Escribe Federico Novo Foti
 
El 12 de mayo la diputada “libertaria” Victoria Villarroel presentó un proyecto para derogar la ley 26.160, iniciativa que fue acompañada por Javier Milei, José Luis Espert y un grupo de diputados de PRO. La ley, que data de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras de las comunidades originarias. Fue conquistada tras el reclamo de pueblos originarios. La misma ordena hacer el relevamiento de tierras, pero en 16 años solo se logró el 50% del mismo bajo los gobiernos peronista-kirchnerista y el macrismo. Y señala que mientras tanto no puede haber desalojos. Es por eso que en noviembre y diciembre del año pasado organizaciones de pueblos originarios como Opinoa y EPI Kamba realizaron movilizaciones y un acampe frente al Congreso nacional para exigir una nueva prórroga de la ley. El Frente de Todos se negó y la prorrogó por decreto, sembrando incertidumbre sobre la legalidad de la medida. Del reclamo participaron solo los diputados de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer, y referentes ambientalistas de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). Ahora los libertarios vuelven a la carga intentando derogar la norma, argumentando que hay que “detener las usurpaciones de los mapuches”.

Esta iniciativa surge como reacción a la lucha originaria que logró este mes el fallo judicial que reconoce la propiedad comunitaria mapuche del Lof Millalonco Ranquehue sobre tierras ubicadas en las afueras de Bariloche, y en momentos en que se da el histórico fallo que reconoció que la “Masacre de Napalpí” (Chaco), perpetrada en julio de 1924 contra 500 originarios Qom y Moqoit, fue un “delito de lesa humanidad” cuyos responsables fueron policías y civiles comandados por el entonces gobernador radical y empresario algodonero Fernando Centeno.

Milei, Espert y los libertarios se suman al coro de macristas y peronistas que están al servicio de los grandes terratenientes, en su mayoría extranjeros, como Lewis y el Grupo Benetton, los empresarios del desmonte y las multinacionales mineras y petroleras que están detrás de los desalojos y la persecución a los pueblos originarios.

   

Escribe Claudio Funes

El pasado viernes, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió en La Matanza para debatir cómo será el funcionamiento de las políticas sociales ante un eventual nuevo gobierno de la alianza. Participaron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Miguel Pichetto y muchos otros. Pero el dato sobresaliente fue la ausencia de Mauricio Macri. A esa misma hora el ex presidente estaba reunido con Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de diputados disidentes del radicalismo.

Tironeado por el discurso de Milei, el ex presidente viene insistiendo en que el PRO debe recuperar su identidad y tomar distancia del radicalismo. Morales, el titular de la UCR, le contestó: “Hay Juntos por el Cambio con el radicalismo adentro, aunque a algunos les guste más o menos”.

Más allá de la fuerte interna por la candidatura presidencial, que es una constante en la alianza opositora, en esta reunión todos coincidieron en identificar como enemigo a las organizaciones sociales.

Así lo expresan en el documento final: luego de hacer un análisis de la extrema pobreza en nuestro país, omitiendo su responsabilidad en el gran crecimiento, plantean que el gasto en promoción y asistencia social representa un 5,2 % del gasto total y un 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), a través de dos grandes líneas: el programa Potenciar Trabajo y las prestaciones alimentarias. De ello deducen que el Estado debe volver a tomar la dirección de la política social de manera directa y terminar con el “clientelismo político”. En síntesis, lo que propone Juntos por el Cambio es quitar del medio a las organizaciones sociales, a las que hacen responsables de la actual crisis. Los enfrentamientos en la alianza de Juntos por el Cambio continuarán, pero todos coinciden en un punto fundamental: aplicar un feroz ajuste en el menor tiempo posible. Juntos por el Cambio no es opción para los trabajadores, los sectores populares y la juventud. Ya gobernaron y demostraron que lo hicieron para los ricos.

Escribe Mariano Barba
 
El miércoles 18 fue feriado a efectos de atender en nuestras casas al censista. Más de un 40 % se censó digitalmente los días previos. La población creció un 18 % en relación al censo anterior, alcanzando a 47.327.407. La lamentable conclusión es que somos más pobres que en el 2010. En las últimas décadas creció la pobreza cada vez que nos censamos.
 
El censo sirve para saber cuántos somos en el país y otros datos de interés social. Según Victoria Mazzeo, docente  de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el “censo muestra una cuestión estructural del país que es necesaria cada tantos años para saber con qué piso de calidad de vida están viviendo los habitantes[…] y permite ver si hubo mejoras o dónde hay que hacerlas.”  Justamente observando la situación económica del país podemos concluir que cada censo de los últimos cincuenta años mostró que la pobreza creció década tras década. Los porcentajes de la pobreza estructural crecieron, es decir trabajadores y sectores populares perdieron calidad de vida, nivel de ingreso y conquistas que habían logrado con enormes luchas. Veamos cómo crecieron los porcentajes de pobreza cada diez años, según cada censo: en la década de 1970 la pobreza promedio fue de 5,7%; en la década siguiente se multiplicó por cuatro al pasar al 19,6%; en la década de 1990 creció al 26,4%, mientras que en la década del 2000 el salto volvió a registrarse al establecerse en niveles de 36,4%. Es decir que en cada censo creció la población y creció también el porcentaje de pobres, llegando en la actualidad al 37,3 %.   
 
