El gobierno de Macri insiste en ponerle un techo a las paritarias de 15%, sin cláusula gatillo. En concreto, los trabajadores veremos una vez más cómo la inflación (que cualquier analista económico garantiza que no bajará de 20% en 2018) se comerá nuestro salario. Los que sí tendrán cobertura frente a la inflación serán los acreedores de una deuda que sigue creciendo cual bola de nieve.
El gobierno acaba de lanzar la semana pasada un nuevo bono que le garantiza a quienes lo adquieran un 3,75% anual por encima de la inflación. Así nos endeudamos de un saque en 70.481 millones de pesos (3.500 millones de dólares).
Esto se suma a los 9.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento con que el macrismo había “debutado” en 2018, lo que hace que en apenas dos meses la deuda haya crecido 12.500 millones de dólares. Y ahí no terminará, ya que el plan del gobierno es seguir tomando nuevos créditos por casi 20.000 millones más.
El gobierno paga tasas usurarias (las más altas del mundo), pone cláusulas gatillos para que los acreedores queden cubiertos cualquiera sea la inflación y, lo peor, cada vez pagamos más de intereses, de un dinero que sale de despidos en el Estado, salarios de hambre, tarifazos y escuelas y hospitales que se caen a pedazos.
El endeudamiento, con todas estas garantías para los pulpos acreedores, ya se acerca peligrosamente a los 400.000 millones de dólares. Una hipoteca imposible de levantar, que empobrece a nuestro pueblo mientras le da millonadas a los parásitos que viven de la especulación financiera internacional. Por eso insistimos: la única salida es dejar de pagar ya mismo esa inmoral deuda externa, poniendo todos esos recursos al servicio de las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.
J.C.

Llenar el tanque de un auto ya es para millonarios. El litro de nafta premium en el interior del país supera los 32 pesos. La semana pasada YPF aumentó el precio 3,5% y, ni lerdo ni perezoso, al otro día vino el aumento en las estaciones de servicio de Shell.
Estos incrementos siguen a los que sucedieron hace menos de tres semanas, donde la petrolera estatal también había “picado en punta” con un aumento de 4,5%, obviamente seguido luego por las otras firmas.
La realidad es que, desde el mes de octubre, cuando el ministro Juan José Aranguren “liberalizó” el precio de los combustibles, estos se encarecieron en más de 30%. El ministro, ex CEO de Shell, garantiza así enormes superganancias a los monopolios petroleros, acompañado por la gerencia de la estatal YPF, que “aumenta primero”, dándole la excusa al resto para seguirla.
Mientras los precios de las naftas y el gasoil “vuelan para arriba”, la extracción de petróleo sigue en baja, nuestras reservas son saqueadas y a todos los pulpos petroleros lo único que les interesa es el negocio de la “extracción no convencional”, al estilo Vaca Muerta, que destruye el medio ambiente mientras flexibiliza y superexplota a los trabajadores. ¡Hay que terminar con este robo! La única salida pasa por reestatizar todo el negocio petrolero y gasífero para construir una empresa monopólica estatal, que unifique todas las actividades, desde la exploración, extracción, refinación y comercialización, poniendo el gas y el petróleo al servicio de un proyecto de desarrollo que resuelva las urgentes necesidades de las mayorías populares.
J.C.

