Escribe José Castillo
Mientras la Policía de la Provincia de Buenos Aires se aprestaba a reprimir a las familias de Guernica, en medio de las denuncias de los diputados del Frente de Izquierda Unidad que recibían información de lo que estaba pasando, la Cámara de Diputados procedía a aprobar el presupuesto 2021. Con el voto del Frente de Todos y la “abstención” (todo un guiño para no oponerse) de Juntos por el Cambio.
Los dos hechos no están separados. La represión en Guernica, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo en las cadenas de noticias internacionales, fue una señal ante el establishment económico internacional de que el gobierno argentino está dispuesto a poner “mano dura” para defender la propiedad privada de los ricos y hacer pasar el ajuste.
Se aprobó un presupuesto que es una auténtica hoja de ruta del ajuste. El número más importante es la reducción del déficit fiscal, de aproximadamente 8% del PBI, con que va a terminar 2020, a 4,5 por ciento. Son 1,6 billones de pesos menos. Una reducción que no se veía desde 2002, en concreto, la desaparición de todas las partidas destinadas al coronavirus.
Las planillas que expresan esos números en este presupuesto fueron diseñadas bajo el estricto control del propio FMI en agosto, apenas el gobierno anunció que daba comienzo a la negociación con el Fondo.
Para avanzar con este pacto, la semana próxima viene una nueva misión. A diferencia de la del mes pasado, su objetivo es quedarse en el país hasta diseñar en detalle el plan de ajuste que va a exigir a cambio de correr un poco los vencimientos del préstamo de 44.000 millones de dólares (49.000 con los intereses), que en su momento se le otorgó al gobierno de Macri y que se utilizó en su totalidad para la fuga de capitales de los especuladores financieros.
Ya se anticipa por dónde vendrán las exigencias, se habla de un plan de ajuste “plurianual”. Traducido, el gobierno argentino se compromete a la citada reducción a 4,5% del déficit en 2021 y a un ajuste mayor en 2022, otro más grande aún en 2023 y así sucesivamente, en la línea del ajuste permanente. Nada nuevo, ya que es lo que siempre exigió el Fondo en los veintiún acuerdos anteriores con nuestro país. Y lo que está reclamando ahora mismo a otros países, como Ecuador o Costa Rica, donde los ajustes del FMI han desatado fuertes movilizaciones de repudio.
No hay salida con este presupuesto ni con el acuerdo con el FMI. Solo nos llevará a un mayor ajuste al servicio de garantizar los pagos de deuda externa. Volvemos a insistir, es necesario otro plan económico, obrero y popular, que resuelva de inmediato las más urgentes necesidades populares. Que priorice un aumento de salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos), la reapertura de todas las paritarias, un ingreso mensual de emergencia para todos los que lo necesiten de 40.000 pesos, más presupuesto para atender la pandemia (infraestructura, más puestos y aumento de salarios para los trabajadores de la salud) y soluciones reales para los que no tienen dónde vivir. Y que, para tener los recursos para llevarlo adelante, suspenda inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, rompa los pactos políticos y económicos que nos someten al FMI, establezca un auténtico impuesto a las grandes riquezas y nacionalice la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación del dólar y la fuga de divisas.
