Escribe Guido Poletti
El debate surgió en los últimos días entre dos sectores del gobierno. Uno, que podríamos vincular directamente con el kirchnerismo duro, habla de la existencia de “presos políticos” colocando en esa denominación a personajes como Julio De Vido, Ricardo Jaime o Amado Boudou. La respuesta llegó desde el propio presidente Alberto Fernández, aduciendo que no existen presos políticos en nuestro país ya que no hay nadie “a disposición del Poder Ejecutivo” como sucedía en las épocas de estado de sitio. Señala que, a lo sumo, se trataría del abuso de la figura de “prisión preventiva”. De una forma u otra, ambos sectores coinciden en buscar impunidad para los corruptos, responsables de desfalcos y hasta de la vida de decenas de personas, como sucedió en la masacre de Once.
Como un “tercer actor” en esta discusión se ha metido el macrismo, buscando sacar provecho de la corrupción kirchnerista como si ellos no tuvieran la propia: el propio Macri con los Panama Papers o la causa Correo, su amigo Calcaterra con el soterramiento del Sarmiento, el monopolio agroexportador Vicentín con sus maniobras de vaciamiento luego de haber recibido millones de pesos del Banco Nación por directa indicación del gobierno macrista, o Marcos Galperín, el empresario preferido de Macri y Ceo de Mercado Libre que acaba de huir al Uruguay.
A todo este escándalo de corrupción sumémosle el rol de la propia justicia, acomodaticia a cada gobierno, siempre dispuesta a “acelerar” o “dejar dormir” una causa según para dónde sople el viento político.
Frente a esta montaña de corrupción e impunidad, la postura de Izquierda Socialista siempre fue clarísima: los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Así de simple. Denunciando la corrupción tanto del peronismo como del macrismo.
Pero el término “presos políticos” tiene una connotación muy importante en un país con una larga historia de violación a los derechos humanos y una dictadura genocida. La izquierda fue y es defensora incondicional de cualquier luchador que es reprimido o detenido por cualquier gobierno patronal. Por eso debemos separar cuidadosamente. “Preso político” es una categoría que no aceptamos para los empresarios, burócratas sindicales o políticos patronales corruptos.
Distinto es el caso de los más de 5.000 luchadores procesados, algunos de ellos desde hace más de una década. O que están sometidos al chantaje de que ante cualquier participación en otro conflicto se le sumen causas y terminen presos. Muchos de ellos ya sufrieron detenciones arbitrarias. Tal el caso del Pollo Sobrero, acusado falsamente de “quemar trenes” por Aníbal Fernández. O los compañeros detenidos o perseguidos luego de las movilizaciones populares de diciembre de 2017 en repudio a la reforma jubilatoria de Macri. En todos esos casos exigimos el inmediato desprocesamiento y archivo de las causas. Y ante cualquier detención de un luchador popular planteamos su inmediata libertad. Del mismo modo, también la exigimos para aquellos dirigentes kirchneristas que aun no compartiendo en absoluto sus posiciones políticas, ya que fueron punteros del gobierno K con prácticas clientelares repudiables, hoy están encarcelados por causas que nada tienen que ver con la corrupción, tal por ejemplo los casos de D’Elía (acusado por una toma de comisaría en 2002) o Esteche (por “terrorismo” por sus vínculos con el gobierno de Irán), o Milagro Sala, diferenciando la causa en que se la detuvo por un acampe contra el gobernador Morales en 2015 de otras en que está acusada de corrupción.
