Apr 20, 2024 Last Updated 6:17 PM, Apr 19, 2024

Escribe Reynaldo Saccone
Ex presidente Cicop/Izquierda Socialista-FIT Unidad

Los aumentos de las cuotas por parte de las empresas de medicina prepaga han sido siderales e indiscriminados. En 4 meses superaron el 150%, tiempo en que los tribunales se inundaron de amparos por parte de familias que no pueden pagar más las cuotas, que van desde 250 mil pesos a 700 mil según el grupo familiar.
El ministro Caputo salió a decir que las prepagas “le declararon la guerra a la clase media” y Milei que “se les fue la mano, aunque no con mala intención”. Caraduras. Este gobierno es quien les posibilitó bajo la famosa “libertad de precios” y a través del DNU 70/23 se eliminó todo tipo de regulación.

El gobierno dice que las prepagas no entienden el “cambio cultural”. ¿Cuál sería? El de aplicar la competencia. Una ridiculez completa, ya que el negocio de las pre pagas está controlado por unas pocas empresas que se pusieron de acuerdo al unísono en aumentar las cuotas en porcentajes similares.
Diez de las empresas prepagas concentran el 83% de los afiliados a las mismas, siendo las primeras OSDE, Swiss Medical, Galeno, Sancor, OMINT, entre otras, como Medifé, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano y Jerárquicos Salud.

Los empresarios de las prepagas son mercaderes de la salud. En todos estos años se vinieron beneficiando ante el desastre del hospital público. Con pacientes que aun pagando altas cuotas mensuales tienen que a su vez abonar consultas y estudios privados para acelerar diagnósticos y tratamientos; co-pagos a profesionales y centros por consultas y prácticas; parte del precio de los medicamentos, y otros rubros.

Estos empresarios dicen que están en una situación de “extrema gravedad” y que por ello no les queda otra que aumentar. Que fueron sometidas durante años a un desfinanciamiento y que “no son formadores de precios”. Una mentira total. Ahora aumentan sideralmente y bajo el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fueron beneficiados con exenciones impositivas y del pago de contribuciones patronales, por ejemplo. Además, son las patronales que tienen a sus trabajadoras y trabajadores con salarios miserables y jornadas de pluriempleo.

El negocio de la salud entre 1990 y 2015 tuvo una rentabilidad del 13% anual, superando al negocio financiero y a la industria petrolera. Un sector privilegiado que crea una gran desigualdad, ya que cubre solamente a un 10% de la población, pero consume el 30% del gasto total en salud, el mismo porcentaje que utiliza el sector público, pero para atender tres veces más gente, un 35% de la población.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad nos sumamos al repudio a los aumentazos de las prepagas y llamamos a luchar para que se retrotraigan. Como la salud no debe ser un negocio privado capitalista, postulamos un sistema nacional único de salud, estatal, igualitario y de excelencia para todas y todos, con atención y remedios gratuitos, financiado con fondos que se van a la deuda externa y al FMI, controlado por trabajadores y profesionales del sistema, organizaciones de usuarios y vecinales.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Es posible derrotar la epidemia, pero para hacerlo será necesario movilizarse para obligar al gobierno ultraderechista de Javier Milei, como así también a los gobernadores, a tomar medidas enérgicas acorde a la magnitud que ha adquirido este flagelo que afecta a Argentina, Brasil y Paraguay. De acuerdo a las últimas estadísticas, a nuestro país le corresponden más de 100 fallecidos y más de 150.000 casos. Como prácticamente no hay familia donde no haya algún contagiado, se presume que éstos sean muchísimos más  

Ni Milei ni los gobernadores enfrentan la epidemia 

Guardias atestadas, hospitales y clínicas privadas colapsados, trabajadores de salud extenuados y escasez de reactivos para diagnósticos precisos es lo que tiene para ofrecer el sistema de salud en sus tres sub sistemas: obras sociales, prepagas y sistema estatal de Nación, provincias y municipios. Es que la epidemia sorprende a un sistema de salud con décadas de deterioro y desfinanciamiento. Por ejemplo, en el Hospital Meléndez de la provincia de Buenos Aires las recientes lluvias arrasaron el techo del laboratorio y no pueden realizarse los exámenes necesarios para el dengue. La respuesta del gobernador peronista Axel Kicillof es la indiferencia e inacción. 

