Escriben Agustín Gigli (Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha) y Nicolás Núñez (por la Dirección Nacional de Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha)

Lamentablemente, referentes del PO de Santa Cruz presentaron un proyecto de ley provincial de “Aporte extraordinario de la minería metalífera” que va en contra de las conclusiones que viene forjando el movimiento socioambiental, y a su vez, el propio programa del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU).

A través de sus referentes locales, el Partido Obrero salió a anunciar en los medios provinciales un proyecto de ley que perfectamente podría haber sido presentado por partidarios del peronismo o de Juan Grabois. Basta leer las dos carillas y medias del proyecto para ver que, como mínimo, las consideraciones del proyecto no articulan con los debates que se realizan en las distintas asambleas del movimiento ambiental que recorre el país y sus instancias de coordinación. 

Tampoco han tomado en cuenta el debate que ya habíamos mantenido en 2023 cuando equivocadamente la propuesta de PO (y PTS) era mantener la explotación megaminera de litio en los salares del norte argentino para apropiarse su renta como forma de solucionar la crisis económica y habitacional de Jujuy. Recomendamos leer los artículos Litio: un debate en la izquierda (https://www.ael.ar/debates/litio-un-debate-en-la-izquierda/) y Debates: el Litio, el PO y el acto divisionista del 17 de junio (https://www.ael.ar/debates/debates-el-po-el-litio-y-el-acto-divisionista-del-17-de-junio/). Y en general, recomendamos basarse en las opiniones por escrito de las corrientes y no presumir posiciones partidarias cómo ha hecho el PTS ante este nuevo debate a partir del proyecto santacruceño.

¿Un proyecto para el gobernador Vidal?

Es muy llamativo ver que la fundamentación del proyecto presentado se basa en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobernador Claudio Vidal. No se hace eje en denunciar que se trata de rechazar de conjunto un presupuesto que es de ajuste, que es solidario con la motosierra de Milei, sino que se señala su inaplicabilidad por falta de ingresos al decaer la actividad petrolífera y la suspensión de la construcción de las represas hidroeléctricas, esas represas que afectarán, entre otras cosas al glaciar Perito Moreno. El proyecto no denuncia el presupuesto, sino que busca la forma de que sea viable. Un error colosal. Nos preguntamos ¿si se aprobara este proyecto, habría que manifestarse de acuerdo con el presupuesto 2026 de Vidal? Para que se entienda más claramente aún, ¿acaso Néstor Pitrola presentaría por el PO un proyecto en el Congreso de la Nación para pagar con regalías de megaminería las leyes de discapacidad y Financiamiento Universitario? Entendemos, por la declaración que han terminado por escribir lxs compañerxs del PO a través de Juan García, que la respuesta a esta pregunta es negativa.

Desde la izquierda y las asambleas ambientales denunciamos al código minero vigente desde el menemismo y las demás leyes que configuran el saqueo megaminero, entre otros aspectos, por el bajo porcentaje de regalías que deja la actividad. Pero no lo hacemos para luchar por un aumento de esas regalías, sino como parte de la denuncia global al saqueo. No hay controles estatales, no hay estudios de impacto ambiental científicos, no hay debates democráticos con poder resolutivo (audiencias públicas reales, libres y democráticas), no hay consulta a los pueblos originarios ni a las comunidades con poder de veto. Tampoco hay aportes a las economías regionales o nacional tanto por generación de trabajo, adquisición de insumos ni pagos de regalías, es más, hay competencia (eliminación) con otras actividades económicas. 

Una desviación parlamentarista

Otro error de este proyecto está vinculado al rol que debemos cumplir lxs militantes revolucionarios del FITU en los distintos cargos parlamentarios que con tanto esfuerzo militante logramos conquistar. Desde Izquierda Socialista creemos que no accedemos a estos cargos para proponerle a los diputados patronales como hacer “viables” sus planes de ajuste, ni tras el posibilismo de rebajar nuestro programa en pos de proyectos que sean “votables” por los partidos burgueses (mayoritarios en los parlamentos).