Los gobiernos son los responsables

Los últimos cincuenta años en los que creció la pobreza fueron gobernados por casi todas los partidos políticos patronales, empezando por el peronismo de Juan Perón e Isabel, luego la dictadura militar (donde pegó un salto la deuda externa), posteriormente el radicalismo con Raúl Alfonsín, quien terminó en la hiperinflación y entregando el gobierno con anticipación; a continuación la década de Carlos Menen y Cavallo, que privatizó todas las empresas públicas dejando un tendal de desocupados; le siguió De la Rúa, presidente por la Alianza de radicales y el Frepaso, que huyó en helicóptero tras el Argentinazo y más de treinta muertos por represión; a ellos les siguieron los catorce años de gobierno peronistas con Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Por su mala gestión y alta inflación , estos últimos perdieron ante Mauricio Macri de Juntos por el Cambio (PRO y radicales), quien contrajo una deuda con el FMI de 50.000 millones de dólares que ahora está pagando el gobierno peronista del Frente de Todos, encabezado por Alberto y Cristina.

Todos estos gobiernos patronales generaron más pobreza y marginalidad. Aplicaron ajuste tras ajuste, pagaron religiosamente la deuda externa, fueron responsables de varias crisis económicas agudas que descargaron sobre los trabajadores, descapitalizaron el país privatizando las empresas públicas y nunca las reestatizaron (solo lo hicieron parcialmente con YPF), precarizaron el trabajo y reprimieron muchas luchas de trabajadores, barriales y estudiantiles, llegando tener en el gobierno de Cristina más de 6.000 luchadores procesados. Es que las crisis económicas generan un mayor número de excluidos de los procesos de producción y trabajo, más pobres cada vez más pobres, y ricos cada vez más ricos.
Para salir de este círculo destructivo y hambreador que imponen los gobiernos patronales de todas las fuerzas burguesas, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos un cambio con medidas de fondo. Comienza por dejar de pagar la deuda externa, romper con el FMI y poner todos esos recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares. Hace falta un programa contra el sistema capitalista que solo podrá llevarse adelante por un gobierno de las y los trabajadores, que luche por el socialismo.

Escribe Mariano Barba

El resultado provisorio del censo arrojó que  hay 47.327.407, un millón más que la última proyección del Indec previa al censo. Para el periodista Raul Kollman, (Página12, 23/05/22), la explicación la da el doctor en Geografía, Pablo Paolasso, cuando afirma que: “Eso ocurrió durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y también en los años ´70, durante el segundo gobierno y ahora con la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde el 2009 en adelante”. Como justificación política es una buena ensalada para justificar al peronismo. La realidad es muy distinta. En el primer gobierno de Perón las conquistas de derechos de la clase trabajadora sirvieron para mejorar realmente el nivel de vida. En cambio en la década del ‘70 Perón enfrentó a los trabajadores y quitó conquistas. Y mucho peor en la última década donde la pobreza pegó un salto y con AUH incluída la estadística actual indica un 40% de pobreza y más de tres millones de indigentes. El Indec informó que la pobreza infantil alcanzó el 51,4% a finales del 2021 y afectó a 5,5 millones de menores de catorce años.

Tampoco es cierto que se tengan más hijos porque gobierna el peronismo, ya que desde el 2010 al 2020 ocurrió lo opuesto. La Tasa de Natalidad en Argentina (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) bajó del 18,5, al 14,8%, y el Índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) bajó al 2,25%. El descenso se viene confirmando en los últimos setenta años y en la última década quizá tiene que ver con nuevas conductas culturales, y alguna incidencia por el mayor acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) y la histórica lucha y conquista de la Ley del Aborto.

 

Escribe Mariano Barba

Del 15 al 17 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó el primer censo que arrojó una población nacional de 1.877.490 personas, asentadas fundamentalmente en las provincias del centro y el norte argentino, ya que la Patagonia contaba con apenas 24.000 habitantes. Desde el primero, efectuado en 1869, hasta el último realizado en 2010, se desarrollaron en el país diez censos nacionales.

Concluido el actual censo tendríamos que saber cuántas familias carecen de agua potable, cloacas y de casa propia. Así como es posible medir el crecimiento de la pobreza, también se puede medir la población sin acceso a servicios básicos, un indicador de la exprema pobreza que afecta a millones.

Con la muerte de ocho niños wichí en Salta en el 2020 saltó a la primera plana la crisis humanitaria por falta de agua, que se prolonga desde tiempos inmemoriales en el norte del país. Parecido ocurre en el conurbano bonaerense donde el déficit alcanzaba (en 2020) a tres de cada diez hogares, y la mitad de los que consumen agua en canillas comunitarias es considerada “pobre estructural”. Al igual que en los datos de nutrición, los menores de edad son los que más sufren el déficit de agua potable. Cuatro de cada diez niños menores de once años no tienen garantizado el derecho al agua. Pero también alcanza a siete de cada diez chicos en muchos barrios urbanizados, o sea que el problema se extiende a todo el territorio. Hace dos años el Indec indicaba que una parte importante de la población del gran Buenos Aires “accede al agua, por red o pozo, pero no sabemos la calidad” según Paula Juárez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que a su vez afirmaba que “diversas investigaciones muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano”.
Lo mismo pasa con el acceso a la vivienda. En mayo del 2021 según el Indec había un déficit habitacional total que alcanzaba a 3,8 millones de familias, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Además el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. Si a esto le sumamos las familias que alquilan, la necesidad de construir viviendas alcanzaría a unos cinco millones de unidades.

Un plan para construir esas cinco millones de casas y dotar de plantas potabilizadoras de agua con sus redes podría dar trabajo a millones de desocupados y activar la industria de la construcción, del hierro y de las metalúrgicas por las aberturas, etcétera. Algo perfectamente posible si dejamos de pagar la deuda externa y aplicamos ese dinero a dicho programa.