Escribe Laura Marrone Legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Izquierda Socialista/FIT

Al crecimiento invisible de la producción y la no menos invisible reducción de la pobreza de casi dos millones de personas, ahora se sumaría “la mejora en lengua y ciencias” de nuestros alumnos. Así lo manifestó el presidente Macri cuando presentó el resultado del Operativo Aprender 2017 en marzo pasado. “Tenemos que mejorar en matemáticas”, concluyó.

 El Operativo Aprender consiste en una evaluación “externa” (no la realizan los docentes de la escuela), censal (a todos los alumnos del país) de sexto grado de la primaria y de quinto año del secundario, que impuso Cambiemos en 2016 y repitió en 2017. Según el informe oficial, el último abarcó a 900.000 alumnos y 29.000 escuelas. El resultado dio que, en lengua, en las escuelas medias estatales se duplicó el número de alumnos que logró el nivel más alto pasando de 15,2% a 29,6% y el más bajo se redujo a la mitad, 19,7% a 9,9%. En matemáticas, en cambio, estaríamos peor: bajamos de 16,1% en 2013 a 14,2% en 2016 y a 11,4% en 2017.

Quienes trabajamos frente a alumnos sabemos que no existieron cambios profundos que puedan dar credibilidad a ninguno de los dos resultados. No hubo prácticas, recursos, capacitaciones o medidas que expliquen uno u otro. Y menos para las dos materias en el mismo tiempo. Aun estadísticamente, estos resultados no son confiables. Por eso nosotros y decenas de sindicatos docentes combativos los rechazamos.
 
Las evaluaciones externas no sirven

En educación tenemos problemas, pero son centralmente políticos y no pedagógicos. Estas evaluaciones son una pérdida de tiempo y de recursos cuyo único propósito es culpar a la docencia de los problemas de nuestra educación. El fundamento del gobierno de que son necesarias para un diagnóstico de la situación se cae, pues para ello alcanzaría una simple muestra en lugar de hacerla censal, o sea a todos. En aquellos países donde se realizan desde la década del ´90, como Estados Unidos, condujeron a que la docencia se centre en el “entrenamiento” de sus alumnos para responder a esas pruebas estándares, por miedo a ver reducido su salario o perder la estabilidad en el cargo, en lugar de desarrollar el pensamiento, la creatividad y el trabajo en equipo.  En México o Brasil las usan para la selección de alumnos que podrían seguir estudios superiores y cuáles no.

Lo determinante para el deterioro de nuestro sistema educativo son las causales externas. La diferencia entre las públicas y las privadas se debe a que las primeras concentran en porcentajes aun mayores al promedio nacional de 47% de niños y adolescentes pobres. Y encima las subvenciones estatales a la educación privada favorecen a una mayor desigualdad. El propio informe revela este condicionante por fuera de la escuela.
 
Cómo mejorar la educación

Hay que destinar el 10% del PBI y nacionalizar el financiamiento para que se haga cargo el Estado nacional, en lugar de pagar intereses de la deuda externa al doble de lo que se destina a educación. Hay que suprimir los subsidios a la educación privada. Hay que reformular la jornada laboral como en Finlandia, para que, con un salario digno, la docencia dedique un tercio de la semana laboral a tareas  extraclase de preparación, capacitación y reflexión entre pares, entre otras medidas. En vez de cerrar los profesorados hay que implementar un plan de actualización de la formación docente todos los años de la carrera, dentro de la jornada laboral, entre otras medidas.

La docencia combativa resistió y reclama su derogación

Las familias y estudiantes acompañaron el llamado a no asistir a las evaluaciones en aquellas jurisdicciones donde el sindicalismo combativo tiene influencia. La participación de alumnos en las escuelas estatales medias fue de 28,8% en Neuquén (ATEN), 22,7% en Santa Cruz (Adosac), 46,5% en Buenos Aires (Sutebas Multicolores), 49,3% en Santa Fe (Amsafe Rosario), y 53,1% en Capital (Ademys). La media nacional fue de 59%. Vale señalar que con menos del 50% los datos no se deben considerar a los fines estadísticos. La resistencia fue posible gracias a un esfuerzo asambleario con las familias y los estudiantes por parte del sindicalismo combativo. Cuestión que no hizo Ctera, ni los sindicatos nacionales como UDA, AMET o Sadop.

Ese cuerpo a cuerpo tuvo sus frutos. El llamado será de nuevo este año, hasta que derrotemos la farsa de estas evaluaciones.

