Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Convocadas por el III Plenario Nacional de Organización de Luchas Populares, se realizaron inmensas manifestaciones en las principales ciudades de Brasil, la más grande fue en la avenida Paulista de San Pablo, unidas por la consigna ¡fora Bolsonaro! El espacio convocante agrupa a la CUT (principal central sindical) y las demás organizaciones, la UNE (Unión Nacional Estudiantil) y movimientos populares. Y ya se llamó a una segunda jornada de lucha para el 5 de junio.

Brasil es uno de los países con más fallecidos por la pandemia, en este momento siguen muriendo más de dos mil personas por día, hace un mes superaba las tres mil. Y Bolsonaro, con una política antivacuna. Pero además el pueblo sufre las consecuencias económicas, de hambre, de rebajas en los salarios y en los presupuestos de salud y educación. Y también de una violenta represión. El 8 de mayo la policía mató a treinta personas a balazos en la favela Jacarezinho, de Río de Janeiro.

Mientras tanto, Bolsonaro gobierna en favor del agronegocio, los banqueros y las multinacionales. Proyecta privatizar el correo y la compañía de electricidad y atacar las condiciones de trabajo de los empleados estatales. Además de todo eso, una gran corrupción envuelve a su familia y beneficia a amigos y aliados.

La Corriente Socialista de los Trabajadores (CST-PSOL), organización de la UIT-CI, convoca a sumarse a la movilización del 5 de junio masivamente. Afiches pegados en las grandes capitales exigen vacunas, la anulación de las patentes, contra las rebajas de los presupuestos de educación y salud, la prohibición de rebajas salariales y despidos, contra la violencia policial, por impuestos a las grandes fortunas, contra el pago de la deuda para destinar esos fondos a áreas sociales y por ¡fuera Bolsonaro!
Las centrales sindicales también llaman a organizar el IV Encuentro de Organizaciones, incorporando delegados de base, para discutir la continuidad de la lucha para derrotar a Bolsonaro y su ajuste fiscal antipopular.
             
 
 

El 28 de mayo, a un mes del inicio del paro con movilizaciones y bloqueos, las marchas populares fueron multitudinarias. El gobierno de Duque respondió con una brutal represión militar y del Esmad (policía antidisturbios) y de civiles armados, que dejó un saldo, solo en Cali, de 14 muertos y 98 heridos (informe de la ONU). También decretó la militarización de ocho departamentos (provincias), pero no consiguió terminar con los bloqueos y las movilizaciones.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Pese a la durísima represión, que ya suma más de sesenta muertos y centenares de heridos desde hace un mes, la rebelión popular masiva de jóvenes, indígenas y trabajadores no cesa y entró en su quinta semana. La primera línea de jóvenes urbanos, con la guardia indígena, afro y campesinos, han desarrollado una organización para resistir la violentísima represión de policías, militares y paramilitares. Tienen médicos y apoyo logístico, escudos y cascos como las asambleas populares formadas en los barrios y muchos puntos de bloqueo.
Uno de los ejemplos de esa masificación y nueva organización de lucha es la formación de “mamás en primera línea”, que van uniformadas con escudos negros y cascos azules. Corean “si nuestros hijos se manifiestan y van a la batalla, las madres los apoyaremos y lucharemos con ellos”. Marchan en primera fila, directamente en la mira de la temida unidad especial Esmad.

Una negociación interminable mientras siguen el paro y la represión

El gobierno de Duque continúa negociando con dirigentes del  Comité Nacional de Paro (centrales obreras CUT, CTC y CGT y la federación de maestros Fecode). El único reclamo que formuló el CNP para continuar negociando es que cese la represión y se permita la protesta pacífica.
El gobierno de Duque ya tuvo que retroceder ante la gigantesca movilización popular quitando las reformas tributaria y de salud (que privatizaba la salud). Dice que quiere negociar, llama a reuniones al CNP pero continúa con la brutal represión diciendo que no va a aceptar los bloqueos. Y el CNP, que plantea que no va a negociar si sigue la represión, continúa sentándose a dialogar con Duque. La semana pasada reclamó la renuncia del ministro de Defensa, Diego Molano (que acaba de ser confirmado por el Senado), que es quien da las órdenes para reprimir con tanta violencia.

