Esta semana estamos transitando los nueve días de restricciones fijadas por el gobierno nacional de Alberto Fernández. Es más que obvio que estamos en lo peor de la pandemia, en medio de lo que se denomina la segunda ola. Todos los días escuchamos reportes de récords de contagiados, muertos y porcentajes de ocupación de terapias intensivas cercanas al colapso. La foto de la joven que terminó falleciendo en Santa Fe después de esperar horas para ser atendida acostada en el piso ganó la tapa de los diarios.

En este escenario, una enorme preocupación recorre al pueblo trabajador, ¿es esto todo lo que se puede hacer? Porque el jueves pasado el gobierno peronista de Alberto Fernández, con el apoyo de todos los gobernadores, tanto oficialistas como de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, anunció medidas, claramente insuficientes. También prometió más vacunas, sin especificar cantidades ni fechas precisas. Más allá de que en estos días han vuelto a llegar algunas partidas, el ritmo de vacunación sigue extremadamente lento ante la velocidad de los contagios. 

Tenemos que ser claros, la verdadera solución a esto no pasa por las peleas entre las distintas multinacionales farmacéuticas y sus negociados. Ni ir a negociar con López Obrador una partida mayor de las vacunas de AstraZeneca que hoy están en México, ni pedirle más Sputnik a Putin, o Sinopharm a Xi Jinping. Mucho menos lo que plantea Juntos por el Cambio, en relación con la compra a la multinacional Pfizer como salida, denunciando corrupción kirchnerista. La salida es más directa y está mucho más cerca, en Garín, a unos pocos kilómetros de la Casa de Gobierno. Ahí se encuentran las millones de vacunas que produce Hugo Sigman, el amigo del presidente Alberto Fernández, y que las envía al exterior por su convenio con AstraZeneca. Incautándolas tendríamos de verdad vacunas para todas y todos y se podrían salvar miles de vidas.

El presidente, en vez de resolver la lentitud en la vacunación, insiste en exhortar a “cuidarse”, “quedarse en casa”, pero termina poniendo énfasis en lo que viene repitiendo hace meses, que los contagios son por los encuentros sociales o los descuidos de la gente. Lo que invisibiliza es que los contagios se producen porque millones se ven obligados a salir a trabajar, a amontonarse en medios de transporte público, porque las fábricas siguen abiertas a pedido de las grandes patronales que no quieren resignar un centavo de sus ganancias. ¡Hasta los propios empresarios han tenido que reconocer que ha aumentado muchísimo el ausentismo por los casos positivos de Covid!

La realidad, entonces, más allá de los discursos, es que nos encontramos con sistemas de salud colapsados, con vacunas que llegan a cuentagotas y con una inmensa masa popular que se ve obligada a enfrentar las restricciones sin plata, o con ingresos absolutamente insuficientes.

Muchos compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos nos plantean que el gobierno hace “lo que puede”. Pero la realidad es que su política está fracasando. No logra detener la pandemia. Y al mismo tiempo aumenta la inflación y se pulverizan los salarios y las jubilaciones, acrecentando la pobreza y la marginación social, que llegan ya a niveles históricos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, decimos que todas estas medidas son claramente insuficientes. Es más, denunciamos que para cumplir con el ajuste reclamado por el FMI son inclusive menos que las del año pasado, de hecho ni siquiera existe el IFE. Por eso planteamos la necesidad de un programa de emergencia que ataque a las dos pandemias, la sanitaria y la social.

Las podemos resumir en cinco medidas para frenar la pandemia y la pobreza que van directo al corazón del problema: 

1– Hay que incautar las millones de vacunas que se están produciendo en Garín que son enviadas al exterior. ¡Ahí están las dosis que hacen falta para vacunar ya mismo a todas las personas de riesgo que faltan y para avanzar masivamente sobre el resto de la población.

2– Centralizar el sistema de salud, ya al borde del colapso. Para esto se requiere poner al servicio de la atención de la pandemia todos los recursos que hoy tiene la salud privada, unificándolos con el sistema público y el de las obras sociales para que sea realmente un servicio social y no un negociado al servicio de las ganancias de las patronales. 

3– Otorgar un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. Que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar, calculado por los trabajadores de ATE-Indec en 96.800 pesos. Y que ningún jubilado gane menos del valor de la canasta de la tercera edad, hoy en 62.000 pesos.

4– Que se le dé un ingreso de emergencia a todo el que lo necesite, un IFE de 40.000 pesos, así como ayuda a los pequeños comerciantes afectados por las restricciones. 

5– Financiar todas estas medidas partiendo de la suspensión inmediata del pago de la deuda externa, rompiendo todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI. A esto, agregarle un auténtico impuesto a las grandes riquezas para que sean los grandes empresarios, las multinacionales, las farmacéuticas que están amasando ganancias multimillonarias con la pandemia, las alimentarias que siguen subiendo los precios de los productos de primera necesidad y los banqueros los que paguen la actual crisis.