Escribe Adolfo Santos

El período transcurrido entre 1973 y 1976 fue uno de los más convulsionados de la historia política reciente de nuestro país. Dos importantes hechos marcaron aquel momento. Por un lado, el gran ascenso iniciado con el Cordobazo, que en la primera mitad de los años ’70 adquirió una fuerza extraordinaria. Por otro, el fin de ese proceso con la derrota de la clase trabajadora a manos del más sangriento golpe militar sufrido en nuestro país. En esos cuatro años se sucedieron cuatro gobiernos, el de Héctor J. Cámpora, el de Raúl Lastiri (asumió de forma provisional), el de Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón. Todos ellos gobernaron con el objetivo de cerrar el proceso abierto con el Cordobazo. En ese cortísimo espacio de tiempo amplios sectores de masas pasaron de la euforia por reinstalar un gobierno peronista después de años de proscripción, a la necesidad de tener que enfrentarlo con grandes huelgas y movilizaciones. En ese desarrollo vertiginoso y conflictivo, en el que sectores importantes de la dirigencia peronista enfrentaron desde el gobierno a los trabajadores y sus demandas, se fue incubando el golpe contrarrevolucionario de marzo de 1976 que, finalmente, cerró la etapa abierta con el Cordobazo.

La lucha de clases acaba con la dictadura

Desgastada y acorralada por las luchas, la autodenominada Revolución Argentina, que en 1966 llegó anunciando “tenemos objetivos pero no tenemos plazos”, fue perdiendo fuerzas. Acosada por conflictos e insurrecciones obreras, estudiantiles y populares, su último representante, el general Alejandro Agustín Lanusse, no tuvo más remedio que rehabilitar a los partidos políticos y negociar con los principales líderes burgueses, fundamentalmente con Perón, desde su exilio en Madrid, y con Ricardo Balbín, de la UCR, la convocatoria a elecciones para canalizar el ascenso. Como parte de este acuerdo, después de muchos años, se levantó la proscripción al peronismo, aunque con una maniobra leguleya (solo podían ser candidatos los residentes en el país hasta antes del 25 de agosto de 1972) se impidió la postulación de Perón.

Cámpora al gobierno, Perón al poder

El peronismo debía actuar como dique de contención de las crecientes luchas que habían comenzado a generar nuevas direcciones antiburocráticas, clasistas e independientes, cuya dinámica colocaba en peligro el sistema vigente. Sin embargo, como quedó demostrado en el período posterior a la asunción del gobierno, era evidente que la fórmula presidencial encabezada por Cámpora y el conservador Solano Lima no tenía la autoridad suficiente para controlar el proceso. Se necesitaba una dirección de verdad, algo que solo se podía conseguir con la intervención directa del general Perón. De alguna manera, los sectores que impulsaron la consigna Cámpora al gobierno Perón al poder, formulada en el lanzamiento de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) en el mes de enero, estaban materializando esa necesidad, como quedó demostrado en la breve “primavera camporista” iniciada el 25 de mayo.

En la medida que los trabajadores veían el triunfo electoral como propio y se sentían con el derecho de exigir nuevas demandas, las movilizaciones no paraban de crecer. En la noche del mismo día 25 de mayo miles de personas rodearon la cárcel de Devoto exigiendo la libertad de los presos políticos. En apenas unas horas casi quinientos presos, muchos de ellos dirigentes de organizaciones guerrilleras, fueron liberados de las cárceles de Devoto, Rawson, Caseros, La Plata, Tucumán y Córdoba, algo que con una “ley de amnistía”, como proponían los políticos, hubiera demorado meses. Una gran ola de conflictos por reivindicaciones largamente postergadas, exigiendo la reincorporación de los despedidos durante la dictadura y por cuestiones democráticas y económicas, se extendió como reguero de pólvora. Las huelgas con ocupaciones de fábrica, muchas veces con miembros de la patronal como rehenes, se convirtieron en moneda corriente. La zona norte del Gran Buenos Aires, donde se habían instalado centenas de fábricas, fue la vanguardia de este proceso. Las metalúrgicas Ema, Wobron y Tensa, Editorial Abril, las ceramistas Lozadur y Cattaneo, los astilleros Astarsa, fideos Matarazzo, DPH y Panam, del plástico, entre otras, fueron protagonistas de la efervescencia obrera de ese momento y generaron una nueva vanguardia que le disputaba espacios a la burocracia sindical.

