Escribe Fernanda Giribone

En los últimos días se realizaron dos acciones importantes en la provincia contra la persecución política y criminalización de la protesta por parte del gobernador radical Gerardo Morales.
Desde el Ministerio Público de la Acusación iniciaron (de oficio) una causa por extorsión y asociación ilícita contra distintas agrupaciones sociales. También realizaron una serie de allanamientos en viviendas, comedores y sedes de entidades.

Estos allanamientos fueron realizados sin pruebas. La “justicia” de Morales, con la excusa del manejo de planes Potenciar Trabajo, cae sobre las organizaciones sociales, en el marco de la campaña nacional de criminalización de la protesta.

Todo el arco político opositor a Juntos por el Cambio y al gobernador Morales realizó acciones de lucha. Se concretó una multitudinaria marcha, convocada por decenas de organizaciones, y la presentación ante la justicia de un pedido de habeas corpus colectivo para que se “respeten las libertades democráticas” y “cese la persecución” a quienes protestan, y por el cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes de la oposición política de la provincia.

La causa armada, donde noventa militantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas figuran con información sensible, demuestra que la investigación y el espionaje llevan meses, desde principios de abril. Gran parte del expediente del fiscal Funes se nutre de información recabada por los infiltrados durante las movilizaciones. Entre las personas investigadas figuran Natalia Morales y Gastón Remy, referentes del PTS.

Desde Izquierda Socialista Jujuy decimos que hay que frenar este avance sobre el derecho a la protesta y organización de las y los trabajadores y las y los desocupados. Es necesario que llevemos adelante la más amplia unidad de acción en la lucha en las calles hasta el cierre definitivo de las causas y el cese de la persecución.

Escribe Adolfo Santos

Por iniciativa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con el apoyo del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, el gobierno peronista del Frente de Todos está impulsando una auditoría sobre el manejo de los planes sociales. Están “revisando los papeles” a los pobres, mientras los grandes empresarios formadores de precios se la siguen llevando en pala sin que el gobierno adopte medidas para combatir una inflación desenfrenada que genera más pobres cada día.

Coherente con esa política, Sergio Massa presentó como una de sus principales propuestas el “reordenamiento” del Potenciar Trabajo, un programa que atiende a más de 1.200.000 personas que han perdido sus empleos o viven en condiciones precarias. “Quien no cumpla con la auditoría, recibirá la suspensión del plan”, amenazó el super ministro al asumir, mientras ofrecía beneficios al agronegocio, a los empresarios de las automotrices y de la construcción.

No se resuelve la crisis auditando las migajas

La medida de auditar la asistencia de hambre que se destina a socorrer la miseria social, que los sucesivos gobiernos patronales han generado durante décadas, no soluciona el problema. Controles y auditorías siempre se han hecho y se hacen sin que eso resuelva la pobreza. No hay posibilidades de transformar los planes sociales en empleo con plenos derechos y salarios dignos sin atacar el poder económico y fundamentalmente sin romper con el FMI para frenar la sangría producida por la deuda externa.

Una medida electoralista del peronismo

Detrás de la medida de la vicepresidenta hay un claro interés político electoralista. Es la lucha por el control de esos fondos. Cristina critica la “tercerización” de la acción social del Estado y el manejo de los planes por parte de las organizaciones sociales. Se los quiere sacar para que sean manejados por los gobernadores e intendentes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires; un distrito clave donde pretende utilizarlos como moneda de cambio en las próximas elecciones.

No fue casual que después de su discurso recibió al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien presentó un proyecto de ley para que los planes sociales pasen a ser controlados por las provincias y los municipios. Y que varios intendentes del conurbano, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hayan salido a cuestionar la “falta de transparencia” en el manejo de los planes, como si ellos fueran trigo limpio.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad repudiamos estos ataques a los movimientos sociales y sus intentos de criminalizar la protesta, y nos oponemos al manejo electoralista y corrupto de los planes sociales por parte de los gobernadores e intendentes para perpetuarse en sus cargos. Hay que generar trabajo genuino, destinando el dinero del pago de la deuda externa a un plan de viviendas populares, como estamos reclamando.

Escribe Noelia Agüero, legisladora de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Juan Manuel Cid es un mandadero del gobernador peronista Schiaretti. El legislador provincial del PJ cordobés presentó un proyecto de ley para imponer fuertes multas, trabajo comunitario y hasta tres días de prisión a quienes participen de marchas en todo el territorio provincial. Su argumento es que los pequeños y medianos comerciantes se ven perjudicados por movilizaciones y cortes de calles. Promete terminar con las protestas, otorgándole más poder a una justicia corrupta y a la policía provincial del gatillo fácil y los abusos. Miente diciendo que todo lo que se recaude irá a compensar las pérdidas de estos comercios.

Es claro que Cid, aprendiz de fascista, no hizo esto por iniciativa propia sino por orden del amo. Schiaretti lanza este globo de ensayo ante el mal humor real de la población por tantas marchas y cortes, que obviamente causan problemas.

