Ya estamos en la segunda ola de la pandemia de Covid-19. Las cifras son escalofriantes: 20.870 casos el martes 6 de abril, récord absoluto desde el comienzo del coronavirus, con la Ciudad de Buenos Aires y 43 municipios bonaerenses a la cabeza, junto con otros 87 departamentos de distintas provincias con “alto riesgo epidemiológico”.

Obviamente que el agravamiento de la situación hace que convivan dos miedos en el pueblo trabajador. El miedo a contagiarse, por un lado. Y también el lógico temor a qué sucedería si todo vuelve a cerrarse. Hay preocupación, y con razón, a que se pierdan más puestos de trabajo. O a que una nueva cuarentena estricta pegue con todo sobre aquellos que sobreviven de changas que requieren que haya algún tipo de apertura.

Frente a todo esto, el gobierno nacional del Frente de Todos y los gobiernos provinciales, peronistas o de Cambiemos, siguen responsabilizando a la gente, que “no se cuidaría”, “sería irresponsable”, etcétera. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, llegó a culpar a los propios trabajadores de la salud de que se contagian por “tomar mate” en el lugar de trabajo, afirmación repudiable que fue denunciada por nuestro diputado Juan Carlos Giordano en la interpelación que se hizo en el Congreso nacional.

En el gobierno prevalece el planteo de que hay que “convivir con el virus”. Pero la realidad es que la segunda ola crece porque en el transporte público se viaja cada día más abarrotado, absolutamente todas las actividades industriales y comerciales están abiertas y en muchos casos funcionando sin que las patronales respeten los mínimos protocolos sanitarios.

Alberto Fernández (él también contagiado) hizo una reunión virtual con Rodríguez Larreta. Ni en este encuentro, ni en los posteriores, entre funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires se tomó alguna decisión seria. Se habla de “medidas para reducir la circulación”, pero ni siquiera se ponen de acuerdo de qué se trataría en concreto. La realidad es que, para permitir que las patronales sigan acumulando ganancias, se hace la vista gorda ante una situación sanitaria cada día más crítica que sigue empeorando y generando cada vez más demandas sobre los trabajadores de la salud, que continúan con salarios de miseria y ni siquiera están todos vacunados. No es casual, entonces, que en estas últimas semanas se hayan dado varios conflictos en hospitales y clínicas, como el importante conflicto de los autoconvocados de Neuquén, que incluyó cortes de rutas y caravanas por distintos lugares de la provincia.

Para los sectores populares, ya golpeados por la pandemia social del año pasado, no hay nada. Ni siquiera están previstas las medidas parciales, mínimas, como el IFE, hoy directamente borradas del presupuesto 2021.

En este marco, lo de la vacuna es lo más grave. Por supuesto que la especulación con las dosis es mundial y forma parte de lo más miserable del capitalismo imperialista, que pone en riesgo la vida de cientos de millones con tal de preservar las ganancias de los laboratorios farmaceúticos. Pero eso no es excusa, nuestro país es uno de los que tiene menos vacunas por cantidad de habitantes de toda Latinoamérica. Y encima, se siguen destapando casos de vacunatorios vip. Pero la campaña sigue a paso de tortuga, ni siquiera se terminó de vacunar a los mayores de edad, un sector de los trabajadores de la salud todavía sigue esperando, así como la mayoría de los docentes y otros trabajadores esenciales.

Lo grave, gravísimo, es que la vacuna la elaboramos en el país. A apenas 42 kilómetros de la Casa de Gobierno, en Garín. Pero sucede que Hugo Sigman, el empresario amigo del gobierno que produce millones de dosis, lo hace para AstraZeneca, por lo que estas van a Estados Unidos. ¡Increíble! Tenemos capacidad tecnológica para producir las vacunas, de hecho se están haciendo, pero no quedan en el país y, entonces, no existen para nuestro propio pueblo trabajador.

