Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Cuando Ismael Carranza, junto con otros once vecinos del barrio Padre Mugica, subió al micro que lo llevaría al parador de aislamiento preparado por las autoridades, le dijeron que era para hacerles los análisis para Covid-19 y que en cinco horas volverían. En el destino había otros alojados, en espera de resultados. Un día después seguían esperando, juntos, sin que nadie los hubiera separado. En esas veinticuatro horas no hubo atención médica ni de enfermería, ni siquiera recibieron agua. En los baños se acabó rápidamente el jabón y el papel. Eso sí, les llevaron comida. “¿Por qué a nosotros no nos llevan a un hotel para estar cómodos y realmente aislados? Para esto nos hubieran dejado en casa”, dijo Ismael en un audio que recibió su familia.

Elsa, enfermera, madre de dos hijos, recordaba que dos meses antes decenas de pasajeros de Buquebus fueron aislados en ocho cómodos hoteles porteños, a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, por la presencia de un caso sospechoso a bordo. Sin embargo, ahora, ante una explosión de contagio, ese precario alojamiento era lo que se les ofrecía a los vecinos de la antigua Villa 31. Flagrante inequidad a que son sometidos los habitantes de barrios cuya pobreza y desamparo se disimula con la denominación de “barrios vulnerables”.

La pandemia no ataca a todos por igual

 Comenzó en los sectores sociales que podían viajar al exterior y que viven en los barrios más acomodados de Buenos Aires, pero ahora está encontrando su ubicación social: la clase trabajadora y sectores populares. Las estadísticas son contundentes, el Boletín Epidemiológico Semanal de la Ciudad del 9 de abril de este año mostraba a las comunas 2 (Recoleta), 3 (Balvanera y San Cristóbal), 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) y 14 (Palermo), de clase alta y media, como las que registraban la mayor cantidad de casos. Apenas un mes después la fórmula se invirtió. El 15 de mayo la misma fuente informa que la mayor cantidad de casos confirmados reside ahora en las comunas 1 y 7. En la comuna 1 se encuentra el barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) y en la comuna 7, el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (ex Villa 11-14).

¿Cómo se vive en las villas? Radiografía del conurbano bonaerense

El Relevamiento Nacional de Barrios Populares realizado en 2017 revela que en todo el país existen 4.228 barrios populares, que en conjunto ocupan un total de 330 kilómetros cuadrados. Esto es una superficie más grande que toda la ciudad de Buenos Aires, cuya extensión es de 203 kilómetros cuadrados. Alrededor de 1.600 asentamientos se encuentran en el conurbano bonaerense. El relevamiento refleja también que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias, la mitad de las cuales se encuentra en el conurbano) habitan en villas o asentamientos informales, una población algo inferior a la de la provincia de Córdoba o Santa Fe. Si bien no hay cifras que representen la totalidad, un estudio reciente realizado en el sur del conurbano bonaerense brinda datos reveladores de la situación de deterioro social de estos barrios. En el segundo semestre de 2019 la incidencia de la pobreza alcanzaba al 40,5% de su población, 5 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. A su vez, para el cuarto trimestre de 2019, la desocupación era de 10,8%, contra 8,9% del promedio nacional (Indec, 2020). Las condiciones sociales de sus habitantes y la falta de servicios de agua, cloacas, electricidad y gas son similares en los barrios de todo el país.

Sin agua no hay prevención de contagio

La misma Elsa nos dice: “Había mil millones asignados para invertir en el agua. Pero pasó que el acueducto, que era para el barrio, fue aprovechado por la nueva sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, un local de McDonald’s y la empresa Flechabus, en cuyo playón se lavan los coches con mangueras de alta presión. Por eso en el barrio no hay presión de agua, hay cortes rotativos por sector y a veces días y días sin agua. Eso va en perjuicio nuestro, hay más proliferación de bacterias y más enfermedades. La Justicia hizo lugar a un reclamo y dijo que era insuficiente la provisión de agua y que el Gobierno de la Ciudad debía proveerla, pero mandan un camión de 7.000 litros por barrio, que alcanza solo para 140 personas”. Esta carencia de agua, vital para la prevención, junto con las otras carencias y malas condiciones de vida, explica en parte que un laboratorio de la UBA haya detectado que el número de personas a quienes transmite el virus un infectado se haya duplicado de 1,2 a 2,3.