Como lo hacen nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer, Mercedes de Mendieta y tantos más ocupando bancas nacionales, provinciales o municipales, tomamos el compromiso de luchar junto a los trabajadores contra el ajuste capitalista, denunciando que la única salida es la construcción colectiva de la movilización y de una herramienta política con independencia de clase. Esto lo hacemos desde las bancas. Pero acá los referentes del PO presentan su proyecto de ley sin tener ningún diputado en la provincia. No lo tiene PO ni lo tiene ninguno de los integrantes del FITU. Es decir, que PO presenta el proyecto de ley para que, en el mejor de los casos, lo discutan los partidarios de Vidal, Milei y lxs Kirchner, sin tener ni un sólo diputado que pueda defender en la cámara el proyecto. Es una desviación parlamentarista grande, que lleva a los trabajadores a confiar no solo en la legislatura, sino en los bloques patronales. Lo que hay que hacer es enfrentar en las calles, exigiendo a la CGT y a las CTA que implementen un plan de lucha para derrotar a la motosierra de Milei y Vidal, no buscar fondos para que el gobernador pueda garantizar la aplicación de su presupuesto.

La “crisis” provincial

Los fundamentos del proyecto plantean que existe una “crisis” en la provincia y por eso se comenzó a pagar en forma escalonada los salarios, hay desocupación y los salarios no alcanzan para la canasta básica. Lo dice claro: “la crisis del estado provincial se debe a un recorte en los ingresos que el estado provincial percibía en cuanto a coparticipación federal de impuestos, a lo que se agrega la crisis planteada con la caída de la producción petrolera y la consiguiente merma de los ingresos por regalías hidrocarburíferas”. Nada del pago de la fraudulenta, ilegítima, ilegal e impagable deuda externa. Nada de la motosierra del propio Vidal. La crisis no es solo por políticas nacionales y por la caída de la producción petrolera, sino también por la propia política de ajuste de Vidal: las motosierras provinciales también son responsables de empujar a las economías locales al estancamiento, el desempleo, la caída del consumo y de los ingresos populares.

¿Qué debemos hacer con la megaminería?

Frenarla. La pregunta es cuál es la política correcta, ubicada en cada situación concreta, para avanzar en ese camino.

En Santa Cruz la megaminería está instalada a diferencia de otras provincias como Chubut que se la viene bloqueando desde 2002/2003, y en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), donde la pelea está ahora mismo en curso y con pronóstico abierto. Pulseadas que se enmarcan hoy en el orden nacional con el proyecto de Milei de modificar la Ley de Glaciares. El proyecto en cuestión nada dice contra la modificación de la Ley de Glaciares ni de la avanzada extractivista extrema que comenzó el gobierno peronista y profundizó Milei. Ni que hablar que omite el contexto de criminalización de la lucha contra la megaminería con un tendal de procesadxs, cárcel de activistas como Naum y Damián en Chubut, y recurrentes allanamientos y desalojos de comunidades. 

En primer lugar, el proyecto pero también el debate posterior que suscitó, adolecen de no diferenciar entre minería y megaminería, ni entre los proyectos en curso y los que podrían desplegarse si se modifican la Ley de Glaciares y/o aprovechando el RIGI. Sumado a un revoleo de chicanas inconducentes, han dificultado que del error -para nada minimizable- de la presentación de este proyecto en Santa Cruz el FITU pueda aprender y corregir hacia adelante. Es necesario clarificar, ante lxs miles que en el país ven a nuestro frente como una alternativa política, cuál es el programa de transición hacia dejar atrás y para siempre no solo al extractivismo como forma de depredación inseparable del capitalismo, sino también a las distintas técnicas que como la megaminería y el fracking son en sí intrínsecamente insostenibles, por ser destructivas de los territorios.

Tenemos que partir de que la izquierda socialista y revolucionaria no puede tributar a la ideología profundamente capitalista de que el antagonismo de clase resulta morigerable por la vía de una mayor destrucción de la naturaleza. No podemos sostener como una salida ante la crisis pagar salarios contaminando ríos. Nuestra perspectiva socialista implica pelear por un desarrollo armónico entre los polos que mediados por la técnica componen las fuerzas productivas: la naturaleza y la humanidad. De allí que buscamos que la reorganización de la sociedad que impulse un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo abandone completamente técnicas que representan lo que el propio Marx dejó pistas para pensar como “fuerzas destructivas”. 

En ese camino, el conjunto de las propuestas y consignas que levantemos son tácticas y dependerán de su potencial para desarrollar la movilización y clarificar sobre la necesidad de esa salida de fondo. Por eso, resulta sumamente correcto que basado en un sinfín de luchas y asambleas territoriales -y por más que ahora el PO pareciera renegar de eso- el programa de constitución del Frente de Izquierda sostenga desde el 2011 el rechazo a la megaminería, el fracking y la prohibición de distintas prácticas contaminantes. 

