Aunque la pandemia es un hecho novedoso, que nos obliga a dar respuestas a situaciones inéditas por la gravedad sanitaria que vivimos, estas las debemos elaborar en el marco de los mismos criterios sindicales con los que nos manejabamos antes. Porque el rol del imperialismo, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, no ha cambiado. Hay agrupaciones político-sindicales docentes que, frente al coronavirus, se confunden y pierden estos criterios, presionados por un lado por el sano sentimiento de solidaridad social con el que la docencia en general y la izquierda en particular siempre nos hemos movido. Pero, por otro, terminan cediendo al “voluntariado” al que apelan el gobierno y la burocracia. No han advertido las maniobras que los diferentes gobiernos han implementado contra la docencia y la educación pública.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, coordinador nacional de Docentes en Marcha

Como sindicalismo docente combativo debemos defender el salario, los derechos laborales y la escuela pública, denunciando a los gobiernos provinciales y nacional y sus permanentes ataques. Es esencial defender el pago del 100% del salario a todos los docentes, rechazar los acuerdos a la baja firmados por las burocracias. Exigir la reactualización mensual según el costo de la canasta familiar. Que no quede ningún docente sin cobrar y se garanticen los ofrecimientos y actos públicos para tomar los cargos vacantes y suplencias, que el gobierno suspendió. Y, mientras se realizan de manera virtual, que paguen el salario que estaba cobrando cada docente al finalizar 2019 o, al menos, 40.000 pesos mensuales.

Mientras la burocracia actúa de correa de transmisión de la política del gobierno, apoyando sus medidas, nosotros denunciamos el ataque a los derechos laborales, las clases virtuales sin infraestructura tecnológica y habitacional de muchísimos docentes, sin centralidad pedagógica, la súper explotación laboral de no tener horarios para responder correos electrónicos y/o mensajes de alumnos y familias. Sufrir aprietes que exigían informes de nuestros trabajos, cantidad de alumnos conectados, evaluaciones y calificaciones, entre otros.

Producto de las fuertes y sólidas denuncias, de los sindicatos combativos (Ademys, Amsafe Rosario, Suteba multicolores) es que Trotta tuvo que desdecirse, admitiendo que este sistema no puede reemplazar a la educación presencial ni al rol del docente en el aula. Que no serán necesarias las calificaciones virtuales, ni se perderá el ciclo lectivo 2020. Que están implementando un sistema de textos en papel para que llegue a los alumnos. Por supuesto, a las palabras del gobierno se las lleva el viento y será una dura pelea lograr que sostenga esas posturas y archiven sus proyectos de reemplazar docentes por “facilitadores virtuales”.

Defendemos la escuela pública estatal, contra su privatización

Estamos por la defensa de la escuela pública, denunciando que no sigan avanzando los planes del imperialismo, del Banco Mundial, que buscan liquidar el derecho social a una educación pública, gratuita, estatal. Buscan convertir a la educación en una mercancía más, privatizando todo el sistema educativo. Quieren que estudien los que paguen y los pobres vayan a una escuela estatal convertida en “centros de alfabetización, comida y contención social”.

En las últimas décadas los gobiernos avanzaron en esos planes del Banco Mundial gracias a las traiciones de la burocracia, pese a las grandes luchas de la docencia. Lograron la transferencia de las escuelas a las provincias, atomizando el sistema educativo nacional y los salarios docentes. O el pulular de escuelas privadas, la privatización de servicios y de cursos de formación, mientras destruyen la formación continua estatal o la infraestructura de la escuela pública. Lamentablemente también, bajo el eufemismo de “integración” o “inclusión”, han avanzado en arrasar con la educación de adultos, las escuelas especiales o con los roles del docente. En este aspecto la “inclusión” y las escuelas de jornada extendidas, sin fondos, sin más personal, sin infraestructura, lleva a que tanto la dirección de las escuelas como los docentes debamos cumplir tareas de alimentación y contención social, además de pedagógicas.