La explosión de casos en el barrio Padre Mugica se llevó la vida de dos referentes de los vecinos: Ramona Medina, dirigente de La Poderosa, y Víctor Giracoy, de raigambre radical, que desde hace veinticinco años comandaba el comedor Estrella de Belén.

También los pueblos originarios

Chaco, una de las provincias más castigadas, registra 556 casos positivos de coronavirus, de los cuales el 80% corresponde a la ciudad de Resistencia. Además, de ese total, 98 son pacientes de los pueblos originarios. En las últimas semanas se observa un incremento de la cantidad de confirmados, principalmente a partir de la transmisión comunitaria en los barrios Toba y Chillili de la ciudad de Resistencia.

Responsabilidad por las muertes evitables

Hay una disputa mediática entre el Gobierno de la Ciudad de Cambiemos con el nacional y el de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. La existencia de las villas con sus carencias de servicios elementales, el deterioro del sistema de salud y la falta de previsión es común a todos los gobiernos de turno. La responsabilidad ante este crimen social es compartida. Para hacer frente a la crisis sanitaria se requieren las medidas que el gobierno de Larreta, el de Kicillof y el de Fernández se niegan a tomar: un fondo de emergencia sobre la base de un impuesto a las grandes riquezas y el no pago de la deuda externa para garantizar recursos económicos para solventar el aislamiento con un subsidio de  30.000 pesos a cada trabajador, combatir el hambre y también fortalecer el sistema de salud.

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto Ademys-CABA

Luego de la radio abierta y el acto que realizamos frente al Ministerio de Trabajo, desde el Plenario del Sindicalismo Combativo estamos llamando a todos los sectores que lo integramos, a los trabajadores en lucha y a los nuevos dirigentes, delegados y activistas antiburocráticos a un plenario nacional abierto que realizaremos el miércoles 27 a las 17 de manera virtual. Participarán centenares de luchadores, como los que figuran en la foto que ilustra esta nota, Rubén “Pollo” Sobrero (ferroviarios), Alejandro Crespo (Sutna), Angélica Lagunas (ATEN), Alejandro López (ceramistas), Mariana Scayola (Ademys) y Guillermo Pacagnini (Cicop), entre otros.

Acabamos de realizar un acto del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, con una radio abierta que se transmitió a todo el país. Esta importante acción callejera, en plena pandemia, tuvimos que convocarla para dar una respuesta al fuerte ajuste que el gobierno nacional, los gobernadores y las patronales están aplicando contra los trabajadores y el pueblo. Y ante el hecho de que la burocracia sindical de la CGT y las CTA ha pactado con el gobierno y la UIA la rebaja salarial, abandonando a todos los trabajadores que estamos en conflicto.

En el acto hablamos integrantes de la Mesa Nacional del PSC y dirigentes de nuestros gremios, como nuestro compañero dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, Alejandro Crespo, Guillermo Pacagnini e Ileana Celotto (AGD-UBA), entre otros.

Estuvieron presentes, saludaron y enviaron saludos dirigentes del PSC como Alejandro López y Angélica Lagunas, de Neuquén; los diputados del FIT Unidad y dirigentes sindicales Romina del Plá (Suteba La Matanza), Mónica Schlotthauer (delegada del Sarmiento) y Claudio Dellecarbonara (delegado Subte). También representantes de algunas de las luchas que están en curso, como los compañeros de La Nirva, mineros de Neuquén, enfermeros de la Interhospitalaria de CABA, del Hospital Italiano, médicos residentes y concurrentes, repartidores precarizados y de comidas rápidas, municipales de Jesús María -Córdoba-,  los de salud reincorporados en Tigre, docentes de Santa Cruz, Textil Iberoamericana, Frigorífico Penta, jubilados de Utjel y movimientos de desocupados, entre otros, confirmando la necesidad de unificar y coordinar las luchas en curso.