¿Cuál es la salida?

La oposición, las distintas agrupaciones de centroizquierda que tienen representación parlamentaria (Colombia Humana, de Gustavo Petro, y la Coalición de la Esperanza, ex FARC), así como el CNP y las centrales sindicales buscan la negociación y esperar a las elecciones de 2022.
Gustavo Petro, después de reunirse con empresarios este fin de semana, informó que había conformado un grupo que sería el “equipo de política económica del próximo gobierno”, confiado de su victoria en los comicios del año próximo. En esa reunión, Petro dijo públicamente: “No crean que estábamos haciendo barricadas, estamos construyendo el país democrático que toda Colombia merece ante la incapacidad actual […] las soluciones exploradas por el equipo económico que empieza a trabajar son las que la gente demanda en las calles”. Aunque no explicó cuáles eran esas soluciones que, según él, demanda la gente, está claro que un programa acordado con los empresarios tiene uno de sus centros en defender sus ganancias y no los reclamos populares.
De paso, dijo también que no apoya a “las barricadas”, es decir al enorme movimiento popular del paro nacional.
Por supuesto que sí hay que discutir una salida económica y política que beneficie al pueblo. La salida de fondo, después de expulsar a Duque y el uribismo, es imponer un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los indígenas y el pueblo colombiano que termine con el régimen ultrarrepresivo de Colombia y avance con un plan económico que termine con el desastre capitalista, con medidas de emergencia como el no pago de la deuda, entre otras medidas, y que rompa el dominio de los bancos, las multinacionales y el imperialismo.

¡Viva la rebelión popular!

Pese a la represión y a las negociaciones tramposas, la rebelión popular para que se vaya Duque continúa. El Bloque por el Paro Indefinido, formado por varias corrientes, entre ellas nuestra organización hermana Colectivos Unidos, le exige al CNP que haga asambleas en todos los sindicatos para votar el paro de la producción en las empresas, que se sume a los bloqueos organizados por los jóvenes y las comunidades e impulse la extensión de las asambleas populares en todo el país.
Diversos sectores en lucha están convocando a una asamblea nacional popular para los días 6, 7 y 8 de junio en Bogotá para dar fuerza y organización al paro indefinido para derrotar la represión y llevar adelante la lucha por las demandas populares urgentes, como salud y vacunación masiva, educación con matrícula cero, empleo y pago de renta mínima, protección a la producción campesina y fin de las fumigaciones con glifosato, defensa de los territorios indígenas, disolución del Esmad, justicia para castigar a los que reprimen al pueblo, que se liberen los detenidos y que se vaya Iván Duque.
Desde la UIT-CI apoyamos los reclamos de la juventud y el pueblo movilizados, repudiamos la represión criminal y llamamos a la más amplia solidaridad internacional con la rebelión del pueblo colombiano.

Con mucha tristeza despedimos ayer a la compañera Irma. Ingresó a nuestra corriente en tiempos del MAS en la década del ´80, siguió militando con el MST y luego con Izquierda Socialista fue una cercana colaboradora. La vamos a recordar, siempre abnegada, alegre y solidaria con las actividades y con los compañeros y compañeras. Nuestras condolencias para sus hijas Marcela y Gabriela, sus nietos Natalia, Pablo, Maxi y su bisnieto Iván.
Irma, ¡hasta el socialismo siempre!

Esta semana estamos transitando los nueve días de restricciones fijadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Es más que obvio que estamos en lo peor de la pandemia, en medio de lo que se denomina la segunda ola. Todos los días escuchamos reportes de récords de contagiados, muertos y porcentajes de ocupación de terapias intensivas cercanas al colapso. La foto de la joven que terminó falleciendo en Santa Fe después de esperar horas para ser atendida acostada en el piso ganó la tapa de los diarios.