El PO hoy rechaza estos planteos porque “la prohibición no es una salida en sí misma” si no está llevada adelante por un gobierno revolucionario. Como señalamos ya en el debate en torno al litio, este criterio es profundamente equivocado: niega la posibilidad de que aún bajo gobiernos capitalistas lxs trabajadorxs, asambleas y comunidades locales puedan obtener triunfos por la vía de la movilización. Los 22 años de freno a la megaminería en Chubut no son una “salida en sí misma” pero sí un triunfo popular enorme, y de ahí los recurrentes intentos de distintos gobiernos patronales por enterrar el triunfo del 2003. Lo propio podemos decir de la Ley 7.722 en Mendoza. Estos logros han protegido por décadas al agua de las comunidades locales de la depredación extractivista y mostraron el camino para derrotar a las multinacionales. 

Citamos lo que ya señalamos en el debate del 2023:
“Nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etcétera, todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de lxs trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una ‘salida”.” 

¿Qué hacer?

Ante lo que plantea Juan García por parte del PO nacional, frente al hecho de que en Santa Cruz “no ha habido grandes movilizaciones contra sus consecuencias ambientales y en general existe una adaptación de un gran sector de la población a este tipo de explotación”, creemos que hay que ratificar el camino de haber buscado en los últimos meses llevar al seno del movimiento obrero y sus organizaciones las problemáticas ambientales, en particular, impulsando las campañas contra el RIGI y ahora contra la modificación de la Ley de Glaciares tal como se ha impulsado desde la nueva conducción combativa de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz). De la mano de eso, tenemos que explicar pacientemente porqué estamos por el fin de la megaminería, y que incluso ante conflictos salariales muy duros, criminalizados, reprimidos y extendidos por meses sin respuesta de los gobiernos, hay que rechazar el “atajo” de buscar sacar una tajada de la destrucción de los territorios, lo cual no representa ni siquiera pan para hoy y si es falta de agua para mañana. Para todo eso, entendemos desde Izquierda Socialista, que sería pedagógico que sea retirado el proyecto de regalías presentado en la legislatura provincial.

Hacer confluir a las organizaciones de la clase trabajadora con los espacios de defensa territorial socioambiental, más allá de los episodios puntuales de estallidos populares  como el “Chubutazo” del 2021, se ha demostrado una tarea compleja, trabajosa y lenta, pero que resulta hoy más necesaria que nunca. Tener enfrente un proyecto de ultraderecha de motosierra y extractivismo extremo que a todas luces tiene en su ADN al mismo tiempo reventar los territorios y reventar los derechos laborales nos tiene que, al menos, ayudar a que cada vez más sectores saquen la conclusión de que la lucha anti-extractivista y la lucha de la clase trabajadora son una sola. Que, como se ha dicho del otro lado del Atlántico: “el fin del mundo y el fin de mes son la misma pelea”. Hoy son una y la misma lucha la pelea contra la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares y todos los esfuerzos del FITU deben estar al servicio de ganar esa batalla.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La Ley de Glaciares; la megaminería de cobre en Mendoza y de litio en el norte; la reprivatización del río Paraná y de las represas hidroeléctricas; la habilitación para contaminar aún más las napas con agrotóxicos; las petroleras mar adentro y la ampliación del fracking en Vaca Muerta; el anuncio de megacentrales de procesamiento de datos para la inteligencia artificial; y la entrega de una decena de provincias a la empresa israelí Mekorot. Más que nunca, la batalla por el agua está al orden del día de cara al 2026.

Se trata de un problema global. En el último año se registró el récord de 420 conflictos violentos relacionados con el acceso al agua, según el Water Conflict Chronology del Pacific Institute. Desde el ejército de Israel bombardeando grifos comunitarios y matando de sed e imposibilidad de higiene al pueblo de Gaza, hasta el estado mexicano de Veracruz, donde la policía asesinó a dos manifestantes que protestaban contra el acopio y la contaminación del agua por parte de una megafábrica de cerdos, en cada continente se expande la disputa en torno a los recursos hídricos. 

El agua cotiza en Wall Street en un marco en el que el proceso descontrolado de calentamiento global profundiza las sequías; la pérdida de agua dulce por contaminación avanza; y el fracking, la megaminería y las nuevas tecnologías, tanto las renovables como las vinculadas a la inteligencia artificial, consumen ingentes cantidades de agua. Por eso no sorprende lo que ocurre en nuestro país.