Ahora bien, los comerciantes no están mal por las movilizaciones. Están agobiados por tarifas de servicios altísimas, por los impuestos de todo tipo que imponen los gobiernos y, fundamentalmente, porque venden mucho menos que antes, y esto se debe a que cada vez hay más pobres y los salarios pierden por goleada ante la inflación en una provincia donde el peronismo gobierna hace más de veinte años.

Como siempre, los gobiernos capitalistas no atacan las causas de estos problemas porque sería atacar la esencia del capitalismo, es decir, la ganancia a cualquier costo, incluida la represión.

En Córdoba hay movilizaciones por los más diversos motivos: los trabajadores pierden sus derechos y tienen salarios miserables, los jubilados son condenados a la indigencia y les robaron el 82% móvil, los ambientalistas luchan contra la destrucción con la que el gobierno beneficia al negocio inmobiliario y al agronegocio. Razones sobran para salir a las calles.
Por eso desde Izquierda Socialista llamamos a repudiar este y cualquier otro intento de criminalizar la protesta.

El tarifazo en el gas y la electricidad será mucho mayor al anunciado. Esto es obra del nuevo superministro del gobierno peronista del Frente de Todos, Sergio Massa, avalado por Cristina Kirchner.

Después de largas deliberaciones sobre si la discriminación se haría por zonas de domicilio o por ingresos y de que se lanzara el formulario para establecer quién quedaba sometido al aumento, llegó la hora de la verdad. Se anunció que habrá incrementos no sólo para las capas superiores de ingresos sino para todo aquel que supere el consumo de 400 megawatts. Y no es cierto que sólo superan ese límite los ricos. Muchas familias populares gastan mucho por el simple hecho de contar con artefactos más viejos (como las estufas a cuarzo), que gasta más energía. Hay zonas enteras del país -donde viven los sectores más postergados- que no llega la red de gas, por lo tanto la calefacción requiere de un mayor uso de la electricidad. Y la crisis que ya lleva décadas hace que crezcan las situaciones de familias ensambladas, donde los padres o abuelos con un terrenito detrás de la casa permiten que sus hijos o nietos construyan algo precario para tener un techo. Varias familias siguen teniendo un solo medidor siendo casi seguro que superen el mínimo establecido quedando sometidos al tarifazo.

¿Al servicio de qué y de quién está este nuevo tarifazo que se le suma al aumento del 40% en los trenes, subtes y colectivos en el AMBA? ¿Acaso va a servir para mejorar los pésimos servicios con los recurrentes cortes y las subas y bajas de tensión que arruinan artefactos?

Nada de eso. El tarifazo tiene el objetivo explícito de cumplir con el ajuste exigido por el FMI. Es parte de las medidas para intentar reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI de acá a fin de año, es decir, más ajuste. Poniéndolo en números, se trata de achicar el gasto público entre 500.000 y 800.000 millones de pesos. El gobierno de Alberto Fernández apuesta a que alrededor de 130.000 millones los podrá obtener de la reducción de subsidios, compensada con este tarifazo.

Esto nos lleva al segundo ganador del tarifazo. Si el primero es el FMI, el segundo son las propias empresas de servicios públicos privatizadas que verán reducidos los subsidios que reciben del gobierno pero serán compensadas con el mismo monto por el aumento del precio de las tarifas. O sea, privatizadas que a través de subsidios millonarios y tarifazos vienen haciendo grandes negocios con un servicio esencial como lo es la luz o el gas.

En el caso eléctrico, tenemos a los dueños de Edenor como grandes ganadores, “casualmente” grandes amigos del superministro Massa: el grupo Vila-Manzano (este último ex ministro del gobierno del peronismo menemista que entregó todas las empresas del Estado). No es casualidad que justamente en estos días la cotización en bolsa de su empresa haya tenido un alza notable. Los acompaña en el paquete accionario Mauricio Filiberti, “el rey del cloro”, también con fluidos contactos con Sergio Massa, un millonario que tiene un yate de 64 metros en el mediterráneo y viene siendo el proveedor de Aysa (la empresa de agua que tiene como titular a Malena Galmarini, la esposa de Massa). Edesur, por su parte, también le dará beneficios a la empresa multinacional ENEL, su actual dueño mayoritario.

Repudiamos este tarifazo como parte del ajuste del FMI. Y también decimos que hay que terminar con este círculo vicioso de empresarios que siempre ganan, sea con subsidios que les dan los distintos gobiernos o con tarifazos que paga directamente el pueblo. Hay que rescindir todas estas concesiones y proceder a reestatizar a todas las privatizados bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Sólo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.

“Superministro”. “Refundación del gobierno”. “Nueva etapa”. “Relanzamiento del Frente de Todos”. “Ahora sí a redistribuir el ingreso con justicia social”. Con estas frases se está recibiendo la asunción de Sergio Massa como ministro.

Es tal la crisis política del gobierno peronista del Frente de Todos que el ex titular de la Cámara de Diputados lo promocionan como el Ave Fénix (el mito que resurgió de las cenizas) cuando venía acumulando una de las peores imágenes negativas entre los políticos patronales argentinos.

