Escribe José Castillo

Los precios siguen subiendo, comiéndose a los salarios. Los últimos acuerdos paritarios, que se presentan como de 60% anual, son en cómodas cuotas, no recuperan lo perdido y ni siquiera garantizan empatar en el porcentaje a una inflación anual que va a camino a terminar en el 65%.

Los números de la inflación son aterradores. El último registro oficial, del mes de marzo dio 6,7%, el mayor de los últimos veinte años. Se nos vendió que se trataba de apenas un pico, y que en abril habría un sustancial descenso. ¡Mentira! Este jueves conoceremos el número oficial, pero todos los pronósticos anuncian que terminará cerca del 6%. Y, como vino pasando los últimos meses, el valor será peor aún si focalizamos en cuánto subieron los alimentos y otros productos esenciales de la canasta familiar.

Encima, esto recién empieza. En los primeros días de mayo ya tenemos un nuevo salto en el precio de los combustibles, que acumulan en el año un alza del 30%. Vale detenerse en el detalle de cómo se dio esta vez la suba. Salieron primero las transnacionales Axion y Shell, subiendo un 12%. YPF, la petrolera con mayoría estatal, tendría que haber aprovechado para “disciplinarlas”, manteniendo el valor del combustible como estaba, y forzando, vendiendo más barato, a que las dos multinacionales tuvieran que retroceder. Hizo lo contrario: siguió el tren de Axion y Shell y acompañó aumentando también un 12%.

Este es un pequeño ejemplo de cómo el propio gobierno del Frente de Todos, en su afán de “hacer los deberes con el FMI”, es el que termina fogoneando o convalidando aumentos de precios, que luego son utilizados por las propias patronales como excusa de que “le subieron los costos” para aumentar sus propias listas de productos. Y así realimentar la inflación. Esto también se dará con el tarifazo en puerta de la luz y el gas (tal como explicamos en Audiencias públicas de la luz y el gas / Se vienen los tarifazos).

La pasividad del gobierno ante los aumentos de precios es atroz. Ninguna de las medidas anunciadas con toda la pompa hace un par de meses funciona (relanzamiento de precios cuidados, acuerdos de la carne, fideicomiso para garantizar el precio de la harina). El incumplimiento empresario de lo que ellos mismos firmaron es gigantesco: en las góndolas cada vez es más difícil encontrar los productos acordados. En algunos casos, como el aceite, es casi un milagro. Por supuesto, no existe una sola empresa sancionada.

¿Es que el gobierno “quiere pero no puede” controlar? ¿Es acaso como dice la oposición patronal, que sostiene que los controles de precios no sirven? Nada de eso. Digámoslo con todas las letras: al gobierno le conviene que siga la inflación, ya que es la manera más sencilla de licuar los salarios estatales, las jubilaciones y los gastos sociales en general. Para así cumplir con el ajuste exigido por el FMI.

¿Qué pasa con los aumentos de salarios?

Hace apenas un par de meses, la pauta de negociación paritaria para 2022 se venía proyectando en el 40% anual (por supuesto en cómodas cuotas). La burocracia sindical de la CGT y las CTA, en un apoyo desvergonzado al gobierno, ni mencionaba recuperar lo perdido en los últimos años. Luego, ante el desmadre inflacionario y la bronca creciente, tuvieron que empezar a hablar del 50%. Ahora con estos números récord de inflación, algunos gremios empiezan a cerrar en valores cercanos al 60%. Siempre, por supuesto, en cuotas que se terminan completando a fin de año o incluso en los primeros meses de 2023. El primer gremio que cerró con estos valores fue la Asociación Bancaria, que de esa forma desactivó un conflicto que se venía incubando por la bronca de las bases. La vicepresidente Cristina Fernández, aprovechando que el secretario general de dicho sindicato, Sergio Palazzo, pertenece a su sector interno, se apresuró a felicitar y celebrar el acuerdo. En los días sucesivos, algunos otros gremios firmaron por porcentajes similares.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar: esos valores no alcanzan. Primero y principal, porque no se trata de un 60% real, sino de una serie de pequeños aumentos en cuotas que “al final”, a fin de año o comienzos de 2023, sumarán el 60%. O sea que los salarios seguirán corriendo de atrás a la carestía de la vida. Segundo, porque la inflación de este año va a ser incluso superior al 60%, según todos los pronósticos. Y tercero, porque ni por asomo, siquiera se acercan a recuperar lo perdido en años anteriores.

El deterioro de los salarios no se arregla con los discursos de Cristina. Mucho menos con las declaraciones de Alberto y Guzmán, que anuncian una reactivación que no se ve por ningún lado. La salida es clara: se necesita un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos a fines de marzo). A partir de allí hay que reabrir todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y reajustar mensualmente los ingresos de acuerdo a la inflación. A todo esto hay que complementarlo con un verdadero control de precios, fijando valores máximos a todos los productos de la canasta familiar y sancionando severamente, como autoriza la Ley de Abastecimiento, a todas las patronales que la violen. Este programa, que incluye la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa para poner esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, es el que planteamos, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que imponerlo con la lucha.