En este escenario, una enorme preocupación recorre al pueblo trabajador, ¿es esto todo lo que se puede hacer? Porque el jueves pasado el gobierno peronista de Alberto Fernández, con el apoyo de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, anunció medidas, claramente insuficientes. También prometió más vacunas, sin especificar cantidades ni fechas precisas. Más allá de que en estos días han vuelto a llegar algunas partidas, el ritmo de vacunación sigue extremadamente lento ante la velocidad de los contagios. 

Tenemos que ser claros, la verdadera solución a esto no pasa por las peleas entre las distintas multinacionales farmacéuticas y sus negociados. Ni ir a negociar con López Obrador una partida mayor de las vacunas de AstraZeneca que hoy están en México, ni pedirle más Sputnik a Putin, o Sinopharm a Xi Jinping. Mucho menos lo que plantea Juntos por el Cambio, en relación con la compra a la multinacional Pfizer como salida, denunciando corrupción kirchnerista. La salida es más directa y está mucho más cerca, en Garín, a unos pocos kilómetros de la Casa de Gobierno. Ahí se encuentran las millones de vacunas que produce Hugo Sigman, el amigo del presidente Alberto Fernández, y que las envía al exterior por su convenio con AstraZeneca. Incautándolas tendríamos de verdad vacunas para todas y todos y se podrían salvar miles de vidas.

El presidente, en vez de resolver la lentitud en la vacunación, insiste en exhortar a “cuidarse”, “quedarse en casa”, pero termina poniendo énfasis en lo que viene repitiendo hace meses, que los contagios son por los encuentros sociales o los descuidos de la gente. Lo que invisibiliza es que los contagios se producen porque millones se ven obligados a salir a trabajar, a amontonarse en medios de transporte público, porque las fábricas siguen abiertas a pedido de las grandes patronales que no quieren resignar un centavo de sus ganancias. ¡Hasta los propios empresarios han tenido que reconocer que ha aumentado muchísimo el ausentismo por los casos positivos de Covid!

La realidad, entonces, más allá de los discursos, es que nos encontramos con sistemas de salud colapsados, con vacunas que llegan a cuentagotas y con una inmensa masa popular que se ve obligada a enfrentar las restricciones sin plata, o con ingresos absolutamente insuficientes.

Muchos compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos nos plantean que el gobierno hace “lo que puede”. Pero la realidad es que su política está fracasando. No logra detener la pandemia. Y al mismo tiempo aumenta la inflación y se pulverizan los salarios y las jubilaciones, acrecentando la pobreza y la marginación social, que llegan ya a niveles históricos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que todas estas medidas son claramente insuficientes. Es más, denunciamos que para cumplir con el ajuste reclamado por el FMI son inclusive menos que las del año pasado, de hecho ni siquiera existe el IFE. Por eso planteamos la necesidad de un programa de emergencia que ataque a las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Las podemos resumir en cinco medidas para frenar la pandemia y la pobreza que van directo al corazón del problema: 

1– Hay que incautar las millones de vacunas que se están produciendo en Garín que son enviadas al exterior. ¡Ahí están las dosis que hacen falta para vacunar ya mismo a todas las personas de riesgo que faltan y para avanzar masivamente sobre el resto de la población.

2– Centralizar el sistema de salud, ya al borde del colapso. Para esto se requiere poner al servicio de la atención de la pandemia todos los recursos que hoy tiene la salud privada, unificándolos con el sistema público y el de las obras sociales para que sea realmente un servicio social y no un negociado al servicio de las ganancias de las patronales. 

3– Otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 96.800 pesos. Y que ningún jubilado gane menos del valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos.

4– Que se le dé un ingreso de emergencia a todo el que lo necesite, un IFE de 40.000 pesos, así como ayuda a los pequeños comerciantes afectados por las restricciones. 

5– Financiar todas estas medidas partiendo de la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, rompiendo todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI. A esto, agregarle un auténtico impuesto a las grandes riquezas para que sean los grandes empresarios, las multinacionales, las farmacéuticas que están amasando ganancias multimillonarias con la pandemia, las alimentarias que siguen subiendo los precios de los productos de primera necesidad y los banqueros los que paguen la actual crisis. 

