Escribe Mariano Barba

La ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores sufrieron una catástrofe climática sin precedentes. Más de 400 milímetros en pocas horas destrozaron la zona, en todos los sentidos, con al menos 16 muertos y personas a las que aún se está buscando. Reconstruir lo destruido es la tarea central del momento, porque se trata de decenas de miles de viviendas inundadas con sus bienes familiares inutilizados. Comienza con la solidaridad popular del primer momento, pero los fondos imprescindibles son cientos de millones de dólares. Desde Izquierda Socialista, nos solidarizamos con todas las víctimas y damnificados.
 
La “pesadilla” se desató el viernes 7 de marzo, a menos de quince meses de haber sufrido un tornado que destruyó muchísimos bienes y dejó el saldo de al menos 13 muertos. Estas dos catástrofes climáticas en tan poco tiempo disparan varias preguntas. Una de ellas es definir cuáles son las causas por las que se desatan tales catástrofes. En las redes se comentaba que Bahía Blanca se convirtió en una ciudad “maldita”, “olvidada por Dios”, sometida a sufrir con asiduidad tempestades destructoras. Para nosotros la explicación es mucho más terrenal y afirmamos que por el calentamiento global se generan este tipo de eventos pluviales, así como sequías extremas y prolongadas en áreas que hace 30 o 40 años atrás eran fértiles y húmedas. Una organización oficial, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), predice la tendencia: “A nivel mundial, es probable que las precipitaciones extremas diarias se intensifiquen en un 7% por cada grado que aumente la temperatura”. Informe que es rechazado, ignorado y repudiado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino y alumno predilecto, Javier Milei. Dos ultraderechistas que con sus políticas negacionistas del cambio climático agravarán el creciente desastre para la humanidad, que se suma al agresivo extractivismo que fomentan y practican la mayoría de los países capitalistas del mundo.
El estacionamiento de un frente de aire frío por muchos días que chocó con un frente ultra cálido y húmedo desató el diluvio. ¿Existen en Bahía las obras apropiadas? Aquí surge el agravante local por responsabilidad de los distintos gobiernos, ya que las obras hidráulicas pluvioaluvionales existentes no se realizaron con la planimetría urbana que respetara los declives del terreno, según el estudio hecho por investigadores del Conicet en el año 2012. Estas obras de mitigación de las lluvias torrenciales no fueron realizadas en los últimos 40 años ni por intendentes, ni por los gobernadores bonaerenses peronistas, radicales y del PRO, ni por los sucesivos gobiernos nacionales. Encima Milei suspendió la realización de toda obra pública contribuyendo al agravamiento de los problemas. Todos dieron la espalda a los pronósticos de los cambios bruscos ya establecidos en la Agenda 2030 por un desarrollo sostenible. O sea, Bahía estaba expuesta a los daños que sufrió por decenas de años sin realizar obras.

Plata para la reconstrucción y no para el FMI
La destrucción de casas y distintos bienes fue masiva (ver nota). Se abre un momento de mucha incertidumbre para cientos de miles de personas que lo perdieron todo y se preguntan ¿quién va a reconstruir y reponer todo lo perdido? En la conferencia de prensa el intendente peronista Federico Susbielles, indicó que serán necesarios “más de 400 mil millones de pesos” para reconstruir la ciudad tras el temporal que dejó “daños infinitos”. Una cifra insuficiente para la magnitud de los destrozos. Por eso solicitó también créditos internacionales, y préstamos a baja tasa. Por su parte Axel Kicillof, este martes anunció algunos aportes para Bahía y le pidió a Milei que ponga algo del préstamo que tramita ante el FMI, en lugar de exigirle que no le pague al Fondo. Mientras el Gobierno nacional anunció que aportará solo 10 millones de dólares que apenas alcanzarían para reconstruir el gigantesco hospital Penna; una cifra insignificante ante el monto ya pagado al FMI en el 2025 de 5.000 millones de dólares. Milei y Kicillof se parecen, ni uno ni otro quiere priorizar los damnificados por sobre el FMI.
Ante el drama humanitario se destaca la tremenda solidaridad popular en todo el país, llenando camiones y trenes solidarios. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad consideramos que la inversión necesaria es muy superior. Por tal razón, Mónica Schlottahuer y el resto de los diputados del Frente de Izquierda, presentaron un proyecto de Ley declarando la emergencia total en Bahía Blanca y la región, que permita la reconstrucción de una ciudad y de las pérdidas familiares con dinero proveniente del Fondo para la Gestión Integral del Riesgo (ley 27287), un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de las multinacionales, además  de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa.