Milei, Trump, Netanyahu y los gobernadores peronistas y radicales

Mientras cerramos este anuario, el pueblo de Mendoza, como ya lo había hecho en 2019, se encuentra masivamente en las calles para frenar la megaminería. En el Senado provincial, el gobernador radical Alfredo Cornejo aprobó, con el apoyo libertario y con cinco de los nueve senadores peronistas, habilitar 28 explotaciones megamineras sin estudios de impacto ambiental válidos. Se habilita la actividad en zonas que amenazan el arroyo El Tigre, la ciénaga de Yalguaraz y el río Uspallata.

Cornejo es, además, según el propio Milei, quien le sugirió cómo modificar la Ley de Glaciares para favorecer nuevamente a las mineras. Su propuesta es que cada provincia defina en una mesa de negociación con las corporaciones qué es y qué no es un glaciar o una zona periglaciar. En ese punto coinciden todos los gobernadores de provincias cordilleranas (peronistas, radicales o de partidos provinciales).

Son las mismas provincias que aprovecharon las negociaciones impulsadas por Eduardo de Pedro, de La Cámpora, con el Estado criminal de Israel para que la empresa Mekorot gestione el agua bajo criterios mercantilistas. Y que aportaron los votos para aprobar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, que dispone que ante situaciones de escasez (de agua, por ejemplo) las empresas tienen prioridad por sobre las personas.

Se trata de los mismos partidos patronales que impulsan la ampliación del fracking y la instalación de plataformas offshore, y que acuerdan con el nuevo proyecto que permite fumigar con venenos a 10 metros de escuelas y barrios. Los mismos que privatizaron en los ‘90 y ahora quieren reprivatizar el río Paraná y las hidroeléctricas.

El agua vale más que todo

Con el ejemplo de la lucha de Mendoza y el impulso de la campaña “La Ley de Glaciares no se toca”, y con la experiencia de las asambleas de todo el país que hace décadas sostienen que “el agua vale más que el oro”, tenemos que redoblar la pelea en defensa de este elemento esencial, no solo para la vida, sino también para actividades productivas centrales como la agricultura, la vitivinicultura y el turismo.

Junto a Juan Carlos Giordano, Mercedes de Mendieta y toda la bancada del FIT Unidad presentamos un proyecto que, en el marco del rechazo a la privatización de AySA en el AMBA, plantea el rechazo a Mekorot y la necesidad de poner en pie una empresa estatal nacional de cuidado y gestión del agua, dirigida por las y los trabajadores y por las comunidades. El agua es vida, y por lo tanto, no puede ser una mercancía.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“La Ley de Glaciares no se toca”. Bajo esa consigna, casi un centenar de representantes de asambleas y organizaciones (desde Tierra del Fuego hasta Jujuy) acordamos impulsar una campaña unitaria para enfrentar la avanzada extractivista. La Asamblea surgió por impulso de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones como reacción al discurso de Javier Milei, quien, en paralelo al anuncio del tratado bilateral con los Estados Unidos, adelantó que presentará un proyecto para terminar con la protección legislativa de los glaciares. ¿Qué está en juego y por qué debería importarle a las y los trabajadores de todo el país?

Porque Donald Trump así lo demanda

Todas las provincias atravesadas por la Cordillera de los Andes tienen glaciares en sus territorios: son 16.968 glaciares, una de las principales fuentes de agua potable del país, ya que alimentan los ríos de los que se extrae para consumo humano. De por sí, los glaciares están hoy amenazados por el calentamiento global, que acelera los procesos de deshielo. Eso ya amerita preocupación, pero además se suman los intentos de empresas mineras por intervenir sobre los ecosistemas que les dan vida, ya sea extrayendo agua o desechando químicos contaminantes.

La existencia de la Ley de Glaciares sólo se explica por las luchas en defensa del agua, la vida y los territorios. En 2008, ante su primera aprobación, Cristina Fernández la vetó a pedido de multinacionales como Barrick Gold, interesada en avanzar con la megaminería sobre glaciares en San Juan. La insistencia de la movilización permitió que en 2010 se aprobara definitivamente en su redacción original, a pesar de las maniobras de funcionarios como Daniel Filmus, que buscaron en el Congreso una versión “intermedia”. Desde entonces, la Ley 26.639 estuvo siempre en la mira de las empresas mineras y de los gobiernos provinciales que buscan avanzar sobre el 1% del territorio nacional alcanzado por su redacción. Incluso su modificación integró el primer proyecto de “Ley Bases” de Milei.

