Escribe Diego Martínez

La semana pasada Cristina Fernández hizo su alegato por la causa conocida como “dólar futuro”. Allí se despachó contra la Justicia, a la que acusó de ser servil al poder económico, de no actuar frente a los femicidios y de gozar de privilegios aristocráticos a los que acceden al perpetuarse en sus cargos. Además de esto criticó duramente a Macri y a su entorno, a quienes acusó de hacer negociados usufructuando su antigua condición de funcionarios a costa del esfuerzo de los trabajadores.

Entendemos la simpatía que estos dichos pueden haber causado en sectores de trabajadores que con toda justeza sienten odio por una Justicia que protege a los ricos y poderosos y persigue y criminaliza a los pobres, así como también tienen un fuerte rechazo por Macri y Cambiemos. Compartimos con estos compañeros estos sentimientos de rechazo, pero queremos decirles que, pese a sus declaraciones, Cristina y el gobierno no van a impulsar ningún tipo de reforma progresiva en la Justicia. No lo hizo Cristina en los doce años en los que gobernó, ni lo pretende hacer ahora que se enfrenta a ella por estar acusada en distintos casos de corrupción y apela al doble discurso para salvarse.

En los doce años de gobierno de Néstor Kirchner, y luego de Cristina Fernández, el peronismo kirchnerista manejó la Justicia a su antojo criminalizando a los luchadores y defendiendo la impunidad de sus funcionarios corruptos a capa y espada. En el año 2011, el entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández impulsó una campaña plagada de falsedades para encarcelar a nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Fue la Justicia K la que condenó a los petroleros de Las Heras por luchar contra el impuesto a las ganancias. La misma que garantizó la impunidad para los responsables políticos de las masacres de Cromañón y de Once, quienes fueron condenados, ya sin Cristina en el poder, después de años de lucha. Cuando el ex procurador general de la Nación Esteban Righi intervino en la causa Ciccone, por la que hoy está condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, fue echado de su cargo.

El actual aumento de la virulencia de los ataques discursivos de Cristina contra la Justicia no tiene que ver con que haya cambiado de parecer y ahora abogue por una justicia independiente, sino con que su situación judicial es cada vez más comprometida. En el mes de enero se confirmó la prisión efectiva para  Boudou y a fines de febrero fue condenado Lázaro Báez, quien está sospechado de ser el testaferro de la mismísima Cristina. La vicepresidenta se prepara para enfrentar a la Justicia ante un posible avance de las causas intentando ganar simpatía en un sector de la población con su doble discurso. Más comprometedora es su situación porque no logra avanzar con la mentada reforma judicial. Reforma que, lejos de implicar una democratización del Poder Judicial como sostiene el oficialismo, solo serviría  para que el gobierno tenga más jueces adeptos y controle la Justicia al servicio de sus intereses políticos y así pueda garantizar la impunidad para sus funcionarios y empresarios amigos.

 Así como ahora el gobierno, con Cristina a la cabeza, busca tener una justicia adepta, lo propio hizo Macri cuando gobernó. Al momento de asumir nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y puso magistrados afines en todos los fueros. Así logró la impunidad para él y todo su gobierno. No era fácil, Macri ya contaba con doscientas catorce causas en su contra.

Más allá del alineamiento individual de cada juez y de los roces circunstanciales que se generan como reflejo de peleas de poder en las alturas, de conjunto la Justicia responde a los intereses de los empresarios y del régimen político capitalista. La realidad demuestra que la división de poderes y la justicia independiente no existen.

¿Qué justicia necesitamos?

Mientras luchamos por una justicia que defienda los intereses de los trabajadores y no de los empresarios, en el marco de un gobierno de los trabajadores, peleamos por algunos cambios en la Justicia actual

No va más un Poder Judicial elegido a dedo. Queremos que todos los jueces se elijan por el voto popular y que sus mandatos no sean vitalicios, sino que puedan ser revocables.

Basta de privilegios para los jueces. No solo cobran sueldos siderales, sino que perciben jubilaciones de privilegio que oscilan entre los 300.000 y 700.000 pesos. Como si esto fuera poco, están exentos del pago del impuesto a las ganancias, que abonan, entre otros miles, los trabajadores de la salud en plena pandemia. Es una vergüenza absoluta que los jueces no lo paguen.

Otra medida que debería implementarse son los juicios por jurado, establecidos en la Constitución, pero que, salvo escasísimas excepciones, nunca se implementaron. Deben hacerse realidad con la participación de vecinos y vecinas designados por sorteo. Es un mecanismo que permite reducir las maniobras del Poder Judicial que, en todos los niveles, sistemáticamente falla contra los trabajadores, los sectores populares, las mujeres y los jóvenes.