La solución para esto es una fuerte inversión en el presupuesto de educación y salud, ya. Por eso no perdemos de vista la exigencia al gobierno nacional y a los gobernadores, que dejen de pagar la deuda externa, que quiten todos los subsidios a las escuelas privadas y se implemente un Fondo de Emergencia con un impuesto del 10% a las grande fortunas, banqueros, multinacionales y empresarios.

¿Comedores, voluntariados, asistencialismo? El rol docente y del sindicalismo combativo

Como hemos dicho miles de veces, la escuela pública es una caja de resonancia de la crisis social. Ningún docente es ajeno a los graves problemas que viven nuestros alumnos. Y permanentemente estamos actuando en la escuela para que el gobierno las resuelva, muchas veces haciéndonos cargo nosotros, solidariamente.

Pero el proyecto del Banco Mundial que la escuela pública deje de ser un pilar en la “movilidad social” para convertirse en “contención social”, se fue naturalizando. Por eso, una de las tareas centrales del sindicalismo combativo es denunciar estos planes y enfrentarlos, exigiendo la renacionalización del sistema educativo y su financiamiento, terminar con la educación privada y rechazar el rol del docente “asistencialista”, reclamando la formación pedagógica continua y tareas educativas claras. Ceder en estos reclamos, frente a un “posibilismo” y “costumbrismo” de tareas que no corresponden, es capitular a la política del gobierno.

Hay agrupaciones docentes, como la Gris del Nuevo Mas, la Marrón del PTS y otras, que desde el inicio han menospreciado la validez sanitaria de la cuarentena. En vez de centrar su política en exigir a los gobiernos que inviertan todo lo necesario en garantizar la alimentación, el reparto de bolsones casa por casa, insumos de higiene y seguridad, textos, etc., tienen la política de organizar voluntariados para repartir bolsones de comida en las escuelas (¡como si esa fuera una tarea de la docencia!). Esta política “asistencialista” se apoya en que muchos docentes se sienten angustiados por la situación social de las familias de nuestras escuelas. Por supuesto que compartimos y acompañamos esa sana intención solidaria de nuestros compañeros de escuela, con la que muchísimas veces hemos realizado actividades en medio de inundaciones o desgracias. Pero que una agrupación político-sindical combativa impulse ahora la ruptura de la cuarentena sanitaria a docentes y a los sectores socialmente más vulnerables, nos parece una irresponsabilidad. Repiten este criterio sindical “asistencialista” cuando reclaman a los sindicatos combativos que se encarguen de entregar bolsones o ayudas a docentes que no cobran, cuando el rol del sindicalismo combativo debe ser obligar al gobierno que les pague. ¿Estas agrupaciones propondrán voluntariados para recolectar la basura o colocar inyecciones, donde el gobierno no garantice la plata para recolectores o trabajadores de la salud? Así está actuando la burocracia sindical con sus iniciativas, como ofrecer lugares para los que se enfermen, en vez de enfrentar a las patronales y gobiernos que descuentan salarios, despiden y no ponen más plata para la salud pública.

Por supuesto que impulsamos la más amplia solidaridad con todos los sectores que lo necesitan, familias pobres, despedidos, trabajadores de la salud. Y acompañamos a los sectores que ven la necesidad de la solidaridad. Pero, como dirigentes de sindicatos combativos, el primer paso es la exigencia a que sea el gobierno el que lo garantice, sin arriesgar la salud de los docentes y las familias. A través de denuncias sólidas, como las que hemos realizado obligando al gobierno a cambiar su postura pública sobre la educación virtual, por ejemplo. Con todo tipo de acciones, inclusive la movilización de ser necesaria, con todos los cuidados sanitarios. Pero exigiendo al gobierno que utilice los fondos para educación, salud, salarios, ayuda social, en vez de para la deuda o subsidiar y ayudar a los grandes empresarios y multinacionales.

El Socialista, al finalizar una reunión de dirigentes de Ademys con el ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires, entrevistó a Mariana Scayola, secretaria general de Ademys (sindicato docente porteño) y dirigente de Lista de Maestros.  

-ES: ¿Cómo está hoy la situación educativa y de los docentes en CABA?