Entonces, si los gobernadores (peronistas, radicales, del PRO o de partidos provinciales) siempre quisieron tirar abajo la Ley de Glaciares, ¿por qué ahora? ¿Por qué Milei habla de glaciares y periglaciares en sus discursos?

El anuncio del presidente se dio en simultáneo con la confirmación, por parte de Estados Unidos, del avance de un tratado comercial con nuestro país. En ese marco, el capítulo “ambiental” del acuerdo plantea “fomentar una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”. Las palabras clave son eficiente y minerales críticos. No hay ninguna preocupación ambiental: se trata de garantizar recursos estratégicos para los Estados Unidos. Y ahí encaja el anuncio de modificar la Ley de Glaciares: necesitan “eficiencia” para reventar esas reservas de agua. Para despejar dudas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) ubicó la Ley de Glaciares entre sus principales “preocupaciones legislativas”, junto con la reforma laboral y el Presupuesto 2026 (Infobae, 11/11/2025).

Tenemos que frenarlos

El gobierno pretende que cada provincia determine su propia definición de “glaciar” y “periglaciar”, lo que permitiría favorecer a la multinacional de turno. Frente a eso, la Asamblea discutió defender la Ley de Glaciares tal como está y rechazar cualquier negociación posibilista que abra, por otra vía, la puerta a las mineras.

En estas horas, el pueblo de Mendoza está dando pelea contra el avance minero. En todo el país existe una enorme experiencia de luchas ambientales que debemos recuperar, coordinar y unificar para frenar esta ofensiva. Eso es lo que buscamos organizar con la campaña que acabamos de poner en pie.

Sumate, junto a Ambiente en Lucha, a defender los glaciares en todo el país. La Ley de Glaciares no se toca. El próximo 4 de diciembre salimos a las calles.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad

La Conferencia de las Partes (COP) es la principal instancia de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Reúne a 198 partes (197 países y la Unión Europea). Este año, se realizó en Belém, en el norte de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

A diez años del Acuerdo de París

La COP30 se convocó al cumplirse una década del Acuerdo de París, cuando los gobiernos del mundo se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para que la temperatura global no superara, durante el siglo, un aumento de 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Superar ese límite supondría abrir un escenario incierto y de riesgos catastróficos para el conjunto de la especie humana.

La realidad es que la temperatura media de los últimos tres años ya superó ese umbral. En 2024 incluso alcanzó los 1,6 grados, lo que lo convierte en el año más caluroso de los últimos 125 mil del planeta.

El informe publicado por la Universidad de Oxford, El estado del clima en 2025: un planeta al borde del abismo, recopila investigaciones que señalan que de 34 signos vitales planetarios relevados, 22 se encuentran en estado de emergencia.

En ese marco, se destaca que en 2024 los incendios forestales aumentaron un 370%. La masa de hielo de Groenlandia y de la Antártida se encuentra en mínimos históricos de volumen, incluso pasando puntos de no retorno que amenazarían con provocar metros de aumento en el nivel de los mares.

Este escenario se expresa también en el huracán más potente de la historia, que azotó a Jamaica la última semana, y en los extremos climáticos que vivimos en la Argentina: por un lado, temporales e inundaciones; por otro, sequías e incendios cada vez más frecuentes.
De mantenerse el ritmo actual de aumento de la temperatura global, los costos asociados a los llamados “desastres naturales” derivados del calentamiento global implicarían, de acá a 2050, una pérdida del Producto Bruto Mundial de 18 billones de dólares, el equivalente a multiplicar por seis las pérdidas de los dos años de pandemia de Covid-19.

Más grave aún: esta dinámica expondría a la muerte a unos dos mil millones de personas y multiplicaría exponencialmente las migraciones forzadas provocadas por la crisis climática.

¿La COP “de la verdad”?

Tras tres años de conferencias en países petroleros (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán), la convocatoria de la COP30 en Brasil, país donde en 1992 se originó la Cmnucc, y bajo una presidencia autodefinida como “progresista”, se presentó como la oportunidad de marcar un giro hacia un mayor compromiso con el abandono de los combustibles fósiles.

Sin embargo, en la previa de la cumbre, el propio Lula autorizó la explotación petrolera en plena Amazonia, un territorio hoy amenazado de muerte por el avance de la frontera agropecuaria y las consecuencias del calentamiento global.

Las contradicciones no terminan ahí: al inaugurar la cumbre, Lula planteó que debía ser “la COP de la verdad”, una instancia de acciones climáticas más contundentes. A pesar de ello, al segundo día de la conferencia, la Marcha de los Pueblos (integrada por colectivos socioambientales y pueblos originarios), que se movilizó hasta la sede de Belém con esa misma exigencia, fue reprimida por la policía local.

