Alberto Fernández y Cristina Kirchner llevan un poco más de un mes gobernando. Los distintos medios vienen opinando sobre la nueva gestión del Frente de Todos y es un debate en medio del verano de millones de trabajadores y jóvenes.

El peronismo gobernante ha convertido en una muletilla la frase de “que está gobernando para los más vulnerables”. Consideramos que no es así. El recorte a los jubilados, las sumas fijas a los salarios por debajo de la inflación, la continuidad en la suba de los precios, el apoyo a la megaminería, los impuestazos como el de Kicillof y esencialmente la política de reconocer la deuda externa contraída por Macri, entre otras medidas plasmadas en la ley de emergencia votada en el Congreso indican que el gobierno tomó la decisión de salvar las ganancias capitalistas en vez de combatir los males sociales

Miremos qué dicen los grandes empresarios, el FMI y los especuladores. El empresario automotriz y CEO de Fiat, Cristiano Ratazzi -quien fue un macrista acérrimo hasta siendo fiscal de mesa en las elecciones para el PRO-, dijo: “Creo que fue brillante […] hay medidas dolorosas como el sistema previsional, pero si no se reforma no hay solución de ningún tipo”. Y lo más contundente fue el FMI. “Estas primeras medidas nos hacen ver que el gobierno se va moviendo en una dirección positiva” afirmó Alejandro Werner, director del organismo para el Hemisferio Occidental. El FMI no elogia a cualquiera, sino a los gobiernos que aplican medidas de achique social y en especial a los que le van a pagar la deuda, como lo ha ratificado Fernández.

Que se está aplicando un ajuste lo reconoció el propio presidente: “Si ajustar es ordenar las cuentas públicas, estamos haciendo un ajuste”. ¿Cuál es el ajuste? En primer lugar, el robo a los jubilados y a los trabajadores. A cambio de 5.000 pesos en enero y febrero para quienes cobran la mínima se les suspendió la movilidad, es decir, no se les pagará el reajuste del 27% que les correspondía. Lo mismo está haciendo con los salarios. Con sumas fijas absolutamente insuficientes el gobierno intenta patear las paritarias y eliminar la cláusula gatillo firmada en algunos gremios, convalidando, de la mano de la burocracia, sindical lo perdido en la era Macri. Los gobernadores siguen el mismo camino en las provincias.

¿Cuáles son los objetivos de las medidas de Fernández? Ahorrar para pagar la deuda y aumentar las ganancias de los grandes empresarios y multinacionales. La ley de emergencia habilita a renegociar la deuda. Pero renegociar implica avalar el pacto con el FMI y pagar una deuda usurera y fraudulenta. Patear los vencimientos para más adelante no es ninguna solución. “Honrar deudas” que no contrajo el pueblo trabajador significará nuevos ajustes. No hay ningún país del mundo que salió de la mano del FMI pagando deudas fraudulentas.
Otro tema a resaltar en los primeros días de gobierno es el aval de Alberto Fernández a la megaminería. El Frente para la Victoria de Mendoza votó junto al gobernador de la UCR la reforma a la ley 7722 que la prohibía. Esto provocó inmensas movilizaciones que terminaron en un triunfo. Por lo mismo se lucha en Chubut. Luchas que son un gran aliciente para enfrentar el pacto social. También hubo marchas en contra del ajuste y el congelamiento salarial en algunas provincias.

Con el argumento de la “tierra arrasada” de Macri el gobierno hace campaña que “le estamos poniendo plata al bolsillo de la gente”. No es lo que se está viendo. Por eso, opuesto a lo que dice el gobierno habrá menos plata para los bolsillos de los trabajadores.

Sabemos que millones aún no lo ven así, mantienen expectativas en el gobierno o dicen “si aguantamos el desastre de Macri cómo no vamos a esperar un poco más”. A ellos llamamos a seguir el debate mientras los convocamos a defender el salario y el trabajo. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad seguirá luchando para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores, postulando un plan económico alternativo, fundamentalmente para que la plata vaya a salario, trabajo y a reactivar la economía, no para la deuda y el FMI, entre otras medidas de fondo.