-MS: Nos reunimos on line con el Ministerio de Educación de CABA y le planteamos distintas problemáticas en el marco de la cuarentena. Por un lado, están todas las contradicciones y la discriminación social que conlleva este sistema de educación virtual, que los ministros Trotta y Acuña reivindican y endiosan. Hay millones de alumnos que no tienen ninguna posibilidad de realizar una tarea pedagógica coherente por falta de conectividad e infraestructura virtual (notebook, internet, wifi, etcétera). Además, los docentes enfrentamos una serie de exigencias y presiones, falta de recursos, la realización del trabajo en medio de tareas domésticas y con hijos a cargo, con muchas horas de tareas fuera del horario laboral. Y la imposibilidad de la evaluación al conjunto de los alumnos por este sistema. Por eso rechazamos las presiones del gobierno para que haya algún tipo de acreditación académica, como si la actividad se estuviera desarrollando en un marco de “normalidad” y no en medio de una crisis sanitaria y económica inédita. Con Ademys reclamamos actualización y reparto de equipos para familias y docentes, conectividad gratuita y cuadernillos en papel que lleguen a la casa de los alumnos.

-ES: ¿Y la situación económica?

-La situación salarial es grave. Al insuficiente aumento de marzo se suma la disparada de precios en artículos de primera necesidad e higiene. Por eso exigimos un aumento de emergencia. Hay miles de docentes que estaban trabajando en 2019 y hoy no cobran nada porque se suspendieron los ofrecimientos de suplentes e interinos y no pudieron tomar cargos, o tomaron pocas horas. Son los más desesperados. El gobierno respondió que se está trabajando en un sistema de actos públicos virtuales para resolverlo. Le exigimos que no haya dilaciones, que se contemple una toma de posesión retroactiva y que haya ya un subsidio excepcional para quienes no tienen trabajo. También, que ningún docente quede sin Obra Social y no haya despidos ni rebaja salarial en escuelas privadas.

-ES: ¿Qué conclusiones sacas de la reunión?

-Es un hecho que el gobierno de Larreta en CABA, como Fernández nacionalmente, no resuelven los graves problemas de la docencia y la educación en cuarentena. Si ya veníamos con problemas, ahora se han potenciado. Incluso, aunque no debería ser la tarea prioritaria de la escuela, el tema de la alimentación de nuestros alumnos nos golpea directamente. La escuela siempre es caja de resonancia de los problemas sociales y hace varios años que los gobiernos han llevado a que en muchísimas familias la comida en las escuelas sea una base de su alimentación. Ahora se agrava por la pandemia. El gobierno está haciendo recaer la crisis de la cuarentena en los sectores populares y los trabajadores. Fernández dice “es preferible un 10% más de pobres, que miles de muertos”. Es una falsa disyuntiva. ¡Es preferible un 10% menos de ricos, que miles de muertos! ¡Y ahora los gobiernos hasta quieren hacer recaer en la docencia la responsabilidad de la alimentación de los sectores populares! Le dijimos al gobierno que los bolsones no alcanzan para todos y son miserables. Y que ponen en riesgo la salud de los docentes y de las familias de los alumnos que hacen colas en las escuelas, justamente los sectores más vulnerables a la pandemia. El propio gobierno reconoció que no garantizaron todas las medidas de higiene y seguridad. Y, ante nuestros reclamos, informó que están preparando articular la entrega a través de Desarrollo Social, casa por casa. Pero de las palabras a los hechos,… si no seguimos presionando, no habrá soluciones.

Reproducimos partes de la declaración que firmamos directivas y minorías multicolores de ATEN

Escribe Angélica Lagunas, directiva por la minoría de ATEN Capital

En el día de la fecha se pudieron visualizar los recibos de sueldo y han dejado expuesto graves trabas e irregularidades administrativas que pretenden dejar sin salario a centenares de compañeras.

La conducción TEP (Conducción de ATEN Provincial, aliados de la burocracia de Baradel y Alesso) reaccionó tarde porque está co-gobernando con el MPN, esperando las medidas que éste toma para apoyarlas. Solamente reacciona cuando la presión de las bases los obliga a pronunciarse. Desde la Minoría de ATEN capital venimos, desde hace semanas, comunicándonos con compañeras y compañeros que efectivamente no van a cobrar, hemos recabado los datos y elevado el reclamo por estas situaciones y por el atraso en el cobro de haberes. Todo el relevamiento ha sido enviado a los distritos escolares con copia.