Impotente frente al ascenso, Cámpora renuncia

Apenas habían pasado cuarenta y nueve días cuando Cámpora, débil para detener el ascenso, fue obligado a renunciar el 13 de julio para abrirle camino a Perón, el único dirigente con autoridad para intentar frenar las luchas. El golpe palaciego que destituyó a Cámpora instaló a Raúl Lastiri, un desconocido de las mayorías, del entorno de Isabel Perón y yerno de López Rega, que asumió interinamente la presidencia. El Pacto Social, un proyecto de conciliación de clases impulsado desde el gobierno de Cámpora, no conseguía cumplir su cometido. El proyecto, ideado por el ministro de Economía José Ber Gelbard –dirigente de la Confederación General Económica, donde se nucleaba el empresariado nacional–, que centralmente apuntaba al control de los salarios, fue firmado el 8 de junio por la CGT encabezada por José Rucci. Sin embargo, las luchas no se detenían y los burócratas sindicales empezaron a ser desbordados por un nuevo activismo.

El regreso del líder, un viejo anhelo del pueblo trabajador argentino, fue una primera demostración de cómo serían las cosas en adelante. El 20 de junio, cerca de un millón de personas se dirigieron a Ezeiza para recibir al general que volvía del exilio. Preocupados por que las corrientes de izquierda, como la JP y Montoneros, le robaran la escena, como había acontecido el 25 de mayo con la liberación de los presos, la burocracia sindical y el aparato del Partido Justicialista, bajo la “conducción” del ministro de Bienestar Social, José López Rega, armaron un escenario de guerra. Para impedir que la multitud se acerque a Perón la derecha peronista montó un cerco frente al palco y comenzó a disparar a mansalva. El resultado oficial de esa “batalla” fue de trece muertos, 365 heridos y decenas de presos y torturados. Testigos aseguran que los muertos fueron muchos más.

Septiembre de 1973: Perón es presidente por tercera vez

Con Perón en la Argentina, el aparato peronista se empezó a preparar para acabar con la “primavera camporista” y comenzar a controlar la situación. Después de lo de Ezeiza, Perón, que ya había adjudicado a los trotskistas la responsabilidad de la liberación de los presos, dirigió un mensaje al país para mostrar que había tomado las riendas. “Los peronistas tenemos que retomar la conducción de nuestro movimiento”, dijo, y volvió a embestir contra los “infiltrados” y los “enemigos embozados y encubiertos a los que había que combatir”. Un claro mensaje contra la izquierda. Sin embargo, tanto las FAR como Montoneros defendían la tesis de que Perón estaba cercado por las fuerzas de derecha proimperialistas comandadas por López Rega y la burocracia sindical, lo que le impediría “dialogar con su pueblo”. Negaban una realidad palpable, el robustecimiento de los sectores de derecha y más reaccionarios a la hora de la toma decisiones del gobierno peronista. Y, peor, apuntalados por el propio Perón.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) respondimos a ese argumento denunciando que los grupos de derecha que atacaron en Ezeiza, cuando llegó Perón, pretendían organizarse de forma permanente para reprimir a toda la izquierda, peronista y no peronista. Dábamos como ejemplo los ataques sufridos en la fábrica Citroën, en SIAT, o en la construcción en Córdoba, entre otros. Estaba instalada la batalla entre las aspiraciones de cambios sociales y el avance de conquistas manifestadas en las luchas obreras, populares y estudiantiles, fogoneadas por las nuevas direcciones, y el aparato peronista instalado en el  gobierno, junto a la burocracia sindical, bajo el liderazgo de Perón. Frente a esta situación, nuestro partido tuvo una política permanente de coordinar las luchas en curso para fortalecerlas y para poder resguardar de esos ataques a la nueva vanguardia.

El 23 de septiembre se realizaron nuevas elecciones presidenciales. La fórmula Perón-Perón (con Isabel como vice) ganó ampliamente. El imperialismo, los grandes y medianos empresarios, sectores de la oligarquía, las fuerzas armadas, la burocracia sindical y la Iglesia cerraron filas detrás del general con la esperanza de que pusiera fin al “caos social” imperante y estabilice la situación. Como se sabe, Perón ganó holgadamente en la primera vuelta. Contradictoriamente, el amplio triunfo obtenido con el apoyo de las masas iba en la dirección de consolidar el proyecto de fondo: derrotar al movimiento obrero, que venía en ascenso desde el Cordobazo. 

