Escribe Pablo Almeida Delegado ATE Mecon

El pasado 14 de marzo, un cese de actividades convocado por las dos representaciones  gremiales (ATE y UPCN) logró un altísimo acatamiento en las dependencias del Ministerio de Economía. La jornada de lucha fue fruto del reclamo unánime de los trabajadores exigiendo a las autoridades la reincorporación del centenar de trabajadores despedidos a comienzo de marzo, plantándonos ante cualquier intento de nuevos despidos.

Nuestro reclamo se hizo oir acompañado por una batucada que recorrió todo el Palacio de Hacienda, en donde se llevó adelante una asamblea general convocada por ATE abierta a todos los trabajadores donde discutimos democráticamente los pasos a seguir junto a los compañeros despedidos que vienen dando una enorme pelea por su reincorporación.  Discutimos que el único camino a seguir es profundizar la lucha, buscando siempre la unidad, para frenar cualquier intento de Dujovne de más despidos y reclamando la inmediata reincorporación de todos los despedidos. En dos semanas de lucha los trabajadores logramos la reincorporación de diecisiete compañeros, lo que nos da un gran aliento para seguir en el mismo camino de unidad y lucha hasta lograr la reincorporación definitiva de todos. Ratificamos el reclamo a las autoridades de una mesa de diálogo para discutir la vuelta a sus puestos de trabajo de los noventa restantes.

En otra de las resoluciones de la asamblea, que se votó por unanimidad, se estableció que si no hay una respuesta positiva al reclamo de continuidad laboral, la semana próxima propondremos a las restantes representaciones gremiales una nueva medida de paralización de actividades, como parte de un plan de lucha. Asimismo el viernes 16 realizamos una radio abierta y una conferencia de prensa con la intención de informar a la sociedad todos los manejos de Dujovne y sus funcionarios, que mientras despiden trabajadores con sueldos miserables se pagan cuantiosos sobresueldos y aumentan la planta política del ministerio.

Con la entereza de la pelea que venimos llevando adelante estas dos semanas y con la fuerza de las reincorporaciones conquistadas con la lucha reafirmamos nuestro compromiso de pelear en defensa de todos los puestos de trabajo.

Escribe Jorge Adaro Secretario general Ademys

Luego de tres reuniones donde el gobierno porteño de Larreta hizo la misma propuesta salarial de 12 %, estamos en vísperas de lo que podría ser la última convocatoria del gobierno, donde presentará probablemente una oferta que de ninguna manera superará el 15% y que será rechazada por la gran mayoría de la docencia porteña, que día a día vive en lo concreto los aumentos de precios y los tarifazos.

El gobierno, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, no sólo tratará de imponer el techo salarial exigido por Macri en todo el país, sino que también ataca estructuralmente la composición del salario docente, avanzando en la precarización salarial de los trabajadores. Junto al miserable 12 %, Larreta ha propuesto dos plus: por “título” y “capacitación”. En ambos casos no supera al 20% del conjunto de la docencia. De esta manera no sólo no invierte más dinero en salarios sino que introduce “la diferenciación salarial”, lo que implica que cada docente puede tener un sueldo distinto del de su compañero de trabajo realizando la misma labor.

Es en este marco que Ademys realizará el miércoles 21 de marzo un nuevo paro con movilización al Ministerio de Educación, no sólo exigiendo una recomposición del 30% sino la denuncia de la falta de vacantes para miles de alumnos y la exigencia al gobierno de que retire el proyecto de creación de la Unicaba de la Legislatura, en defensa de los 29 institutos de formación docente.
Para ganar no sólo es necesario un plan de lucha nacional de la Ctera, sino avanzar en la coordinación del sindicalismo docente combativo para erigirse en alternativa de dirección frente a quienes año tras año entregan la lucha docente en todo el país.

Escribe Laura Marrone Legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

El 13 de marzo la Corte Suprema falló contra el reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro (AGTSyP), dejando en la indefinición el reconocimiento de su personería gremial, lo que favorece a la burocracia sindical de la UTA. La Corte Suprema, la misma que hizo el vergonzoso fallo del 2x1 para liberar a los genocidas, ahora contra el derecho democrático de los trabajadores a organizarse libremente.

La burocracia de la UTA es minoritaria entre los trabajadores del subterráneo desde hace décadas. En 2008 los activistas se organizaron masivamente en un nuevo sindicato, la AGTSyP, con delegados de base y democracia sindical, luego de luchas destacadas como el logro de la jornada laboral de 6 horas por la insalubridad y el pase a planta de la mayoría de los trabajadores tercerizados. En 2015 obtuvieron la personería gremial, medida que el gobierno de Macri pretendió desconocer.