Escribe Adolfo Santos

En medio de tanta crisis, muchos compañeros se ilusionan con el discurso del gobierno peronista que acuñó un nuevo término: ser “solidario”. Alberto Fernández machaca con  este concepto tratando de generar una imagen favorable, ya que se trataría de ser “solidario con los que menos tienen, con los más vulnerables” y que los que pagarían el ajuste, esta vez, serían los de arriba. ¿Esto es así?

El gobierno insiste en que la prioridad es la lucha contra el hambre, la protección de los jubilados que cobran la mínima, de los que están en pobreza extrema y los que pagarían el ajuste serían los de arriba. Sin embargo, en las medidas concretas que ha propuesto hasta ahora, no vemos que esa sea la práctica.

La mayoría de los jubilados, aunque están por debajo del costo de la canasta para el sector, no recibirán de forma integral el aumento de 11,56% programado para marzo, ni el reajuste de 15% para junio. ¿Saben por qué? Porque tienen que ser “solidarios” con los que cobran la mínima. También los trabajadores en general tendrán sus paritarias postergadas y recibirán sumas fijas inferiores a la inflación del período, para permitir que los salarios más bajos reciban un poco más. El gobierno de Alberto Fernández está proponiendo, que los que son un poco menos pobres, sean solidarios para resolver el problema de los muy pobres. En nombre de la solidaridad, están produciendo un verdadero achatamiento salarial. ¡Un absurdo!
Es lo que muchas veces denunciamos como doble discurso. Mientras se pide “sacrificio” a la clase trabajadora, siguen los privilegios para los ganadores de siempre. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no le aplica impuestos a Arcor, Aceitera Deheza, Techint, Coto y a tantos otros poderosos en nombre de la solidaridad, para aumentar los salarios y sacar de la pobreza a los sectores más vulnerables?

A los bancos que ganaron millonadas con la devaluación tampoco se los toca, por el contrario, se les sacó el impuesto a la renta financiera que existía en el último período. También a las mineras y petroleras se les rebajaron las retenciones y a las sojeras, que le iban a retener 3% para los jubilados, terminaron perdonándolas. Además, a las privatizadas se les reconocieron todos los aumentos de tarifas anteriores y ahora se las beneficia con más subsidios.

Mientras tanto, Alberto Fernández sigue reuniéndose con grandes empresarios, ofreciendo todo tipo de beneficios. Así lo hizo con el dueño de la minera canadiense Lundin Gold, que viene a llevarse el oro y el cobre del subsuelo sanjuanino a costa de degradar el ambiente y ofrecer trabajos precarios, lo mismo que hace la Barrick Gold, que ya envenenó cinco ríos de San Juan. Ignorando la protesta de los mendocinos. También vimos al presidente junto con las petroleras para tranquilizarlas con el aumento de los combustibles, les pidió que le traigan una propuesta para analizar. Además, les prometió a Chevrón agilizar el tratamiento del proyecto de la ley de Vaca Muerta y pulir una propuesta que sea atractiva para sus ganancias. Tampoco se les pide “sacrificio” ni “solidaridad” alguna a los acreedores de la deuda externa y el FMI. Para ellos están disponibles 4.500 millones de dólares (300.000 millones de pesos) que serán destinados a los pagos inmediatos de deuda, casi el triple, que los 100.000 millones de pesos que suman todos los programas sociales juntos.

En síntesis, el gobierno le pide solidaridad y sacrificio a los que dependen de un salario devaluado y no toca a los grandes empresarios, a los banqueros, a las privatizadas ni a los pulpos acreedores. Por más doble discurso que se utilice, eso se llama “ajuste”, no solidaridad. Los compañeros peronistas que tienen expectativas en este proyecto deberían preguntarle a este gobierno: si los jubilados y los trabajadores en general son los que más perdieron en los últimos años, mientras los grandes empresarios se la llevaron en pala ¿quién tiene que ser solidario en este momento?

