Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El martes 8 de junio tuvo lugar en el Congreso nacional la reunión de legisladores con representantes de los laboratorios proveedores de la vacuna Covid-19 en la Argentina, en la que fue la estrella del evento el laboratorio Pfizer, el único de los presentes que no ha llegado a un acuerdo con el gobierno nacional.

Pfizer exige blindaje jurídico total

En los últimos días se esbozaron distintas explicaciones sobre esta situación. Mientras la diputada Cecilia Moreau y otros referentes del Frente de Todos hablaban de la exigencia de la “entrega de los parques nacionales” como garantía del acuerdo, del otro lado de la “grieta”, para la dirigente de la oposición patronal de Juntos por el Cambio Elisa Carrió, el desacuerdo con la empresa fue “una decisión geopolítica de Cristina de aliarse con Rusia, China, Venezuela e Irán” (Clarín, 6/6/2021).

En el Congreso, el CEO de Pfizer resumió en una sola frase los desacuerdos: “Hoy la ley vigente no es compatible con algunos aspectos contractuales que ofrece Pfizer”. La multinacional norteamericana objeta la ley sancionada el año pasado, hecha expresamente para blindar judicialmente a los monopolios farmacéuticos. Esta norma, una verdadera claudicación de soberanía, fue aprobada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio con el solitario voto en contra de los diputados del FIT Unidad. Sin embargo, por necesidades internas, el Frente de Todos debió disimular su “retroceso” introduciendo una causa de excepción “en caso de negligencia de las empresas”. Para Pfizer, este tímido agregado resulta inaceptable y exige que se borre del texto legal para que quede bloqueada absolutamente toda posibilidad de juicio contra las farmacéuticas en caso de perjuicio por efectos colaterales de la vacuna.

Pfizer, subsidiada y apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, impuso en los contratos que firmó con los gobiernos la exención de responsabilidad por los efectos secundarios de sus vacunas. Correrán por cuenta de los gobiernos “…las compensaciones por muerte, heridas físicas, mentales o emocionales, enfermedades, discapacidades, pérdida o daños de una propiedad, pérdidas económicas o interrupciones de la actividad económica” (La Vanguardia, 22/4/2021).

Modificar la ley sería una humillante derrota para un gobierno que se dice “nacional y popular”, pero los abogados de la empresa rechazan las soluciones barajadas. Juntos por el Cambio está dispuesto a enmendar la ley como pide la multinacional. El gobierno peronista está en un brete y no está descartado que termine como Bolsonaro que, tras meses de lanzar bravatas contra Pfizer, aceptó las cláusulas antes criticadas, entre ellas que Brasil asumiera la responsabilidad por los efectos adversos (Clarín, 8/4/2021).

Fracasó el plan del gobierno, hay que centralizar la producción de vacunas y desconocer las patentes

Mientras tanto, los funcionarios no se cansan de anunciar continuas llegadas de vacunas para ocultar el fracaso de su plan de vacunación. Haciendo simples cuentas, se puede saber que faltan, por lo menos, 50 millones de dosis para completar la cantidad de vacunados que permita llegar a la “inmunidad de rebaño”. ¿Qué hace el gobierno para lograrlo? El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, reconoció que por no desembolsar 60 millones de dólares desecharon un lote de Covax que hubiera permitido vacunar a 20% de la población, unos nueve millones (La Nación, 2/6/2021). Un verdadero crimen motivado por el ahorro para pagar la deuda externa.

Demostrando que la Argentina tiene capacidad para producir vacunas, empieza el fraccionamiento y envasado del principio activo de la Sputnik V, a cargo del laboratorio Richmond. En la planta de Sigman, en Garín, ya se hicieron más de 80 millones de AstraZeneca y el mismo empresario se prepara para hacer la vacuna Sinopharm en su laboratorio, Elea.  Esto es insuficiente. Tenemos que exigirle al gobierno peronista que debe centralizar, impulsar y controlar la producción de las vacunas para inmunizar ya, ahora, a toda la población.

El primer paso para lograrlo es incautar la producción de la fábrica de Sigman en Garín. Es imprescindible que el gobierno del Frente de Todos ponga a trabajar toda la capacidad de la industria farmacéutica en la elaboración de las dosis y como, Alberto Fernández ha dicho, que se liberen las patentes para que haya vacunas para todas y todos.