Escribe Guillermo Sánchez Porta

Nadie puede desconocer que la pandemia del coronavirus generó crisis en todos los órdenes de la vida. La escuela no es, para nada, la excepción. No queremos que nuestros hijos pierdan el año educativo, queremos que sepan y adopten los conocimientos necesarios para seguir avanzando en su formación. Que no pierdan el ritmo educativo, porque todo parate puede significar un retraso difícil de retomar, sobre todo con la enorme presión social, por la miseria, y la deserción escolar que viene de años.

También queremos que no repitan o que no pierdan la posibilidad de terminar la escuela primaria o secundaria, que puedan avanzar en estudios terciarios o universitarios, o ingresar a trabajar con el título secundario, ¡título básico para poder conseguir algún trabajo en blanco! O los que están en la universidad o en institutos terciarios no sean aún “más castigados”, impidiendo que puedan rendir y avanzar o culminar sus carreras.

Otra grave problemática es la emocional. Niños de primaria, y mucho más los adolescentes, están sufriendo mucho este aislamiento social, no pueden ir a la escuela, al encuentro cotidiano con amigos y compañeros, ni juntarse socialmente en clubes, calles, plazas, recitales o fiestas.

Ni hablar de la situación de la docencia. De un día para otro, improvisando, hubo que aprender a manejar tecnología y programas virtuales, tener metodologías para “dar clases” a alumnos de todas las edades, tantear qué se podía enviar y en qué cantidades. Nos desesperamos, inútilmente, por “no perder” la conexión con todos los alumnos. Perdimos horarios, quedamos desbordados, superexplotados, en muchos casos trabajando mientras cuidamos y ayudamos a nuestros propios hijos. Tenemos que pagar los gastos de tecnología, conectividad, luz, servicios. Y decenas de miles ni siquiera pudieron tomar cargos u horas y se quedaron en la miseria salarial, peor que en 2019.

Las familias están saturadas por tratar de que sus hijos tomen el celular o la computadora para hacer tareas escolares. Tienen que pagar, sin ningún tipo de subsidios, más luz, gas, celular, datos, internet, por la educación virtual y por estar con los chicos en casa. Y, ante el regreso de millones a sus puestos de trabajo, también se complica la atención de chicos que quedan sin sus padres o madres.

Si bien esta terrible pandemia no surgió por responsabilidad del gobierno nacional ni los gobernadores, sí son responsabilidad de ellos las políticas para atacarla. Y la realidad es que Trotta y Fernández, Larreta y su ministra Acuña, o los gobernadores de cualquier color político, no hicieron nada para resolver seriamente las inquietudes de las familias trabajadoras. Solo mienten para generar expectativas de soluciones mágicas que generen “apoyos” políticos a sus propuestas, que nunca serán realidad.

Larreta pasó por las clases semipresenciales, escuelas ciber, clases en plazas o canchas de fútbol, clases de diez alumnos dos horas por día y otras propuestas absurdas que nunca se implementaron. Ahora dice que antes de fin de año habrá clases presenciales y, en enero, los sábados y con docentes contratados. Después, cuando nada de eso se implementa, responsabilizan a Trotta o a los “sindicatos de izquierda” como Ademys y no se hacen cargo de haber mentido a las familias y los estudiantes.

Trotta no está en contra de la “presencialidad”. Arrancó con el famoso “protocolo burbuja”, tan absurdo que nunca lo pudo implementar. Hizo una prueba criminal en San Juan que a los pocos días la anuló porque estallaron casos de coronavirus en ciudades que no tenían contagios. Ahora quiere hacerlo en La Pampa, Jujuy y Santa Cruz. Como en todo el mundo,  donde minimizaron el problema sanitario de juntar alumnos y docentes en escuelas, los contagios se potenciaron y debieron retroceder, como pasó en Israel.

La realidad es que hoy el virus no está controlado. Que hasta que haya una vacuna las clases presenciales no serán posibles sin graves riesgos. Los que dicen “aunque sea juntar a los pibes, a algunos, dos horas un día por semana” están proponiendo cualquier cosa, menos volver a clases y educar. Generar falsas expectativas a las familias y estudiantes solo lleva a mayores decepciones y más crisis emocionales.