Desde el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras, los responsables de este desmadre son los gobiernos. En primer lugar, el nacional de Alberto Fernández, y luego los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esto no se salva nadie, ni el peronismo del Frente de Todos, ni la oposición de Juntos por el Cambio, que además de los desastres sanitarios en sus propios distritos, ha salido, con Patricia Bullrich, a plantear la “privatización” de las vacunas.

Más que nunca, es necesario un programa de emergencia ante esta segunda ola. Hay que poner todos los recursos para enfrentarla en términos sanitarios. Incautar las vacunas producidas en Garín para que se produzcan millones de dosis y nadie quede sin ser vacunado. Planteando, ante las superganancias que están haciendo las transnacionales farmacéuticas, la suspensión inmediata de las patentes sobre vacunas y otros medicamentos necesarios para combatir el coronavirus. Hay que centralizar todos los recursos del sistema de salud y masificar los testeos. Y, como reclaman la Cicop y Fesprosa, se tiene que otorgar inmediatamente aumentos salariales a todos los trabajadores de la salud.

Pero también hay que atender la pandemia social, que está dejando un porcentaje récord de pobres y desocupados. Es necesario aumentar salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar. Hay que otorgar un salario social de emergencia a todo el que lo necesite. Y se debe lanzar un gran plan de obras públicas para dar trabajo genuino a los millones de desocupados.

¿De dónde saldrá la plata para financiar todo esto? De la suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo en esto la ruptura del acuerdo con el FMI y de un auténtico impuesto a las grandes fortunas y superganancias de las empresas.

El Frente de Izquierda Unidad plantea la necesidad urgente de implementar esta salida y te invita a luchar para imponerlo.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional, Izquierda Socialista/FIT Unidad

¿Sabías que en la Argentina se producen 24 millones de dosis mensuales de la vacuna AstraZeneca y se van a los Estados Unidos? ¿Sabías, además, que ninguna de esas dosis se usó en el país, ni en Latinoamérica, como prometía el gobierno? Estas preguntas, a modo de disparadores, son para llamar la atención sobre lo que ocurre en el país con la complicidad del gobierno nacional.

El gobierno compró 22 millones de dosis (ya pagó el 60%, reconocido por funcionarios de Salud -ver interpelación a la ministra Vizzotti en esta nota-) y Alberto Fernández, en vez de reclamarlas, está dejando que se las lleven.

Cuando anunciaron el proyecto de hacer la vacuna en el país decían que era una gran iniciativa “pública-privada” entre los gobiernos de Alberto Fernández y López Obrador (México) y los empresarios Hugo Sigman (Argentina), Carlos Slim (México) y la multinacional AstraZeneca para producir millones de dosis para Latinoamérica. ¿En qué quedó esto? En nada.

Las 24 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca se producen en el laboratorio mAbxience de Garín, provincia de Buenos Aires, perteneciente al empresario Hugo Sigman, del Grupo Insud-Pharma. Esas dosis van a México, donde un laboratorio del empresario Carlos Slim tiene que envasarlas y reenviarlas. Pero al día de hoy no ha mandado una sola dosis y no se sabe cuándo lo hará. Argumenta problemas de insumos. Pero acá en la Argentina hay dos plantas con capacidad de envasarlas, como el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba y el Instituto Biológico Tomás Perón, de La Plata. También hay establecimientos privados con la misma capacidad y una industria centenaria del vidrio que se podrían poner a producir al ciento por ciento.

Hay que incautar ya esas vacunas y prohibir que se las lleven del país. Esto también lo dicen científicos y médicos especializados. Para así poder inmunizar ya a los adultos mayores, profesionales y trabajadores de la salud, docentes, personas en riesgo y al resto del pueblo trabajador. Es la batalla que estamos dando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Para ello hicimos un acto frente a las puertas del laboratorio en Garín y presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con ese planteo (ver en esta nota). Es parte de la lucha contra las multinacionales y por la liberación de las patentes en el mundo para terminar con la escasez de vacunas.