Para conocer mejor la situación, le pedimos un testimonio a la compañera Monserrat “Tata” Gayone de Izquierda Socialista de Bahía Blanca

Nos encontramos en medio de la catástrofe conmocionados e incomunicados. En otros lugares del país tienen mejor información que nosotros, ya que la mayoría de la población no tenemos luz. Están inundadas las cámaras de EDES (la empresa eléctrica) que son subterráneas. Falta luz en las calles y en los edificios. El hospital del sur y el Penna, los más grandes, no pueden atender porque están inundados. Las cisternas están inundadas por las aguas del arroyo Napostá y el canal Maldonado que reventó. La catástrofe afecta a toda la ciudad. La biblioteca central de la Universidad del Sur está inundada hasta el segundo estante. Se perdieron libros. No hay aún evaluación de todo lo ocurrido. Se tuvo que trasladar el acopio de donaciones desde la Universidad del Sur a otro lugar pues se detectó que pudieron filtrarse sustancias químicas de los laboratorios cuya integridad se desconoce. Se han formado socavones que chupan a los autos y a las personas. El agua invadió el centro de la ciudad, no solo se inundó la periferia. Ingeniero White donde está el puerto y General Daniel Cerri donde hay una planta de gasoducto que viene de Vaca Muerta, son localidades que están sobre la línea de la marea y están bajo agua, porque la marea subió al mediodía.
La Policía, los bomberos y Defensa Civil no pudieron seguir actuando porque la corriente les arrastra las máquinas. La ruta a La Pampa está cortada por una fisura que parece la de San Francisco, que obligó a que se vuelvan los camiones con asistencia. No hay transporte público ni clases en las escuelas. La terminal es un centro de evacuación.
En cuanto a la situación del Polo Petroquímico, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Central Piedra Buena y Dow se encuentran fuera de servicio, mientras TGS Cerri mantiene solo el suministro de gas para uso domiciliario. Están ubicados en la zona del puerto y de Daniel Cerri, que este lunes 10 se encuentran inundados. Por eso se colocaron cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento y bombas de achique de gran porte que se utilizan en grandes superficies subterráneas para el drenaje de agua.
Una autovía que está al sur de la ciudad quedó inconclusa, las obras viales de la ruta 33 que comunica con La Pampa se interrumpieron desde que asumió el gobierno de Javier Milei.
En Bahía se juntaron dos problemas: el cambio climático y el modelo extractivista sumados a la desinversión de la obra pública que no realizó las obras apropiadas para el drenaje. Por lo tanto, esta catástrofe, se pudo evitar. Pero somos zona de sacrificio del transporte del petróleo y de gas de Vaca Muerta y su exportación al exterior. En Rosales sigue avanzando la construcción del puerto petrolero y la carrera que se acaba de abrir en la universidad es la Tecnicatura en Petróleo y Gas, pensando en Vaca Muerta.
¿Cómo reaccionó la población? Es muy triste tener al menos 16 muertos y muchos desaparecidos. A pesar de ese dolor, todo el mundo colabora. Es impresionante, inmensa la solidaridad. Nos conocimos con los vecinos con los que uno habitualmente ni nos vemos. Nos alcanzamos madera para tapar la entrada de las casas. Compartimos lo poco que nos quedaba. Los clubes, los deportistas, todos se prestan para la evacuación, el acopio de las donaciones.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La motosierra y el racismo se combinaron con los efectos del calentamiento global para delinear el paisaje de llamas que irrumpió este verano. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden cuando miles de hectáreas son incineradas?

A los incendios en la Patagonia se terminaron por sumar unas 300 mil hectáreas incendiadas en Corrientes y Entre Ríos. Estamos hablando de que entre enero y lo que va de febrero en todo el país fue consumido por el fuego el equivalente a más de veinte ciudades de Buenos Aires. A pesar de eso, en su infame entrevista del pasado lunes 17 en TN, el presidente Javier Milei insistió en que su gobierno había hecho todo bien y volvió a atacar a las Lof (comunidades) mapuche. Una repregunta obvia hubiese sido consultarle qué comunidad mapuche habita el litoral argentino, pero no le podemos pedir tanto a Jonatan Viale. ¿Qué esconde en este caso el presidente?

