Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos trabaja a toda velocidad para lograr meter el incremento de las tarifas de luz y gas en el mes de septiembre. La duda es cuántos usuarios lograrán conservar los subsidios, y cuántos caerán en las garras del aumento pleno de las facturas.

Según los datos del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía, se anotaron para conservarlos 9,7 millones de hogares, de los cuales solo 428 mil califican como “de altos ingresos” y por lo tanto perderían el beneficio. El problema es que en total hay 15,5 millones de usuarios de energía eléctrica. ¿Qué pasa con los 5,8 millones no inscriptos en el registro? ¿Acaso son todos millonarios? ¿Todos ganan más de 350.000 pesos, o son propietarios de tres inmuebles, o tienen un avión privado o un barco? Evidentemente no, pero la realidad es que a hoy estarían perdiendo el subsidio y les tocaría plenamente el tarifazo eléctrico, con aumentos promedio de 2.000 pesos. En el caso del gas, este universo estaría alcanzando a cuatro millones de hogares.

Todo esto demuestra la improvisación y el desmanejo de un gobierno que lo único que quiere es que se avance “rápido” para dar una señal al FMI. En el medio de todo esto quedan millones que no se pudieron inscribir por desconocimiento, por falta de acceso a internet o por situaciones como encontrarse con contratos de alquiler en negro.

Se saltean las audiencias públicas

El gobierno, en su afán de avanzar con el ajuste, está dispuesto a pasar por alto hasta las exigencias más básicas de los contratos de concesión de las privatizadas. Así, descarta realizar las obligatorias audiencias públicas previas a cualquier aumento. En el caso del gas, desde la secretaría de Energía anuncia increíblemente que la audiencia se realizará…¡después del aumento! Para el caso de la electricidad es peor aún, ya que se argumenta que “no hace falta audiencia pública, ya que se trabajará sobre la realizada en el primer semestre”. Frente a esto, 30 asociaciones de consumidores amenazan con judicializar el tarifazo diciendo en su escrito que en las audiencias anteriores “no se puso en discusión la segmentación en niveles de ingresos y patrimonio, como sí se hizo posteriormente a través del decreto 332/2022, ni los topes al consumo y la quita del subsidio por los consumos excedentes. Por lo tanto,  no puede considerarse válida la aplicación de la quita de subsidios fundamentado en la realización de la Audiencia Pública del 12 de mayo de 2022”.

Hay que rechazar los tarifazos y reestatizar las privatizadas

Los inminentes tarifazos no solo serán una prueba más del ajuste del FMI. También son una demostración de que se le sigue garantizando las superganancias a los monopolios que manejan estas privatizadas (sea el Grupo Vila-Manzano o la multinacional italiana ENEL en el caso eléctrico, o los pulpos energéticos en el gas). A ello se le agrega que los tarifazos serán manifiestamente ilegales.

No podemos seguir girando entre subsidiar con millones a las privatizadas versus sufrir tarifazos que agujerean el bolsillo del pueblo trabajador. Hay que rescindir inmediatamente todos los contratos, ya que las empresas no cumplieron ni con las inversiones prometidas ni con los estándares mínimos de calidad requeridos. A partir de allí hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas bajo la gestión de sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios. Solo así tendremos auténticos servicios de calidad, con tarifas sociales para quiénes la necesiten.

Escribe Guido Poletti

Se pactó un salario “Mínimo, Vital y Móvil” que consolida la pobreza. Si la canasta oficial para salir de la misma asciende a 111.000 pesos, el resultado está a la vista. El aumento tendría que haber sido del 130%, no de un 21% y en cuotas como pactaron el gobierno, los empresarios y la CGT.

Finalmente, se fijó un monto que lo lleva a 57.900 recién para el mes de noviembre. Habrá una primera cuota de incremento en septiembre, que lo llevará de los actuales 47.850 a 51.200 pesos, luego otra en octubre (a 54.550) para alcanzar finalmente los 57.900 en el penúltimo mes del año.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo fijó ese monto con 30 votos a favor, entre ellos vergonzosamente los de los representantes de la CGT, en una nueva señal de que la burocracia mantiene su pacto con el gobierno y deja correr el ajuste. La CTA de Yasky se abstuvo para salvar la ropa y el único voto en contra fue el de la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, por supuesto de que sin hacer el más mínimo gesto de movilizar para que esto cambie. Muy lejos quedaron todas las “exigencias” que en los días previos hacían escuchar los burócratas de las diferentes centrales.

La realidad es que el salario mínimo se viene deteriorando sistemáticamente contra la inflación. Desde el comienzo del gobierno del Frente de Todos, los precios subieron un 270,9% y el salario mínimo apenas un 243,1%. Se trata de apenas 160 dólares, de lejos uno de los más bajos del planeta.

El valor del salario mínimo es muy importante. De él depende el monto de los planes sociales  “Potenciar Trabajo” (que reciben un importe equivalente al 50% de dicho salario), de la jubilación mínima (que por ley no debe quedar por debajo) e incluso de los salarios iniciales de algunas actividades, que hoy están tan bajos que orillan dicho monto.

