Escribe Adriana Astolfo Secretaria general de Adosac Pico Truncado

Alicia Kirchner cerró 2017 aprobando un polémico “doble calendario”: el 1° de febrero debíamos presentarnos los docentes que hicimos paro y nuestros alumnos para “culminar 2017” y semanas después los alumnos cambiarían de docentes para “empezar 2018”. Un absurdo político, gremial y pedagógico.

Además, durante las vacaciones, Alicia pagó en cuotas y atrasado el sueldo y el aguinaldo, y sacó la resolución 066 que establece un presentismo para tratar de quebrar las huelgas docentes: un premio a la asistencia  perfecta que otorga 3 puntos al título docente, muchísimo más de los que se consiguen anualmente por capacitación pedagógica. ¡Otra aberración! Para el gobierno kirchnerista es más valioso y merece un mayor puntaje un docente carnero, que soporta todo tipo de atropellos sin luchar, que un docente que hace cursos de perfeccionamiento. También dictó la resolución: 2.575 que anula acuerdos paritarios, despidiendo a 200 docentes por la implementación de la reforma en secundaria.
Con estas medidas, sumado a la falta de servicios de nuestra obra social, edificios escolares destruidos, el ataque al régimen de licencias y al Estatuto Docente y la negativa de recomposición salarial, el gobierno kirchnerista va en consonancia con la política de ajuste de Macri.
Nuestra agrupación Naranja Docentes en Marcha plantea la necesidad de cambiar el rumbo de la política gremial que la conducción provincial Lila sostiene en Adosac, que nos llevó a una dura derrota en 2017. Desmoralizó a miles de compañeros después de 105 días de paro levantando la lucha a cambio de nada, en un “gesto” a los gobiernos nacional y provincial, avalado por otras agrupaciones, como Tribuna Docente del PO.
Hay que abandonar la orientación gremial de enfrentar sólo el ataque de Alicia Kirchner, diferenciándolo de los ataques de Macri y Cambiemos, ambos son aliados en el ajuste. Hay que nacionalizar la lucha y tratar de salir del aislamiento en que nos mete la conducción de Ctera. Impulsamos organizar una campaña nacional docente de apoyo a Santa Cruz e instalarnos en Buenos Aires con una delegación para denunciar a Alicia y a Macri. Lamentablemente esto no fue impulsado por Cormack, secretario general de Adosac. Es fundamental cambiar el rumbo, bajo el riesgo de que la política Lila vuelva a desmoralizar y liquidar la lucha en 2018. 

Escribe Mónica Schlotthauer, Cuerpo de Delegados Ferrocarril Sarmiento y diputada electa de Izquierda Socialista/FIT

El 22 de febrero de 2012 el tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento avanzaba hacia la estación Once. A la formación de ocho vagones le faltaba un compresor (máquina que hace funcionar el sistema de frenos) y tenía otro inservible. Venía con “freno largo”, es decir que necesitaba más distancia para frenar, y tampoco había velocímetro en la cabina del conductor.

A 20 kilómetros por hora recorría sus metros finales, pero el conductor no logró detenerlo. A las 8:30 el tren impactó contra el paragolpes hidráulico que estaba mal instalado y no funcionaba. Murieron 52 personas y más de 800 resultaron heridas.
El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a 21 de los 28 acusados por esa masacre, entre ellos a Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ex secretarios de Transporte, y a Claudio Cirigliano, propietario de TBA (Trenes de Buenos Aires). El fiscal de la causa manifestó que la tragedia de Once fue producto de un plan criminal. Así hacía referencia al vaciamiento del servicio ferroviario y a la red de corrupción que se inició con las privatizaciones menemistas y continuó con el kirchnerismo, en la que estaban comprometidos funcionarios del gobierno, empresarios, gerentes y burócratas sindicales.
La persistente lucha y movilización de los familiares de las víctimas por justicia, la solidaridad y las denuncias del cuerpo de delegados de la lista Bordó del Sarmiento, junto al masivo repudio popular a la impunidad, fueron las reales causas que lograron la realización de los juicios y el dictado de condenas. Cinco años después de aquel trágico día, la misma lucha consiguió la imputación y el proceso al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. En la actualidad, junto con Ricardo Jaime son los únicos presos, pero por otras causas. ¡Sigue sin haber justicia para las víctimas! A seis años de la masacre no hay ningún responsable preso y la Sala III de la Cámara de Casación mantiene frenada la causa. ¡Así funciona la justicia patronal!
El próximo 22 de febrero estaremos presentes junto al Pollo Sobrero, la lista Bordó y los ferroviarios del Sarmiento para acompañar a los familiares y junto a ellos reclamaremos: ¡cárcel para Cirigliano, Schiavi y los demás responsables! Convocamos a todos los trabajadores a sumarse a esta lucha por justicia para las víctimas, en la perspectiva de lograr también la reestatización de todo el sistema ferroviario bajo control de los trabajadores y usuarios, única salida para que sea eficiente y seguro.