Hay todo tipo de irregularidades: No cobraron docentes que accedieron a la titularidad en febrero, otros que tomaron doble turno la primera semana de marzo y otros que habiendo presentado los papeles en tiempo y forma, tampoco.  Y otros que cambiaron situación de revista.

A otros les retuvieron montos considerables del salario por deuda en recupero, sin respetar los convenios firmados y hubo descuentos desproporcionados de cuarta categoría y por adherirse al paro. En muchos casos no se han pagaron los salarios familiares.

Exigimos urgentemente un dispositivo que contemple todas estas situaciones, y se garanticen los pagos por planilla complementaria en los próximos días. Que se les otorgue un bono indemnizatorio a todos aquellos que no han podido tomar horas ni cargos debido a la suspensión de actividades y se han quedado sin salario alguno.

En este marco de cuarentena se tenía que garantizar el salario, las condiciones laborales y la continuidad laboral de todos los trabajadores de la educación y el gobierno no lo ha hecho. Están a tiempo de realizar todas las cargas necesarias.

Exigimos que el Cuerpo Colegiado del CPE sesione a la brevedad para dar solución inmediata a todas estas irregularidades.

¡La cuarentena tiene que ser con trabajo, salario y comida!

Comisiones Directivas de ATEN Picún Leufú y de ATEN Zapala y minorías de las Comisiones Directivas de ATEN Capital, de ATEN Plottier y de ATEN Cutral Co – Plaza Huincul, en el Frente Multicolor

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza

La suspensión de clases y la cuarentena de los docentes fue una verdadera pelea que tuvimos que dar para defender la salud de los niños, docentes, auxiliares y millones de familias. No bien se conocieron datos de la pandemia, Izquierda Socialista y los compañeros de Docentes en Marcha comenzamos a exigir que se suspendieran las clases para evitar la posibilidad de contagios masivos. Mientras, impulsamos que donde no se garantizaran insumos e infraestructura escolar necesaria, definiéramos con las familias el cierre provisorio de la escuela. La negativa del gobierno fue apoyada por la burocracia de Ctera y Suteba en la voz de Roberto Baradel: “Por dos muertos no vamos a suspender las clases en todo el país”, dijo.

Días después, el ministro de Educación Trotta decretó la suspensión de clases, pero “con los maestros asistiendo a las escuelas”. Este absurdo fue repudiado por la docencia que, apoyada por los sindicatos combativos, con diferentes medidas, evitó arriesgar su salud. Finalmente, se declaró la cuarentena social para todos. Pero el gobierno insiste en que los docentes tengamos que romper la cuarentena.

Muchos gobernadores, respaldados por la burocracia Celeste y algunas agrupaciones, piden que los docentes (y auxiliares) vayamos “voluntariamente” a realizar diferentes tareas con las escuelas abiertas, como armar bolsones de comida o de materiales escolares, o hacer listados. Larreta, por ejemplo, aprovecha la pandemia para declarar la educación como “servicio esencial” para después ir contra el derecho de huelga. Y obliga a los docentes tercerizados de jornada extendida a que vayan a colaborar a los hoteles donde familias deben hacer cuarentenas por el coronavirus y, si no van, no cobran. También Kicillof, aprovechando que casi 30.000 docentes no pudieron tomar cargos porque se suspendieron los ofrecimientos por la cuarentena y no cobran nada, lanzó un programa que dará a estos docentes $10.000 míseros, con la condición de que vayan a “tareas en las escuelas”, rompiendo la cuarentena. Se los quiere enviar a armar bolsones de comida y repartirlos en las escuelas a centenares de familias que van a retirarlos, sin insumos de seguridad ni aislamiento. Así, además de arriesgar su salud y la de su familia, se compromete la de las madres y padres que se amontonan en las escuelas. Encima, una fuerte denuncia de docentes y padres es que en general los bolsones son minúsculos y no alcanzan para las familias que van, generando mucho malestar.

