Escribe Adolfo Santos

La relación entre los altos índices de pobreza y el deterioro salarial es directa. El incremento de la miseria es el resultado de las pérdidas salariales de los últimos años. Según el Indec, en los últimos doce meses, mientras que los aumentos salariales alcanzaron 29,6%, la inflación fue de 38,5%, lo que representa una pérdida salarial de 8,9 por ciento. En el gobierno del Frente de Todos los trabajadores quedaron aún más pobres, profundizando las pérdidas salariales de 2018 y 2019. Alberto Fernández llegó al gobierno prometiendo heladeras llenas, las está dejando más vacías.

El deterioro salarial no se puede atribuir a la pandemia. La caída libre viene de años anteriores y es responsabilidad de los gobiernos de Macri y de los Fernández, que no les paran la mano a los formadores de precios. Los grupos supermercadistas Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima o Walmart, y los de producción de alimentos como Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever o Danone actúan con poder total para aumentar los productos alimenticios. Todos ellos aumentaron sus patrimonios en estos años mientras la población trabajadora se ha empobrecido a niveles insoportables.

Lejos de proteger a los más vulnerables, el gobierno peronista aprobó un proyecto de movilidad jubilatoria donde los haberes de los trabajadores pasivos no se reajustarán más por la inflación. Por otra parte, le pide a los sindicatos que no pidan aumentos salariales mayores al índice inflacionario de 29% calculado para el presupuesto de este año. Una aberración. Todos los cálculos de la economía real proyectan una inflación superior al 50 por ciento.

Repudiamos la pasividad de los burócratas sindicales frente a estos atropellos. El gobierno no podría ir tan lejos sin la complicidad de estos dirigentes que dejan correr las políticas de ajuste, de aumentos de tarifas y le dan la bendición a los acuerdos del gobierno con los usureros de la deuda. La CGT no ha hecho nada para impedir las pérdidas salariales. Es cómplice y corresponsable de este deterioro y, por consiguiente, de la pobreza creciente entre los trabajadores.

Es indigno que la mayoría de la clase trabajadora esté sumida en la pobreza y la indigencia. Para superar esa situación no queda otra que organizar la lucha. Ningún trabajador, activo o jubilado, debería ganar menos de los 85.000 pesos que demarcan la línea de pobreza según ATE-Indec. Eso sin contar que, por la disparada de los precios de los alimentos, remedios y servicios de la vivienda, la canasta básica de los jubilados y pensionados vale 64.039 pesos, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Para defender el salario y enfrentar la pobreza necesitamos luchar y, al calor de esa lucha, construir una nueva dirección. Hay que seguir el ejemplo de los sectores que se han movilizado a pesar de la pandemia. En ese proceso viene surgiendo una alternativa para los trabajadores. Encabezados por el cuerpo de delegados de los ferroviarios del Sarmiento, Sutna (neumático) los ceramistas de Neuquén, trabajadores de la salud y de los sindicatos docentes multicolor, entre otros, el Plenario Sindical Combativo ha sido el único sector que ha enfrentado de forma consecuente al gobierno, los empresarios y la propia burocracia sindical.

Escribe Martín Fú

Nuevamente las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) son noticia. La propuesta de postergar las elecciones para septiembre, ante la preocupación de si el contexto sanitario será el adecuado para que se movilicen millones de personas para votar, empieza a visibilizar la crisis y las internas en el peronismo y Juntos por el Cambio.

En Casa de Gobierno, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Eduardo “Wado” De Pedro y otros dirigentes de la primera línea oficialista, se reunieron con referentes de Juntos para el Cambio, entre ellos Jorge Macri y Cristian Ritondo, buscando acordar qué sucederá con las PASO.

Hacia adentro del oficialismo no existe todavía una posición unificada en torno de aplazarlas o prorrogarlas, pero sí en posponerlas un mes y hasta unificarlas con la elección general, aunque esto último no es bien visto por los sectores más cercanos a Alberto Fernández y espacios peronistas no kirchneristas.

En Juntos por el Cambio la reunión profundizó su interna. Bullrich, presidenta de Pro, rechazó de plano la propuesta de cualquier modificación. Cornejo, presidente de la UCR, y los gobernadores de las provincias acuerdan no apresurar definición alguna en tiempos donde la segunda ola de la pandemia golpea las puertas. En la oposición macrista, entonces, están orbitando dos propuestas: que ambas jornadas se mantengan en el cronograma original o se posterguen un mes.

En el oficialismo como en la oposición se cuecen las habas de la crisis política y las internas mezquinas, (¡cuando no!) de los partidos patronales y qué hacer con las PASO pone nervioso a más de uno. Toda esta especulación no tiene la menor intención de buscar consensos o acuerdos para mejorar los acuciantes problemas que vive la mayoría de los trabajadores y los sectores populares.