Ante el ajuste de Macri y los gobernadores surge naturalmente entre los trabajadores el sentimiento de unidad en la lucha para enfrentarlo. Esta tarea, que desde la izquierda apoyamos e impulsamos cotidianamente, no es lo que plantean los dirigentes kirchneristas y del peronismo, que proponen un nuevo frente político opositor a Macri. ¿Cuál es el camino?

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El peronismo sigue realizando reuniones y buscando variantes electorales para 2019. Quieren salir de la enorme crisis que produjeron sus doce años de gobierno sin dar soluciones a los trabajadores.
Una de ellas fue el “Encuentro por la Unidad” que reunió en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) a dirigentes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo. “El único límite es Cambiemos”, plantearon Agustín Rossi, Daniel Filmus y Víctor Santa María (kirchnerismo), Felipe Solá y Daniel Arroyo (massismo) y Alberto Fernández y el Chino Navarro (randazzismo). “Es necesario un frente nacional, popular, democrático y programático”, dijeron.
Muchos trabajadores y luchadores, sobre todo kirchneristas, pueden ver con simpatía esas propuestas. Pero unirnos todos en las luchas contra los despidos, los tarifazos y por aumentos salariales no es lo mismo que armar un acuerdo político electoral con propuestas de gobierno, como plantean los peronistas con el argumento de enfrentar el ajuste de Macri.

Por más que se vista  de seda…
Tal es la crisis del peronismo que entre ellos mismos se desmienten. Massa no avaló la presencia de sus dirigentes: “La unidad no es amontonamiento para conseguirle impunidad a algunos”, sostuvo. Faltaron también los gobernadores peronistas, los intendentes del Gran Buenos Aires y la mayoría de los dirigentes sindicales que se referencian con los distintos espacios del PJ. El senador Pichetto, titular del Bloque Justicialista, sostuvo que esos sectores “no representan al peronismo, que siempre ha sido una fuerza del centro nacional, pero no creo en la construcción de un frente de izquierda con una visión más metropolitana de la política”. La diputada Graciela Camaño (referente del massismo en Diputados) consideró “de mal gusto una reunión a tres meses de las elecciones, para preparar un candidato para 2019”.
Ese es el verdadero objetivo de estas reuniones: no ponerle un freno al ajuste de Macri, sino su necesidad de unirse para llegar a 2019.
 