Escribe: Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza

El pasado 13 de septiembre los docentes bonaerenses, junto con Ctera, paramos y nos movilizamos masivamente hacia el Congreso junto a estudiantes y docentes universitarios, en repudio a la tortura a la compañera de Moreno y por una verdadera recomposición salarial, ya que seguimos cobrando el salario de 2017.
Ese mismo día Vidal presentaba un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial”. ¿Quiere invertir mayor presupuesto para garantizar salarios dignos, edificios en buen estado, el nombramiento de los docentes, preceptores, profesionales y auxiliares, necesarios? Nada de eso, sólo quiere liquidar nuestro derecho constitucional de hacer huelgas para poder imponer el recorte del presupuesto como pactaron con Macri y el FMI.

El diputado de Cambiemos que lo presentó dijo que “esto evitará el daño y el costo por no tener los días de clase que deberían” (Agencia Nova, 16/9). ¡Caraduras! Hace casi dos meses que el gobierno cerró las 275 escuelas de Moreno y hay centenares más en toda la provincia sin clases por el peligro de vida y lesiones por el desastroso estado de los edificios.
Nosotros exigimos que se declare la emergencia educativa nacional y se ponga la plata necesaria, sacando del pago de la deuda externa y los subsidios a la educación privada.
Baradel, conducción de Suteba, y el Frente Unidad Docente (FUD) en vez de profundizar el plan de lucha, sólo llaman a “delegados” a acompañar en la movilización a médicos, judiciales y estatales el 19/9 en La Plata, sin siquiera parar 48 horas como lo hacen esos gremios. ¡Voluntad de luchar sobra! Y el paro general del 24 y el 25 lo volverá a ratificar masivamente.
La conducción kirchnerista de Suteba y Ctera hablan mucho de “fuera Macri” y que “están contra el feroz ajuste”, pero se niegan a coordinar e impulsar la lucha consecuente para derrotarlo. Los docentes de ATEN Neuquén, encabezados por Angélica Lagunas y el sindicalismo combativo, con 43 días de huelga sí derrotaron el ajuste, rompiendo el techo, logrando un aumento salarial y cláusula gatillo indexado mensualmente al costo de vida.
Es necesario que desde la oposición Multicolor exijamos a Suteba y Ctera un verdadero plan de lucha y lo comencemos a organizar, llamando a que la docencia tome la lucha en sus manos. Empezando por impulsar parar 48 horas el 24 y 25, convocando urgentemente al Plenario Provincial de Delegados para que sea la base docente la que decida cómo seguir la lucha.

Escribe José Castillo

Después de un fin de semana lleno de rumores y reuniones, donde se llegó a hablar hasta de la renuncia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, finalmente en la mañana del lunes se conocieron las nuevas medidas tras dos sendas conferencias de prensa, la primera del presidente Macri y la segunda del propio Dujovne.
Detrás de las palabras hipócritas de Macri, diciendo cínicamente que le “hubiera gustado dar aumentos a los docentes universitarios o más presupuesto para Ciencia y Técnica” pero que “no era posible”, y de las explicaciones “técnicas” de Dujovne, lo que hay, blanco sobre negro, es una profundización del ajuste para seguir pagando la deuda externa.

