Escribe Adolfo Santos

Alarmado por la estampida inflacionaria, el gobierno peronista del Frente de Todos busca mecanismos para evitar que las negociaciones salariales acompañen esa escalada. Con el apoyo de los grandes empresarios y la complicidad de la burocracia sindical, el gobierno quiere amarrar las paritarias a la inflación prevista en el presupuesto 2021, fijada en 29%. Un número irreal si consideramos que en diciembre ese índice llegó a 4% y que en enero será algo similar. No por casualidad la mayoría de los analistas económicos calculan que en 2021 la inflación estará entre el 45 y 50%.

Desde el gobierno han iniciado la campaña de que este año quieren que los salarios le ganen a la inflación. Cristina dijo que había que “alinear salarios, tarifas e inflación”. Hugo Yasky de la CTA oficial y diputado nacional llegó a afirmar que está muy entusiasmado con que el ministro de Economía Martín Guzmán enarbole ese discurso, mostrando, dice, a un ministro “inédito” por sus conceptos. Pero detrás de todo esto se encubre un nuevo robo salarial.  

La propuesta del gobierno va a terminar generando un nuevo año de pérdidas salariales en relación a la inflación. Que ya fueron altísimas después de la inflación macrista de 2019, que alcanzó un índice oficial de 53,8%. Tampoco se pudieron recuperar los salarios en 2020 con una inflación que superó el 40% en relación a los alimentos, un rubro fundamental en el presupuesto de una familia trabajadora. Atar las paritarias a un número inflacionario ficticio como es el 29% previsto en el actual presupuesto, será un nuevo golpe en el bolsillo popular.

Queda al desnudo el doble discurso del gobierno de Alberto Fernández. La defensa de los más vulnerables ya se demostró una mentira. Los jubilados perciben ingresos de hambre (perjudicados con una movilidad que no contempla la inflación), se eliminó el IFE, cada vez menos sectores reciben subsidios para sobrevivir a la crisis agravada por la pandemia y el salario pierde por goleada frente a la inflación. 

Por eso la propia burocracia sindical tiene que salir a desmarcarse. La CGT declaró que no van a permitir un “techo salarial” mientras los últimos aumentos de los alimentos devoran los salarios y que van a insistir para que las paritarias terminen 3 o 4 puntos por encima de la inflación. Claro que nadie les cree a estos traidores que en 2020 firmaron un reajuste del 28% para el salario mínimo frente a una inflación del 40% en los productos de la canasta básica.

Una prueba de esta falsa combatividad es el acuerdo que acaba de firmar la Asociación Bancaria. En la primera paritaria importante del año que incluye a 103 mil trabajadores, Sergio Palazzo se jactó de haber firmado un aumento de 29% para 2021, exactamente lo que quiere el gobierno, foto mediante con el propio presidente. Encima de ser un acuerdo a la baja, la recomposición será escalonada -11,5% en enero, 11,5 en abril y 6% a partir de agosto-. Alineado con el gobierno, Palazzo declaró en su cuenta de Twitter: “…los bancarios cerramos una gran paritaria… Lo hicimos sin conflictos y afianzando nuestros derechos”.

No podemos aceptar “sin conflictos” que nos regulen el salario con una inflación imaginaria mientras los grandes empresarios elevan los precios sin ningún control y obtienen todo tipo de beneficios fiscales de parte del gobierno. Todos los días vemos como suben los precios, sobre todo de los alimentos y bebidas, los que más inciden en el bolsillo del trabajador. En lo que va de 202, ya tuvimos tres aumentos de combustibles con un promedio de 8% a nivel nacional y un máximo de 9,7% para la nafta súper en la Capital. Por eso es inaceptable que el gobierno quiera limitar los acuerdos salariales a una inflación irreal.

Sin dudas, Alberto Fernández no podría avanzar con medidas de este tipo sin la complicidad de la burocracia sindical. Por eso ante cada negociación salarial es necesario presionar desde las bases y exigir que ningún dirigente sindical firme un acuerdo sin que sea aprobado por los trabajadores en asamblea. Impulsando luchas por la base podemos presionar a los burócratas y obligarlos a un plan de lucha para conquistar salarios y jubilaciones en relación a la inflación real y para que nadie reciba menos de los 82.000 pesos calculados por la junta interna de  ATE Indec para una familia tipo. Para eso es necesario apoyar todas las luchas y junto con el sindicalismo combativo continuar trabajando para construir una nueva dirección para la clase trabajadora.

