Escribe: Antonio Farés
Una vez más la patronal yanky violó las leyes laborales argentinas e impidió el ingreso de los trabajadores en conflicto. En respuesta, las organizaciones presentes cortaron la autopista panamericana durante algunas horas exigiendo la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo para hacer cumplir lo dictado por la justicia.
Los despedidos de Lear obtuvieron un gran triunfo a fin del año pasado. Lograron ser reinstalados a la planta y que se firme un acta en la que se reconoce su reincorporación, tras un fallo favorable de la sala X de la Cámara de Apelaciones de Trabajo. Sin embargo, en una nueva maniobra dilatoria, la patronal les dio inmediatas vacaciones que finalizaron el 19 de enero.
Al presentarse en la puerta los trabajadores fueron notificados de una nueva suspensión y por lo tanto, se les negó nuevamente el ingreso. A algunos les había llegado un telegrama de suspensión el día anterior. Ningún funcionario del Ministerio de Trabajo se hizo presente para obligar a la empresa norteamericana a cumplir el fallo judicial.
Es una vergüenza que un gobierno que se dice nacional y popular y que con frecuencia declama por la “democratización de la justicia”, no haga cumplir los fallos judiciales favorables a los trabajadores. No se puede decir que el gobierno no sabía que el lunes debían tomar tareas los compañeros despedidos puesto que militarizó la fábrica con una importante presencia de la guardia de infantería de la Policía Federal. Es decir, estaban al tanto del plan de suspender nuevamente a los trabajadores. Una muestra cabal del doble discurso kirchnerista, que apoya a las conducciones sindicales burocráticas y sus patotas como la de Pignanelli en el Smata y garantiza el despido de activistas combativos con sus fuerzas represivas.
Un amplio arco de organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos estuvo presente para acompañar a los obreros. La CTA Micheli, ATE, varias seccionales de Suteba, Ademys, la FUBA, los ferroviarios del Sarmiento que integran el Encuentro Sindical Combativo quienes también sufren la persecución del gobierno nacional que los acusa de sabotaje permanentemente, rodearon de solidaridad este conflicto que ya se extiende por más de 6 meses. También estuvieron los legisladores del Frente de Izquierda Christian Castillo (PTS) y Laura Marrone (Izquierda Socialista) entre varias organizaciones y figuras políticas como el Partido Obrero, Izquierda Socialista, PTS, MST, miembros del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, Rompiendo Cadenas, y Correpi, entre otros.
Seguiremos reclamando la reincorporación de todos los despedidos y la inmediata puesta en funciones de los delegados a quienes se les revocó ilegítimamente sus mandatos, con acciones unitarias y coordinadas entre los despedidos, distintas organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y de derechos humanos, el Encuentro Sindical Combativo, personalidades y partidos de izquierda.