Hasta que se garantice la educación presencial, lo que deben hacer los gobiernos, de la Nación y provinciales, es invertir todo lo necesario para sostener la educación virtual. Garantizar conectividad, internet gratuita, subsidios para pagar la luz y los servicios de las familias donde hay alumnos o docentes. Repartir computadoras a todos. Coordinar con docentes, alumnos y especialistas un verdadero plan de estudio, coherente con la capacidad de interacción diaria frente a la computadora de estudiantes y de docentes. Que los alumnos puedan rendir exámenes de manera virtual, no perder el año y preparar, para cuando sea posible, exámenes presenciales.

Para eso hace falta presupuesto, dejar de pagar la deuda externa y de subsidiar escuelas privadas. Otro plan económico, como proponemos desde Izquierda Socialista en el FIT-Unidad. Y un fuerte plan de lucha de docentes, estudiantes y trabajadores para imponerlo.

Escribe Nahuel Toledo, Comisión Directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno

Este lunes 28 de septiembre se realizó el primer paro nacional de la docencia pre y universitaria de las universidades nacionales, de cara al segundo cuatrimestre virtual. El paro se dio en medio de la crisis social, sanitaria y económica que atraviesa nuestro país junto con un atraso del 18,31% proveniente del gobierno de Macri, una  pérdida de 12,61% de nuestro poder adquisitivo y un recorte salarial del gobierno de Alberto Fernández con una propuesta de cero por ciento de aumento salarial hasta el momento para este año, el incumplimiento de la paritaria 2019 y un ajuste al presupuesto educativo 2021. Pero también por el agotamiento y la sobrecarga de la docencia pre y universitaria que, producto de la virtualización forzada, tuvo que realizar un esfuerzo enorme en adaptarse a la enseñanza virtual aportando equipamiento tecnológico y gastos de conectividad sin ser compensados.  

La medida fue convocada por el congreso de la Conadu Histórica, pero impulsada desde las asambleas de los sindicatos de base y mandatos de delegados por la bronca de la docencia universitaria frente a la pasividad de las conducciones nacionales. Incluso Conadu, federación ultraoficialista, frente al paro tuvo que convocar a una jornada de protesta y plan de lucha para reacomodarse frente al legítimo reclamo. 

Pero, pese al empuje de las asambleas por parte de la docencia, las conducciones burocráticas de la Conadu Histórica (PCR- Deggenarismo, Patria Grande y PC) y Conadu (De Feo y CTA Yasky) fueron un tapón, realizando diferentes maniobras para que no se desplegara una verdadera lucha nacional en defensa de nuestros salarios, por la aplicación sin restricciones de nuestro convenio colectivo de trabajo y por demandas en el marco de la pandemia del coronavirus y la virtualización forzada. Ambas conducciones se negaron a profundizar la medida frente a quienes promovíamos un paro de 48 horas y el inicio de un plan de lucha por la inmediata recomposición de nuestros salarios, siendo que además hasta el momento nos encontramos sin una propuesta paritaria para este año y nuestros salarios siguen en caída.

Desde Docentes Pre y Universitarios e Investigadores de Izquierda Socialista y los sectores combativos reunidos en el Encuentro Nacional de la Docencia Universitaria del pasado 4 de septiembre venimos de impulsar asambleas en nuestros sindicatos por un plan de lucha con paro nacional de 48 horas y continuidad de las medidas, contra el recorte a nuestros salarios y la pasividad de las conducciones burocráticas, por la aplicación de nuestro convenio colectivo y condiciones de trabajo, junto con la exigencia de un bono compensatorio por gastos extras para toda la docencia, provisión de equipamiento tecnológico por parte del gobierno nacional y por la triplicación del presupuesto universitario sobre la base del no pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa.

Ante la presentación de un proyecto de ley de educación por parte del gobierno de la provincia de Mendoza, la Agrupación Nacional Docentes en Marcha repudia este nuevo ataque del gobierno a la educación pública y manifiesta todo el apoyo a la docencia mendocina.