Presididos por el ministro de salud nacional Mario Russo, el lunes 25 de marzo se reunieron los ministros de salud de todas las provincias. El ministro del gobierno ultraderechista de Milei le “tiró” la responsabilidad de enfrentar la epidemia (como primer escalón de choque) a cada provincia y municipio. Decir que no es responsabilidad primaria del gobierno nacional una epidemia que abarca 19 de los 24 distritos del país es una fría y perversa decisión política de no gastar un centavo en el cuidado de la salud del pueblo trabajador para acumular los dólares destinados a los pagos de la deuda externa. En ningún momento se planteó una campaña nacional volcando los recursos humanos y físicos del Estado. No hubo decisión de terminar con la epidemia. 

Aplastar la epidemia es posible 

Para combatir la epidemia hay dos estrategias simultáneas: una es protegerse del mosquito y la otra es la vacuna, que se aplica a sectores delimitados de la población (por edad y por zona) debido a que todavía no hay un consenso científico para su utilización universal. En ambos casos es necesaria la acción de los gobiernos que permanecen “haciendo la plancha” mientras se enferman de a miles especialmente las familias de trabajadores. Por esa razón, ya han comenzado en los barrios populares movimientos para exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias. Como ejemplo tenemos el petitorio en el que las asambleas barriales y la Posta sanitaria de la zona oeste del Gran Buenos Aires exigen a los municipios una serie de medidas que de cumplirse, lograrán frenar la epidemia: entrega gratuita de repelentes en hospitales, centros de salud, escuelas y comedores; mosquiteros para establecimientos educativos y de salud; tul mosquitero para cochecitos de bebés; eliminar materiales o recipientes en desuso en los barrios como política pública; vacuna gratuita en hospitales y centros de salud, para pacientes que requieren la misma con orden médica. En la asamblea barrial de Rafael Castillo, agregan además la denuncia de que “en La Matanza no se draga el agua acumulada en los barrios luego de las inundaciones. El fumigado es insuficiente y solo se hace en lugares céntricos”, reclamando al intendente Fernando Espinoza que resuelva estos problemas. Es necesario seguir desarrollando estos movimientos para que obliguen a las autoridades a iniciar una campaña real contra el dengue. 

Es posible proveer repelentes gratuitos 

El mercado de los repelentes está controlado por la multinacional SC Johnson, que participa en este negocio con distintas marcas y presentaciones como Off (aerosoles y crema), Fuyi (aerosoles y tabletas) y Raid (tabletas). La participación de la firma ronda el 80% del mercado y el otro 20% se reparte entre empresas locales. Simultáneamente a la producción comercial existen en el país cerca de 40 laboratorios de producción estatal de medicamentos muchos de ellos provinciales y varios de los cuales (cuatro por lo menos) están elaborando repelentes como el Instituto Biológico de La Plata, el LIF del gobierno de Santa Fe, el laboratorio de la Municipalidad de La Plata, Formomed propiedad de la provincia de Formosa. Esta producción es absolutamente insuficiente y tanto el gobernador radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe como el peronista Kicillof, no la han llevado, hasta ahora, a los niveles que la situación requiere. 

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad apoyamos todos los justos reclamos que están llevando adelante las asambleas barriales, especialmente la provisión gratuita de vacunas y elementos de protección. Reclamamos que el gobierno nacional intervenga la multinacional Johnson y a las otras empresas del ramo para coordinarse con la producción estatal, que deberá aumentar, para proveer repelentes gratuitos a escuelas, hospitales y familias. 

Llamamos a movilizarnos para obligar tanto a este gobierno  de Milei, como así también a gobernadores e intendentes de todos los colores políticos, a que tomen estas medidas que la defensa de la salud del pueblo trabajador y sectores populares requiere y para que los fondos destinados a la deuda externa vayan a la lucha contra la epidemia. 

Escriben María Meza, ex candidata a gobernadora Tierra del Fuego por Izquierda Socialista / FIT Unidad, y Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista / FIT Unidad
30/3/2024

La llegada a Tierra del Fuego la próxima semana de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, es una verdadera provocación. En ocasión del 42 aniversario de la Guerra de Malvinas, está teniendo lugar una nueva ofensiva de los EEUU para seguir redoblando el sometimiento de nuestro país al imperialismo vía el saqueo de nuestros recursos y bienes comunes de la mano de una mayor sujeción a su control militar con el ultraderechista Milei, al que se le suma el alineamiento del gobierno con el estadio sionista y genocida de Israel.