Más allá de lo que el gobierno nacional y los provinciales especulen electoralmente para mejor posicionarse ante las elecciones, desde Izquierda Socialista queremos ser claros y seguimos manteniendo el mismo criterio de siempre: las PASO son proscriptivas y buscan marginar a la izquierda en la contienda electoral, dejándola afuera y garantizando la alternancia en el poder de los partidos patronales, que gobierne quien gobierne, lo harán contra los trabajadores y sectores populares.

La ley fija un piso (filtro) proscriptivo de 1,5% de los votantes que necesita ser superado para estar habilitados a participar en elecciones, buscando asegurar la “competencia” entre los partidos patronales y  censurar las propuestas de la izquierda, como las del Frente de Izquierda y los Trabajadores, para que las bancas de las legislaturas y el Congreso no puedan estar ocupadas por quienes denunciamos las políticas de ajuste de todos los gobiernos y a su vez acompañar y llevar solidaridad a  las luchas que se van dando fruto de las leyes y políticas de hambre de quienes pretenden lavarse la cara con las PASO y otras propuestas de falsa democracia.

Escribe Martín Fú

La semana pasada, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la modificación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y las jubilaciones. Nuestro diputado, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad), denunció el carácter insuficiente de la modificación. Señaló que el impuesto al salario es un robo, que ningún trabajador o jubilado debe pagar Ganancias porque las ganancias son de los capitalistas, los bancos, las multinacionales, el agronegocio y los usureros de la deuda.

El proyecto exime temporalmente del pago a 1,2 millones de trabajadores. Y decimos “temporalmente”, porque si tienen un aumento pueden volver a quedar comprendidos y porque el mínimo no imponible no se va a actualizar por la inflación. Y un millón de trabajadores y jubilados van a seguir pagando ese impuesto nocivo.

El mismo oficialismo reconoce que la medida solo es “un alivio” parcial. “El gobierno va a usar esta medida en un año electoral diciendo que se le pone plata al bolsillo de la gente, mientras sacó el IFE y millones ganan salarios de pobreza, están en negro y precarizados con la complicidad de la CGT y la CTA”, señaló Giordano en la sesión. Y dijo que “si el gobierno quiere estimular el consumo, ¿por qué no usó los 6.000 millones de dólares que destinó al pago de la deuda externa para construir 200.000 viviendas populares?”.

¡Que ningún trabajador o jubilado pague Ganancias! ¡Que paguen ganancias los bancos, las multinacionales y los grandes empresarios!                                                                               

Escribe Martín Fú

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para implementar la educación ambiental integral (EAI). Su propósito es la “promoción de la conciencia y responsabilidad ambiental”.

Desde nuestra banca, Juan Carlos Giordano acompañó el proyecto, pero no sin antes desnudar el doble discurso del gobierno que lo impulsa de manera consensuada con Juntos por el Cambio, todos ellos aliados de la megaminería, las petroleras, el biocombustible y demás multinacionales saqueadoras y contaminantes.

Giordano denunció que “buscan quedar bien con las nuevas generaciones que se movilizan en el mundo y en Argentina por la defensa del ambiente”, pero gobiernan para estas multinacionales y el agronegocio. Pero la salida de fondo para ir contra el calentamiento global es terminar con las cien multinacionales que lo generan. “¿Van a enseñar esto en las escuelas?”, le preguntó al ministro Cabandié que estaba presente en la sesión.

Escribe Adolfo Santos

Como si no bastara con los fuertes subsidios otorgados por el Estado, las empresas de servicios están volviendo a la carga para aumentar las tarifas. En vez de mandarlos a mejorar los servicios, el gobierno de Fernández les va a conceder los aumentos. Así lo confirmó el ministro de Economía Martín Guzmán en relación con la luz y el gas. En vez de cuestionar los tarifazos, que en los servicios públicos subieron más de 2.000% en la era Macri, el gobierno acepta favorecer una vez más a estas empresas privatizadas. En 2019, Edenor tuvo ganancias por 12.134 millones de pesos y Edesur, 12.681 millones. ¡Caraduras! Son cifras absurdas para seguir pidiendo aumento a una población que se debate en una situación de pobreza creciente. En el gobierno peronista de Alberto Fernández los únicos privilegiados son los empresarios.

Hace pocas semanas, la discusión era con las tarifas de las gasíferas. Ahora es el turno de las distribuidoras de electricidad que están bajo el ámbito nacional, Edenor y Edesur. El gobierno acepta las reglas de juego: o tarifazo o millonadas de subsidios. En ningún caso, estos buitres están dispuestos a ceder un centavo de sus superganancias.

La salida no es ni más subsidios, ni tarifazos. Después de 30 años de saqueo, cada día va quedando más claro que la única salida para que de verdad haya servicios de calidad y con tarifas populares para quienes la necesiten pasa por la reestatización de estas empresas, para que pasen a ser gestionadas por sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.