Alberto Fernández se la pasa hablando contra el neoliberalismo de Macri y de que hay que impulsar un mayor “rol del Estado”, pero protege el negocio privado que hacen estos empresarios y laboratorios con la vacuna. Por la misma razón Macri, Larreta y Juntos por el Cambio guardan silencio.

A pesar de que la noticia de que se producen en el país millones de dosis no es tomada por los grandes medios nacionales, nuestra campaña está incomodando al gobierno. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, dijo que le parecía “una falacia” e “ignorancia” el planteo por parte de lo que llama “un grupo poco identificado de médicos y algunos grupos de izquierda”. Dice que no se puede impedir la exportación de esas dosis de vacunas porque “la vacuna es de AstraZeneca, no de la Argentina, así que impedir su exportación sería algo así como expropiarlas”. Y que “en Argentina no tenemos la capacidad tecnológica y humana” para ello (Perfil, 5/4/2021). En definitiva, este representante del gobierno miente para salir en defensa del negocio privado Sigman-Slim-AstraZeneca, diciendo que el gobierno solo tuvo “contratiempos y meros retrasos” mientras reconoce que de acá se va la vacuna a granel.

Más de doscientos referentes de la salud y personalidades, entre ellos la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y Nora Cortiñas, le han enviado una carta al presidente que dice que “la Argentina produce millones de vacunas y lxs argentinxs están sin vacunar”. Piden que se suspendan las remesas al exterior y se autorice a los laboratorios públicos y privados a envasar esa vacuna en la Argentina. Cicop (gremio de los profesionales de la salud de Buenos Aires) exige que “la vacuna sea declarada de utilidad pública, fraccionada y envasada en laboratorios públicos nacionales”.

Llamamos a impulsar pronunciamientos para que las vacunas que se producen en nuestro país se usen para inmunizar a nuestra población. Y que el gobierno impulse un plan de producción nacional de millones de dosis. A hacer actos, protestas, marchas y otras iniciativas con todos aquellos dirigentes y organizaciones que peleamos por lo mismo. Llamamos a Fesprosa, Cicop y a dirigentes de la CTA Autónoma y de otros gremios que se han pronunciado a coordinar distintas acciones. Estamos en emergencia. No se puede esperar más. Que aparezca la vacuna y se use para vacunar a todas y todos en nuestro país y en Latinoamérica.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

“Es imprescindible el rol del Estado para prevenir y dar tranquilidad. Un Estado presente en salud es la mejor manera de cuidar a todos”, dijo recientemente el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. “Habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más”, les decía a los jubilados en un discurso de enero de este año. Varias veces también se lo escuchó hablar de “reconfigurar el rol del Estado” para beneficiar a los más vulnerables. Pero con el tema de la vacuna el gobierno está haciendo lo opuesto. Porque en vez de intervenir, como se lo estamos reclamando desde numerosas organizaciones de médicos, científicos y desde la izquierda para evitar que se sigan yendo las vacunas que se producen en nuestro país, el gobierno usa al Estado para encubrir el negocio privado entre Hugo Sigman, Carlos Slim y la multinacional AstraZeneca. El gobierno habla contra el neoliberalismo y “la pandemia de Macri” y termina haciendo más o menos lo mismo que hubiera hecho un gobierno de los CEOs.

Alberto Fernández dijo que la vacuna tiene que ser un “bien público global”, incluso la Argentina es firmante junto a 99 países, encabezados por India y Sudáfrica, de un pedido a la Organización Mundial de Comercio para que libere las patentes para producir masivamente la vacuna. Entonces que actúe en consecuencia.

¿Cómo puede ser que el Frente de Todos haga gala de un doble discurso hablando del rol del Estado mientras es cómplice y protector de ese negocio capitalista con la vacuna? ¿Cómo que no puede intervenir para evitar que las dosis se vayan afuera y se envasen en la Argentina en los laboratorios públicos que podrían hacerlo? ¿Cómo puede ser que, en plena segunda ola, no se haya siquiera centralizado el sistema de salud para hacer frente a los mayores contagios y evitar más muertes como sí lo ha hecho el gobierno conservador de Irlanda?