Esta militar ha sostenido en reiteradas oportunidades el interés de su país en los recursos naturales de Argentina y de América Latina, en especial el litio, petróleo, minerales y agua. Esta visita se realiza en momentos en que el gobierno de Milei quiere aprobar en el Congreso un nuevo proyecto de ley ómnibus que profundizará la desregulación de los controles para la extracción de nuestros recursos en favor de las multinacionales. Estas grandes empresas transnacionales saqueadoras y contaminantes ya se benefician del actual Código de Minería vigente desde 1995, que facilita la falta de controles sobre los pasivos ambientales de su actividad no sustentable, de la exención impositiva, de retenciones reducidas al 3% de lo que exportan que, además, lo hacen por puertos privados por donde se fugan minerales bajo la mera rendición de una declaración jurada que el Estado no controla.

Richardson concreta esta visita a pocos días de otro atropello, que es la firma de un memorándum del ministro de Defensa del gobierno de Milei, Luis Petri, con el embajador de los EEUU en Buenos Aires, Marc Stanley, para profundizar el control yanqui en materia de ciberseguridad sobre nuestro país. Esta medida otorga a EEUU la entrega de toda la información sobre los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas. Norteamérica instalaría su software que pasaría a controlar los radares, satélites y cualquier dispositivo de defensa nacional. En este marco, nuestra provincia reviste una importancia estratégica por su ubicación para el control del Atlántico Sur y su proyección sobre la Antártida.

Desde Izquierda Socialista denunciamos en 2023 la instalación de un radar de la empresa Leolabs británica-norteamericana en Tolhuin. Luego de fuertes reclamos, incluso del propio gobierno provincial de Melella, el anterior gobierno nacional ordenó su desmantelamiento, pero hasta la fecha se desconoce si se ha concretado. Las nuevas medidas de Milei y su gobierno habilitarían su funcionamiento.

Nos están entregando a una recolonización sin precedentes. Izquierda Socialista convoca a la más amplia unidad de acción para repudiar la visita de Richardson a Tierra del Fuego, la entrega de nuestros recursos y en defensa de la soberanía nacional contra esta nueva ofensiva norteamericana de la mano del presidente Milei. Y nos sumamos al reclamo de los veteranos de Guerra de Malvinas y de las organizaciones sindicales, políticas y sociales de nuestra isla por la defensa de nuestra soberanía, al tiempo que acompañamos la denuncia de veteranos de guerra por las violaciones de los derechos humanos de soldado en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar.

24M / Un video escandaloso

  • Abr 20, 2024
  • Publicado en La Web


Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
29/3/24

El gobierno negacionista de Milei difundió este 24M, de manera provocadora, un video del cineasta Santiago Oría, que tiene un despacho en la Casa Rosada, dando cuenta de la versión de los genocidas sobre lo ocurrido en la década del 70 y el posterior golpe cívico-militar-eclesiástico de 1976/1983. En el video se niega el genocidio, a los 30.000, enarbola otra vez la teoría de los dos demonios y pide “memoria completa” para resarcir a los militares asesinos. Una política que vino enfrentando y derrotando nuestro pueblo a fuerza de lucha y movilización durante décadas.

El video, aunque burdo, reedita el debate. Por eso es necesario reafirmar de entrada lo que venimos sosteniendo. Hubo un golpe y fue terrorismo de Estado con el objetivo de frenar el ascenso obrero y popular de entonces e implementar un plan económico de entrega y saqueo al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Y alertamos sobre los nuevos peligros. Por ejemplo, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un proyecto de ley para que la justicia otorgue prisión domiciliaria a militares condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 75 años. Propuesta en la que coinciden Victoria Villarruel, Patricia Bullrich, Fernández Meijide y la Iglesia Católica. El obispo Olivera, en una misa de Semana Santa ante jefes de las tres Fuerzas Armadas, dijo: “No debe haber venganza, hoy se los sigue silenciando y etiquetando con miradas parciales e ideologizadas” (Clarín, 28/3). Están hablando de condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, delitos cometidos contra la población civil y por ende, no prescriben con el tiempo.

En el video aparece hablando el siniestro personaje “Tata” Yofre, ex titular durante el menemismo de la mafiosa central de inteligencia SIDE, quien escribió 15 libros con la versión de los genocidas. Y el ex montonero Luis Labraña, quien se adjudica haber inventado la cifra de los 30 mil bajo este argumento: “Fue una mentira necesaria para que las Madres de Plaza de Mayo pudieran solventar gastos y tener una casa propia”. ¿Se puede ser tan miserable y mentiroso? En el video se denuncia “el negocio de los derechos humanos, que todo fue por plata”. Repugnante.