Coral-Páez, una alternativa obrera y socialista

El PST, que era parte importante de la vanguardia que participaba de ese proceso, interviniendo en las luchas, era también la única corriente de izquierda que daba la pelea electoral con una política de independencia de clase. Como lo había hecho en las elecciones de marzo, en septiembre también convocó al clasismo surgido de las luchas del Cordobazo para dar juntos esa batalla. Con la consigna “Contra Manrique, Balbín, Perón, la izquierda debe votar unida”, una vez más le propuso a las principales figuras de ese proceso, como Tosco, Salamanca y Jaime, dirigente del peronismo revolucionario, encabezar la fórmula utilizando la legalidad del PST. Lamentablemente, una parte de esos sectores acabó votando a Perón y otra mantuvo una actitud sectaria y abstencionista llamando al voto en blanco. El PST presentó una fórmula encabezada por el dirigente socialista Juan Carlos Coral, acompañado por uno de los más importantes dirigentes del clasismo cordobés, el compañero José Francisco Páez. Los casi 200.000 votos obtenidos por el partido, a pesar de las dificultades económicas y el vacío de la prensa burguesa, demostraron el acierto de esa participación. Esos miles de compañeros, muchos de ellos activistas y dirigentes clasistas, habían asumido la propuesta de dar continuidad a las luchas fabriles, barriales y estudiantiles contra la conciliación de clases y el Pacto Social en el terreno electoral.

El tercer gobierno de Perón

El 12 de octubre de 1973 Perón asume su tercer mandato presidencial, que duró apenas nueve meses, hasta su muerte, el 1° de julio de 1974. A pesar del barniz de izquierda que la Juventud Peronista le quería imprimir a Perón, el general los descolocaba a cada paso. Para comprobar lo que decimos basta ver su visión: “Yo siempre he tenido mucha más fe en los hombres de empresa, que son los que han demostrado que saben hacerlo. El país, como negocio, es un gran negocio individual amplificado, de manera que el que es capaz de manejar un gran negocio, a este otro gran negocio puede también manejarlo”. Quien quiera entender…

Desde el comando, Perón reafirmaba la tarea que había comenzado a ejecutar desde su llegada el 20 de junio, derrotar el ascenso de la clase trabajadora sirviendo a las exigencias de la burguesía, las multinacionales y el imperialismo. Los meses siguientes fueron turbulentos. La luchas continuaban, pero las organizaciones guerrilleras, con sus atentados y acciones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, generaban mucha confusión y le daban pretexto a los grupos de la lopezrreguista instalados dentro del propio gobierno peronista y a la burocracia sindical para avanzar con leyes represivas y ataques cada vez más truculentos. El fracasado asalto al Comando de Sanidad del Ejército el 6 de septiembre de 1973 organizado por el ERP, el asesinato de José Rucci por los Montoneros dos días después del triunfo de Perón, o el ataque al Regimiento de Caballería de Azul por parte del PRT/ERP el 19 de enero de 1974, entre otras acciones, favorecieron el proyecto de reprimir a los sectores de vanguardia, y en particular al movimiento obrero y entorpecieron las luchas en curso por nuevas conquistas, contra la burocracia sindical y el congelamiento salarial impuesto por el Pacto Social.

Luego de la acción guerrillera contra el cuartel militar de Azul se tomaron dos medidas. Una que afectaba a los propios sectores de la denominada izquierda peronista, la renuncia de Oscar Bidegain, gobernador de Buenos Aires, que le abrió el camino a su vice, el burócrata Victorio Calabró, dirigente metalúrgico de la zona norte, organizador de las patotas que atacaban activistas y que luego se complementaron con sectores militares en la conformación de la tristemente célebre Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). El otro hecho afectó al movimiento de masas y sus luchas, el gobierno envió al Congreso la reforma del Código Penal y nombró a dos conocidos represores al frente de la Policía Federal, Alberto Villar y Luis Margaride.

En 1974 las bandas de ultraderecha comenzaron a realizar atentados contra locales y militantes de la JP, el PC y el PST. El 29 de enero, la Triple A difundió una larga lista de personalidades a ejecutar. Entre los primeros figuraba nuestro dirigente, Nahuel Moreno. Se allanaron librerías, se intervino la provincia de Córdoba, se atacaron avances democráticos conquistados por el sindicalismo clasista y se aplicó la Ley de Prescindibilidad, con la cual descabezaron la combativa dirección sindical del Banco Nación. Durante el acto del 1° de mayo Perón expulsó públicamente de la Plaza a los Montoneros, lo que les significó un gran golpe y los llevó a profundizar sus errores, pasando a la clandestinidad, radicalizando sus métodos y aislándose cada vez más del movimiento de masas.

