La máxima teatralización la hizo Marcos Peña en el programa de Mirtha Legrand. Los funcionarios ponen cara de “yo no fui”, se muestran “comprensivos”, para terminar siempre repitiendo lo mismo: “no hay más remedio. No nos gusta tomar estas medidas, pero no queda otra. Hasta ahora las empresas funcionaban con subsidios. Pero no podemos seguir manteniéndolos. Por eso tenemos que subir las tarifas”.

Por supuesto que no brindan ningún estudio de costos que explique por qué las empresas para funcionar necesitan cobrarnos esos exorbitantes precios. Es que no existen. El gobierno “tira” los tarifazos más altos posibles. Después, si se arma lío, se hace el dialoguista y supuestamente retrocede un poco... ¡para pretender dejarnos al final un aumentazo del 400%!

Peor aún, ni siquiera es verdad que redujeron los subsidios. Veamos: el sector energético se llevó en junio de este año 15.850 millones de pesos, un 23% más que el mismo mes del año pasado. Lo mismo se verifica en los otros servicios que también sufrieron tarifazos, como el transporte.

Nos dicen que ahorremos, que “el problema es que nos estamos quedando sin gas”. ¡Es mentira que apagando la estufa se resuelva el problema! El problema de fondo es el saqueo que hicieron los pulpos gasíferos y petroleros, que extrajeron y exportaron todo lo que pudieron durante todos estos años, no invirtieron nada en exploración y redujeron casi a cero nuestras existencias. Todo con la complicidad de los gobiernos menemista, kirchnerista y ahora macrista, que los dejaron hacer y entregaron subsidios y concesiones casi a perpetuidad.

En este momento el aumento está paralizado por la justicia. Esto fue producto de las autoconvocatorias, marchas, el cacerolazo y los centenares de amparos colectivos presentados. Pero no podemos confiar en la justicia sino en la movilización. Por eso, será otro paso muy importante en ese sentido el nuevo cacerolazo de este jueves 4.

La pelea de fondo: reestatización bajo gestión de trabajadores y usuarios

Lo dijimos una y mil veces: el gas, la luz, la electricidad, el agua y el transporte no son “mercancías” que un consumidor puede elegir comprar o no en un mercado. Son servicios esenciales y por eso no pueden estar en manos de empresas cuya lógica es su mayor ganancia. La única salida de fondo pasa por rescindir todos los contratos y reestatizar esas empresas. Razones sobran: el servicio que brindan es pésimo, se burlan de los usuarios, no atienden sus reclamos, no cumplieron ninguna de las exigencias de calidad establecidas en los propios contratos de privatización y no hicieron las inversiones a las que se comprometieron.

Por supuesto, algún compañero podría preguntarse: ¿pero al estatizarla no terminaremos dándole la dirección a un burócrata del gobierno de turno que la usará para su propio beneficio o el de sus empresarios amigos? La preocupación es legítima: efectivamente eso es lo que sucedió con Aerolíneas Argentinas, transformada en caja de La Cámpora en su momento. O cuando se echó a TBA del ferrocarril Sarmiento y se creó una empresa estatal, que para nada terminó con la falta de seguridad que ahora denuncian los ferroviarios que alertan sobre otras posibles muertes evitables para trabajadores y usuarios. Por eso decimos que la reestatización debe ir acompañada de la entrega de su control, gestión y administración a los que saben, que son los propios trabajadores de esas empresas, acompañados por las organizaciones de usuarios.

Así, con tarifas sociales para quienes las necesitan, un plan para realizar las inversiones necesarias y en el caso del gas y el petróleo la modificación de la matriz energética a partir de una poderosa YPF 100% estatal, es que se podrá garantizar efectivamente el acceso a esos servicios esenciales para toda la población.