Macri, le saco la tijera de las manos al titular del PAMI, Carlos Regazzoni, para entregárselas a Sergio Cassinotti, definido por sus propios compañeros de Cambiemos, como un hombre de “perfil más técnico”, lo que traducido significa: más capacidad para ajustar.

Desde la asunción de Macri, y con Regazzoni como interventor, al mismo tiempo que se modificaba el organigrama del PAMI creando 351 cargos jerárquicos con sueldos de hasta 161 mil pesos mensuales, se reducían las prestaciones a los jubilados. Así se acortó la lista de los medicamentos con cobertura del 100% y se dejó de brindar medicaciones con 100% de descuento a aquellos afiliados que cobraran haberes superiores a 8.500 pesos, posean un vehículo de menos de diez años de antigüedad, tenían una prepaga o un inmueble adicional (recordemos que muchos abuelos completan su mísera jubilación alquilando algún pequeño departamento o alguna casa vieja de su propiedad).

La situación a la que se enfrentan los jubilados que necesitan atención médica es de terror. Se producen demoras infinitas, reprogramaciones de las cirugías y todos los días hay intervenciones que no se pueden hacer por falta de materiales o de personal. Pueden tardarse meses, incluso años, esperando una prótesis para poder operarse. Los abuelos se van deteriorando cada vez más quedando muchas veces inválidos. Otro tema muy delicado es el de los pacientes oncológicos que sufren demoras desde 30 hasta 45 días en la entrega de su medicación viéndose obligados a interrumpir el tratamiento, con las terribles consecuencias del caso. Además se achicaron de 410 a 36 la cantidad de laboratorios para análisis clínicos, generándose atrasos y obligando a los afiliados a traslados molestos y costosos.

El gobierno de Macri, no conforme con ajustar a los abuelos, también modificó los contratos de los médicos de cabecera haciéndolos “mucho más flexibles”, precarizando así su trabajo.

La reducción en las prestaciones se hizo con la excusa más usada en 2016: “la herencia recibida”. Por supuesto, la situación calamitosa en la que se encuentra el PAMI no es de ahora: toda la vida fue “intervenido” y todas las veces el dinero fue usado para negociados privados o con destino a financiar distintos proyectos políticos patronales. Hubo muchas gestiones que terminaron en escándalos. Basta recordar a Matilde Menéndez y Víctor Alderete durante el menemismo, o más cerca en el tiempo, a Luciano Di Cesare, que estuvo frente al organismo de 2010 a 2015, durante el kirchnerismo y hoy está procesado por invertir dinero del organismo en la timba financiera y comprar medicación para afiliados fallecidos, entre otras cosas.

Debemos ser clarísimos: el PAMI es de los jubilados. Sus fondos son el fruto de su aporte durante toda su vida activa como trabajadores. Por lo tanto, todos los beneficiarios tienen derecho a recibir las prestaciones que les corresponden según lo dicten sus condiciones de salud, sin discriminaciones de ningún tipo.

La solución para terminar con la corrupción, la utilización de los recursos del organismo con otros fines que los específicos y con el ajuste permanente pasa por terminar con todas estas “intervenciones”. El PAMI debe ser administrado por los propios jubilados conjuntamente con las organizaciones de trabajadores activos y los empleados del organismo. Sólo ellos saben cuáles son efectivamente las necesidades y las prioridades. Esta no es una lucha exclusiva de nuestros abuelos. Tenemos que ser conscientes y no dejarlos solos en esta pelea. Los próximos somos nosotros.