No le estamos reclamando al gobierno medidas de izquierda, sino que cumpla con lo que dice. Lo más lógico es que, si habla de un mayor rol del Estado, tome las medidas que están a su alcance para que haya vacunas para el pueblo trabajador.

Ocurre que estos gobiernos, denominados “nacionales y populares”, ya gobernaron en Latinoamérica y han puesto al Estado para salvar las ganancias capitalistas de bancos y multinacionales, no al servicio de las mayorías populares. Un ejemplo es que el peronismo en el poder no reestatizó las empresas privatizadas y sigue pagando una deuda externa usuraria y fraudulenta. Con lo cual ratificamos que para hacer lo opuesto habrá que conquistar un gobierno de los trabajadores y la izquierda, como lo peleamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. 

Este martes la ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó un informe en la comisión respectiva de la Cámara baja, posibilitando que los diputados le hicieran preguntas. Juan Carlos Giordano de arranque le señaló que repudiaba sus dichos en la conferencia de prensa que había brindado a la mañana, culpando a los trabajadores por el crecimiento de los contagios. Vizzotti había dicho que el personal de los hospitales “se contagia al cambiarse la ropa de trabajo o al tomar mate”, cuando son los que están en la primera línea, superexplotados y con salarios de pobreza.

El plato fuerte fue la vacuna. Giordano le preguntó a la ministra “cómo puede ser que hoy la noticia fue que las camas están saturadas en el partido de Escobar, provincia de Buenos Aires, el mismo distrito donde en Garín se producen 24 millones de dosis por mes de la vacuna para AstraZeneca y se van del país”.

Giordano denunció que a pesar de que el gobierno compró 22,4 millones de dosis y ya hizo un pago anticipado de 60% (reconocido en la interpelación), ni una sola dosis fue destinada a la Argentina o a Latinoamérica como se prometió. Luego hizo la siguiente pregunta: “¿Va a hacer algo el gobierno ante esto? ¿O va a dejar correr como hasta ahora el negocio que hacen los empresarios Sigman-Slim y la multinacional AstraZeneca con la vacuna?”.

Nuestro diputado puso de ejemplo a Italia, que impidió que se exporten 250.000 dosis de AstraZeneca, procediendo a destinarlas al pueblo de ese país. “En concreto –dijo Giordano–, ¿el gobierno piensa tomar alguna medida en la emergencia para que las vacunas que se producen en Garín se envasen y usen acá?”.

La ministra, luego de decir que “no culpó a la gente de los contagios”, señaló que si bien es interesante la preocupación de la izquierda por la vacuna, “no es tan sencillo que se envase acá”. O sea, dijo que el gobierno no va a incautar las vacunas en Garín y, por lo tanto, que ninguna de esas dosis va a ir para los trabajadores y el pueblo, que las necesitan para salvar sus vidas.

Corresponsal

Los abajo firmantes nos pronunciamos por la inmediata intervención, bajo control de profesionales y trabajadores, de la planta mAbxience, del Grupo Sigman, ubicada en el parque industrial de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Aquí se produce el principio activo de la vacuna contra el Covid-19 en una cantidad que podría rápidamente inocular al conjunto de la población argentina y abastecer a los países de la región. La situación de un nuevo ascenso de contagios contrasta con la escasez de vacunas y la vigencia de la ley de patentes, que otorga a un puñado de laboratorios el monopolio de la elaboración de la fórmula. La producción de vacunas de la planta de mAbxience (AstraZeneca) se exporta a México y a los Estados Unidos, mientras los trabajadores y la población sufren las consecuencias de esta nueva ola del virus. Eso es lo que hay que evitar, como lo reclaman también profesionales de la salud, científicos y distintas personalidades.

El Frente de Izquierda Unidad presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se declare a este laboratorio de utilidad pública, se suspenda la exportación del principio activo, se reconviertan todos los laboratorios que puedan producir la vacuna y se garantice el correcto envasado, procediendo así a la inmunización de toda la población argentina. Exigimos que el Congreso lo trate en forma inmediata.