisa” y miles más forman parte de esa cadena narco, pero no tienen el poder y la estructura para organizar toda esa magnitud de tráfico. Los verdaderos “capos” narcos son los que se ven en los countries y estancias multimillonarias en distintos puntos del país, con mansiones y autos de lujo. Los que lavan miles de millones en bancos y paraísos fiscales. A ellos y a sus funcionarios, policías y jueces cómplices, hay que investigar.

A los gobernantes del Frente de Todos y de Juntos no les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de alguno de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado, denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero están lejos de las posibilidades de los sectores populares. Son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y costoso.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas enfermedades públicas. Debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.