La conducción de la UTA a cargo de Roberto Fernández, en cambio, ha sido y es una correa de transmisión vergonzante de los intereses de la empresa Metrovías y de los sucesivos gobiernos. Fernández es uno de los clásicos burócratas sindicales de este país, que desde 1984 no trabaja en un colectivo de línea, pero en cambio se sube a todos los gobiernos de turno. El 19 de diciembre pasado se negó a parar, cuando la CGT llamó tímidamente al paro general luego de la represión del 18 con la que aprobaron la reforma previsional. En febrero la UTA fue uno de los primeros sindicatos en firmar una vergonzosa paritaria de 15% en tres tramos, el último a cobrar en enero de 2019 y sin ningún tipo de cláusula gatillo. Cuando hubo reclamos en el subte por insalubridad o por los accidentes de trabajo que se cobraron la vida de 5 trabajadores del subte en los últimos años, Fernández y su gente siempre se pusieron del lado de la empresa Metrovías que maneja Benito Roggio.

Disciplinar a los sindicatos que no le responden, especialmente, el caso de los de transporte, es vital para el gobierno de Macri. En noviembre de 2017 el impresentable ministro de Trabajo Jorge Triaca, el mismo que viola las leyes de trabajo teniendo personal en negro, anunció que iría contra la personería de 450 sindicatos. La proximidad de la licitación abierta a empresas privadas internacionales de la nueva concesión de Subterráneos de Buenos Aires por 30 años refuerza el interés del gobierno para intentar derrotar la organización genuina de los trabajadores. Todas las conquistas obtenidas en sus condiciones de trabajo podrían estar cuestionadas por los posibles nuevos empresarios privados. Por eso desde el FIT presentamos un proyecto para reestatizar el Subte bajo control de los trabajadores y usuarios. (Ver El Socialista Nº 351)

La semana próxima se abrirían las negociaciones paritarias en el subterráneo y por la denuncia de la existencia de los coches con asbesto (material cancerígero). La comisión directiva de AGTSyP llama a desconocer el fallo de la Corte y reclama su derecho a sentarse en la mesa de negociaciones con la empresa Metrovías y SBASE, a la vez que denuncia el atropello de que se acepte a la UTA en su lugar. Además, presentarán reclamos ante la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su decisión es seguir representando gremialmente a los trabajadores del subterráneo, tal como sus compañeros así lo respaldan. Desde Izquierda Socialista les damos todo nuestro apoyo.
Los trabajadores son los únicos que pueden decidir quién los representa y quién no. El gobierno pretende interferir en las organizaciones obreras. El sindicalismo combativo se solidariza con los metrodelegados y se suma a la denuncia de esta inaceptable injerencia del Estado sobre el derecho de los trabajadores a organizarse y a elegir libremente sus representantes. Nos preparamos para apoyar las medidas de lucha que definan democráticamente los trabajadores.

Los metrodelegados vienen denunciando la presencia de asbesto en los componentes eléctricos de los coches de la línea B que el gobierno de Macri compró a la empresa de subtes de Madrid. Al principio, como es costumbre de los empresarios y los gobiernos, negaron la presencia de este cancerígeno en los coches recientemente adquiridos. Pero desde Madrid confirmaron la denuncia de los trabajadores.

En 2003 el Ministerio de Salud prohibió el uso de asbesto por haberse comprobado su carácter perjudicial para salud, provocando cáncer a quienes están en contacto con él. Nuevamente fueron los metrodelegados los que han tenido que defender lo que los empresarios no quisieron reconocer. Si bien se retiraron algunos de estos coches, la AGTSyP reclama su derecho a controlar la investigación de la presencia de asbesto en todos los coches de la línea.

El 16 de marzo los trabajadores del INTI concurrieron a la reunión llamada por las autoridades. Fueron con el propósito de encontrar una solución al conflicto que ya lleva cincuenta días. Para ello acataron las condiciones impuestas por la patronal de suspender las medidas de fuerza hasta que se realizara la reunión, tanto el paro como el acampe. Pero no solo la propuesta no fue la que habían adelantado los funcionarios (reincorporar a una primera tanda de despedidos y reintegrar los descuentos por los días de paro), sino que al volver los trabajadores al organismo se encontraron con el portón cerrado con candado y un impresionante operativo policial. El gobierno de Macri y las autoridades del INTI montaron una provocación que muestra su desprecio por los trabajadores y ninguna voluntad para solucionar el conflicto. Ante esta situación, resolvieron concurrir el lunes 19 a las 7 a las puertas de la sede de Constituyentes para garantizar el ingreso de todos. Una vez adentro, luego de superar el operativo policial y las vallas, se realizó una asamblea para decidir cómo seguir la pelea. Desde Izquierda Socialista manifestamos nuestra solidaridad con los trabajadores, repudiamos las provocaciones de las autoridades y exigimos ¡Todos adentro!
Corresponsal