En la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles 19 de mayo de 2021, el diputado nacional por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Juan Carlos Giordano, expresó su repudio a los bombardeos genocidas del Estado de Israel sobre Gaza y levantó su voz para defender al pueblo palestino agredido. A partir de ello se sucedieron en las redes una serie de acusaciones contra Giordano por “antisemita” y “nazi”. Y se lanzó una campaña de firmas, calumniosa y antidemocrática, reclamando que Giordano sea “expulsado” de la Cámara de Diputados.

A la cabeza de esta campaña están organizaciones y personalidades locales afines a la Embajada del Estado de Israel, el presidente de la Asociación Sionista Argentina,  a la cual se han sumado ex funcionarios macristas como el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. También oficia como vocero el conocido periodista Eduardo Feinmann.

La acusación a Giordano de “antisemista” es absurda y falsa. Tanto nuestra organización nacional, Izquierda Socialista, como la corriente internacional a la que adherimos, la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras-Cuarta Internacional (UIT-CI), tenemos una larga y consecuente trayectoria de repudio y combate a toda expresión o ataque racista contra el pueblo judío o cualquier otro. Esa trayectoria incluye no solo el combate al antisemitismo sino también al nazismo o neonazismo, así como la denuncia permanente del horror del Holocausto. En la Argentina tenemos desaparecidos en nuestro país bajo el genocidio de la última dictadura militar y siempre fuimos parte de las nuevas generaciones que reclamaron cárcel a los genocidas. Pero aquí se trata de algo muy distinto, un engaño que debe ser aclarado y repudiado.

Esta campaña contra Giordano va en contra de todos aquellos que defienden la causa palestina y repudian la política de ocupación y de usurpación de sus tierras desde hace 73 años por parte del Estado de Israel. La campaña contra Giordano se basa en el falso e histórico argumento de los voceros del Estado de Israel y de sus organizaciones, como la DAIA, de acusar de “antisemita” o “nazi” a los que critican y denuncian, en la Argentina y el mundo, su política genocida de limpieza étnica sobre las y los palestinos, de usurpación y colonización de tierras o de bombardeos criminales sobre Gaza. De esta manera, si alguien critica al gobierno de Israel, estaría cometiendo un delito de antisemitismo, o si repudia a la agresión y represión criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino estaría siendo “antisemita”. Nada más falso.

Así, quien se atreva a cuestionar a la genocida política anexionista que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino en Cisjordania y Gaza sería antisemita, dado que Israel se declara un Estado judío, otorgándose el derecho a seguir anexionando tierras palestinas. Junto al sufrido pueblo palestino afirmamos: antisemitismo y antisionismo no son sinónimos. Combatimos al sionismo invasor y genocida.

Juan Carlos Giordano se pronunció en la Cámara de Diputados contra los bombardeos genocidas del Estado de Israel en Gaza, la ocupación y en defensa del pueblo palestino y por una Palestina libre, con el derecho de ambos pueblos -judíos y palestinos- a vivir en paz en la región, sin persecuciones étnicas o religiosas de ningún tipo.

Israel y sus voceros consideran también “antisemita” el apoyo a cualquier iniciativa de reivindicación nacional y antirracista como el movimiento mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), cuestionando la política de apartheid del Estado de Israel.

Izquierda Socialista, consecuente con todo lo que el FIT Unidad ha planteado contra el genocida Estado de Israel y la persecución del pueblo palestino en todos estos años, se ha sumado con declaraciones, marchas y actos acompañando el repudio y el pedido de solidaridad que promueve el pueblo de Palestina. Y desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad somos impulsores del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo de Palestina.

Llamamos a personalidades, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, parlamentarios y dirigentes políticos a pronunciarse para que cese esta campaña difamatoria, por la no expulsión del diputado Giordano del Congreso Nacional y por el derecho democrático a la libertad de expresión para todos aquellos que defienden la causa del pueblo palestino.

Izquierda Socialista

21 de mayo de 2021