Escribe Mariano Barba

Detrás del debate generado en el interior del Frente de Todos por el control y el manejo de los planes no se esconde nada progresivo, ya que ni la propuesta de Alberto ni la de Cristina Kirchner buscan resolver el problema de la desocupación con trabajo genuino.

El movimiento piquetero combativo viene dando una enorme pelea contra la pobreza creciente que impone el gobierno del Frente de Todos. Exige la extensión de los planes, más y mejor mercadería para los comedores y trabajo genuino. Por el lado del gobierno, los planes sociales también protagonizan una de las tantas peleas, pero solo por quién maneja los millonarios fondos. El plan Potenciar Trabajo superan los 300 mil millones de pesos anuales. En la actualidad alcanzan solo 19.450 pesos mensuales para cada inscripto, un valor de indigencia. El FMI aplaude estos valores como parte del ajuste pactado con el gobierno peronista, con quién acordó también que no habrá nuevos planes.

Con el drama de la desocupación y la pobreza, el manejo de los planes y subsidios sociales se ha transformado en un botín en disputa entre el kirchnerismo de Cristina, Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque, nucleados en La Cámpora, contra sectores del Frente de Todos encabezados por el presidente y organizaciones sociales como el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dirigida por Juan Carlos Alderete del PCR.  Varios de esos dirigentes son funcionarios del gobierno. Pérsico es el actual Secretario de Economía Social, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de Juan Zabaleta que se encarga de administrar el plan Potenciar Trabajo. Dicho ministerio acaba de resolver un incremento del presupuesto para el mencionado plan, que ascendería a 304 mil millones de pesos, y el valor pasaría a 22.770 pesos mensuales para cada beneficiario. Una verdadera miseria. Existen en la actualidad 1.271.215 titulares activos de Potenciar Trabajo, de los cuales cerca de 1.000.000 son manejados por las organizaciones sociales afines al gobierno, unos 200.000 por los intendentes y unos 90.000 por los piqueteros combativos.

¿Qué propone Cristina? Que esa masa de dinero y el listado de los beneficiarios lo manejen los intendentes del conurbano y los gobernadores y no las organizaciones sociales. De esa manera controlaría un nuevo padrón de cara a la interna política para el 2023. Y no es poco porque en la provincia de Buenos Aires el número de planes asciende a 650.000. La experiencia piloto ya comenzó en el municipio de Avellaneda gobernado por el Frente de Todos.

Trabajo genuino y un seguro al desempleo para vivir

La Cámpora quiere avanzar aún más en el control de los subsidios a los desocupados. “Lo de fondo es concretar una política de ingreso”, declaró Larroque, basándose en un proyecto de Juan Grabois apoyado por los intendentes encolumnados con Máximo Kirchner. Lo denominan Salario Universal Básico, fue presentado en mayo de este año por los tres diputados nacionales de Patria Grande y cuenta con el acompañamiento de otros once legisladores del Frente de Todos. Según el proyecto “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal…”, y será de  “13.000 pesos por mes para alrededor de 9 millones de personas”. Esta es la verdadera cara cruel del proyecto, ya que los 13.000 pesos solo servirán para consolidar la pobreza. Nada progresivo.

Desde Izquierda Socialista decimos que bien podría haber un Seguro al Desempleado por un monto mínimo equivalente a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil  (91.080 pesos), que se aproxime a cubrir gran parte de la canasta familiar. Pero la salida de fondo pasa por generar los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan. Un plan para  la construcción de 500.000 viviendas daría ocupación a dos millones de personas en forma directa y empezaría a resolver el déficit habitacional del país. También iría en ese camino la construcción de escuelas y hospitales. ¿De dónde sacar los fondos? Del no pago de la deuda al FMI y a los acreedores privados. Ni el gobierno de Alberto, ni el proyecto que respalda Cristina, ni las propuestas del Juntos por Cambio contemplan esta alternativa, porque todos están de acuerdo en priorizar el pago al FMI y los fondos buitres.

Escribe Mariano Barba

El último censo registró un crecimiento de la población de alrededor de 4,5 millones de habitantes en relación a diez años atrás. Pero el dato que muestra la parálisis en la que nos sumieron todos los gobiernos patronales es que la cantidad de asalariados registrados es igual que hace diez años atrás, unos seis millones. Es decir, no hay crecimiento del asalariado en blanco. Además hay tres millones de empleados públicos, cerca de cuatro millones de monotributistas (la mayoría en las escalas más bajas) y 400.000 autónomos. En total los registrados suman 13 millones, sobre una población activa de 23 millones de personas económicamente aptas para trabajar.

Estos datos de la actual realidad indican que existen en total casi diez millones de personas entre trabajadores precarizados y desocupados. Como la gran mayoría recibe un plan social o un ingreso vía AUH y la Tarjeta Alimentar, no son considerados por el Indec como desocupados. De esa forma el Indec anuncia que estamos con una desocupación que solo asciende al 7%.

Esta situación favorece enormemente a los empresarios ya que están habilitados por el gobierno para que sigan empleando en condiciones precarias, fuera de convenio, con renovación infinita de los contratos a término y con acuerdos por empresas que tiran por la borda conquistas de los últimos setenta años, como los que aplican en la industria automotriz acordados entre la conducción del Smata y los empresarios; o la que se aplicó en los últimos tres años en el petróleo permitiendo el avance del saqueo por parte de las multinacionales asociadas a YPF. Gran parte de estas modificaciones en el trabajo fueron motorizadas por el gobierno peronista de Carlos Menen, que en la década del ‘90 impuso, de la mano del ministro Domingo Cavallo y con la complicidad de la burocracia sindical, la privatización de todas las empresas públicas como teléfonos, ferrocarriles, obras sanitarias, YPF, electricidad, aeropuertos, aerolíneas entre otras. Todo ese cambio, que abrió el camino a la precarización laboral, nunca fue modificado por ninguno de los gobiernos posteriores entre los que están los doce años de kirchnerismo.