Escribe José Castillo

La realidad es más transparente que cualquier discurso. O doble discurso, para ser más preciso: decir una cosa y hacer exactamente la contraria. El gobierno de Alberto Fernández repite como una letanía: “estamos negociando un acuerdo con el FMI que nos permita pagar y a la vez crecer”. Lo acaba de repetir en su discurso virtual en el Foro de Davos y en sus reuniones telefónicas con los jefes de gobierno de Alemania, Ángela Merkel, y de Francia, Emmanuel Macron. La directora general del FMI Kristalina Georgieva ya entendió el juego y le hace coro, asegurando que se está trabajando en un acuerdo que garantice las metas fiscales (léase el ajuste para pagar la deuda) y a la vez “sea sustentable con el crecimiento y la atención a los más vulnerables”.  

Volvamos a la realidad. Mientras continúa la pandemia y crece la pobreza, el gobierno de Alberto Fernández sigue pagando una deuda fraudulenta y usurera. El año pasado, entre pagos a los bonistas privados, el dinero que se le giró por intereses al propio FMI y los desembolsos a otros organismos internacionales, se fueron 6.000 millones de dólares. Este año se debutó con 300 millones que se le abonó con reservas del Banco Central al propio Fondo en concepto de “intereses” y “cuota” por pertenecer al organismo. 

Y se vienen más pagos a buitres y usureros. Diversas provincias tienen vencimientos de deuda en 2021. La tan publicitada negociación “exitosa” del año pasado con los bonistas privados obliga a que ya en julio de este año empiecen los pagos a estos buitres. 

Pero lo más importante, y lo que es efectivamente objeto de negociación, son 5.200 millones de dólares que vencen este año. 2.200 corresponden a un pago que debe realizarse en mayo al Club de París y el resto son los dos vencimientos (en setiembre y diciembre) al propio FMI. 

El gobierno del Frente de Todos negocia “patear” esos vencimientos para el 2025. A cambio de un ajuste, por supuesto,que significará más hambre y marginación para el pueblo argentino. Esto es lo que no se dice, y está en el centro de las mentiras del gobierno: todos, absolutamente todos los planes de ajuste del FMI en el planeta, y entre ellos los más de 20 que lleva firmados la Argentina desde 1956, se hicieron para “ahorrar” plata que garantice cumplir con los pagos de deuda, a costa del salario, los puestos de trabajo, las jubilaciones, la salud y la educación de los países que lo firmaban. 

El gobierno tiene como prioridad lograr este acuerdo. Si se firma, en el corto plazo obligará a un ajuste mayor al actual, estrictamente monitoreado por el Fondo, y pagado como siempre  y una vez más por el pueblo trabajador. Y en el mediano plazo, en apenas unos años,  tendremos la continuidad de la hipoteca de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve. 

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad volvemos a insistir: no hay salida pagando esta deuda usuraria y negociando con el FMI. La alternativa es romper con el Fondo y dejar inmediatamente de  pagar la deuda externa. Para así poner todos los recursos al servicio de un programa económico de emergencia, obrero y popular, que priorice las más urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda. 

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El gobierno de Fernández se quitó la careta en su doble discurso sobre educación. A través del ministro Trotta no sólo acordó plenamente con Larreta y Acuña el vergonzoso protocolo que presentaron para el regreso a clases presenciales en CABA sino que también avaló e impulsó el cronograma de regreso a la presencialidad en San Juan, Santiago y Santa Fe desde el mismo 17 de febrero y de todo el país en las siguientes semanas. El 12 de febrero harán una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), donde oficializarán este cronograma y protocolos. No hay “grieta” con Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y las diferentes variantes del peronismo y los partidos provinciales como el MPN neuquino. Todos han decidido el regreso a la presencialidad de docentes, auxiliares y estudiantes sin que haya ninguna inversión importante en infraestructura, insumos y nombramientos de personal, ni vacunación a docentes, auxiliares y estudiantes que pueda garantizar un retorno seguro. Como bien dicen nuestros dirigentes de Docentes en Marcha en todo el país, es una política “criminal” del presidente y de los gobernadores.

