Escribe Mariano Barba

Del 15 al 17 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se realizó el primer censo que arrojó una población nacional de 1.877.490 personas, asentadas fundamentalmente en las provincias del centro y el norte argentino, ya que la Patagonia contaba con apenas 24.000 habitantes. Desde el primero, efectuado en 1869, hasta el último realizado en 2010, se desarrollaron en el país diez censos nacionales.

Concluido el actual censo tendríamos que saber cuántas familias carecen de agua potable, cloacas y de casa propia. Así como es posible medir el crecimiento de la pobreza, también se puede medir la población sin acceso a servicios básicos, un indicador de la exprema pobreza que afecta a millones.

Con la muerte de ocho niños wichí en Salta en el 2020 saltó a la primera plana la crisis humanitaria por falta de agua, que se prolonga desde tiempos inmemoriales en el norte del país. Parecido ocurre en el conurbano bonaerense donde el déficit alcanzaba (en 2020) a tres de cada diez hogares, y la mitad de los que consumen agua en canillas comunitarias es considerada “pobre estructural”. Al igual que en los datos de nutrición, los menores de edad son los que más sufren el déficit de agua potable. Cuatro de cada diez niños menores de once años no tienen garantizado el derecho al agua. Pero también alcanza a siete de cada diez chicos en muchos barrios urbanizados, o sea que el problema se extiende a todo el territorio. Hace dos años el Indec indicaba que una parte importante de la población del gran Buenos Aires “accede al agua, por red o pozo, pero no sabemos la calidad” según Paula Juárez, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que a su vez afirmaba que “diversas investigaciones muestran en Provincia de Buenos Aires presencia de plomo, arsénico y ahora también glifosato en el agua de consumo humano”.
Lo mismo pasa con el acceso a la vivienda. En mayo del 2021 según el Indec había un déficit habitacional total que alcanzaba a 3,8 millones de familias, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Además el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente. Si a esto le sumamos las familias que alquilan, la necesidad de construir viviendas alcanzaría a unos cinco millones de unidades.

Un plan para construir esas cinco millones de casas y dotar de plantas potabilizadoras de agua con sus redes podría dar trabajo a millones de desocupados y activar la industria de la construcción, del hierro y de las metalúrgicas por las aberturas, etcétera. Algo perfectamente posible si dejamos de pagar la deuda externa y aplicamos ese dinero a dicho programa.