El gobierno radical de Rodolfo Suárez intenta avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, en continuidad con la política de ajuste llevada por el anterior gobierno de Cornejo, impulsor de medidas tan nefastas como el ítem aula, entre otras.

Ahora van contra la estabilidad laboral, contra las libertades individuales, habilitando el control estatal de las redes sociales, impulsando incluso la delación entre los trabajadores por el contenido de sus mensajes personales.

Por otra parte, profundiza el proceso de privatización y avanza en la municipalización del sistema educativo, iniciado con la Ley Federal de Educación del menemismo y continuado con la Ley Nacional de Educación del kirchnerismo consolidando la desresponsabilización del estado provincial y nacional sobre la educación y fortaleciendo el concepto mercantilista, en detrimento de la educación pública y estatal como derecho social.

Por último, manifestamos todo nuestro apoyo a la docencia y la comunidad educativa mendocina, organizada en el SUTE Multicolor, en la organización de medidas y acciones para enfrentar este nuevo ataque, llamando a las organizaciones sindicales de la docencia combativa a apoyar la lucha de nuestros compañeros impulsando acciones de solidaridad nacional.

Docentes en Marcha

Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

La docencia misionera salió a pelear por un aumento del sueldo básico y el blanqueo salarial para recuperar el escalafón docente. Hoy una maestra cobra un salario inicial de 25.000 pesos y recién mejora después de quince años de antigüedad. El salario básico actual es de 7.000 pesos y el gobierno, en complicidad con la burocracia de UPDM-Ctera a la cabeza, quiere aumentarlo solo a 9.200 pesos. Esto fue rechazado por la docencia en lucha, que exige un básico de 12.800 pesos. La situación se agrava porque el gobierno no ha realizado ninguna propuesta para resolver la situación de los docentes.

El conflicto se fue extendiendo a otros sectores empobrecidos como consecuencia del tremendo ajuste que se está aplicando, y hoy hay bloqueos en las rutas 12 y 14, sostenidos por la docencia junto con movimientos de indígenas y campesinos y tareferos, quienes rechazan un emprendimiento empresarial de plantación de eucaliptos en las tierras donde ellos siembran. La crisis se profundiza aceleradamente en una provincia donde, antes de la pandemia, se había decretado la “emergencia alimentaria”, reflejando el hambre creciente en amplias franjas de la población. De no haber respuestas favorables a los que luchan, esta semana se realizaría el bloqueo en la zona norte de la provincia, en Montecarlo, lugar histórico y emblemático donde se desarrollaron y ganaron varias luchas de los trabajadores y campesinos misioneros.

La conducción nacional de Ctera y CTA, al igual que lo hace la CGT, ha dejado abandonados a los docentes y sectores en lucha. Es urgente que rompan la tregua y llamen a una medida de fuerza nacional para apoyar a la docencia y al pueblo de Misiones. Y no sería solo por Misiones, sino por Chubut, desde hace un año sin aumento salarial y con pagos en cuotas y atrasados,  sin cobrar el aguinaldo y con miles de suplentes que acaban de ser despedidos. En La Rioja hace nueve semanas que están de apagón virtual por aumento salarial. Los docentes de CABA también rechazaron un bono por única vez, que ofreció el martes pasado Larreta, como en Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Buenos Aires y demás provincias, que exigen aumento, trabajo y condiciones laborales e infraestructura escolar.

El gobierno nacional es el principal responsable del estado de la situación educativa en todo el país. Para resolver esto necesitamos de manera urgente un fondo de emergencia que grave a las grandes empresas y que se deje de pagar la deuda externa.

Desde Docentes en Marcha llamamos a organizar lo antes posible una reunión nacional de la oposición para apoyar a la docencia misionera y exigir y coordinar un plan de acción nacional e impulsar una campaña de fotos y una movilización a la Casa de la Provincia de Misiones. Este conflicto será tomado en la jornada del 17 de septiembre del Plenario Sindical Combativo, que culminará con un acto en la Plaza de Mayo.