La masacre de Pacheco

En ese marco de ataques de las bandas reaccionarias de derecha, se produce el asesinato de cuatro militantes del PST. El 7 de mayo fue asesinado el compañero Inocencio “Indio” Fernández, delegado de la fundición Cormasa e integrante de la Lista Gris de oposición a la burocracia metalúrgica de Calabró/Minguito. El 29 de ese mes, una banda armada de unos quince matones invadió el local del partido en General Pacheco, secuestró seis compañeros y, luego de liberar a tres compañeras, en un descampado entre Pilar y Tortuguitas ejecutó, con decenas de tiros, a los compañeros Oscar “Hijitus” Mesa, delegado de Astarsa, Mario “Tano” Zidda, dirigente estudiantil, y Antonio “Tony” Moses, obrero de Wobron. No fueron los únicos. Activistas de otras organizaciones de izquierda también fueron asesinados salvajemente en esos días.

El PST denunció claramente a esa organización fascista como parte integrante del gobierno peronista y convocó a un gran acto unitario. Decenas de dirigentes políticos,  sindicales y estudiantiles adhirieron a la convocatoria y al repudio de este brutal crimen. Miles de compañeros de diversas fábricas desfilaron encolumnados frente a la sede central del PST, donde se realizó el acto. En nombre del Comité Ejecutivo del PST, Nahuel Moreno pronunció un discurso reivindicando la historia de los compañeros asesinados y llamó a la más amplia unidad de acción para derrotar a la bestia fascista. “Al fascismo no se lo derrota en las elecciones” dijo, “…el fascismo tampoco se discute, se lo derrota en las calles, con los mismos métodos que ellos utilizan”. Y terminó haciendo un llamado a las corrientes allí presentes a construir brigadas o piquetes antifascistas para combatirlos.

El gobierno de Isabelita

En medio de esa turbulencia, el 1° de julio de 1974, a los 78 años, el general Perón muere de un infarto. La “Argentina potencia” prometida por Perón no consiguió salir del discurso, frustrando las ilusiones de los millones que creyeron en un supuesto proyecto de justicia social y liberación nacional. Dos días antes, su vice, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, ya había asumido las funciones presidenciales. Sin embargo, la verdadera conducción de ese nuevo período estuvo a cargo de José López Rega, un ex cabo de la Policía Federal que se dedicaba a la astrología, pero que esencialmente era un aventurero que se había introducido en el núcleo de Perón e Isabelita desde la época del exilio en Madrid. Desde el gobierno de Cámpora ocupó el cargo de ministro de Bienestar Social, cartera que utilizó para organizar a la banda fascista conocida como Triple A.

El nuevo gobierno peronista se fue enfrentando a un deterioro permanente de la situación económica producto de la crisis mundial del petróleo del ’74. Bajo la orientación reaccionaria imperante, el 5 de febrero de 1975 la presidenta María Estela Martínez de Perón dictó el decreto denominado Operativo Independencia, que ordenaba al Ejército “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán”, y colocaba a las autoridades constitucionales de esa provincia bajo mando militar.

En consonancia con esa política de ataques al movimiento obrero, el 22 de marzo el gobierno lanza un gigantesco operativo contra los metalúrgicos de Villa Constitución. Desde la Lista Marrón, los trabajadores habían derrotado a la burocracia sindical que respondía a Lorenzo Miguel e instalaron una conducción antiburocrática. Alegando un supuesto “complot subversivo”, el gobierno llevó a cabo un brutal ataque. Desplegó 4.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la policía provincial. Se allanaron las casas de los obreros, clausuraron el local de la UOM y detuvieron a la conducción y delegados del sindicato. La respuesta de la base fue heroica. Fueron dos meses de huelga con decenas de asambleas y actividades intentando ampliar la solidaridad con el conflicto que, Avanzada Socialista, nuestro periódico de esa época, definió como “la principal lucha librada bajo el actual gobierno”. Nuestro partido participó activamente, no solo impulsando la solidaridad y llamando a coordinar las luchas en curso con la huelga de Villa Constitución, sino integrando efectivamente el comité de lucha, que cumplió un importante papel a partir de la prisión de los compañeros de la dirección del sindicato. Finalmente, la terrible presión efectuada por el gobierno, la burocracia sindical y la patronal acabó derrotando esa huelga histórica.