El  volumen de incendios del que hablamos representa claramente un crimen político. Y en todo crimen corresponde preguntarse quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Hace años que vemos cómo crecientemente irrumpen los incendios en verano, y también en ese período de tiempo hemos visto quienes se hicieron más ricos y poderosos. Los Joe Lewis y terratenientes amigos de los gobiernos que se apropian de lagos enteros. Las empresas destinadas a la implantación de pinos que no son propios de la zona y son la vegetación combustible de los incendios por definición. Los qataríes que quieren instalar represas. Jamás se incendia un metro cuadrado de las tierras “británicas” de Lago Escondido, pero sí son devastadas las tierras de las Lof. Y sin embargo, quienes son atacadas son las comunidades que defienden los territorios del avance del extractivismo.
Es en ese marco que no debería sorprender que el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, haya tenido como trabajo previo ser contador de Lewis. De allí la libertad de acción que tienen las patotas de los terratenientes que atacaron a vecinos y brigadistas que protestaron ante la detención de seis de sus compañeros. Al día de hoy, uno de ellos, Nicolás Heredia, continúa detenido.  

Como señalan desde el territorio, el fuego abre paso a los negocios, promoviendo el cambio del uso del suelo aunque esté prohibido, y también, porque es la vía de estigmatización de quienes reivindican la recuperación. Derogada la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena, las comunidades quedaron en una situación de gran desamparo ante las amenazas de desalojo que promueven los empresarios locales y todos los gobiernos. Sin prueba alguna, Javier Milei, Patricia Bullrich, y también los gobernadores provinciales como Ignacio Torres de Chubut y Alberto Weretilneck de Río Negro, se lanzan a culpar al pueblo mapuche de los incendios, como paso previo a la criminalización y la represión. Así fue que la semana pasada se dieron una gran cantidad de allanamientos y la detención de Victoria Fernández Núñez de la Lof Pillán Mawiza. Como señala Moira Millán, esta Lof, recuperada hace veinticinco años, jamás tuvo ningún juicio o demanda por su reivindicación, y ahora corre con amenaza de desalojo anunciada por el mandatario provincial. Así se cierra el círculo de fuego, represión y racismo al servicio del extractivismo.

El jueves 13 se convocó a una acción en todo el país contra la criminalización y responsabilizando al gobierno por los incendios. Ese mismo día, renunció Ana Lamas, la subsecretaria de ambiente. Al otro día, sorpresivamente, al flamante reemplazo de Lamas, Jorge Brom se le escapó una verdad al definir que desde la gestión nacional habían cometido “errores” de planificación y desfinanciamiento. Es decir, lo que denunciamos en las calles de todo el país. El gobierno es responsable de los incendios, pero no por “error”, sino por ser cómplice y partícipe del avance de los intereses pirómanos de las corporaciones extractivistas.

Escribe Rodolfo Sánchez, científico de Bariloche, Izquierda Socialista/FIT Unidad

Entre Bariloche y el El Bolsón, en Río Negro, se encuentra una franja de 60 kilómetros de ancho y unos 150 kilómetros de largo donde se asientan los lagos y bosques andino patagónicos. La mitad es parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y el resto está en manos de capitales extranjeros con socios y testaferros locales.

Los pueblos originarios, agrupados en comunidades llamadas lof, reclaman el reconocimiento por parte del Estado Argentino de las tierras que habitan. En la provincia hay unas 184 comunidades, que desde 1988 intentan que se los releve bajo la incumplida Ley provincial 2.287 y la Ley nacional 26.160/06, recién derogada por decreto de Milei, que apuntaba a evitar los desalojos e inscribirlas en el Registro de Comunidades Indígenas. Solo a 64 comunidades les completaron los trámites, las 120 restantes están a merced del desalojo como el caso de la comunidad Buenuleo, que desde el 13 de febrero tiene sentencia judicial.