Escribe José Castillo

El gobierno está decidido a imponer un techo salarial de 15% en las paritarias, en cuotas y sin cláusula gatillo. Las cámaras patronales “acompañan”, contentas de poder pagarles menos a sus trabajadores. No podemos aceptar que nuestros salarios sean pulverizados por la inflación. Este 2018 empezó con todo. En enero ya tuvimos la serie de tarifazos en la luz, el gas y el transporte público en Capital y el Gran Buenos Aires. Los combustibles subieron dos veces en menos de cuarenta días. Y esto recién empieza: la suba del dólar, que pasó de 17 a 20 pesos desde diciembre, está siendo la excusa para que se remarquen todos los precios, con los alimentos a la cabeza. De hecho, ya se está acelerando la suba en aceites, carne y pan. En breve, se vendrán los aumentos de marzo: la canasta escolar, según un relevamiento de 37 útiles escolares realizado por la Asociación de Consumidores Libres, sube en promedio 28,5% con respecto al año pasado.
Para el mes de febrero se espera una inflación promedio de 2,5%. Si a eso le sumamos que enero terminó con un alza de casi 1,9%, en marzo se calcula entre 2,5 y 3% y que abril tendrá nuevos tarifazos, es muy probable que terminemos los primeros cuatro meses del año con una inflación acumulada de entre 9 y 10% ¿a quién quiere convencer el gobierno cuando dice que la suba de precios anual no pasará de 15%?
Los economistas más cercanos al gobierno calculan que terminaremos 2018 con una inflación de entre 19 y 22%. Es muy probable que el número sea más alto aún, cercano a 25%, como el del año pasado.
El gobierno de Macri “autoriza” o deja correr aumentos siderales de prácticamente todo (como vemos y explicamos más abajo con los combustibles). Les garantiza a los acreedores de deuda cláusulas gatillos en los nuevos bonos para que “no pierdan con la inflación” (como también explicamos en esta misma página). En síntesis, todos los empresarios y banqueros quedan “cubiertos”… a costa de los trabajadores.
Es que a sabiendas de todo esto, el gobierno de Macri quiere imponer un techo salarial de 15% en las negociaciones paritarias. Blanco sobre negro: que los que perdamos seamos los trabajadores. Sumémosle que en todos los casos lo que se ofrece son aumentos en cuotas. Eso no es lo peor: se oponen a la existencia de la “claúsula gatillo”. Si están tan seguros de que la inflación va a ser de 15%, ¿por qué no aceptan que si los precios suben por encima los trabajadores automáticamente reciban un incremento para cubrir la diferencia? La respuesta es clarísima: porque tanto el gobierno como las patronales saben que la inflación será superior a 15% y su objetivo explícito es que baje el salario real de los trabajadores.
Macri quiere imponernos este robo a nuestros bolsillos: por eso Vidal ya dijo que ese es el ofrecimiento inamovible para la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que por su importancia es testigo para todo el sector público. Y las patronales aportan lo suyo: ese es el motivo por el cual plantean un irrisorio 9% de aumento a los bancarios, para “marcar la cancha” ante todo el sector privado.
Tenemos que salir a pelear y romper este techo salarial que quieren imponernos. Hay que exigir un salario mínimo igual a la canasta familiar para cada actividad: ¡nadie puede ganar menos de 25.000 pesos! Y para los trabajadores que ya tienen salarios por encima de ese valor hay que reclamar aumentos de acuerdo a la inflación real, cubriendo lo perdido en 2017 y las perspectivas de 2018. Y que ese aumento se pague en una sola cuota y con cláusula gatillo de aplicación inmediata si la inflación se dispara por encima de ese valor.
Está en juego nuestro salario: esto es lo que tenemos que discutir con nuestros compañeros de trabajo, promoviendo asambleas allá donde sea posible, sacando pronunciamientos con mandato desde los cuerpos de delegados, exigiendo que los paritarios sean electos en asamblea y, por sobre todo, planteando que los dirigentes burocráticos de los gremios y la CGT rompan su tregua con el gobierno y llamen a un paro general y a un plan de lucha para derrotar el ajuste macrista.

Escribe Juan Nordio Trabajador del INTI Córdoba

El INTI fue creado hace más de 60 años y desempeña una innumerable cantidad de actividades tales como la certificación de calidad de productos, la verificación de instrumentos de medición y la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la industria argentina. Los controles del INTI aseguran, por ejemplo, que los juguetes y las mamaderas no contengan sustancias tóxicas, o que cuando se carga combustible se entregue efectivamente la cantidad que se está pagando.
El INTI cumple un importante rol para la sociedad y para la industria nacional. Entonces cabe preguntarse por qué en lugar de fortalecerlo se produce el despido de 258 trabajadores, profesionales y técnicos con muchos años de experiencia.
La respuesta es que las actuales autoridades con el asesoramiento de la consultora vasca Tecnalia han detectado la posibilidad de hacer grandes negocios privatizando las áreas más rentables.
El desmembramiento del INTI traerá aparejado la falta de controles. Una de las áreas de mayor interés es la homologación y verificación de instrumentos reglamentados (surtidores de combustible, básculas para pesar camiones, alcoholímetros, etcétera), tarea que realiza el INTI desde el año 2003. En ese sentido el gobierno de Macri ya aprobó en noviembre el decreto 960/2017 por el que se le quita al organismo la exclusividad y permite a empresas privadas realizar estos controles.
Las petroleras dueñas de estaciones de servicio y las federaciones de expendedores se opusieron totalmente cuando el INTI comenzó a implementar el control de los surtidores y se negaron a pagar por el servicio. Es que permitir que ellos mismos realicen los controles es dejar que adulteren la cantidad de combustible que despachan perjudicando a los consumidores.
Una situación similar ocurrirá en los puertos donde sin el control de las balanzas que realiza el INTI, las multinacionales agroexportadoras (Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, etcétera) tendrán las manos libres para pesar los camiones a su antojo perjudicando a los productores y acopiadores de granos que envían su cosecha. Los importadores también se verán beneficiados ya que al quedar el control en manos privadas no será necesario cumplir estrictamente la normativa vigente a la hora de ingresar cualquier producto, perjudicando a la industria nacional y a los consumidores.
En síntesis, el desmembramiento del INTI será como poner al lobo a cuidar las ovejas.