La nota del evento, sin embargo, la dio la ausencia de Donald Trump, quien llevó hasta el extremo su negacionismo climático. El principal responsable histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero que están incendiando el planeta decidió abandonar las políticas de mitigación y adaptación, y duplicar los subsidios al fracking en Estados Unidos.

La movilización global contra el cambio climático logró instalar la problemática y forzar a los gobiernos a tomar medidas, aunque parciales, que apenas han ganado algo de tiempo frente al colapso.

Está claro que solo la clase trabajadora, junto con los movimientos socioambientales y los pueblos originarios, podrá avanzar en la articulación de una estrategia capaz de enfrentar no solo las consecuencias, sino las causas de la catástrofe: un sistema capitalista que destruye el planeta en nombre de la ganancia.

La única salida real pasa por gobiernos de las y los trabajadores que tomen medidas de fondo hacia una planificación socialista, única vía para evitar la catástrofe que nos amenaza.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

El diputado radical Atilio Benedetti, de la UCR de Entre Ríos, presentó en el Congreso un proyecto redactado al servicio del agronegocio y apoyado por diputados libertarios, macristas y peronistas, con el respaldo de corporaciones como la Sociedad Rural (SRA), las bolsas cerealeras y Monsanto. El nombre del proyecto es engañoso: “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios”. Lejos de proteger el ambiente, su verdadero objetivo es legalizar fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de zonas pobladas.

El único bloque que rechazó de forma unificada este proyecto fue el Frente de Izquierda Unidad. Nuestro compañero Juan Carlos Giordano lo denunció en la comisión donde comenzó el debate parlamentario y exigió que se escuche a las víctimas, asambleas socioambientales y científicos que denuncian desde hace años el modelo de producción basado en agrotóxicos.

La periodista Anabel Pomar, integrante de la Asamblea Paren de Fumigarnos de Exaltación de la Cruz, explica cómo se ocultan las consecuencias del agronegocio. Para eso cita una frase que se hizo popular: “Es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. Y nosotros acá podríamos extender la idea al conjunto de la realidad argentina: “Es imposible que los gobiernos reconozcan que están envenenando al pueblo si el pago de la deuda externa depende de eso”.

El modelo sojero transgénico que impulsó Monsanto comenzó hace 30 años. Desde entonces, las fumigaciones se transformaron, por un lado, en la principal fuente de ingreso de dólares para pagar la deuda externa, garantizando ganancias millonarias para las corporaciones del campo y la exportación, especialmente hacia China. Por otro lado, convirtieron al país en un Chernóbil silencioso, un desastre sanitario del que no se habla y que los gobiernos ocultan para proteger el negocio sojero.

En los primeros 22 años del paquete tecnológico Roundup (que incluye el glifosato, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud), la superficie cultivada creció un 50% a costa de desmontes y destrucción ambiental. Pero el dato más grave es otro: el uso de agrotóxicos aumentó un 858%. Ningún gobierno quiso medir las consecuencias sanitarias. Sin embargo, distintos estudios demuestran un aumento alarmante de cáncer, problemas respiratorios, abortos espontáneos y malformaciones. Uno de los más conocidos es el trabajo del médico Medardo Ávila-Vázquez (2017) en Monte Maíz, Córdoba. Allí se concluyó que “la incidencia de cáncer, la prevalencia y la mortalidad fueron entre dos y tres veces mayores que el promedio nacional”.

El proyecto que hoy discute el Congreso legaliza el avance de las fumigaciones y elimina conquistas logradas en luchas locales que establecieron zonas de resguardo para escuelas y viviendas rurales. Propone fumigar con veneno a 10 metros con mochilas manuales, a 40 metros con drones y a 150 metros con aviones. Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario. El estudio encabezado por Natalí Bernardi (2015) en Marcos Juárez demostró que no hay diferencia en los daños genéticos y respiratorios en niños que viven a 500 metros o a 1.500 metros de las zonas de fumigación. Es decir: el veneno viaja y envenena igual.

Digamos las cosas por su nombre: el proyecto impulsado por Benedetti, la Sociedad Rural y el gobierno es una licencia para matar a la población rural, en especial a los niños y a las y los trabajadores del campo. Este proyecto no debe pasar. Tenemos que fortalecer la organización y la lucha para frenarlo en las calles y en el Congreso.