Mi compañero Rubén “Pollo” Sobrero saludó las luchas en curso y repudió la falsa campaña que hacen el gobierno y la burocracia contra los luchadores y la izquierda diciendo que con el sindicalismo combativo rompemos la cuarentena. “No somos los trabajadores los que rompemos la cuarentena. Son las patronales que nos empujan a salir a protestar ante las rebajas salariales, suspensiones y despidos o la falta de medidas de higiene y seguridad, con la complicidad de la burocracia de la CGT y el gobierno. Los reclamos durante la cuarentena son absolutamente legítimos y necesarios ante la rebaja salarial de 25%, la falta de comida, o los miserables 10.000 pesos a quienes hacen changas, mientras el gobierno pagó la semana pasada 320 millones de dólares de deuda externa y se niega a imponer un impuesto a la riqueza a Techint y a los grandes empresarios”.

En nombre de Ademys saludé a los sectores en lucha presentes y a los que no podían estar físicamente, como los estatales de Chubut y los choferes de Plusmar. Llamé a que sigamos avanzando en la organización y unidad de los que luchamos contra el ajuste y la burocracia. Tenemos el gran desafío de que todos los que estuvieron y saludaron el acto participen del plenario virtual que haremos el 27 de mayo como PSC. Que participen para hacer conocer sus conflictos y conocer a otros luchadores y otros conflictos. Que nos comuniquemos en todo el país con quienes están en lucha y con los dirigentes antiburocráticos que quieren recuperar los gremios para la democracia sindical y la defensa de los trabajadores. Para que todos juntos resolvamos qué medidas de acción tomamos para enfrentar los ajustes de los gobiernos y las patronales. Para que la crisis del coronavirus no la paguemos los trabajadores y el pueblo, que no se arriesguen más nuestras vidas para garantizar las ganancias de los empresarios y las multinacionales. Que los millones de dólares que se están usando para pagar la deuda externa se usen para resolver los enormes problemas que la pandemia genera en nuestras familias, para invertir lo que sea necesario en salud, en los hospitales públicos, en prevención, comida, para evitar hambre y muertes.

Tenemos que seguir fortaleciendo el PSC ante la tremenda traición de los burócratas sindicales que transan con el gobierno y las patronales para fortalecer un polo alternativo que promueva una nueva dirección en todo el movimiento obrero. Esa es la tarea del momento. Hicimos la radio abierta y construimos el PSC con ese objetivo fundamental, buscamos ampliarlo y desarrollarlo. Por eso llamamos a participar desde todo el país en el plenario del miércoles 27 a todos los que quieran coordinar las luchas y buscar una salida obrera a la crisis.

Escribe Mariano Barba

Pese a la represión, continúa con firmeza la lucha de los 238 mineros de Andacollo (norte neuquino, a 500 km de la capital) que trabajan en la mina de oro y plata. Reclaman el pago de dos sueldos caídos y la continuidad laboral. Al corte de la ruta nacional 22 que realizan desde hace quince días cercano a la capital neuquina, se suma el puesto de control que tienen instalado a la entrada de la mina cuidando las máquinas. Desde el último sábado treinta y tres mineros llegaron, en varias camionetas y trafics, burlando el control de la gendarmería por el desierto, y se instalaron en la ciudad capital, frente a la fiscalía que oficia de mediadora entre los trabajadores y el gobierno. Llevan dos meses y medio sin cobrar los haberes y la empresa yanqui Trident se declaró en convocatoria de acreedores y no está operando la explotación desde fines del año pasado. Esto significa que los trabajadores están prácticamente abandonados, sin perspectiva de continuidad laboral.

El gobierno del MPN es cómplice porque nunca controló la concesión a Triden ni la obligó a depositar el millón de dólares del contrato que hubiera permitido pagarles los sueldos por ocho meses a todos los obreros. A esta altura el gobierno debería tomar la administración estatal de la mina y garantizar la continuidad laboral.

El gobierno, como solución, apenas ofrece 20.000 pesos mensuales durante seis meses y no les garantiza la continuidad laboral. Por eso, día tras días los trabajadores rechazan esos “ofrecimientos”, mientras el gobierno endurece el cerco sobre ellos, generando verdaderos ghettos sobre los campamentos, tanto en la ruta 22 como en la capital. En este último, el domingo pasado, la policía impedía, por orden del fiscal, el ingreso de agua, alimentos y baños, una conducta inhumana y delictiva siendo que están acampando sobre asfalto y sin acceso a ningún inmueble. Fue una verdadera lucha, que encabezó nuestra concejala Angélica Lagunas, para que se permita el ingreso de esos elementos vitales. Cerca de la noche de ese domingo, entró por primera vez el agua, los alimentos y el acceso a un baño de la universidad próxima al campamento. Gran repercusión pública tuvo este evento, que fue festejado masivamente en las ciudades de donde provienen los mineros.