Escribe Malena Lenta, comisión directiva AGD-Psicología, referente de Isadora-Mujeres en Lucha

El fallecimiento de la docente Paola De Simone reveló las precarias condiciones laborales de la docencia universitaria. Mientras tanto, el gobierno y los recortes pretenden seguir avanzando sobre los derechos laborales docentes. La burocracia sindical mira para otro lado.

La impactante noticia de la docente de 46 años que falleció cuando daba una clase virtual a estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa, el pasado martes 1º de septiembre, llegó a ser tapa de los diarios. Pero mientras surgían noticias valorizando su compromiso docente, lo que no se terminó de decir es algo evidente, Paola tenía Covid-19 hacía cuatro semanas. Sin embargo, ni en la universidad privada ni en la Universidad de Buenos Aires, donde también era docente, había logrado el derecho a licencia que le correspondía por enfermedad. Y eso no es una casualidad.

Desde el inicio de las medidas sanitarias de aislamiento social preventivo, tanto las universidades privadas como las públicas iniciaron un proceso de virtualización forzada del trabajo docente. Sin garantizar equipos, ni internet, ni capacitaciones, obligaron a la docencia a convertir en tiempo récord el dictado de clases presenciales en clases virtuales. La consecuencia fue el aumento cuantitativo y cualitativo de la carga del trabajo, es decir, hubo que dedicarle muchas horas extras de trabajo a la capacitación autogestiva para el manejo de las plataformas virtuales y la preparación de gran cantidad de materiales específicos para el trabajo con el nuevo formato. Además, todo se realizó en un contexto de pandemia en donde también se incrementaron las cargas del trabajo de cuidado doméstico. Y el costo se pagó con la salud física y mental de la docencia.

Pero no contentos con esta imposición, los rectores de las universidades, con anuencia del Ministerio de Educación y de las conducciones burocráticas de los gremios universitarios y preuniversitarios como Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Conadu (h), decidieron no garantizar los mínimos derechos laborales, como el derecho a la desconexión y, sobre todo, a las dispensas por cuidado de hijos e hijas menores de edad o familiares, ni las licencias por enfermedad. Por este motivo, Paola se encontraba trabajando a pesar de estar enferma y no pudo obtener la atención de salud necesaria en el momento en que la necesitaba para salvar su vida. Por eso decimos que la virtualización forzada es muerte.

Frenar el avance de la precarización

No obstante, este lamentable suceso puede no ser un caso extremo sino convertirse en una triste escena cotidiana. Organismos internacionales como la Unesco. en acuerdo con las multinacionales de software, están pujando para que la enseñanza a través de dispositivos virtuales se extienda luego de la pandemia. Y el propio Ministerio de Educación y los rectores de las universidades miran con agrado esta perspectiva mientras la burocracia se mantiene silente.

En los sectores de la educación donde rige la formación a distancia a través de plataformas virtuales desde antes de la pandemia, ya se ha instalado la contratación de docentes con vocación de servicio, es decir, a corto plazo y sin derechos laborales mínimos como licencias, vacaciones, aguinaldo, feriados, etcétera. Tampoco se garantizan los instrumentos de trabajo ni de conectividad.

Pero la virtualización no solo ahorra costos al desconocer el convenio colectivo de trabajo de la docencia universitaria, sino que también fragmenta y aísla a los trabajadores y las trabajadoras de la educación superior, promoviendo prácticas pedagógicas acríticas y de peor calidad educativa que, además, suelen ser vigiladas por las autoridades institucionales. Y, al mismo tiempo, aumenta la brecha laboral de género, ya que al realizar el trabajo virtual en el espacio doméstico, incluso sin pandemia, son las mujeres las que sufren mayores interrupciones en la jornada laboral a causa de las demandas familiares y pierden todo derecho de licenciarse ante los requerimiento del cuidado familiar.

Nuestros derechos laborales son esenciales. Nadie debe morir en el trabajo. No a la precarización. Derrotemos el pacto del gobierno, los rectores y la burocracia sindical de la docencia universitaria.