Hay responsabilidad política del gobierno en estas situaciones. La crisis social y la falsa política de “inclusión” sin ningún tipo de inversión en aulas, docentes, preceptores, gabinetes psi- copedagógicos, etcétera, genera todo tipo de situaciones de desbordes incontrolables. Desde la propia presidencia hay una campaña que culpabiliza a los docentes de la crisis educativa y se alienta la falta de respeto social hacia nuestra actividad.

La inseguridad y violencia social impacta en la escuela, adentro y afuera, y los docentes estamos indefensos. Mientras el gobierno nacional y los gobernadores no decidan invertir los fondos y recursos necesarios para una escuela pública realmente integradora, para ayudar a miles de familias a salir de la marginalidad con trabajo, salarios dignos y contención sanitaria, la escalada de violencia social en las escuelas será imparable.