Para fortalecer su lucha, desde la Multisectorial organizada por el sindicalismo combativo de los ceramistas, docentes y otras organizaciones, se realizó una caravana el día viernes hacia el corte de ruta de los mineros, que próxima a llegar fue interceptada por la policía, obligando a que una delegación de los mineros se acercara y se organizara un acto de apoyo a su lucha y de repudio a la represión. Por último, este martes 19, como parte del sindicalismo combativo, hicimos una marcha hacia el campamento en Neuquén capital y compartimos un acto con los mineros allí instalados.

Escribe Leonardo Portorreal

Después de siete meses de luchar por cobrar su sueldo, las compañeras y compañeros de La Nirva lograron un compromiso de parte de la patronal ante el Ministerio de Trabajo para pagarles los salarios adeudados. Esta semana les abonaron el 20% del mes de abril y se fijó un cronograma hasta el 1° de junio para saldar la totalidad de la deuda, después de lo cual la fábrica volvería a trabajar. Como la empresa ya incumplió su palabra varias veces, ya que les pagaron con cheques sin fondos, van a continuar con el acampe en la puerta de la fábrica hasta que se cobre el ultimo peso de lo que les deben.

Este avance en la lucha es el fruto del largo y duro conflicto que vienen llevando hace meses, sin el acompañamiento de los dirigentes del Sindicato de Pasteleros, que en ningún momento apoyó las medidas de acción adoptadas. En estos siete meses sufrieron el despido de más de sesenta compañeros y la represión de parte de la policía de Espinoza y Kicillof que los desalojó de la puerta de la fábrica la semana pasada. Con la fuerza de las compañeras y compañeros y el apoyo solidario de organizaciones sociales y partidos de izquierda, de sindicatos como el Suteba La Matanza, los ferroviarios del Sarmiento o los compañeros de Textil Iberoamericana, se logró retomar el acampe y visibilizar en la última semana el conflicto en los medios de comunicación.

Felicitamos a las compañeras y los compañeros de La Nirva por su persistencia, por el avance que dieron en su pelea y nos seguimos poniendo a su disposición para todo lo que sea necesario a fin de ayudar a que esta lucha triunfe definitivamente.

Escribe Héctor Maldonado, delegado de Telecom-Cablevisión

Las patronales, con el silencio cómplice de Alberto Fernández y la CGT, están descargando la crisis mundial del Covid-19 en los trabajadores. Empresas como Telecom-Cablevisión, que reportan millonarias ganancias, quieren apretar aún más la tuerca bajando conquistas del convenio colectivo y extendiendo la jornada laboral.

Trabajadores telefónicos del área de supervisión de red de Telecom-Cablevisión hicimos una nota al sindicato Foetra Buenos Aires con el objetivo de reclamar que nos muestre el acta que firmaron con la empresa. Supuestamente, en dicha acta dice que la jornada laboral la quieren extender a nueve horas, no hay período de prueba de seis meses, ni habla de dar categorías en poco tiempo. Crea categorías que no están en el convenio, que llevan a la rebaja salarial.

 Reproducimos fragmentos de la nota enviada: “Todos sabemos que, hace un año aproximadamente [...] están negociando la reestructuración de nuestras funciones. Se intenta oficializar de forma legal la 'polifunción de tareas'. Ahora todos harán todo. Cómo se puede promover una rebaja de categoría, el pago de un plus por resarcimiento y una mochila salarial”.

Desde la agrupación Lista Roja queremos denunciar esta situación de mayor precariedad laboral y la complicidad entre nuestro sindicato y la empresa. Tenemos que seguir reclamando el acta y rechazando estos ataques a nuestras condiciones laborales. Llamamos a los trabajadores de Telecom-Cablevisión a seguir organizados.