Escribe Nicolás Nuñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/ FIT Unidad
Una gran movilización de repartidores se hizo presente el jueves pasado en la Legislatura porteña. El objetivo era rechazar un proyecto impulsado por el oficialismo porteño, cuyo fin es legalizar la precarización laboral bajo el manto de una modificación del Código de Tránsito y Transporte y el Régimen de Faltas de la Ciudad. La ley fue finalmente aprobada con los votos de Vamos Juntos (Pro+CC+PS) y la UCR, y el aval político del Frente de Todos que, si bien se abstuvo en la votación, sostuvo que el proyecto era un paso adelante e introdujo modificaciones en sus artículos para lavarle la cara. Nuevamente es completamente pisoteado el mandato de representar a la juventud oprimida de la Ciudad de Buenos Aires que recibieron referentes del peronismo como Ofelia Fernández.
El Frente de Izquierda acompañó la movilización y rechazó el proyecto en el recinto. Centralmente, se remarcó cómo la política del Gobierno de la Ciudad beneficia a las empresas multinacionales de las aplicaciones del reparto sobre la base de ocultar la relación laboral que guardan con los repartidores. Amparado en que la política del gobierno nacional nada ha hecho para legislar a nivel nacional y otorgar derechos a los trabajadores que los propios decretos presidenciales definen como “esenciales”, Larreta ahora estipula por ley que empresas como Rappi o Globo pasan a ser consideradas meras “intermediarias” y no patronales con responsabilidades legales a asumir. La ley es tan contradictoria que estipula que las empresas deberían dar algunas mínimas prestaciones de seguridad e higiene a los repartidores (¡“por única vez”!), pero niega al mismo tiempo la relación laboral que justificaría esa responsabilidad. Mientras se produce ese ocultamiento, a los repartidores se les impone un registro en la AFIP y capacitación, que deberán sustentar ellos mismos, no las empresas.
La ley establece la comisión entre la aplicación y el comercio, pero no hace ninguna referencia al ingreso que deben recibir los repartidores por su tarea. Así las cosas, la actividad del reparto seguirá implicando la ausencia de derechos laborales elementales, jornadas laborales sin salario fijo y total libertad para despedir (en este caso, “dar de baja de la aplicación”) para las patronales. Y, por lo tanto, un antecedente funesto para la perspectiva del conjunto de los trabajadores del país, a los cuales el gobierno, la burocracia sindical y las patronales vienen planteando que hay que avanzar con una mayor flexibilización laboral para “salir de la crisis”.
La organización creciente de los repartidores, con sus asambleas y movilizaciones, es un aliciente en este contexto y hoy en día tiene todavía más planteado reforzarse, no solo de cara al Gobierno de la Ciudad, sino también, y sobre todo, hacia el gobierno nacional, que desde el Ministerio de Trabajo tiene potestad para actuar ante fraudes laborales como el que acaba de legalizar la Legislatura porteña.
Por último, repudiamos, como lo hicieron los legisladores del FIT Unidad, las agresiones que recibieron los repartidores movilizados de parte de una patota del sindicato de mensajería Asimm (CGT).