El gobierno venía en caída libre. Los propios gobernadores le habían dicho a Alberto Fernández “así no duramos ni quince días”. De ese diagnóstico se pasó a “un optimismo generalizado de todos los que estamos en este espacio”, según dijo un referente del Frente de Todos. Es que después de semanas de un total desconcierto del gobierno, ahora aprovechan a Massa para intentar tomar un poco de oxígeno luego de menos de un mes que duró la desconocida Batakis generando un tembladeral con sus anuncios de un mayor ajuste. Batakis fue renunciada al bajar del avión que la traía de la visita con la titular del FMI para rendir cuentas. Se tuvo que apelar al plan que se había barajado al renunciar Guzmán pero que no se aceptó porque Sergio Massa “pretendía mucho poder” decían, pidiendo varios ministerios. Poder que se lo otorgaron ahora ante el riesgo de una mayor agudización de la crisis, aunque sea desproporcionado para su sector, que era el tercero en discordia después de Alberto y Cristina, La Cámpora y el peronismo kirchnerista.

En realidad, después de toda esta bruma, la sensación que queda es la que dijo otro referente oficialista: “Es la única bala que nos queda”. Algunos no saben si es de plata o de cobre.
 
El recambio cuenta con el beneplácito de los mercados (bancos y usureros internacionales), grandes patronales, el establishment económico y el FMI. Alberto Fernández presentó a Massa ante el staff del Fondo Monetario diciendo “fue mi escudero a la hora de reunir el apoyo político en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI”. Los especuladores le regalaron una mejora acotada en los indicadores de mercado (valor del dólar, los bonos de la deuda, el riesgo país). Lo llaman un “veranito”, no para el pueblo trabajador por supuesto. Massa y sus laderos son confiables para ellos.

Lo que hay que agregar es que Massa tiene el beneplácito de Cristina Fernández quien se sacó una foto para graficar su apoyo. “Una foto contundente” dijo un funcionario, conformándose con tan poco. Máximo Kirchner y Wado De Pedro se abrazaron a Massa en la despedida de la Cámara de Diputados. El senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina, dijo “hay que acompañarlo”. El diputado nacional y titular de la CTA kirchnerista Hugo Yasky hasta llegó a decir que Massa “es un político de pura raza que tiene relación con la realidad de los sectores humildes, algo que no tenía Guzmán”. El nuevo superministro recibió también el apoyo de los gobernadores e intendentes del conurbano. Todo esto muestra que se le acaba el jueguito de Cristina de hacer sus discursos despegándose del gobierno en vistas a quedar bien parada para las elecciones del año que viene.
 
Se pinta a Massa como el que viene a solucionar los graves problemas del país. Pero las medidas anunciadas muestran lo contrario (ver página 3). La “mayor espalda” que se le endilga está direccionada para avanzar en un mayor ajuste, salvar las ganancias de grandes capitalistas y bancos, y de cumplir con las metas del FMI.

La “fábrica de dólares” de la que habla nos es otra cosa que seguir incentivando las ganancias de las petroleras, mineras y el agronegocio con enormes incentivos, exenciones impositivas, incluso retenciones cero como se le acaba de dar por ley a las automotrices extranjeras.

Los problemas acuciantes del pueblo trabajador pasan por otro lado. Ya van casi tres años de gobierno peronista y lo que crece es el hambre, la pobreza y los miserables salarios y jubilaciones. Y a la CGT no se le ocurrió mejor idea que sacar un comunicado para reivindicar al “compañero Massa”.

Julio terminará con una inflación cercana al 8%, otro verdadero impuestazo contra el pueblo trabajador. Y en el arranque de agosto aumentaron los boletos en colectivos, trenes y subte, las expensas, medicina prepaga y tantos otros productos de consumo masivo. Esto no se compensa con ninguna medida insuficiente como el bono por única vez de 11.000 pesos que se les otorgó a los que perciben el Potenciar Trabajo o los 1.600 pesos que le “ajustaron” a las y los jubilados, que representa el valor de un kilo y medio de carne.  

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llamamos, en primer lugar, a seguir apoyando las luchas obreras y populares. Denunciando a la CGT y a la CTA por el nuevo apoyo que redoblaron con el gobierno, llamando a los trabajadores a exigirles que rompan ese pacto y convoquen a un paro general  y a un plan de lucha nacional.

Segundo, postulamos un plan económico obrero y popular para combatir de raíz el hambre, la pobreza y la desigualdad social. Plan económico cuya primera medida tiene que ser la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa y la ruptura con el FMI, para volcar esos recursos en aumentar salarios, jubilaciones, para dar trabajo genuino, además de nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las privatizadas, entre otras medidas de fondo. Impulsando el espacio de coordinación de Parque Lezama que levanta esas medidas (ver página 5).

Tercero y para batallar por una salida de fondo, vamos a seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad como la única alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda. El peronismo en el gobierno es más ajuste y dependencia, lo mismo pasó antes con el macrismo y todos los gobiernos anteriores. Solo un gobierno de las y los trabajadores con una Argentina Socialista terminará con los males capitalistas y construirá una sociedad distinta sin pobreza, sometimiento y dependencia.