Sobre la cifra de los 30.000 desaparecidos (Labraña dice que solo fueron 4.000), se reveló ya en 2006 con documentos desclasificados por Estados Unidos, que los propios militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. El cálculo fue aportado por militares argentinos del Batallón 601 de Inteligencia a su par chileno Enrique Arancibia Clavel, como parte de los informes sobre el Plan Cóndor[1] (nota de Hugo Alconada Mon, La Nación, 24/3/2006, “El Ejército admitió 22.000 crímenes”). También el diario Clarín dio cuenta de la noticia bajo el título "Un informe de EE.UU. dice que hubo 22.000 desaparecidos." El diario El País en el año 1978 hablaba de 30.000. Los organismos de derechos humanos señalan, que al final de todos los juicios, la cifra incluso puede ser superior. Negar a los 30.000, como ya lo había hecho Macri, va unido a negar el genocidio. Y negar el genocidio es desconocer lo que ya fue probado bajo distintas formas, hasta por la justicia.[2] Que la dictadura se valió del aparato del Estado para secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer forzadamente a miles de personas, robar bebés nacidos en cautiverio y tantas otras atrocidades.

En el video se dice que lo ocurrido “fue una guerra, que en toda guerra hay excesos y muertos de los dos bandos”. Como cantamos a lo largo de los años “no hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso”. Tan siniestro es Labraña que llega a decir “desde ambos lados (guerrilleros y militares) peleábamos por la libertad”. ¡De qué pelea por la libertad habla este sujeto de militares que ejecutaron un genocidio!
Los negacionistas tildan de “terroristas” a las y los desaparecidos, la gran mayoría luchadoras y luchadores obreros, populares y juveniles. Y si se refieren a las organizaciones armadas, las mismas ya habían sido desarticuladas en gran parte antes del golpe. Hay que recordar que en 1975 el gobierno de Isabel Perón y Luder firmaron decretos de “aniquilamiento”.[3]

En el video también aparece el testimonio de María Cristina Viola, hija del capitán Viola, muerto en un ataque del ERP en 1974 cuyos autores fueron en su mayoría juzgados y condenados. Desde nuestra corriente orientada por Nahuel Moreno y el PST[4] siempre repudiamos estas “acciones ejemplares” de la guerrilla, desligadas de las masas, pero rechazamos que se las pretenda equiparar con el terrorismo de Estado reeditando la teoría de los dos demonios.
El video, a su vez, polemiza con el kirchnerismo mediante falsedades. Yofre, tras reivindicar los indultos bajo el gobierno peronista de Menem[5] y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida[6] de Alfonsín, se lamenta que éstas últimas habrían sido anuladas por el kirchnerismo. Miente. Fue un triunfo de la lucha popular, no producto de los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue Patricia Walsh, diputada de Izquierda Unida, quien presentó por primera vez un proyecto de ley con ese reclamo. Lucha que seguimos dando desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia que se viene movilizando de manera independiente de todos los gobiernos. Denunciando a Alfonsín, Menem, Duhalde, De la Rúa. A los gobiernos kirchneristas durante los cuales desapareció Julio López, se puso al represor Milani como Jefe del Ejército, nunca se abrieron los archivos de la represión y se siguió pagando la deuda externa que viene de la dictadura. Al repudiable Macri, al gobierno de Alberto y Cristina, y ahora nos encuentra en esta gran lucha por derrotar el brutal plan motosierra y negacionista de Milei-Villarruel.

Este debate no se trata de una batalla “cultural o ideológica”, como algunos lo pintan. Es una batalla concreta, de todos los días, de vida o muerte. Porque se trata de saber si hay que liberar e indemnizar a quienes cometieron un genocidio, como dicen los ultraderechistas-negacionistas, o, en cambio, de seguir luchando para encarcelar a todos los genocidas que faltan, seguir con los cómplices civiles de la dictadura (grandes empresarios, multinacionales, políticos patronales, burócratas sindicales, la cúpula eclesiástica), reclamar que se abran todos los archivos de la represión y terminar con el plan económico que se implementó con Martínez de Hoz en base a un endeudamiento externo que bajo distintas formas se mantiene hasta nuestros días.
El video, en resumen, es otro acto desesperado en este caso de este gobierno ultraderechista que, a 48 años del golpe intenta contrarrestar los enormes logros de ese gran triunfo revolucionario democrático protagonizado por nuestro pueblo trabajador que tiró abajo a la dictadura sangrienta, logrando encarcelar a centenares de genocidas, siendo un gran ejemplo para en el mundo. Batalla que continuamos desde 1983 contra todos los gobiernos que brindaron impunidad.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad aspiramos a que este aporte sirva para seguir fortaleciendo esta lucha tan importante, que logrará sus frutos definitivos cuando conquistemos un gobierno de la clase trabajadora, con una Argentina Socialista con plena democracia para el pueblo trabajador.

