Escribe Mariano Barba

Detrás del debate generado en el interior del Frente de Todos por el control y el manejo de los planes no se esconde nada progresivo, ya que ni la propuesta de Alberto ni la de Cristina Kirchner buscan resolver el problema de la desocupación con trabajo genuino.

El movimiento piquetero combativo viene dando una enorme pelea contra la pobreza creciente que impone el gobierno del Frente de Todos. Exige la extensión de los planes, más y mejor mercadería para los comedores y trabajo genuino. Por el lado del gobierno, los planes sociales también protagonizan una de las tantas peleas, pero solo por quién maneja los millonarios fondos. El plan Potenciar Trabajo superan los 300 mil millones de pesos anuales. En la actualidad alcanzan solo 19.450 pesos mensuales para cada inscripto, un valor de indigencia. El FMI aplaude estos valores como parte del ajuste pactado con el gobierno peronista, con quién acordó también que no habrá nuevos planes.

Con el drama de la desocupación y la pobreza, el manejo de los planes y subsidios sociales se ha transformado en un botín en disputa entre el kirchnerismo de Cristina, Máximo Kirchner y el “Cuervo” Larroque, nucleados en La Cámpora, contra sectores del Frente de Todos encabezados por el presidente y organizaciones sociales como el Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dirigida por Juan Carlos Alderete del PCR.  Varios de esos dirigentes son funcionarios del gobierno. Pérsico es el actual Secretario de Economía Social, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de Juan Zabaleta que se encarga de administrar el plan Potenciar Trabajo. Dicho ministerio acaba de resolver un incremento del presupuesto para el mencionado plan, que ascendería a 304 mil millones de pesos, y el valor pasaría a 22.770 pesos mensuales para cada beneficiario. Una verdadera miseria. Existen en la actualidad 1.271.215 titulares activos de Potenciar Trabajo, de los cuales cerca de 1.000.000 son manejados por las organizaciones sociales afines al gobierno, unos 200.000 por los intendentes y unos 90.000 por los piqueteros combativos.

¿Qué propone Cristina? Que esa masa de dinero y el listado de los beneficiarios lo manejen los intendentes del conurbano y los gobernadores y no las organizaciones sociales. De esa manera controlaría un nuevo padrón de cara a la interna política para el 2023. Y no es poco porque en la provincia de Buenos Aires el número de planes asciende a 650.000. La experiencia piloto ya comenzó en el municipio de Avellaneda gobernado por el Frente de Todos.

Trabajo genuino y un seguro al desempleo para vivir

La Cámpora quiere avanzar aún más en el control de los subsidios a los desocupados. “Lo de fondo es concretar una política de ingreso”, declaró Larroque, basándose en un proyecto de Juan Grabois apoyado por los intendentes encolumnados con Máximo Kirchner. Lo denominan Salario Universal Básico, fue presentado en mayo de este año por los tres diputados nacionales de Patria Grande y cuenta con el acompañamiento de otros once legisladores del Frente de Todos. Según el proyecto “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal…”, y será de  “13.000 pesos por mes para alrededor de 9 millones de personas”. Esta es la verdadera cara cruel del proyecto, ya que los 13.000 pesos solo servirán para consolidar la pobreza. Nada progresivo.

Desde Izquierda Socialista decimos que bien podría haber un Seguro al Desempleado por un monto mínimo equivalente a dos Salarios Mínimo Vital y Móvil  (91.080 pesos), que se aproxime a cubrir gran parte de la canasta familiar. Pero la salida de fondo pasa por generar los millones de puestos de trabajo genuino que se necesitan. Un plan para  la construcción de 500.000 viviendas daría ocupación a dos millones de personas en forma directa y empezaría a resolver el déficit habitacional del país. También iría en ese camino la construcción de escuelas y hospitales. ¿De dónde sacar los fondos? Del no pago de la deuda al FMI y a los acreedores privados. Ni el gobierno de Alberto, ni el proyecto que respalda Cristina, ni las propuestas del Juntos por Cambio contemplan esta alternativa, porque todos están de acuerdo en priorizar el pago al FMI y los fondos buitres.