Tras los anuncios, Dujovne viajó a Washington a “rogarle” al FMI que les adelante las cuotas del préstamo acordado en junio que estaban programadas para 2020 y 2021. A cambio de eso, se le garantizará al Fondo un mayor ajuste que el ya astronómico que se había firmado entre Macri y Lagarde. Recordemos: la Argentina se comprometía a llegar a 2019 con un déficit fiscal del 1,3%, lo que significaba un super-recorte de 400.000 millones de pesos. Ahora será peor aún, ya que el gobierno le promete al FMI “déficit cero” en 2019 y superávit de 1% en 2020, por lo que el ajuste deberá crecer a más de 550.000 millones de pesos.
Las nuevas medidas para alcanzar este objetivo van claramente contra el pueblo trabajador: 11 ministerios pasarán a ser secretarías. Como ya se empezó a denunciar en decenas de asambleas de trabajadores, esto pone en riesgo los puestos de trabajo de centenares de miles de estatales, además de que áreas como salud, ciencia y técnica o derechos humanos, dejarán de ser consideradas estratégicas y montones de programas y reparticiones en todo el país serán cerradas. También se anunció una reducción aun mayor a la obra pública, con su secuela de desocupación para la industria de la construcción, además de los caminos, puentes, casas, escuelas u hospitales que quedarán sin construirse o repararse. A esto hay que agregarle el anuncio de una baja mayor en el dinero presupuestado para remuneraciones y gastos operativos del Estado, con su consecuencia de salarios congelados. Por último, se profundizarán los tarifazos, ahora sumándole la medida de que los subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica serán transferidos a las provincias, que deberán optar por aumentar los boletos o ajustar en otras áreas.
El ministro también anunció retenciones a las exportaciones. Claro que con una “trampa”, con el clarísimo objetivo de no perjudicar a las grandes empresas exportadoras. Normalmente este impuesto (como cualquier otro) se fija en un porcentaje. Así, por ejemplo se debería haber planteado que se pagaría el 10% sobre el monto total exportado de cualquier producto. Pero esta vez no es así: las exportaciones de productos primarios (como el trigo o el maíz) pagarán 4 pesos por cada dólar exportado. Y el resto 3 pesos por dólar. Esto es una vulgar trampa: hoy 4 pesos, con el dólar a 40, significa el 10%. Pero si el dólar sigue subiendo, 4 pesos cada vez representarán menos. Así, con un dólar a 50 será sólo el 8%, con un dólar a 80 el 5%, y así sucesivamente se irá licuando. O sea: cuando más se devalúe la moneda, y por ende más ganen los exportadores, este impuesto les representará menos en sus ganancias. A los monopolios exportadores de soja, directamente se los favorece: actualmente pagan retenciones por el 25,5%, y ahora, a partir de los anuncios, ¡se les reduce a 18%! Sumándole a ello los famosos 4 pesos, con la excusa que dará “más o menos lo mismo”. Cosa que sin duda será falsa si el dólar sigue subiendo, y los exportadores de soja terminarán pagando el 18% más lo que ya será una “monedita” de 4 pesos. O sea que las famosas “retenciones”, que por otra parte más de una multinacional como Dreyfuss, Nidera o Cargill se la terminará obligando a pagar al pequeño productor, no significan que “pagarán los que más tienen”, como cínicamente anunció Macri. Finalmente el ministro Dujovne tuvo que reconocer que todas estas medidas lo único que generará será más recesión, pronosticando para este año una caída de la economía de al menos el 1%, mientras se filtró un borrador donde el propio Ministerio calcula que la caída será de 2,5% y la inflación llegará a 42%. En síntesis: salarios y jubilaciones se pulverizarán y habrá más pobreza y desocupación. Todo al servicio del FMI y los pagos de deuda.

Macri cambió “el fusible”. Salió Juan José Aranguren, el hombre de Shell, desgastado y repudiado después de un año y medio de habernos metido la mano en el bolsillo tarifazo tras tarifazo. Pero el que “entra” no es mejor. Se trata de Javier Iguacel, el hasta ahora jefe de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que se ocupó sistemáticamente de ajustar.

Hace menos de un mes que los trabajadores de ese organismo habían llevado adelante una medida de fuerza que incluía paros, cortes de rutas y bloqueos de pasos fronterizos ante el despido de 52 trabajadores. A todo esto hay que sumarle el escándalo con una obra en un puente ferroviario en Luján, que une la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional 5, que debió ser rehecho porque el tren era más ancho que el puente y no pasaba, denuncia realizada por el cuerpo de delegados del Sarmiento.

El “currículum” de Iguacel no se agota ahí. También viene, al igual que Aranguren, del mundo de los pulpos petroleros: hizo sus primeros pasos en YPF apenas fue privatizada, para pasar luego a ser directivo de Pluspetrol. Como quien dice, otro ministerio administrado “por sus propios dueños”.

G.P.