Escribe Adolfo Santos
El viernes 9 de abril el gobierno nacional estableció que los empleadores podrán convocar a retornar a la actividad laboral presencial a los trabajadores mayores de 60 años y pertenecientes a grupos de riesgo, como por ejemplo trabajadoras embarazadas, entre otros. La decisión, publicada en una resolución conjunta por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, determina que “independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos catorce días de la inoculación” con apenas la aplicación de una dosis de la vacuna contra el Covid-19, vuelvan a trabajar.
Sin perder tiempo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, adhirió a la medida, que tuvo el apoyo del sindicato Sutecba. Los burócratas de ese sindicato, encabezados por Amadeo Genta, que fueron parte del vacunatorio vip, actuaron como verdaderos funcionarios del gobierno y amenazaron que perderán el presentismo quienes no se presenten. Es el colmo de la traición.
Es increíble que unos días después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara en cadena nacional drásticas medidas restrictivas limitando actividades y la movilidad pública y que el gobernador bonaerense Axel Kicillof describiera la “segunda ola” como un verdadero tsunami, se obligue a los trabajadores de riesgo a exponer sus vidas.
“Es tremendo, los supervisores del Roca, en complicidad con la burocracia de la lista Verde, venían enviando mensajes citando a compañeros mayores de 60 desde antes que saliera este decreto. Un guarda de Plaza Constitución, de 64 años, que estaba de licencia por pertenecer a un grupo de riesgo, tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva contagiado de Covid-19 y está sumamente grave. Ahora puede ser peor”, nos contó un ferroviario. No se puede poner en riesgo la vida de los trabajadores por ceder a las presiones de los grandes empresarios.
Nos unimos a los trabajadores de la salud que rechazan esta decisión del gobierno nacional y de CABA y apoyaremos cualquier medida para revertir esta medida. No aceptamos un decreto que amenaza de muerte a los trabajadores que no tienen certeza del nivel de inmunidad de una sola dosis y no saben cuándo recibirán la segunda. Es inadmisible una medida de este tipo en momentos en que la segunda ola bate récord de contagiados. La CGT y los sindicatos deben hacer un claro pronunciamiento contra este decreto y exigir al gobierno del Frente de Todos a rever esta siniestra decisión.
