Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández desde el primer día habló de la necesidad de un pacto social con empresarios, dirigentes sindicales y otras supuestas representaciones como la Iglesia Católica. Más allá que formalmente no se avanzó en lo que en algún momento se anunció como un “Consejo Económico y social”, la burocracia sindical tanto de la CGT como de las CTA no tardaron un minuto en cumplir el rol que se le tenía asignado: “moderar” al extremo cualquier planteo de recomposición salarial. Esto incluía desde aceptar sumas fijas hasta, como en el caso docente de la provincia de Buenos Aires, “no hacer olas” ante el no cobro de la suma adeudada del año pasado.

La semana pasada, Alberto Fernández se reunió con Hugo Moyano y al día siguiente con Héctor Daer. El objetivo era garantizar el apoyo sindical (o aunque sea el silencio) ante la realidad de salarios que siguen por el piso.
Ahora Hugo Yasky avanzó un paso más en el rol que el gobierno le tiene asignada a la burocracia. El burócrata de la CTA se transformó en el principal “abogado” de que están mal las cláusulas gatillos, ya que “indexarían la economía y provocarían inflación”. Otros burócratas sindicales, sin tanta explicación, se sumaron al cuestionamiento a dicha cláusula. Luego Yasky dio un paso más en sus declaraciones escandalosas. Ahora ya se pasó directamente a las argumentaciones clásicas de las patronales: los aumentos salariales generarían inflación. Por eso deben “moderarse”. Inmediatamente salió a hacerle el coro Andrés Rodríguez de UPCN.

Todas estas son demostraciones de que no hay salida con estos dirigentes sindicales. Necesitamos, más que nunca, pelear por otra dirección para la clase trabajadora, democrática y combativa. Esta es la tarea para la que se postula el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo.

Escribe Martín Fú

El 19 y 20 de marzo se realizarán las elecciones en el sindicato del neumático, a nivel nacional y en las seccionales. Este sindicato fue recuperado por sus trabajadores hace cuatro años, de la mano de la lista Negra, encabezada por Alejandro Crespo. La Negra actualmente dirige el sindicato nacional y las seccionales de San Fernando y Merlo. En Lavallol, donde conduce la Violeta y en Córdoba, también se renovaran autoridades.

Desde que se logró echar a la burocracia kirchnerista de Wasiejko de la CTA, los trabajadores han avanzado en su organización gremial, cerraron paritarias mucho mejores que las anteriores, y tuvieron varias mejoras laborales, enfrentando los planes de ajuste de las patronales negreras, como la de Madanes Quintanilla  dueño de FATE.

La Negra se conformó con un acuerdo entre algunas agrupaciones (PO, PTS, sectores peronistas que se referencian con Maxi Bronzuoli) y de luchadores independientes, que permitió ganar el Sutna. Ahora se han mantenido estos sectores, inclusive incluyendo compañeros de la Tendencia del PO, sumando muchos activistas y luchadores independientes, sobre todo de Fate, en San Fernando.

Lamentablemente el Nuevo MAS (Marrón), PTS (Granate) y la Roja, con diferentes argumentos injustificables, tienen nuevamente la política de dividir a las conducciones combativas y hacerle el juego a las burocracias y las patronales (como hicieron con la Bordó del “Pollo” Sobrero en el Sarmiento), poniendo en riesgo el triunfo y la continuidad del proceso de nuevas direcciones, frente a la lista Violeta de Wasiejko o sus desprendimientos, la Verde, la Azul y Blanca.
Desde Izquierda Socialista llamamos a todos los trabajadores del neumático a votar masivamente a la Negra en todos lados para enfrentar al gobierno, las patronales y la burocracia sindical.

La reciente decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof de no pagar el incremento salarial a los docentes, postergando la aplicación de la cláusula gatillo de diciembre a marzo, al día siguiente de haber anunciado el pago de 250 millones de dólares a los bonistas, pone negro sobre blanco la hipoteca de la deuda externa sobre los salarios, la educación, la salud y las condiciones de vida de las y los trabajadores.

Pero no se trata de una excepción sino de la confirmación de una regla: los gobiernos de Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Chubut –con gobernadores de distinto signo político- también han suspendido la cláusula gatillo para todo el sector público.

En el mismo sentido, denunciamos la suspensión de la movilidad jubilatoria por parte del gobierno nacional de Alberto Fernández y, en particular, el intento –frustrado- de afectar el régimen de la docencia que conquistamos a fuerza de lucha y no como un “privilegio” sino como un paso para que se extienda el derecho al 82% móvil para el conjunto de trabajadores.

Desde la dictadura militar, la Argentina está hundida en el pago de una deuda externa usuraria, ilegítima y fraudulenta que repudiamos. El macrismo profundizó a niveles astronómicos la dependencia de nuestro país al FMI y a los fondos buitres. Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo también hemos movilizado por el rechazo de las políticas de canje de deuda por educación, por el no pago de la deuda externa, por el repudio de quienes expropian y expropiaron las riquezas del país, que producen las y los trabajadores.
Por eso, en defensa de nuestro salario y de paritarias libres, de los derechos jubilatorios, de la educación pública, convocamos el miércoles 12 de febrero a las 17:30hs en 9 de Julio y Avenida de Mayo para movilizarnos hacia la Plaza de Mayo.

- Fuera el FMI
- No al pago de la deuda externa

Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo

Miércoles 12 de febrero de 2020

Escribe Joel Rojo

Los trabajadores del Molino Minetti, junto a sus familias, siguen resistiendo los atropellos de la patronal, la justicia y el gobierno provincial desde hace más de seis meses. Desde hace quince días rige una orden judicial de desalojo. En dos oportunidades lo intentaron, pero los trabajadores apoyados por los vecinos y las organizaciones sociales y políticas en la puerta, lo resistieron.

Recordemos que en agosto de 2019 la empresa dejó de pagar los salarios, y luego de una prolongada lucha, en noviembre del año pasado despidió a todos los trabajadores, 150 en total, sin abonar lo adeudado ni indemnizarlos.

Escribe Pablo Almeida, Delegado general ATE Ministerio de Economía

El gobierno de Fernández con el argumento de la solidaridad pretende que los trabajadores no podamos recuperar lo que perdimos el año pasado. Solo otorgó una suma fija de 4.000 pesos que ni siquiera la cobran todos. Plantea postergar la discusión salarial para después de la negociación con los usureros y el FMI y que no se incluyan cláusulas gatillos.