Escribe Claudio Funes

En el ferrocarril Roca falleció hace una semana un compañero que fue obligado a reincorporarse en febrero cuando estaba eximido de hacerlo por ser personal mayor de 60 años. Aumentan los casos entre los trabajadores ferroviarios: 118 del ferrocarril Sarmiento debieron aislarse, lo que provocó las lógicas demoras la semana pasada; también hubo aislamientos en el Mitre, que debió suspender el servicio.

Esto es así porque todos los días centenares de miles de trabajadores viajan hacinados en el transporte público, condición suficiente para que el virus del Covid-19 se propague descontroladamente, lo que hace que no solo se contagie el pueblo trabajador que viaja como ganado, sino también los trabajadores de esos servicios.

A pesar de esta crítica situación, el Poder Ejecutivo nacional, días después de reunirse con la UIA, echó nafta al fuego. Publicó el decreto 4/21 que quita la protección a los trabajadores de riesgo con el objeto de incorporar a los mayores de 60 años, embarazadas y trabajadores con patologías médicas hasta ahora dispensados, y que tengan colocada por lo menos una sola vacuna. Gracias a ese decreto del gobierno peronista que las habilita, las patronales siguen “apretando” a esos trabajadores con el apoyo de la burocracia sindical.

Mientras toma medidas que atentan contra la salud de los trabajadores, el gobierno continúa, cínicamente, apelando a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones en el transporte.

La segunda ola no es producto de la irresponsabilidad de los trabajadores ni del relajamiento social. Tiene responsables con nombre y apellido, el gobierno peronista de Alberto Fernández y los gobernadores de distinto signo político. Todos ellos, para garantizar las ganancias patronales, niegan la cadena de contagios que se dan en los lugares de trabajo y el transporte. Al mismo tiempo “dejan correr” las violaciones flagrantes a los protocolos y medidas sanitarias de las empresas, contribuyendo así a aumentar la circulación viral comunitaria y la consiguiente exposición al contagio de los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

El 20 y 21 de abril se realizó la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en la ciudad de Andorra, de la cual participó Alberto Fernández en forma virtual.   

Destacó que “la región necesita una justicia social de las vacunas. El saldo actual nos demuestra que la innovación inclusiva no es moneda corriente, los resultados de la comunidad científica internacional no se han distribuido de manera equitativa, la distribución universal de las vacunas tiene rol clave en la pandemia”.

¿Qué solución propuso?: “Hay que trabajar un sistema que, reconociendo las patentes, promueva activamente un sistema efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas maximizando la posibilidad de producción en cada parte del planeta”.

Esta es la solución “nacional y popular” de Alberto Fernández que cuida el negocio cuasi-mafioso de las multinacionales farmacéuticas.  

Recordemos que en octubre de 2020 India y Sudáfrica presentaron una propuesta ante la Organización Mundial de Comercio para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tecnologías contra el Covid-19 mientras dure la pandemia. El gobierno argentino tuvo una activa participación en promover ese pedido. Hoy Alberto Fernández dice otra cosa. ¿En qué quedamos? 

Escribe Martín Fú

El jueves 22, frente al Ministerio de Salud de la Nación, se llevó a cabo un acto del Frente de Izquierda Unidad junto a dirigentes sindicales, sociales y diversas personalidades para reclamar por las vacunas que se producen en Garín y la liberación de las patentes.

Se recolectaron casi 50.000 adhesiones. La ministra Vizzotti no tuvo la delicadeza de recibir a la delegación ni contestó el pedido por mail, mientras el ministro Guzmán almorzaba en Madrid con el empresario Hugo Sigman.

Brindaron sus saludos Mariana Scayola (secretaria general de Ademys), Jorge Yabkowski (Fesprosa) y Carlos “Sueco” Lorkipanidse (Encuentro Memoria, Verdad y Justicia), entre otros dirigentes. Estuvieron presentes Reynaldo Saccone (ex presidente de Cicop), Mónica Méndez (directiva de Cicop) y Susana Aranda (Vecinos contra Klaukol). Enviaron su solidaridad Eugenio Semino (Defensoría de la Tercera Edad) y Luis Zamora. Hablaron por el FIT Unidad Celeste Fierro (MST), Gringo Giordano (Izquierda Socialista), Gabriel Solano (PO) y Nicolás Del Caño (PTS).

En el acto se reclamó que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience, de Garín, propiedad de Hugo Sigman, donde se producen millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que se van del país. Giordano expresó: “Es la única forma de enfrentar la segunda ola. Hay que terminar con este escándalo nacional y la complicidad del gobierno con el negocio privado de Sigman, Slim y AstraZeneca. Por eso estamos muy contentos con este acto unitario para seguir luchando para que haya vacunas para todas y todos”.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández comunicó la semana pasada el lanzamiento de una canasta de alimentos de ciento veinte productos con precios congelados por seis meses. Al parecer, el anuncio se realizaría el 15 de mayo.