El Salario Mínimo Vital y Móvil, según la propia ley, debe garantizar alimentación, vivienda, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento y vacaciones. ¿Se puede lograr esto con 57.900 y encima recién en noviembre? Parece una burla. Hay que exigir a la CGT que rompa el pacto con el gobierno y las patronales y llame a un paro general y a un plan de lucha nacional por un inmediato aumento salarial y jubilatorio al valor de la canasta familiar, calculada por los trabajadores de ATE Indec en 179.990 pesos. Este número, ajustado mensualmente por inflación, que es ¡tres veces más! de lo acordado para noviembre por el Consejo del salario, es el que permitiría garantizar aquello a que se compromete la ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil.
   
 

Escribe José Castillo

La semana pasada YPF incrementó un 7,5% promedio el precio de los combustibles. Así, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar 130,50 pesos, la premium 159,80, el gasoil 128,10 y el gasoil premium  185,50 pesos. El aumento anterior había sido el 9 de mayo y, con este incremento, la nafta acumula un 32% y el gasoil un 51% en el 2022.

Vuelve a repetirse que YPF aumenta “primero”, marcando el camino que autoriza a que también suban sus precios las petroleras privadas como Axion (Pan American Energy), Shell o las menores Puma, Gulf o Dapsa. Parece increíble: la empresa estatal, cuyos precios son fijados por el gobierno, da la “señal de largada” para un nuevo aumento que le llena los bolsillos a las transnacionales.

Una vez más, esto demuestra que necesitamos una YPF 100% estatal, gestionada por sus propios trabajadores, que concentre todo el negocio petrolero, cancelando las concesiones y pasando a hacerse cargo de la totalidad de la prospección, extracción, refinamiento y comercialización de combustibles. Poniendo este vital recurso energético al servicio del desarrollo del país y la solución de las necesidades populares.

Escribe Adolfo Santos

En 2018, el entonces candidato a presidente Alberto Fernández declaraba: “Vamos a dejar de pagar los intereses de las Leliq (letras de liquidez del Banco Central) que la Argentina está pagando todos los días y con eso vamos a dar aumento a los jubilados”. Pasados cuatro años, no solo los jubilados no recibieron los aumentos prometidos, sino que el dinero destinado al pago de los especuladores con estas letras de liquidez alcanza cifras astronómicas.

Las Leliq son títulos que emite el Banco Central y los vende a los demás bancos, ofreciéndoles jugosos intereses, para recaudar pesos. De esa forma, trata de evitar que el dinero se vaya al dólar, retira plata de circulación para enfriar la economía y bajar la inflación. En la práctica acaba encareciendo el crédito. Porque, justamente para que esos papeles sean atractivos, ofrece altas tasas de interés a los banqueros.

Pasados cuatro años, el presidente peronista Alberto Fernández, que criticaba al gobierno de Macri por ofrecer tasas obscenas por las letras del Central, no solo continúa emitiendo esos títulos sino que paga el doble de intereses a los bancos. En 2018, se pagaban 56.944 millones de pesos mensuales por los intereses de las Leliq. En 2022, el gobierno del Frente de Todos paga 401.000 millones de pesos por ese concepto. Ese es uno de los motivos por los que no hay “heladeras llenas” y mucho menos mejora de haberes para las y los jubilados.

Como el gobierno anterior, el peronismo continúa cuidando los intereses de los banqueros y no de los jubilados y trabajadores en general. En septiembre, la fórmula de ajuste por movilidad (sacando la suma fija) va a producir una pérdida de casi el 16% de los haberes jubilatorios mientras los banqueros continúan llevándosela en pala. Con las actuales tasas de interés, el desembolso del gobierno para la bicicleta de las  letras representa el 130% de lo que se destina mensualmente para jubilaciones.

Es un escándalo que una de las más duras variantes del ajuste para pagarle al sistema financiero recaiga sobre los jubilados. Exigimos un inmediato aumento para el sector que cubra el costo de la canasta del jubilado calculada por la Defensoría de la Tercera Edad al 30 de junio en 107.000 pesos (con gastos de vivienda). Para eso no solo se debe dejar de emitir y pagar las Leliq, sino que se debe romper con el FMI y suspender el pago de la inmoral deuda externa.

Escribe Ana Valverde

Desde la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) venimos trabajando en la dura batalla por la visibilización de nuestros problemas en relación a salud, haberes jubilatorios y varios más. A partir de septiembre por la Ley de Movilidad Jubilatoria, hecha por Fernández y el FMI, el haber mínimo sería de 43.000 pesos. Un aumento del 15% que antes de cobrarlo ya se lo habrá comido la inflación. El gobierno y el FMI nos siguen condenando a vivir en la indigencia.

Es por esto que seguimos movilizándonos todos los miércoles al Congreso, haciendo reuniones y semáforazos exigiendo haberes iguales a la canasta del adulto mayor, y que los servicios de salud PAMI, Obsba, IOMA y otras cumplan con su función de prevención y asistencia.

El 13 de agosto nos hemos reunido en Ademys diferentes organizaciones, siendo un excelente encuentro en el que se han acordado varias acciones en unidad. El martes 16 fuimos al Hospital Méndez denunciando el vaciamiento de Obsba. El 17 fuimos a Plaza de Mayo junto al Plenario Sindical Combativo. El 23 nos movilizamos al PAMI central donde pedimos ser recibidos y expusimos la preocupación e indignación de la pésima atención médica. El 26 en una nueva reunión en Ademys con la concurrencia de nuevas agrupaciones e independientes acordamos en unidad ir a Plaza de Mayo el 20 de septiembre, día nacional de los jubilados.

Desde Utjel llamamos a jubilados y pensionados a participar ese día de la concentración para seguir exigiendo por nuestras reivindicaciones.