El accionar de Milei y del gobernador Alberto Weretilneck junto al Poder Judicial es ultra escandaloso, porque mientras desalojan a las comunidades, dan facilidades y entrega de tierras a los capitales internacionales. En apenas esta franja de tierra, son “dueños”: el Grupo Burco de Bélgica con 80.000 hectáreas en Arelauquen, Cacique Foyel y Río Villegas, y el británico Joseph Lewis con 38.000 en Bahía Dorada, Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno y el Proyecto Laderas. Hace unos días, en pleno incendios en El Manzano, El Manso y El Bolsón y más de 130 casas quemadas, se supo que el gobierno de Weretilneck autorizó a la firma Río Villegas S.A.U. para construir y explotar por 30 años, tres centrales hidroeléctricas (ChiBa I, II y III), cuyo único accionista es Baguales Acquisitions S.A., propiedad de Gastón Gaudio y el qatarí Abdulhadi Mana A ShAl-Hajri, multimillonario que compró por más de 1.000 millones de dólares el hotel Ritz de Londres. Para las represas compraron campos de 14.500 hectáreas. Otro de los accionistas es el magnate árabe, Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri (20.000 hectáreas en los parajes El Foyel y El Manso). Gaudio es socio del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que junto a Abdulhadi invirtieron en el exclusivo complejo de esquí Baguales Mountain Reserve. La extranjerización de la tierra incluye la zona fronteriza, lo que está constitucionalmente prohibido. Gobernador y presidente unidos en la entrega y el saqueo, porque los incendios que deforestan la montaña incentivan la urbanización.
 

Escribe Rodolfo Sánchez, científico de Bariloche, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En casi dos meses, los incendios forestales llevan arrasadas 37.601 hectáreas de bosques andino-patagónicos. En Neuquén: 450 en Caviahue y 15.200 en el Parque Nacional Lanín. En Río Negro: 10.233 en el Parque Nacional Nahuel Huapi y 3.637 en El Bolsón. En Chubut: 55 en El Pedregoso, 3.530 en Epuyén y 4.496 en Atilio Viglione.

Luego de que las lluvias aplacaran los incendios, surge la pregunta inevitable: ¿son suficientes los recursos para combatir el fuego? La conclusión es no. Y contradice lo que repiten las autoridades. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), ahora a cargo de Patricia Bullrich, en 2024 ejecutó el 81% menos de su presupuesto que el año anterior. A este parate presupuestario hay que sumar una constante que viene de las anteriores gestiones de Mauricio Macri y Sergio Bergman, y de Alberto Fernández y Juan Cabandié, con presupuestos ridículos, pocos recursos y un número insuficiente de brigadistas, los cuales están precarizados y mal pagos. El presupuesto que destinan Javier Milei y Patricia Bullrich apenas alcanza para la compra de un pequeño avión AT-802. Las diferencias con otros países que sufren incendios forestales como Chile, Portugal o España son abrumadoras. Por ejemplo, Chile tiene cinco millones de hectáreas de bosques nativos en la Patagonia y cuenta con más de 3.300 brigadistas y 77 aviones con una capacidad de verter unas 187 toneladas de agua cada dos horas. Argentina tiene 6,4 millones de hectáreas y sólo veintitrés aeronaves con una capacidad de verter 57 toneladas de agua cada dos horas. O sea, una ínfima capacidad. Según ATE, Parques Nacionales Argentina cuenta con solo 600 brigadistas en todo el país. Todos con contratos temporales y un básico de 400 mil pesos que con algunos items extras apenas alcanzan el millón.
El gobierno de Milei y Bullrich, muy lejos de reconocer esta precariedad, apuesta por un lado a criminalizar al pueblo mapuche y generar odio racista, declarando a la inexistente RAM como organización terrorista y causante de los incendios forestales. Una verdadera tapadera para eludir responsabilidades.

Por otro lado, en los primeros días de febrero, el Gobierno nacional hizo un pago de 620 millones de dólares al FMI. Con este dinero se podría haber comprado unos 124 aviones de combate del fuego de tipo AT-802 o unas 7.700 autobombas 4x4 con capacidad de 10 mil litros de agua especializadas para incendios forestales. La responsabilidad de los gobernantes es total en el vaciamiento de los recursos, porque apuntan a que el fuego les “limpie” la montaña para el negocio inmobiliario.