Cualquiera podría pensar que, en medio del aumento desaforado de los productos de la canasta familiar que cada día pulveriza más los salarios y las jubilaciones, se trataría, aunque no fuera suficiente, al menos de una buena noticia.

Pero lamentablemente no es así. Hecha la ley, hecha la trampa. Aunque en este caso, más que de trampa se trata de una monumental puesta en escena para esconder lo más importante, la luz verde para incrementar los precios de los “otros” productos de la canasta familiar que queden por fuera de esos ciento veinte.

Repasemos lo que viene pasando. En marzo del año pasado, al comienzo de la pandemia, el gobierno nacional creó el programa de “precios máximos”, definiendo una amplia lista de bienes –unos dos mil– que quedaban congelados y, teóricamente, no se podrían incrementar mientras durara la emergencia. Ese programa empezó a convivir con otro, más viejo, llamado “precios cuidados”. Los “precios cuidados”, que existen desde hace años, no son otra cosa que un acuerdo voluntario entre el gobierno y las grandes patronales de alimentos y productos de limpieza y tocador para incorporar determinados bienes a una lista de bienes a “precios populares”. La historia es conocida, esos productos muchas veces no se encuentran en las góndolas.

Con los “precios máximos” sucedió lo mismo. Las patronales hicieron y hacen de todo para violarlos. Desde cambiar el envase del producto, inventando otro con 5 o 10 gramos de más o de menos para burlar el control, o directamente haciéndolos desaparecer de los grandes supermercados, que es el único lugar donde deben cumplir la reglamentación, destinándolos a otros canales de comercialización, como los negocios de barrio o los supermercados chinos, obviamente a precios más caros.

Sin embargo, aun así hace meses que las patronales de alimentos, alineadas en su cámara empresaria, Copal, vienen presionando para eliminar los precios máximos. Y lo vienen logrando paulatinamente. En enero pasado, mientras el gobierno anunciaba pomposamente la incorporación de más productos a precios cuidados, se cuidaba de decir que en realidad eran bienes que figuraban en el listado de precios máximos y ahora se los bajaba de ahí, se los pasaba al listado voluntario de precios cuidados y, lo más importante, se lo hacía permitiendo incorporar fuertes aumentos.

Pero ahora se llega al sumun del doble discurso. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negoció con las cámaras patronales el cierre definitivo del programa de precios máximos para el próximo 15 de mayo. Esto quiere decir, en concreto, que un número inmenso de productos, los aproximadamente ochocientos que todavía sobreviven en el programa, quedarán “liberados” y las empresas podrán aumentarlos como quieran. A cambio de esto, se negoció que ciento veinte productos, que ni siquiera se garantizará que son los más importantes de la canasta, quedarán “congelados” por seis meses. El gobierno dice en su discurso que esos productos deberán tener el mismo precio congelado en cualquier lugar donde se los venda, sea un hipermercado o un comercio de barrio. Claro que las patronales ya advierten que “difícilmente” puedan cumplir con el abastecimiento a todos los canales. ¡Ya están avisando que piensan burlarlos haciéndolos desaparecer aun antes de que se lance el programa!

Así, evidentemente, lo único que se está garantizando son las superganancias de los pulpos monopólicos, no el cuidado del bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Es necesario un congelamiento real de los precios de todos los productos que componen la canasta familiar, con sanciones severas a quienes lo violen, como lo establece la Ley de Abastecimiento, que permite incautar mercadería acaparada y clausurar y hasta expropiar a quienes no respeten las disposiciones. 

Solo así, juntamente con un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para que nadie gane menos que la canasta familiar, se podrá empezar a recuperar el poder adquisitivo del pueblo trabajador. 

Escribe Guido Poletti

Mientras que, silenciosamente, el gobierno de Alberto Fernández va ajustando todas las partidas sociales, sucede lo contrario con los subsidios a las empresas. 

Así surge de los propios datos del informe fiscal del primer trimestre de 2021 publicado por el Ministerio de Economía.

Al mismo tiempo que salarios y prestaciones sociales se redujeron en términos reales 6% respecto de igual período de 2020, los subsidios a la energía y al transporte crecieron 23,6% y 19,3% respectivamente. 

La conclusión es clarísima, más plata para los dueños de las privatizadas de electricidad (Edenor, Edesur y Edelap) y para los monopolios transnacionales del gas y el petróleo, a cambio de que se achiquen los salarios reales de los empleados públicos (docentes, trabajadores de la salud, etcétera), los jubilados y las partidas que se destinan a planes sociales y comedores. Así se ve a quién se está priorizando en medio de la pandemia.