En las últimas semanas la crisis política en Brasil se ha venido agudizando. Bolsonaro intentó desplazar al ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, pero finalmente debió dar marcha atrás ante la presión dentro del propio gobierno. La designación del general Walter Braga Neto como ministro de la Casa Civil refuerza la idea de una creciente influencia del sector militar en el gobierno. Tanto es así que algunos analistas políticos se preguntan quién gobierna realmente.
Escribe Adolfo Santos
El debilitamiento de Bolsonaro es evidente. En su último pronunciamiento público, presionado por el rechazo a sus propuestas, tuvo que ser menos ofensivo. Es la crisis de un presidente aislado. De los líderes mundiales “negacionistas” es el único que continúa minimizando la gravedad de la pandemia. Mientras Trump, su gurú, comienza a hacer importantes inversiones para evitar la crisis social, Bolsonaro sigue sin darle importancia al problema y amenaza permanentemente en decretar el fin de la cuarentena establecida por los gobernadores.
No es casual que los cacerolazos continúen en todo el país que, desde el 18 de marzo, no han dejado de crecer. El más grande fue el día que hizo su pronunciamiento público. Esa indignación también se expresa en las encuestas. El 42% considera a la gestión del presidente “ruin o pésima” y, por primera vez, el apoyo quedó por debajo de 30 por ciento. Lula, el PT y otros opositores salieron a plantear la renuncia del presidente, más allá de que no empujen ninguna medida para llevarla adelante. Bolsonaro tuvo que reconocer que no tiene el apoyo necesario para decretar la reapertura del comercio. El gobierno quería insuflar a su base alegando que la población pasaba hambre por causa de la cuarentena, que no la deja salir a trabajar. Sin embargo, importantes sectores comienzan a ver que el gobierno no hace nada para acabar con el hambre pero, mientras tanto, sigue creciendo el número de muertos e infectados por el coronavirus.
Las medidas de ajuste no pararon
Apoyadas en medidas provisorias editadas por el gobierno para unificar a la patronal detrás de sí, las empresas vienen proponiendo reducción de sueldos, suspensión de contratos y de aportes laborales. Ahora están preparando un proyecto para atacar a los servidores públicos con un recorte salarial. En vez de atacar a los banqueros y grandes empresarios, el gobierno avanza con una campaña para exigir el sacrificio de los empleados públicos que, supuestamente, estarían ganando mucho.
Aún no ha surgido una oposición con una política alternativa capaz de enfrentar al gobierno. Los gobernadores de San Pablo y Río de Janeiro, dos figuras nefastas de la derecha brasilera, antiguos aliados de Bolsonaro, apenas se han despegado de él para evitar hundirse juntos. Las principales centrales sindicales no van más allá de notas críticas, no organizan una lucha consecuente, inclusive, en algunos casos han hecho acuerdos con las patronales para reducir los salarios. En muchos lugares, sobre todo en los hospitales, sectores de base se han organizado por fuera de los sindicatos para defender sus derechos y la protección de la salud en el trabajo.
En este marco, la pequeña central sindical CSP Conlutas consiguió en la importante región del Valle de Paraíba/SP que el 80% de los trabajadores permanezcan en sus casas sin reducción salarial. Los compañeros de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), sección hermana de Izquierda Socialista, que forman parte de esa central, manifestaron: “Es fundamental organizar la lucha contra el ajuste del gobierno y los patrones, del colapso de la salud pública y de las condiciones de trabajo. Es necesario movilizarnos, independientemente de estar en cuarentena. Esa es la única forma de derrotar los ataques. En ese proceso debemos exigir la suspensión del pago de la deuda y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas para volcar esos fondos a la salud pública y demás necesidades populares y continuar luchando por fuera Bolsonaro”.