Para terminar con este descalabro que lleva a mayor desocupación y miseria necesitamos un plan económico alternativo que comience con el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI, para volcar todos estos recursos a la auténtica creación de trabajo genuino.
 

El diputado de la Libertad Avanza sumó una propuesta a su programa de vender órganos, arancelar la educación pública, eliminar la obra pública y más flexibilización laboral: “vender niños”.

En una entrevista afirmó, respecto a la venta de niños, “depende de en qué términos estés pensando”. El dirigente libertario cada día es más claro en su capitalismo extremo. Si a muchos le resultan llamativas sus declaraciones recientes, es porque expresan sin tapujos lo que empresarios, multinacionales y el FMI no se atreven a decir pero piensan y pretenden.

El capitalismo es saqueo y nos lleva a la barbarie, como lo venimos denunciando en nuestras páginas.

Escribe Mariano Barba

Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ya son 23 las provincias en las que el transporte de cargas registra dificultades para abastecerse de combustible. La única provincia sin problemas de abastecimiento es Tierra del Fuego. En 16 de esas provincias el suministro de combustible es nulo o casi nulo.

Los transportistas autoconvocados, dueños de uno hasta cuatro camiones, son los que se plantaron ante la falta de combustible, exigiendo también otras mejoras sobre el precio de los fletes y el costo de los trámites sobre credenciales para circular. A esto hay que sumarle la semi parálisis que está generando en el agro, donde se está terminado la cosecha gruesa y empezando con la siembra para la próxima cosecha de trigo, avena y cebada.

La protesta la ejercerán en casi todas las rutas del país durante varios días, también realizaron una concentración y acto en el centro de la ciudad de Buenos Aires y amenazan con un paro por tiempo indeterminado permaneciendo en las rutas desde la próxima semana.

La situación actual es de extrema gravedad para la economía, ya que en nuestro país casi el 90 % de la producción se mueve en camión desde el desmantelamiento de los ferrocarriles que provocó Menem. En el mercado negro se paga el litro de gasoil alrededor de los 300 pesos, igual que se paga en Estados Unidos. La responsabilidad de la escasez hay que buscarla en la entrega de Vaca Muerta a las multinacionales desde el 2013 bajo el gobierno de Cristina, a través del acuerdo con Chevron con cláusulas secretas. Las empresas priorizan la exportación y dejan sin combustible al país.
El gobierno busca arreglar el faltante importando gasoil (pagando casi dos dólares el litro) y subiendo la cuota de biodiesel producido a partir del aceite de soja. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos terminar con el faltante y la carestía de los combustibles con la reestatización de la totalidad de YPF y de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores y respetando las comunidades originarias.

Escribe Monserrat “Tata” Gayone

Delegaciones de la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca, de las Asambleas por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, Necochea, Quequén, Miramar, y compañeras de Viedma y Las Grutas, nos reunimos entre el 16 y el 18 de junio a discutir cómo continuar la pelea contra la instalación de las petroleras mar adentro.

Se inició con la presentación de la exposición de fotografías “Fracking en Vaca Muerta” de Pablo Piovano en la Biblioteca Rivadavia, donde podrá visitarse hasta el 30 de junio. Continuó el 17 con el encuentro de las delegaciones de las asambleas, que se reunieron para intercambiar experiencias de lucha y analizar la situación de cada localidad. El cierre de la jornada fue una charla pública con decenas de asistentes, que contó con la participación de Víctor Quilaqueo del Observatorio Petrolero Sur y Emilce Heredia Chaz de la Universidad Nacional del Sur.

El sábado 18 se realizó el “Toxitour”, un recorrido por el polo petroquímico instalado en Puerto Galván y el puerto de Ingeniero White, rigurosamente vigilado al punto que ya no tenemos acceso al mar, apenas podemos mirarlo desde “El balcón”. Allí nuestros visitantes pudieron apreciar el impacto que tiene en la región el mencionado, afectando tanto la pesca artesanal y los ecosistemas costeros como el derecho a respirar aire puro y disfrutar del mar. Por otra parte, Puerto Rosales se ha transformado en los últimos años en el mayor puerto exportador de hidrocarburos del país. Llega petróleo desde Vaca Muerta y Comodoro Rivadavia y sigue creciendo a pasos agigantados en detrimento de las playas y la calidad de vida de las poblaciones locales. Concluimos la jornada restaurando el mural que fue realizado en memoria de los jóvenes obreros que murieron trabajando para el polo o el puerto, víctimas de la precarización laboral.

El encuentro permitió conocer los procesos de lucha contra el extractivismo que se han ido ampliado desde la dictadura y lo siguen haciendo hoy bajo el gobierno del Frente de Todos, con políticas que ponen en jaque las actividades económicas regionales, especies en riesgo como la ballena franca austral, y la biodiversidad general de nuestras costas.

Desde la Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca seguimos trabajando sobre el tema, compartiendo materiales, documentos y bibliografía, en camino a organizar una jornada de formación en Suteba para impulsar en nuestras escuelas un proyecto de educación ambiental enfocado en la defensa del mar y contra el extractivismo.