No se derrota al macrismo con sus cómplices
Aquellos peronistas que quieren mostrarse como opositores al ajuste macrista en realidad son sus cómplices. Tal es el caso de todos los gobernadores que –salvo el puntano Rodríguez Saá– firmaron el pacto de ajuste fiscal que significa reducir los gastos del Estado en sus provincias, achicando presupuesto para educación, salud, obras públicas, jubilaciones y salarios. Un ejemplo tremendo es el de Alicia Kirchner, “kirchnerista pura” si las hay, que firmó y aprobó la ley provincial mientras reprimía a los trabajadores. Al igual que Urtubey en Salta, que reprime violentamente trabajadores de El Tabacal, o Gildo Insfrán en Formosa. ¿Se puede enfrentar el ajuste con quienes lo aplican?
Lo mismo ocurre con los senadores y diputados que han votado casi todas las leyes de ajuste de Macri. Los senadores peronistas, incluidos los kirchneristas, permitieron la aprobación de todas las leyes de Cambiemos en 2016 y 2017. Y fue con el voto de un sector del peronismo y las ausencias de otros (como la de Scioli) que se aprobó la reforma previsional el 18 de diciembre pasado, pese a que cientos de miles la repudiamos en las calles. ¿Qué acuerdo político antiajuste puede salir con estos personajes cómplices de Macri? ¿Qué coalición puede hacerse con dirigentes como Kicillof, Randazzo, Massa y otros que durante años nos ajustaron y entregaron el país a los banqueros y a las multinacionales?
Unidad para luchar sí
Esta imposibilidad de hacer acuerdos políticos con los kirchneristas y demás sectores peronistas no implica no buscar la más amplia unidad para que triunfen las luchas en curso. Por ejemplo, vamos a impulsar con fuerza la participación en las movilizaciones de ATE/CTA el 15 de febrero y con Camioneros y demás sectores el 21 del mismo mes, pese a las grandes diferencias que tenemos con los dirigentes que las convocan.
Claro que también para que se ganen estas luchas, muchas veces nos enfrentamos con dirigentes peronistas y kirchneristas, como los del triunvirato de la CGT o los de ATE y Ctera, que más allá de los discursos no se ponen al frente del apoyo a los distintos conflictos, no coordinan, no llaman a paro general. Nuestras críticas en las luchas son, justamente, porque no buscan mayor unidad, fundamental para que se pueda ganar.
 
La salida política es fortalecer el Frente de Izquierda
Para enfrentar ahora y en 2019 la política de ajuste y entrega de Cambiemos hay que fortalecer la única alternativa política que denuncia a Macri y la complicidad del peronismo: el Frente de Izquierda. Los que planteamos con claridad que hay que dejar de pagar la deuda externa, ajustar a las multinacionales y con ese dinero resolver los problemas de salario, trabajo, educación, salud y jubilaciones.
Por todo eso llamamos a no dejarse engañar otra vez con los cantos de sirena de las variantes patronales. La única salida es el Frente de Izquierda.

Ocurrió en La Rioja, en la Escuela de Policía. El cadete de 18 años Emmanuel Garay murió por sobreexigencia en un “entrenamiento”, a días de que Macri recibiera como héroe al policía Chocobar (ver nota en esta página). Otros quedaron en terapia intensiva, de extrema gravedad. Los superiores los tuvieron doce horas a altas temperaturas con brutales exigencias y sin tomar líquido, impidiendo el funcionamiento de sus riñones. Una joven está en peligro con diálisis.

El video con la imagen de la instructora Rodríguez pateando la espalda de un cadete es estremecedor, propio de una casta de represores inhumanos. Hasta tenían que poner ropa en el piso para apoyar las manos en “la sartén” (cancha de básquet con 40 grados de temperatura) y fueron obligados a tomar agua de inodoros o de estanques contaminados. Una crueldad enorme. Fue una muerte provocada por torturas. “Me hace acordar a la última dictadura militar”, dijo el hermano del joven muerto.
Ante las movilizaciones y el escándalo público fueron detenidos comisarios y oficiales. ¡Deben responder por el homicidio todos los culpables!
Esto hizo recordar cuando en 1994 miembros del Ejército asesinaron al soldado Carrasco, lo que llevó a que se suprimiera el servicio militar obligatorio.
Esto prueba que las fuerzas de seguridad no “están ganadas” para ayudar a los vecinos como dice el verso macrista. Si eso ocurre en una “escuela” de policía… ¡imaginemos lo que va a seguir pasando en la calle con fuerzas represivas adiestradas para la represión y la tortura!