En algunas escuelas de CABA y otras provincias se obligó a docentes y auxiliares a retornar a las escuelas esta semana. Y como venimos denunciando, en la mayoría no se ha garantizado siquiera las medidas mínimas de entregar alcohol en gel, desinfectantes, artículos de limpieza de baños, aulas y cocinas. No hay elementos para tomar la temperatura a quienes ingresan a la escuela. Los relevamientos que están realizando los docentes confirman lo que venían denunciando los sindicatos combativos: no se han acondicionado las aulas con mayor ventilación y arreglos de puertas, ventanas, vidrios, techos.

Los protocolos no resuelve el transporte escolar en las ciudades donde los estudiantes viajan en transporte público con miles de personas que ya, sin el regreso escolar, viajan hacinadas. En el caso de CABA, Larreta y Acuña definieron que el sistema de “burbujas” para el aislamiento sea de 30 chicos, en aulas donde ya están apretados. ¿Dónde está el aislamiento y el cuidado de la salud? Más absurdo es la situación de la docencia, obligada a romper las burbujas porque debe dar clases en todas las escuelas y los cursos que da en situación de normalidad, en 2, 5 o 10 “burbujas” diferentes. Si salta un caso de Covid, automáticamente las burbujas deben aislarse por 14 días. ¡Los “protocolos seguros” son absurdos e impracticables!

Pese a esto, el gobierno nacional y los gobernadores insisten y mienten para dar “tranquilidad”. Larreta y Acuña se niegan a ir a una citación judicial para explicar denuncias de sindicatos. Rechazan participar en cualquier debate público con los dirigentes docentes que los denuncian. Fernández, Trotta y los gobernadores ni siquiera cumplen con su propio “semáforo sanitario” acordado el año pasado que indica que cada un cierto número de casos de Covid por habitante, no se puede regresar a la escuela. Según ese “semáforo” hoy en ninguna provincia se puede regresar. Por eso lo van a “modificar” en la reunión del CFE. Todos serán responsables de la expansión del Covid, de las enfermedades y muertes que puedan suceder en las familias trabajadoras.

El peronismo y Cambiemos coinciden en retomar “como sea” las clases presenciales porque necesitan “normalizar” el sistema productivo, que no haya más trabajadores de licencia por cuidar sus hijos, y garantizar las ganancias de los empresarios. Las escuelas privadas quieren recuperar los cobros mensuales de su negocio educativo. Se apoyan para ello en que la docencia y las familias están cansados de la pandemia y la virtualidad. Pero a medida que los docentes van yendo a las escuelas y los estudiantes y las familias se vayan acercando, la realidad será un cachetazo que hará cuestionar aún más la presencialidad.

Como dicen los docentes, para abrir las escuelas hacen falta recursos, no discursos. Se puede ir a un sistema mixto, semi presencial, combinado grupos pequeños con presencialidad semanal con la virtualidad, hasta que se garantice la vacuna para todos. Pero para eso es necesario invertir dinero en infraestructura, insumos, nombramiento de más personal auxiliar y docente, conectividad y tecnología gratuita para docentes y estudiantes, transporte escolar y salarios dignos. Es necesario, como proponemos desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, declarar la emergencia educativa nacional con una partida presupuestaria para educación ya. Ese dinero debe salir de los pagos de la deuda externa, quitar los subsidios a la educación privada y fuertes impuestos a las grandes empresas, oligarquía y multinacionales. Llamamos a todos los trabajadores a exigir juntos la emergencia educativa y a apoyar la lucha de los docentes que defienden la educación y la salud de todos.

Escribe Graciela Calderón, Secretaria Adjunta Suteba La Matanza y dirigente de Docentes en Marcha

Ademys, Suteba Multicolores y la docencia combativa nacional exigen condiciones para el regreso presencial

La ofensiva política de Larreta y Acuña (ahora con el aval de Trotta) de intentar un regreso presencial adelantado, completo y sin ninguna garantía para la salud de docentes auxiliares, estudiantes y sus familias, obligó a que el sindicato combativo de CABA, Ademys, encabezado por Mariana Scayola y Jorge Adaro, se pusiera al frente del reclamo de presupuesto para que garantizar las condiciones de un regreso ordenado, con clases presenciales y virtuales, con protocolos realistas, con vacunación a los docentes y a toda la comunidad educativa, denunciando la verdadera situación de falencias en las escuelas. Ademys plantea que para reabrir las escuelas hacen falta recursos, no discursos.