Ante la continuidad del ajuste de Macri y los gobernadores, los trabajadores estamos ante una gran oportunidad de enfrentarlo con las movilizaciones del 15 y el 21 de febrero.
El calor del verano sigue pegando con todo y los cortes de luz están a la orden del día, demostrando que los tarifazos sólo sirvieron para que las empresas privatizadas se embolsen el dinero sin hacer la más mínima inversión. Lo que también está “caliente” son los precios: sube todo, empezando por los alimentos, las tarifas, el dólar y la nafta. Una reciente encuesta indica que la situación económica (y la inflación en particular) es el tema más preocupante. Por eso al gobierno no le va nada bien con su intento de meter en primer plano el tema de la inseguridad, con el caso Chocobar, como excusa para dar vía libre a la represión a las protestas obreras y populares.
Ya nadie se cree la meta inflacionaria anual de 15%. Pero el gobierno insiste en poner ese techo a las paritarias, en cuotas, sin cláusula gatillo y sumándoles requisitos de “productividad” que flexibilizan los convenios y habilitan una mayor explotación. Así se acaba de firmar la negociación salarial ferroviaria, en línea con lo que quiere el gobierno. La gobernadora Vidal, sabiendo que tiene una paritaria “testigo” para el resto de los estatales, sale con todo a tratar de imponer esto a los docentes de la provincia de Buenos Aires, después de que Macri liquidara la paritaria nacional del sector. Las patronales privadas también se suman a la pulseada contra el salario, como lo hacen las cámaras de los bancos al ofrecer un irrisorio 9%. Es que para el gobierno la única cláusula gatillo es para los bonistas de deuda: esta semana el ministro Luis Caputo lanzó una serie de bonos que les garantizan ganancias por sobre la inflación, cualquiera fuere. Claro que el ministro tuvo poco tiempo para festejar: se acaba de destapar la olla de su participación en una empresa offshore que nunca informó, en una nueva demostración de que los funcionarios macristas están al servicio de lo peor del capital usurero internacional.
La otra cara del ajuste es la ola de despidos de este verano (ya suman 10.000 desde diciembre) con los casos emblemáticos del INTI, el hospital Posadas, Fanazul y Río Turbio.
El gobierno se juega a hacer pasar los despidos, los salarios a la baja y la flexibilización en los convenios con la complicidad de la burocracia sindical. Y cuenta para ello con la oposición patronal peronista. A estos políticos, que hace apenas unos meses pedían el voto “para frenar el ajuste”, hoy lo único que les preocupa es sacarse fotos y tratar de superar su crisis negociando entre ellos de cara a las elecciones de 2019, tal como sucedió la semana pasada en el encuentro que unió a kirchneristas, massistas y randazzistas.
En los próximos días vamos a una pulseada nacional. El día 15 se dará la jornada nacional de lucha de ATE, en la que todos debemos participar y hacerla lo más grande posible.
Será fundamental la masividad que se alcance en la marcha del próximo 21 de febrero. Es un hecho que el gobierno se juega con todo a debilitarla, aprovechando para eso la traición de muchos burócratas sindicales que salen a decir que “no es el momento de la confrontación, sino del diálogo”. De un Daer que incluso apoya la reforma laboral flexibilizadora. De Pignanelli, Gerardo Martínez y tantos otros burócratas que se reúnen casi diariamente a charlar amigablemente con el ministro Triaca y el resto de los funcionarios macristas ¡Mientras el gobierno ha salido con todo para liquidar nuestros salarios y puestos de trabajo!
No tenemos ninguna confianza en Moyano, ni marchamos para salvarlo de sus causas judiciales. Nuestro modelo sindical es opuesto al suyo y al del resto de la burocracia. Pero no nos equivocamos: el 21 habrá una movilización masiva que será un duro revés contra los planes de ajuste del gobierno y nos dejará más fuerte para las peleas que se vienen.
Se trata de una gran oportunidad y tenemos que lograr que sea una gran jornada. Servirá para fortalecer las luchas que seguirán, donde se pondrá en juego si los docentes logran torcerle el brazo al gobierno. También donde terminará resolviéndose la paritaria bancaria y se abrirán las de muchos otros gremios. Las peleas contra los despidos en el INTI y otros organismos entrarán en sus fases decisivas. Por eso hay que debatir con nuestros compañeros de trabajo o estudio, en fábricas, barrios y oficinas para organizarnos y concurrir masivamente el jueves 21. El sindicalismo combativo junto a luchadores de los principales conflictos en curso y la izquierda nos movilizaremos con una columna independiente exigiendo a las direcciones de la CGT y las CTA que llamen a un paro nacional y lancen un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, peleando por dejar de pagar la deuda externa como primer paso para un plan económico alternativo al ajuste macrista.