Escribe José Castillo
El gobierno de Alberto Fernández quiso mostrar como un dato positivo el índice de precios de enero, que dio 2,3%. Pero no pudo esconder que los alimentos y bebidas subieron 4,7%. Un dato que cualquier trabajador ya podía intuir sólo con ir al supermercado. La carne sigue subiendo; ya hace tiempo que es un artículo de lujo en la mesa popular. Lo mismo pasa con una larga lista de productos. Algunos subieron porque Alberto Fernández repuso el IVA a los alimentos, otros por avivada de los monopolios empresarios, un tercer grupo porque quedó afuera de precios cuidados. Encima, febrero viene con aumentos mayores aún, entre ellos la “liberación del precio de los medicamentos”. Por si fuera poco, Martín Kulfas le acaba de prometer al FMI que de acá a tres meses van a aumentar las tarifas de los servicios públicos.
¿Y los salarios? Esa es la pregunta del millón. Repasemos: durante la campaña electoral el Frente de Todos hablaba de “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, de que el día que asumiera los jubilados iban a recibir un aumento de 20%, de que se iba a resolver el drama de los créditos UVA. Nada de eso sucedió: primero se habló de una “suma fija” de 8.000 pesos, a cobrar por todos los trabajadores en diciembre. Luego eso se redujo a 4.000 y luego a que se pagaba en dos cuotas. Finalmente, una enorme porción de la clase trabajadora se quedó afuera incluso de ese aumento miserable: los docentes, los profesores universitarios, los estatales de las provincias. Y por supuesto la enorme masa de trabajadores en negro. Los tercerizados vieron como su salario no sólo no aumentaba, sino que se reducía, con el aumento del 51% al pago del monotributo. Al mismo tiempo también se ajustaba a los jubilados.
Todo esto sucede sobre salarios que ya venían pulverizados por los años de política macrista, donde de promedio se perdió el 30% del valor adquisitivo. Sólo refiriéndonos al año 2019, la inmensa mayoría de los gremios terminaron perdiendo contra la inflación. Hoy el promedio del salario trabajador es de 25.000 pesos (según el Indec el 60% de los trabajadores gana menos de 20.000 pesos), cuando la canasta familiar, calculada por la Junta Interna de ATE Indec ya alcanza los 61.000 pesos.
El gobierno y la burocracia sindical vienen llevando adelante un acuerdo que es letal para los trabajadores (ver nota en esta misma página). En concreto, se quiere eliminar la cláusula gatillo, que le permite a los gremios que la poseen recuperar (aunque sea con retraso y meses después) lo que los salarios pierden por la inflación. También quieren retrasar lo más posible las negociaciones paritarias. Y reemplazar los aumentos porcentuales por “sumas fijas”. Traduzcamos para que se entienda con claridad: el gobierno apunta a que los trabajadores se tengan que “comer” lo que perdieron el año pasado (ni que hablar de los años anteriores), sin recuperarlo. Y para adelante, no garantizar ni siquiera que no habrá nuevas pérdidas salariales para este año.
Los trabajadores, independientemente de las expectativas que muchos sectores sigan teniendo en el gobierno de Alberto Fernández, no podemos esperar. Tenemos que debatir en los lugares de trabajo, hacer asambleas ahí donde sea posible, sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, planteando lo urgente: un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar, la defensa de las cláusulas gatillos en los gremios que las tienen y su generalización para que los salarios se reajusten automáticamente con la inflación, la reapertura inmediata y sin condicionamientos de todas las paritarias con aumentos porcentuales para recuperar lo perdido por la inflación y no con sumas fijas que no alcanzan para nada y encima “achatan” las escalas salariales. Salarios y jubilaciones deben ser la prioridad, no el ajuste para cumplir con el FMI y los usureros.