También se realizaron reuniones de sindicatos y dirigentes docentes opositores en diferentes provincias y seccionales, como los Suteba Multicolores (encabezados por La Matanza), ATEN multicolores, Amsafe Rosario, SUTE Mendoza, GDA Formosa, seccionales combativas de Adosac Santa Cruz, entre otros, y dirigentes opositores a la burocracia de varias provincias.

Además de la cuestión del presupuesto para invertir en lo necesario para lograr un regreso seguro, los docentes estamos reclamando un inmediato aumento salarial que empiece recuperando lo perdido frente a la inflación en 2020 y lo previsto para el 2021 (se pronostica que será de un 45% a 50%), blanquee las sumas en negro y lleve el salario al valor de la canasta familiar. Del tema salarial, al día de hoy, ni el gobierno ni la burocracia sindical de Ctera, UDA, CEA y sus referentes provinciales, dicen una palabra.

Todo indicaría que las burocracias sindicales nacionales y provinciales también acordarían con Trotta y los gobernados dejar correr sus protocolos ridículos, apoyando el regreso presencial inseguro y dejando que cada escuela reclame aisladamente por los problemas de infraestructura e insumos. O sea, una vez más dividir a la docencia para la lucha salarial y presupuestaria, por provincia y ahora por escuela.

En la multitudinaria asamblea que realizamos en Suteba Matanza (¡casi 500 docentes en febrero!) y en la posterior reunión de los directivos de Suteba Multicolores, aprobamos participar en la jornada nacional de lucha de la docencia opositora el día 12.En AMBA, junto con Ademys, realizaremos un acto frente a la Quinta de Olivos a las 10 horas, cuando estén reunidos el Consejo Federal de Educación con el presidente Fernández y Trotta.

Posiblemente la asamblea de Ademys del día 11 de febrero se incline a votar un No Inicio de clases el 17 de febrero y, si todo sigue así, seguramente los Suteba Multicolores y el sindicalismo combativo en todo el país, además de exigir a Ctera y los sindicatos que tomen medidas de lucha, resolveríamos no inicio y plan de lucha en cada una de las provincias.

Desde Docentes en Marcha llamamos a la docencia de todo el país a que nos organicemos junto a familias y estudiantes y salgamos a luchar por nuestros reclamos.

Escribe corresponsal

En un pronunciamiento entregado a los ministros de salud y de educación de Nación y CABA, centenares de médicos y profesionales de la salud solicitaron la postergación del inicio de clases presenciales.

“Debido a las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando por la pandemia, al crecimiento de contagios, a los miles de personas fallecidas y su consecuente afectación en la capacidad del sistema de salud, como así también a la aparición de distintas mutaciones del virus en el mundo (Reino Unido, Brasil, Sudáfrica), consideramos fundamental que el Estado garantice las condiciones de cuidado de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes, así como también de la comunidad educativa en general y de la sociedad en su conjunto, y posponga el retorno a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país”, dice el texto.

“Investigaciones en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos desmienten la idea de que niños/as y adolescentes se contagian menos, y señalan que pueden tener consecuencias a largo plazo.” “Las experiencias de apertura de las escuelas en el hemisferio Norte son diversas y muestran resultados alarmantes: incluso en zonas con valores de circulación comunitaria más bajos que los de Argentina, no pudieron evitarse los rebrotes y se ha llegado a situaciones graves, que obligaron a dar marcha atrás por las altas cifras de contagios y muertes”

“Por eso consideramos que debe demorarse el inicio presencial y continuar virtualmente. La educación no debe ser un trofeo de puja político-partidaria. Deseamos y creemos saludable que los/as niños/as y adolescentes se reencuentren, pero ello no puede ser a costa de negar la realidad de pandemia y desigualdad”.

El colectivo “Familias por un regreso seguro”, impulsor de esta iniciativa, sigue organizando a familiares para luchar, junto a estudiantes y docentes contra los protocolos de Trota, Larreta y los gobernadores. Llamamos a todos los trabajadores a sumarse a estas coordinaciones en todo el país.