 

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  1. El Plan u Operación Cóndor fue un sistema represivo, de persecución a opositores y de terrorismo de Estado coordinado entre Estados Unidos y militares y servicios de inteligencia de países del Cono Sur en la década del 70, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, al que se sumaron luego Perú y Ecuador. Hubo un juicio en Argentina donde se probó que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras.
  2. "No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”. Confesión de Jorge Rafael Videla, Presidente de facto de la última dictadura militar, en el libro Disposición Final de Ceferino Reato, 2012.
  3. En 1975 se firmaron 4 decretos por parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. El decreto 2772 le ordenaba a las Fuerzas Armadas, "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa", la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que "sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país".
  4. Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista, cuyo máximo dirigente fue Nahuel Moreno. El PST tiene los primeros asesinados bajo la Triple A del gobierno peronista 73/76 y más de 100 asesinadas y asesinados bajo la última dictadura militar 1976/1983.
  5. Se conoce como indultos de Menem a 20 decretos sancionados el 6/10/89 y 30/12/90 por el entonces presidente peronista que perdonó a militares de la última dictadura, entre ellos a miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985, a Martínez de Hoz y a líderes de organizaciones guerrilleras, entre otros.
  6. La ley de Punto Final (23.492/1986), bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue para cerrar el proceso judicial contra los genocidas ante miles de denuncias que no habían sido parte del juicio a las juntas en 1985. La ley dio un plazo de treinta días tras el cual caducaba el derecho a reclamar. Como en ese plazo hubo miles de denuncias más, provocó la sublevación de Aldo Rico y los carapintadas en Semana Santa de 1987, exigiendo impunidad. Alfonsín con la venia del PJ pactó con ellos impulsando la Ley de Obediencia Debida (1987) que dispuso la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes bajo la dictadura. En 2003 el Congreso declaró nulas de nulidad absoluta a ambas leyes de la impunidad, permitiendo que se reabran los juicios.

Escribe Juliana García, militante de Derechos Humanos y de Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos días de la masiva movilización del 24M finalizó el juicio por crímenes de Lesa Humanidad a los responsables en las brigadas de investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. El juicio había comenzado en octubre del 2020 y a pesar del tiempo transcurrido y de que algunos genocidas acusados murieron sin recibir condena, la noticia fue recibida como un alivio sobre todo en un contexto en el que desde el gobierno se promueve el negacionismo.

El Tribunal Oral Federal (TOC) N°1 de La Plata condenó a diez genocidas[1] a cadena perpetua, uno[2] a 25 años de prisión y dejó absuelto a Enrique Augusto Barre, defendido por el estudio del actual Ministro Cuneo Libarona. A excepción de Di Pasquale, que está detenido en la Unidad N°34 de Campo de Mayo, los demás represores están todos en prisión domiciliaria. A partir de esta condena se revisará dicho beneficio para que puedan cumplir la pena en prisión común. Es el anhelo de quienes luchamos contra el genocidio de la última dictadura civico-eclesiastico-militar y sobre todo de las 600 víctimas que pasaron por estos cuatro centros de tortura. Como los estudiantes que peleaban por el boleto estudiantil y que fueron secuestrados en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre de 1976 en la denominada Noche de los Lápices.

La lucha por la memoria, la verdad y la justicia sigue vigente. Cientos de miles en las calles el pasado 24M lo demuestra. Gritamos bien fuerte que son 30mil y fue genocidio. Exigimos la apertura de los archivos para saber qué hicieron con cada uno de los desaparecidos y a quienes entregaron los bebés apropiados. Seguiremos peleando por cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas. Al terrorismo de Estado le decimos Nunca Más.

 

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[1]
Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada. Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601. Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata. Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata. Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura. Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana. Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de bebés. Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús y en el Pozo de Banfield.
[2] Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata.

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