La masiva movilización por #NiUnaMenos abrió una nueva situación para las mujeres en nuestro país desde el 3 de junio de 2015, visibilizando las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres. Los femicidios, la violencia física, sexual, obstétrica, económica, psicológica son parte de una política de disciplinamiento constante para las mujeres que buscan garantizar la dominación del capitalismo patriarcal.

La justicia, capitalista y machista, hace oídos sordos ante cada denuncia de maltrato o condena a las mujeres víctimas de violencia, como en el caso de Victoria Aguirre de Oberá (Misiones). Victoria fue víctima de violencia por parte de su ex pareja Lovera, él la golpeó, la secuestró y hasta asesinó a su hija Selene, para castigar aún más a Victoria. Sin embargo, quien está presa es ella desde hace dos años y medio. Desde Isadora, somos parte activa de la campaña que reclama: Justicia por Selene, cárcel al femicida Lovera y libertad y absolución a Victoria Aguirre.

En Argentina muere una mujer cada 26 hs, víctima de femicidio. Sin embargo, el gobierno de Macri no destina un presupuesto acorde para la Ley 26.485 de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Tampoco lo hizo el gobierno de Cristina. Por eso exigimos la inmediata declaración nacional de emergencia en violencia de género con presupuesto suficiente para garantizar refugios, centros de atención a las víctimas, campañas de prevención en los medios y capacitación en centros educativos, de salud y en la justicia. Este Encuentro nacional de mujeres, tiene que resolver acciones unitarias en todo el país para el próximo 25 de noviembre, día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

La ilegalidad del aborto es una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra la libertad para decidir sobre el propio cuerpo y la sexualidad. Pero a pesar de la prohibición, los abortos ilegales se siguen practicando y en nuestro país alcanzan a medio millón de abortos al año. El aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes, en su mayoría jóvenes y pobres.

Para que dejen de morir mujeres a causa de abortos clandestinos es necesaria la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Desde Isadora, exigimos que se apruebe el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por sexta vez en el Congreso por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que formamos parte.

La trata es uno de los tres negocios ilegales más lucrativos del mundo y en nuestro país al menos 500 mujeres y niñas son secuestradas por redes de trata para la explotación sexual cada año. Esta cifra aumenta con el ajuste y la crisis; mientras, el gobierno nacional de Cambiemos gasta 2.000 millones de pesos para comprar armas y reprimir a quienes salimos a luchar, pero a la hora de pelear contra la trata la gran medida que propone el gobierno es la creación de una base de datos a cargo del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich (¡los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado!).

En Macachín (La Pampa) y en Paso de los libres (Corrientes) fueron procesados intendentes y policías por tener, colaborar y proteger organizaciones que explotan mujeres sexualmente. ¿Por qué hay casos como este? -Porque La Ley de Trata (N° 26.842) garantiza la impunidad desconociendo la existencia de REDES de trata: sólo van presos los “perejiles” y hasta ahora no se ha desmantelado ni una sola red.

Por todo esto, esperamos que este 32° ENM exija la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas; así como que se pronuncie por seguir la pelea por el desmantelamiento de todas las redes de trata y cárcel común para todos los proxenetas y sus cómplices políticos, policiales y judiciales.

Aunque conquistamos algunos derechos como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario, estos no siempre se garantizan, y la discriminación sigue siendo moneda corriente en nuestro país. El caso de Higui fue emblemático porque el gobierno y su justicia patriarcal, pretendieron disciplinarnos con el encierro de una mujer lesbiana y pobre que se defendió de una violación correctiva. Sin embargo, las mujeres con organización y lucha logramos liberarla. 

Los sucesivos gobiernos, la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas son responsables de esta situación, dejándonos expuestas a todo tipo de violencias e incluso realizando campañas de odio contra nosotras. Pero cada vez somos más quienes reclamamos y nos organizamos.

Desde Isadora, proponemos que el 32° ENM se pronuncie por educación sexual laica, científica y con perspectiva de género en todos los niveles educativos; la separación de la Iglesia y el Estado; el acceso a la Salud Pública para personas transy presupuesto para la real aplicación de la Ley de Identidad de Género.

La ley N° 26.150/06 de Educación Sexual Integral es una conquista del movimiento de mujeres: permite brindarles herramientas a las niñas y niños para defenderse ante situaciones de abuso, y ayuda a formar sujetos que respeten la autonomía de los cuerpos y vivan libremente su sexualidad -sin relaciones opresoras, ni violencias-. Para que realmente se cumpla, hay trabajar desde una perspectiva de género, pues ayuda a problematizar las formas de violencia contra las mujeres, interpelar representaciones y prácticas, y evidenciar las relaciones de poder. Esto no va a pasar hasta que instituciones reaccionarias como las iglesias dejen de influenciar las políticas y la educación pública creando y difundiendo conocimientos falsos, y obstaculizando el acceso libre a la información a través de la culpa y el miedo y la estigmatización del cuerpo.

Desde Isadora exigimos separación de la Iglesia del Estado, a la vez que hacemos propia la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y exigimos que se cumpla la ESI y las capacitaciones en servicio con perspectiva de género.