El Rodrigazo y la descomposición del gobierno

En ese marco, el gobierno nombró a Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, ministro de Economía. Asumió el 2 de junio y, junto con su viceministro, Ricardo Zinn, ligado a Martínez de Hoz, anunció su nuevo plan económico consistente en un tremendo ajuste. El plan, denominado “Rodrigazo”, consistía en una devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés. Pero además de la brutalidad de las medidas, apoyado en el Pacto Social aún vigente, limitaba el aumento de los salarios a un máximo de 40 por ciento. Con una inflación rondando 50%, muchos gremios ya habían negociado aumentos superiores, a los que el gobierno pretendía volver atrás con su tope. Eso despertó la furia de los trabajadores. La propia burocracia sindical se vio obligada a declarar la guerra y reclamar “paritarias libres”. Sin salida, y ante la presión de las bases, la CGT se vio obligada a decretar una huelga general de cuarenta y ocho horas los días 7 y 8 de julio. La masividad y la fuerza de la primera huelga general contra un gobierno peronista desestabilizó completamente el frágil andamiaje del gobierno. La presidenta se vio obligada a homologar todos los acuerdos salariales que se habían negociado, el poderoso y temible López Rega huyó del país y, dos días después, Rodrigo y Zinn renunciaron a sus cargos. El brutal ataque a la clase trabajadora y la respuesta con la huelga general iniciaron el fin del gobierno peronista.

El golpe se pone en marcha

Si bien después de este vertiginoso fin del lopezreguismo la burocracia sindical ganó algún espacio, lo que seguía determinando la situación era la impunidad de las bandas fascistas, como la Triple A, y su accionar represivo. Centenares de activistas políticos, sindicales y estudiantiles de izquierda aparecían muertos a diario en una completa banalización de la violencia. En ese proceso comenzó a establecerse el avance de un grupo de militares golpistas que habían comenzado a actuar, desde sus puestos, dentro del aparato represor del Estado.

En ese marco se dio lo que se conoció como la Masacre de La Plata. El 4 y 5 de septiembre de 1975 Roberto “Laucha” Loscertales, de Propulsora Siderúrgica; Adriana Zaldúa, trabajadora del Ministerio de Obras Públicas; Hugo Frigerio, delegado gremial del mismo ministerio; Ana María Guzner Lorenzo, trabajadora no docente de la UNLP; Lidia Agostini, odontóloga; Oscar Lucatti, trabajador del Ministerio de Obras Públicas; Carlos “Diki” Povedano, trabajador de Previsión Social, y Patricia Claverie, todos militantes del PST, fueron secuestrados, torturados y fusilados cerca de la ciudad de La Plata por bandas fascistas que actuaban al amparo del gobierno peronista. En esos momentos la región de La Plata, Berisso y Ensenada también era escenario de varias luchas y nuestros compañeros participaban activamente en la solidaridad con el conflicto de Petroquímica Sudamericana. Hasta el día de hoy continuamos reclamando justicia contra este brutal crimen que aún permanece impune.

El colapso económico que vivía el país después del Rodrigazo no se consiguió revertir. El gobierno de Isabel Perón designó al “histórico” Antonio Cafiero, que al poco tiempo renunció, para dar lugar a Emilio Mondelli. Entre diciembre de 1975 y los primeros meses de 1976 el aumento de los precios se hizo insoportable y la inflación se disparó. El nuevo ministro no tuvo mejor idea que echar mano a la misma receta intentada por Rodrigo, por lo que la clase trabajadora, que acababa de protagonizar el Rodrigazo, a pesar de la traición desembozada de la burocracia sindical, respondió con fuertes luchas. La burguesía y los grandes grupos económicos tenían en claro que el peronismo ya no les servía para detener el ascenso. Frente a esta crisis, sectores de los partidos patronales, incluidos el propio peronismo y la burocracia sindical, al contrario de lo que planteaba el PST, de organizar un nuevo “Rodrigazo”, comenzaron a tender puentes con sectores golpistas. A esto se sumaba el propio radicalismo, que en palabras de su máximo líder de entonces Ricardo Balbín, afirmaba que “no tengo soluciones”, mientras insistía en que lo principal era “aniquilar a la guerrilla fabril”, eufemismo con el que llamaba a liquidar a toda la nueva vanguardia obrera que había surgido en esos años.

El 24 de marzo, ante la pasividad y, en algunos casos, la complicidad de los principales dirigentes radicales y peronistas, de los sectores patronales y de la propia burocracia sindical, María Estela Martínez de Perón fue detenida. Una junta militar anunciaba que se hacía cargo del poder, disolvía el Congreso, reemplazaba a los miembros de la Corte Suprema e intervenía todas las provincias. Esa misma noche bandas armadas de militares ocuparon las principales ciudades, detuvieron civiles y asesinaron decenas de personas. Comenzaba a escribirse una de las páginas más trágicas de nuestra historia que dejaría un saldo de 30.000 desaparecidos, millares de exiliados y una economía destruida al servicio de los intereses de las multinacionales y el imperialismo. Con ese tenebroso acto se cerró el proceso de ascenso iniciado con el Cordobazo.

Nota: parte de los datos y análisis tuvieron como fuente de información el libro Historia del PST, tomos I y II, del historiador Ricardo de Titto.