Izquierda Socialista, Docentes en Marcha, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo hemos rechazado que los gobiernos quieran usar a los docentes para tareas no educativas, arriesgando su salud. Entendemos y compartimos el sentimiento de solidaridad de la docencia para con sus alumnos y familias. Por eso reclamamos que sea el gobierno, provincial o municipal, quien reparta los bolsones, casa por casa, garantizando los materiales de seguridad para los que lo realicen. Y exigimos que se aumente el número de bolsones y la calidad y cantidad de insumos y alimentos de cada uno para que alcance para evitar el hambre en cada familia mientras dure la cuarentena.

El gobierno es el responsable de la salud, la seguridad, el cobro de salarios, ayuda social y la alimentación de todos, los docentes, los trabajadores y el pueblo y las familias. Con el fondo de emergencia, con la plata de los empresarios y de la deuda externa lo tiene que garantizar.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista criticamos cómo, ante la pandemia, las autoridades universitarias lanzaron un fallido, inconsulto e improvisado sistema de “clases virtuales”. Señalamos qué requisitos son necesarios para pensar algún tipo de “normalización” cuando el retroceso de la pandemia así lo permita; y nuestra propuesta de que del fondo de emergencia económica que nuestro país necesita para enfrentar la crisis del coronavirus también se contemple una partida de emergencia para el sistema universitario.

El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), recomendó a las universidades aplazar la fecha de inicio de las clases del 13 de abril, generando en algunas un corrimiento de las clases presenciales hasta al menos junio. Las resoluciones adoptadas nada dicen sobre cómo se va a garantizar una cursada con condiciones de seguridad e higiene para reunir a miles de estudiantes en pleno otoño e invierno y con la pandemia del coronavirus azotando a nuestro país y el mundo como prevén los especialistas.

Flexibilización laboral solapada

Paralelamente se observa la pretensión de avanzar en la flexibilidad laboral de la mano del “teletrabajo” que veneran el gobierno, las patronales, la Federación Universitaria Argentina (FUA, dirigida por la UCR) y las gremiales docentes conducidas por el oficialismo peronista. Como Feduba de la Conadu que sacó un infograma dando los “pasos” para disfrutar del trabajo desde la casa a sus afiliadxs.

Las primeras semanas de dicho cursado virtual han sido en gran medida fatídicas. Desde la UNC, por ejemplo, surgen numerosas denuncias del colapso de las “aulas virtuales”, reclamos de estudiantes por la dificultad de cumplir con las tareas domiciliarias dispuestas, así como también las amenazas de perder la regularidad por dificultades para conectarse en los horarios requeridos. Por su parte, lxs docentes señalan que se ven obligadxs a estar 24 horas pendientes de las consultas. En la UNLP también ocurrieron hechos como la expulsión y abandono a su suerte de lxs estudiantes que vivían en el Albergue Universitario.

Necesitamos soluciones de fondo

La SPU sugiere dictar los dos cuatrimestres entre junio de 2020 y marzo de 2021. Reiteramos que, más que poner fechas de “normalización” que nadie sabe si van a poder cumplirse, las universidades deberían estar preocupadas por acompañar los reclamos que emergen del sistema de salud. En lo que hace al ciclo lectivo, decimos que deben prorrogarse vencimientos de materias y finales, regularidades, inscripciones y todos los trámites burocráticos que tienen las universidades.

Por otro lado, señalamos que no puede ocurrir ningún tipo de normalización de la cursada sin acuerdo y debate democrático con la comunidad de cada una de las universidades, y hasta que las condiciones de preservación ante la pandemia así lo permitan. También afirmamos que es necesaria una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar un aumento de las becas, en su cantidad y monto; también partidas extraordinarias para garantizar las condiciones de infraestructura, recursos higiénicos, presencia de profesionales de la salud, y demás recursos necesarios para preservar a la comunidad universitaria.

Dichos recursos deberían salir, como proponen Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda- Unidad, de un fondo de emergencia construido en base a impuestos a las grandes empresas y multimillonarios, así como también del cese del pago de la deuda externa que el gobierno de Alberto Fernández ha sostenido incluso en medio de la cuarentena.

Juventud de Izquierda Socialista