Los días 8, 9 y 10 de abril se desarrollarán las elecciones en la Universidad Nacional de La Matanza. Se dan en el marco de un ajuste con despidos a docentes y trabajadores tercerizados de la facultad y aumento de aranceles de trámites y de materiales de estudio. Para hacer pasar este ajuste, las autoridades de la universidad (ligadas a Finocchiaro, actual ministro de Educación de la Nación y ex decano de Derecho de la Unlam) cuentan con la colaboración de la Liga Federal Universitaria (PJ), quienes conducen el centro de estudiantes desde su conformación hace 24 años, recurriendo a maniobras fraudulentas y antidemocráticas de todo tipo.

Junto al PTS hemos conformado el Frente de Izquierda Unlam. La UJS-Partido Obrero lamentablemente se negó a ser parte del frente, aunque fue proscripto por la Liga y no podrá presentarse en las elecciones de centro, hecho que repudiamos. Llamamos a los estudiantes de la universidad a acompañar al Frente de Izquierda Unlam para fortalecer una alternativa que lucha contra el ajuste en el país y por democratizar la universidad.

Escribe Alejandro Macedo

Jonathan Nicolás Centeno tenía 22 años. Fue detenido por la policía de Córdoba en Barrio Comercial y un día y medio después, el 5 de febrero, le notificaron a la familia su muerte, ocurrida en un traslado desde el penal de Bower a una pericia en Tribunales II, deslindando toda responsabilidad por parte de la fuerza policial. El personal médico del hospital Príncipe de Asturias –donde finalmente lo llevaron– afirma que Jonathan Centeno llegó muerto a la guardia.

A Jonathan lo asesinaron la policía y el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba. Es una nueva víctima de las políticas de persecución y muerte. Acompañamos a los familiares, amigos y amigas de Jonathan en el pedido de justicia y la cárcel inmediata a los policías asesinos. Es necesario desmantelar el aparato represivo, imponer la elección de los comisarios en cada barrio y su revocabilidad inmediata cuando los propios vecinos lo decidan. Lo mismo con la Justicia, eligiendo democráticamente a los jueces y estableciendo el juicio por jurados en todos los delitos.

Escribe Papel Secundario CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se aproxima al comienzo del ciclo lectivo dejando bien en claro su horizonte en términos de política educativa: por un lado, uno de los presupuestos porcentuales más bajos en décadas y el ataque a los institutos terciarios y, por otro, un protocolo para criminalizar las tomas de colegios por parte de los estudiantes secundarios.

La normativa impulsada por la ministra Acuña pretende que las familias de los estudiantes se hagan presentes en caso de toma, para retirar a los chicos y/o para hacerse responsables económicos por posibles “desmanes” en los colegios. En declaraciones, la ministra fue clara en que su objetivo es combatir el derecho a la protesta y ponderar las “acciones coercitivas”. El gobierno intenta con esto responder al golpe que recibió por parte del movimiento estudiantil secundario que con la toma de decenas de colegios logró instalar el debate sobre la “secundaria del futuro”, y la política del gobierno de avanzar hacia una pauperización general del sistema educativo. Así como también continuar con la legitimación de una política represiva que incluye el ingreso de policías armados a los establecimientos educativos.

Resulta delirante que el gobierno que subejecuta el presupuesto de infraestructura escolar dejando decenas de establecimientos en situaciones criticas, incrementando el faltante de vacantes, quiera instalar que lo que hay que discutir es quién se hace cargo de los “daños” en los edificios por parte de las tomas. Son justamente las tomas de colegios las que, en casos como el del Plumerillo (Escuela Técnica Nº33), consiguen las respuestas edilicias que el gobierno retacea año a año.

Lo que el sistema educativo de la ciudad necesita no es un protocolo contra la protesta estudiantil, sino un plan de lucha unificado de estudiantes y docentes que frene la Secundaria del Futuro, exija un aumento presupuestario de emergencia inmediato y obligue al gobierno a escuchar los reclamos de la comunidad educativa.

Nuestro partido entiende a la juventud trabajadora y de sectores populares como un sector oprimido por el sistema capitalista, que genera situaciones muy bien conocidas, como aquellas en las que a una persona por su edad, por no tener tal o cual experiencia laboral, por no tener tal o cual título, por negársele tener la “capacidad” suficiente, ve sus derechos económicos, sociales y políticos pisoteados.