El presidente y la ministra recibieron al policía Chocobar en la Casa Rosada. El agente mató por la espalda a un delincuente que asaltó a un turista estadounidense en la Boca. El gobierno usó el hecho para reforzar el gatillo fácil, la mano dura y la defensa del accionar del aparato represivo ante los reclamos sociales.

Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional Izquierda Socialista/FIT

El gobierno había visto el video donde se constató que Chocobar no actuó en “legítima defensa”. También sabía que un juez lo imputó por homicidio. Igual lo recibió. ¿Por qué? Fue un gesto para ratificar la mano dura.
El policía disparó nueve veces contra Kukoc, el joven de 18 años, a corta distancia, por la espalda y nunca acudió en defensa del turista asaltado. La madre del joven asesinado señaló: “El policía debía haber arrestado a mi hijo, pero lo asesinó. Le tiró como a un animal, lo fusiló”.
El gobierno de Macri intenta posar como que combate la inseguridad premiando a policías “en cumplimiento de su deber”. Pero la inseguridad crece precisamente por la complicidad del gobierno y las mafias policiales con la droga, la prostitución, la trata y zonas liberadas para ello. Y porque el gobierno expulsa con sus planes de ajuste a millones de jóvenes sin futuro, algunos terminan como mano de obra barata de los narcos y esas mafias delictivas.
El gobierno usa el falso argumento de la “puerta giratoria” y que el kirchnerismo fue “permisivo” con la delincuencia. Pero Néstor Kirchner apostó a la mano dura aprobando las leyes de Blumberg, los presos aumentaron y la delincuencia también. Ahora con Macri crecieron los casos de gatillo fácil y las torturas en las comisarías.
No hay forma de combatir a la delincuencia si no se termina con esa complicidad político-policial con las mafias y los planes de hambre y pobreza. Mientras damos esa pelea hay que organizarse en los barrios para disuadirla.

Hay que desmantelar el aparato represivo

Macri y Bullrich dicen que hay que defender a la policía e “invertir la carga de la prueba”. Esto quiere decir que todo policía, gendarme, prefecto o fuerza especial puede matar impunemente, se tiene que creer y presumir que actuaron bien. O sea, la pena de muerte por la vía de los hechos, la que fogonea el gurú presidencial Durán Barba. Una locura total.
Es lo que sostuvo el gobierno con Santiago Maldonado. Por eso no hay ningún gendarme imputado, ni retirado de la fuerza, sino premiado, como Echazú, el gendarme ensangrentado sospechado de haber tenido una refriega con Maldonado. Recordemos que Gendarmería entró en forma ilegal y sin orden judicial al predio de los mapuches porque son considerados por el gobierno como “violentos, terroristas y en delito permanente”. Tampoco hay ningún prefecto detenido ante el probado asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel por apoyar el reclamo de tierras de la comunidad mapuche en Mascardi, Bariloche. El gobierno simuló un “enfrentamiento armado” que nunca existió.
Con el gesto de recibir a Chocobar, el gobierno va más allá. Además de insistir con el uso de las pistolas Taser (descargas eléctricas que en muchos casos son mortales), quiere hacer creer que hay que dar una vuelta de página, terminar con “el recelo” y “sed de venganza” que tendría la población con los militares y fuerzas represivas desde la dictadura, y dar vía libre para fortalecer el aparato represivo.
El gobierno usa la inteligencia de la Gendarmería que viene del kirchnerismo para reprimir las luchas obreras y populares y criminalizar y judicializar la protesta social. Es lo que pasó a fines de diciembre, con miles de policías reprimiendo la protesta contra el robo a los jubilados. Con cientos de gendarmes amedrentando a los trabajadores que luchan, metiéndose adentro del hospital Posadas, en el INTI, infiltrando policías de civil en las marchas o persiguiendo periodistas para que no difundan “las malas noticias” del ajuste y la represión.
Llamamos a los luchadores, organizaciones de derechos humanos, obreras y populares a desenmascarar esta nueva embestida del gobierno contra las libertades democráticas y exigir el desmantelamiento del aparato represivo.